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Derechos Humanos 
en el Uruguay 



Informe 2015 


Derechos Humanos 
en el Uruguay 

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Derechos Humanos 
en el Uruguay 

Informe 2015 



serpaj 


Servicio Paz y Justicia - Uruguay 


serpaj 


© Edición: diciembre de 2015, Servicio Paz y Justicia 

SERPAJ Uruguay 

Joaquín Requena 1642 

Tel. (+598)2 408 53 01 

serpajuy@serpaj.org.uy 

www.serpaj.org.uy 

Montevideo - Uruguay 

CP 11.200 


Impreso en Uruguay 


Derechos Humanos en el Uruguay 
Informe 2015 

Montevideo - Uruguay, 2015 


ISBN: 978-9974-564-41-1 



FUNDACIÓN 

ROSA 

LUXEMBURGO 



Esta publicación fue financiada por la FRL con fondos del Ministerio para la Cooperación Económica y el 
Desarrollo (BMZ) 


Las opiniones vertidas en este informe son de absoluta responsabilidad de los autores. 

Se autoriza la reproducción total o parcial de los contenidos, siempre que sea citada la fuente. 




Consejo Editor 

Ana M. Aguerre, Laura Bálsamo, Mauro Tomasini, Mariana Mosteiro, Tamara Samudio 

Introducción 

Mauro Tomasini 

Derechos civiles y políticos 

Gerardo Caetano, Carlos Marín, Azul Cordo, Sarkis Panosian, Diego León Pérez, Tamara 
Samudio, María Celia Robaina, Laura Bálsamo, Ana M. Aguerre, Ariel Silva, Mauro To¬ 
masini, Gianella Bardazzano, Mariana Mosteiro, Gurises Unidos, Víctor González, Pablo 
Hein, Equipo Creative Commons Uruguay, Aníbal Corti, Ignacio Salamano, Rafael Bayce, 
Leticia Pérez. 

Derechos económicos, sociales y culturales 

Óscar Mañán, Alfredo Falero, Alvaro Díaz Berenguer, Cecilia Baroni, Viviana Barreto, Na¬ 
talia Carrau, Sergio Requel, Gurises Unidos, Mariana Labastie, Alejandra Spinetti, Tamara 
Samudio. 

Anexo Legislativo 
Laura Bálsamo 

Diagramación 

Equipo de diseño en Tradinco S.A. 

Fotografía de tapa 

“Ni una menos”, Mauro Tomasini 

Fotografías de interior 
Wilson Silva 
Alex Cappi 
Carlos Cáceres 
Artigas Pessio 
Mauro Tomasini 


Nicolás Celaya 




27 años, 26 informes 

Una introducción 


Mauro Tomasini 1 


“Yquizás en la vivienda de la pobreza, donde salud, educación, 
abrigo y seguridad no son derechos con los que se nace, 
el alma tampoco sea aun derecho de nacimiento” 

William T. Vollman 


Hace 27 años se comenzaba a editar el Informe “Derechos Humanos en el Uruguay”. 
Desde su inicio, cada 10 de diciembre, la publicación tiene como objetivo registrar los 
avances y retrocesos en materia de derechos en nuestro país. A través de la cooperación 
de diversos actores como organizaciones de derechos humanos y sociales, la academia y 
periodistas, es posible la realización de este libro. Siempre estuvo presente la solidaridad 
y la ayuda desinteresada de las personas y de los colectivos que han participado. Por ello 
creemos que es una obra que la hacemos entre todos y todas. 

El texto se ha transformado en material de consulta indiscutible, tanto para el ámbito 
nacional como internacional. Además de brindar una radiografía de la situación de los de¬ 
rechos humanos en varios tópicos, reflexiona sobre las complejidades, obstáculos e inercias 
institucionales que existen y operan para frenar, retrasar o anular una cultura de derechos 
plena. 

Si bien en los últimos años se han registrado varios avances en materia de derechos, 
nuestra sociedad actual se asienta entre una exclusión obscena y una inclusión precaria que 
genera una visión estereotipada sobre los otros, proyectando la culpa social sobre los grupos 
más excluidos de la sociedad. Esto legitima que algunas personas merezcan vivir sus vidas 
con derechos y otras no. Dicha visión que recorre toda la narrativa social está íntimamente 
relacionada con el orden político hegemónico, el cual se deriva del discurso sobre la “segu¬ 
ridad” y el “control al delito”. 

El programa cultural heredado de los años noventa que definió a la seguridad como 
aquella que estaba solamente relacionada con el delito, vuelve una y otra vez, desde el po¬ 
pulismo punitivo de los actores políticos y la alarma social de los medios de comunicación 
a decir adentro de la “seguridad” todo; afuera de ella, nada. En este sentido, “los Estados 
se vuelven más peligrosos hacia los ciudadanos al equiparar el concepto de peligro con todo lo 


Miembro del Servicio Paz y Justicia, SERPAJ Uruguay. 



que es considerado delito y a todos los individuos que los cometen con individuos peligrosos” 2 , 

afirmaba Nils Christie. 

La expansión del Estado policial y el desarrollo de nuevos dispositivos de control so¬ 
cial, además de cumplir la función para la que históricamente fueron creados, limitan las 
probabilidades de transformar una cultura fundada en el moralismo, la violencia estatal y 
el autoritarismo. Desde allí se construye la frontera simbólica entre ellos y nosotros, reafir¬ 
mando la precariedad material y ontológica. Es la misma sociedad que, por un lado, celebra 
el matrimonio entre dos personas del mismo sexo, y por otro, mira impávida legitimando el 
colgamiento de un adolescente durante horas en una celda. 

Según Jack Young, en las sociedades actuales “la inclusión y la exclusión se producen 
simultáneamente; esto significa que se trata de una sociedad bulímica, en la cual la masiva 
inclusión cultural está acompañada por una exclusión sistemáticamente estructural. (...) es 
una sociedad que absorbe y rechaza ” 3 Siguiendo esta línea de pensamiento, trabajar en y para 
los derechos humanos significa modificar la matriz cultural que impide desarrollar nuestras 
capacidades como seres humanos. Para ello es necesario cuestionar las dinámicas que llevan 
a generar y profundizar las desigualdades sociales. De no plantearnos una visión sistémica 
de cambio, solamente estaríamos mutando la lógica societal de “absorber y rechazar” por 
“aprobar y vulnerar”. 

Los artículos que este libro recoge intentan arrojar luz sobre nodos claves en materia 
de vulneración y protección de derechos. Desde opiniones calificadas se aportan elementos 
sustantivos para comprender los núcleos conectivos y problemáticos que afectan la pro¬ 
moción y el acceso a derechos fundamentales. 

Por último, como el año anterior, P<P<P<1 E<E1 Inquiere agradecer nuevamente el apoyo de la 
Fundación Rosa Luxemburgo para la concreción de esta publicación. A través del informe, 
las dos instituciones buscamos generar un cambio social que promueva al sujeto social y 
político como actor de su propia vida, capaz de escuchar a los sin voz, contribuyendo en 
comunidad a pensar y construir otra sociedad posible. Nuestro discurso más fuerte sigue 
siendo el silencio del más débil. 


2 Christie, N. (2014). Vida social, un lenguaje para interpretar. Argentina: Ediciones del Puerto. Pág. 13. 

3 Young, J. (2003). La sociedad “excluyente”. Exclusión social, delito y diferencia en la Modernidad tardía. 
Madrid. Marcial Pons. Pág33. 




Derechos Civiles 
y Políticos 


Carlos Cáceres 





Memoria e 
impunidad 



Mauro Tomasini 






30 años de democracia: 
de la transición democrática a los gobiernos 
de la izquierda ( 1985 - 2015 ) 


Gerardo Caetano 1 


La transición democrática (1985-1989) 

Como ya se ha señalado, la verdadera transición democrática se inició a nuestro jui¬ 
cio, con la asunción de las autoridades constitucionales electas en los recortados comicios 
de 1984 (con personas y partidos proscriptos). Esta faena, que incluía una amplia agenda 
de temas (amnistía para los presos políticos, investigación y despacho a la justicia sobre la 
autoría y responsabilidades de las gravísimas violaciones a los derechos humanos cometidas 
durante la dictadura, restitución o compensación a los funcionarios públicos destituidos, 
regularización en el funcionamiento de las instituciones dentro de un Estado de Derecho 
pleno, etc.), terminó siendo sin duda la principal faena que debió enfrentar el primer go¬ 
bierno democrático postdictatorial. 

El nuevo gobierno liderado por el presidente Julio María Sanguinetti estableció lo que 
dio en llamarse un “gobierno de entonación nacional ”, con el establecimiento de un acuerdo 
limitado (pero operativo) con el Partido Nacional, liderado entonces por Wilson Ferreira 
Aldunate. El mismo se concretó a través de la presencia en el gabinete y en otros cargos 
públicos de relevancia de figuras de extracción blanca, a título personal pero con respaldo 
partidario (entre ellas nada menos que Enrique Iglesias, al frente de un período decisivo 
de nuestra Cancillería, así como una coparticipación efectiva en directorios de empresas 
públicas y entes autónomos). En la misma tónica, se actuó con una pauta activa de gober- 
nabilidad en el Parlamento, anunciada y luego aplicada por el P. Nacional bajo liderazgo 
wilsonista. Como práctica innovadora, que en los años posteriores lamentablemente se dis¬ 
continuó, se le adjudicaron también seis cargos de dirección en dependencias del Estado al 
Frente Amplio, lo que si bien no configuraba un acuerdo de gobierno, traducía una voca¬ 
ción de reconocimiento e incorporación de la izquierda a un esquema de mayor presencia 
en la fiscalización de las tareas gubernamentales. 

Se trataba en suma de un “gobierno de partido minoritario ”, que contaba sin embargo 
con un esquema de gobernabilidad amplio garantizado por el P. Nacional (en especial veri¬ 
ficada en el Parlamento y durante el período 1985-1987), lo que no obstó para un trámite 
arduo de negociaciones caso a caso en torno a determinados asuntos. Existió también du¬ 
rante este período el instrumento de las llamadas reuniones de cúpula (entre los principales 


Historiador y politólogo, Universidad de la República UDELAR. 


MEMORIA E IMPUNIDAD 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


dirigentes de todos los partidos con representación parlamentaria). Como se ha señalado, 
la faena principal del primer gobierno presidido por Sanguinetti fue consolidar la tran¬ 
sición democrática que había quedado fuertemente inconclusa tras la salida del llamado 
“Pacto del Club Naval” de 1984. El siguiente hito de la transición uruguaya se realizó -de 
modo polémico y en el margo de fuertes controversias- en particular con la sanción parla¬ 
mentaria de la llamada “Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado”, votada en 
el Parlamento en diciembre de 1986. Esta norma fue objeto de severas acusaciones, como 
veremos, por parte de la oposición de izquierda y aun de sectores minoritarios blancos y 
colorados, que juzgándola como una “ley de impunidad”, apoyaron a las organizaciones de 
Derechos Humanos y en especial al colectivo de Madres y Familiares de Detenidos Desapa¬ 
recidos a los efectos de concretar los instrumentos legales para someter la ley aprobada ante 
el recurso de referéndum popular. Luego de un muy convulsionado proceso de junta de 
firmas, el referéndum pudo finalmente concretarse en abril de 1989, con la victoria final de 
quienes abogaban por la ratificación de la ley por un 55, 44% del llamado “voto amarillo” 
contra el 42,42% del “voto verde”. 

Merece destacarse que la ley le entregaba al Poder Ejecutivo la llave de toda posibili¬ 
dad de investigación y búsqueda, el que además debía decidir qué casos se investigaban y 
quiénes llevarían adelante las indagatorias. En la propia implementación de lo dispuesto 
por la norma aprobada, el entonces presidente Sanguinetti volvió a ratificar su convicción 
sobre que la “Ley de Caducidad” debía significar un “punto final” y que por ello no era 
conveniente dar ningún paso “riesgoso” en el sentido de la investigación a fondo de lo suce¬ 
dido, ni siquiera en torno a soluciones posibles ante temas traumáticos como el de los niños 
desaparecidos. En ese marco, se le encomendó al Consejo del Niño la tarea de investigar el 
16 destino de estos últimos (lo que desbordaba por completo las posibilidades y recursos de 
ese organismo) y se le confió nada menos que a un fiscal militar la investigación sobre la 
situación de los detenidos-desaparecidos, en cumplimiento del artículo 4 o de la controver¬ 
tida ley. La voluntad política de interpretar la norma aprobada como una “amnistía” final, 
para muchos desbordando incluso los límites y alcances de lo dispuesto en la propia “Ley 
de Caducidad”, quedaba de manifiesto. 

Ante esta situación, los familiares de los detenidos desparecidos se negaron a compare¬ 
cer ante el fiscal militar designado. Como denunció la organización de Madres y Familiares 
de Detenidos Desaparecidos, “se llegó a la absurda contradicción de que (aun en los casos que el 
Poder Ejecutivo) declaró comprendidos en la ley (que solo ampara a militares y policías) (...) el 
fiscal dictaminó que no existían pruebas de la participación de unos y otros”, con el resultado 
más que previsible del archivo de los expedientes. Incluso hasta en el caso de las denuncias 
de “las desapariciones producidas antes del período defactoy por tanto no comprendidas en la 
ley”, los jueces competentes se negaron a actuar y derivaron los expedientes al Poder Ejecu¬ 
tivo para que este determinara si estos hechos no estaban amparados en la “caducidad”, con 
el resultado previsible por todos esperado. Como se demostraría con el tiempo, la “solución” 
encontrada no evitaría la permanencia de los reclamos por verdad y justicia sobre los crí- 



menes cometidos durante la dictadura. Estas demandas permanecerían vigentes -durante 
años en forma soterrada pero no menos efectiva- en la agenda política del país, reapare¬ 
ciendo con vigor años después. 

Con sus cuentas pendientes, pero también con la legitimidad del pronunciamiento 
popular favorable del referéndum de abril de 1989 y con el beneficio de mejores desempe¬ 
ños y logros en otras áreas (restitución de miles de funcionarios públicos, reconstrucción 
general de un clima de libertades, por ejemplo), la mayoría de blancos y colorados -aunque 
con disidencias internas, en especial entre los primeros- dieron por concluidos los temas de 
la transición, consolidando el gobierno sus esfuerzos en procura de un proceso de reordena¬ 
miento y “normalización general”. En ese marco, se trabajó en favor de una administración 
gradualista de la crisis económica y social dejada como herencia de la dictadura. En la mis¬ 
ma dirección, se logró avanzar en la recuperación de algunos equilibrios macroeconómicos 
(aunque dejando para el futuro gobierno un elevado déficit fiscal), creció el MXIX| se logró 
un aumento efectivo en el salario real, se impulsó el retorno de la negociación colectiva 
tripartita en el sector privado, descendió levemente y con altibajos la inflación, se lograron 
mejorías importantes en los indicadores sociales más relevantes, se promovió el incremento 
de las inversiones en distintas áreas. 

La agenda que predominó en las elecciones de 1989, que dieron finalmente el triunfo 
al P. Nacional, así como el inmovilismo y el silencio que prevalecieron (con excepciones) 
hasta 1996 en torno al tema de las cuentas pendientes de la dictadura en materia de dere¬ 
chos humanos, parecieron confirmar por entonces la apuesta y el deseo del liderazgo políti¬ 
co de ambos partidos tradicionales y de las Fuerzas Armadas en volver invisible y silencioso 
el tema. La historia por venir, sin embargo, depararía sorpresas al respecto y probaría con 
claridad que el tema no estaba zanjado. 


El ciclo de las reformas: “impulsos y frenos” (1990-2000) 

Luego de la muerte de Wilson Ferreira Aldunate ocurrida en marzo de 1988 (que dejó 
el camino abierto al ascendente Luis Alberto Lacalle) y del triunfo al año siguiente de Jorge 
Batlle sobre Enrique Tarigo (dentro de las internas de un Batllismo cada vez menos Unido 
y con inocultables diferencias políticas e ideológicas en su seno), con una izquierda debili¬ 
tada que vivía en forma dramática la ruptura de su unidad (con la separación del EEld y del 
EEEd, que conformarían junto con otros socios menores el Nuevo Espacio), las elecciones de 
1989 se proyectaron en forma nítida dentro de un escenario de competencia centrífuga, 
con clara y muy parecida orientación liberal de ambos candidatos favoritos, Lacalle y Batlle. 
Los resultados comiciales impulsaron así una nueva agenda reformista de corte netamente 
liberal, dominada por temas como la reducción del déficit fiscal en tanto camino prioritario 
para abatir la inflación, una fuerte apertura de la economía, la desregulación del mercado 
laboral, la reforma del Estado a través del instrumento de las privatizaciones, el otorgamien- 


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MEMORIA E IMPUNIDAD 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


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to de mayores espacios para la iniciativa privada y para que el mercado se convirtiera en el 
gran asignador de costos y beneficios, etc. En realidad se trataba de la llegada al Uruguay 
de las llamadas “reformas de primera generación” del llamado Consenso de Washington , in¬ 
herentes a la interpretación dada por los organismos financieros internacionales a la etapa 
en curso del nuevo capitalismo globalizador. Debe decirse que estas mismas ideas eran las 
que defendían desde siempre tanto Lacalle como Batlle, quienes por cierto no las ocultaron 
en sus respectivos programas en la campaña electoral. Mientras tanto, Sanguinetti (la otra 
figura eje del nuevo gobierno a formarse junto a Jorge Pacheco Areco) mantenía matices 
importantes con los enfoques de ambos, por entonces dominantes entre los gobiernos de 
América Latina. 

Después de una negociación ardua, en la que las distintas fracciones partidarias hi¬ 
cieron sentir sus diferencias, se concretó finalmente el acuerdo del que emanó el llamado 
gobierno de “Coincidencia Nacional”. Más allá de las diferencias entre sus integrantes, el 
mismo configuró, al menos al comienzo, un caso de coalición neta, sustentado en acuerdos 
sobre temas de relevancia: ajuste fiscal, forma de elección de las autoridades de la enseñan¬ 
za, creación del Ministerio de Vivienda, reforma del Estado a través de privatizaciones y 
otros instrumentos, reforma de la seguridad social, como los puntos más importantes. La 
coalición así formada contaba con 84 escaños en la Asamblea General (un 64% de la mis¬ 
ma), lo que le otorgaba al gobierno electo mayorías parlamentarias sólidas. 

Sin embargo, las tensiones que se vislumbraron al comienzo mismo del gobierno presi¬ 
dido por Lacalle muy pronto cerraron el ciclo cooperativo de gobierno y con él los sustentos 
últimos de la coalición configurada. En 1991 se retiraron primero el Poro Batllista (nuevo 
sector fundado por Sanguinetti) y luego el Batllismo Radical de la vieja lista 15 (liderado 
por Batlle), manteniendo empero el gobierno la fuerza parlamentaria para mantener los 
vetos presidenciales. En marzo de 1993, por su parte, el retiro de los sectores nacionalistas 
del Movimiento Nacional de Rocha y de Renovación y Victoria dieron el golpe de gracia 
a un gobierno que, desde entonces, quedó en una posición claramente minoritaria, con¬ 
tando solamente con el respaldo de la Unión Colorada y Batllista. Por muchos motivos, la 
competencia electoral se había instalado tempranamente en el escenario político nacional, 
desbordando las posibilidades de acuerdo incluso sobre leyes puntuales. 

A pesar de estos avatares, el gobierno de Lacalle pudo sin embargo avanzar en algunas 
de sus iniciativas y reformas, algunas previstas en su programa electoral y otras emergentes 
de una adaptación pragmática en relación a los itinerarios integracionistas de la región. En¬ 
tre estas últimas se destaca nítidamente la incorporación del Uruguay al Id que 

de hecho se había iniciado ya como una alianza restringida entre Brasil y Argentina en años 
anteriores. En efecto, hubo una historia del K MEHffllE anterior al Tratado fundacional de 
marzo de 1991: ella está sintetizada en t\Acta deFoz de Iguazú, de noviembre de 1985, sig¬ 
nada entre los entonces presidentes José Sarney y Raúl Alfonsín, corolario de un conjunto 
de acciones y negociaciones en las que se buscó prefigurar un bloque integracionista bas- 



tante distinto al que luego se concretó en el Tratado de Asunción de 1991. Aquel acuerdo 
Sarney-Alfonsín de 1985 apuntaba a una institucionalidad y a una agenda integracionistas 
mucho más integral, de proyección más eminentemente política y amplia, bastante distan¬ 
te de las fórmulas que luego prevalecerían en 1990 y 1991. 

Para decirlo de modo sintético, en 1991 predominó un modelo de IKI MEUEffllE fuer¬ 
temente liberal en lo económico y casi exclusivamente orientado a lo comercial, con una 
institucionalidad de neto corte intergubernamentalista y de baja intensidad que le eran fun¬ 
cionales. Esta nueva pauta integracionista comenzó a gestarse muy claramente en julio del 
año '90, en la llamada Acta de Buenos Aires, firmada por los nuevos presidentes de Brasil y 
Argentina, Fernando Collor de Meló y Carlos Menem respectivamente. Esta iniciativa, que 
inicialmente había sido promovida por Itamaraty y que luego consolidó su articulación con 
Argentina, generó de inmediato un fuerte impacto en el recién instalado gobierno urugua¬ 
yo. Este promovió de manera acelerada la incorporación de Uruguay al acuerdo regional, a 
partir de lo que desde el nuevo gobierno liderado por el presidente Lacalle se advertía con 
lucidez: quedar afuera del acuerdo generaría fuertes consecuencias negativas para el co¬ 
mercio uruguayo (desde tiempo atrás muy afincado en la región), además del efecto de ais¬ 
lamiento sobre Uruguay y los demás países de la región. En su iniciativa de incorporación 
al nuevo bloque, Uruguay convocó a que hicieran lo mismo Paraguay y Chile, a los efectos 
de equilibrar mejor las asimetrías inocultables entre los países a asociarse. Sin embargo, 
como era harto previsible, la incorporación de Chile en las condiciones previstas en mate¬ 
ria arancelaria, resultaba absolutamente imposible, por la diversidad total de los grados de 
apertura alcanzados por su comercio. Paraguay sí se incorporaría y finalmente se llegaría a 
la firma solemne del Tratado de Asunción, el 26 de marzo de 1991. El Tratado finalmente 
pudo ser respaldado en el Parlamento uruguayo por la casi totalidad de los legisladores de 
todos los partidos. Desde visiones y proyectos por cierto muy diferentes, los cuatro partidos 
uruguayos con representación parlamentaria coincidieron en que la integración regional 
podía ser esa ansiada locomotora capaz de “desbloquear” los rumbos internos del país en su 
propio beneficio. 

Otro ejemplo de cambio obtenido -pese a las dificultades de la herida “Coincidencia 
Nacional”- fue la fuerte inflexión generada a partir de 1991 con la desregulación del mer¬ 
cado laboral concretada a partir de ese año. A través de una iniciativa que venía a cambiar 
una práctica de 50 años de negociación colectiva (básicamente desde el modelo de la Ley 
de Consejo de Salarios de 1943, con los altibajos de las modificaciones políticas aplicadas 
desde 1968 y, en especial, con el hiato de la dictadura civil militar iniciada en 1973), no se 
inhabilitaba la negociación colectiva pero esta ya no se realizaría de acuerdo a las pautas 
tradicionales. Sólo valdría para aquellas empresas afiliadas a las cámaras, por lo que queda¬ 
rían afuera la mayoría de las mismas. A partir de ese momento la clásica negociación por 
rama perdió densidad; los acuerdos se volvieron más difíciles que antes; mientras los temas 
salariales perdían cada vez más pie en la agenda de la negociación, aparecían nuevos temas 


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MEMORIA E IMPUNIDAD 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


como la Hexibilización y la tercerización, con la consiguiente profunda modificación del 
mercado laboral y todos sus fuertes impactos. 

El gobierno presidido por Lacalle encontró sus principales frenos en dos temas que 
juzgaba como decisivos: la Ley de Empresas Públicas y la reforma de la Seguridad Social. 
En el primer caso, las fuerzas del gobierno pudieron obtener la sanción parlamentaria de 
la citada ley, cuyo principal contenido radicaba en la habilitación de para la aso¬ 

ciación con capitales privados. La ley fue impugnada por sectores y partidos así como por 
organizaciones sociales opuestas a su contenido central. Cumplidos los requisitos legales 
para someterla al recurso del referéndum popular en la segunda instancia de ratificación del 
mismo, este finalmente se celebró el 13 de diciembre de 1992, siendo derogada la ley por ci¬ 
fras concluyentes: 71,58% contra 27,19%. En esa oportunidad, el Frente Amplio y el Foro 
Batllista lideraron políticamente la campaña por la derogación de la ley, lo que a pesar de 
los otros apoyos de la Comisión pro referéndum, configuraron el factor más decisivo para 
explicar lo abultado de la derrota del gobierno. Por su parte, en lo que respecta a la reforma 
de la seguridad social, el fracaso político del gobierno de Lacalle fue más profundo, ya que 
ni siquiera pudo alcanzarse la aprobación de una ley pese a la gravedad del desfinanciamien- 
to del régimen tradicional (que para funcionar llegó a requerir de porcentajes cada vez más 
altos del gasto público). Pese a la sucesión de iniciativas del gobierno para impulsar solucio¬ 
nes al tema (ley de urgencia, funcionamiento de un grupo técnico-político de integración 
multipartidaria, informe general como sustento de una norma de consenso, etc.), no se 
llegó finalmente a ningún acuerdo sobre el particular. Más allá de estos fuertes frenos, que 
implicaban la persistencia del viejo imaginario estatista de los uruguayos y la consiguiente 
escasa receptividad de la ciudadanía frente a los enfoques privatizadores, el gobierno de 
20 Lacalle logró empero abrir a inversiones privadas algunas empresas públicas como Pluna, 
la administración de servicios portuarios, la banca intervenida y el negocio de los seguros. 
Muchas de estas acciones generarían en los años siguientes acusaciones de corrupción que 
sin duda erosionaron la imagen del Presidente Lacalle y de su sector. De todos modos, debe 
señalarse que los indicadores sociales continuaron mejorando, en algunos casos incluso con 
ritmos de recuperación más intensos. Por citar solo un ejemplo, los índices de pobreza que 
en 1986 afectaban nada menos que al 46% de los uruguayos, en 1994 habían descendido 
a un 15,3%. 

Los resultados de los comicios de 1994 indicaron una situación extremadamente sin¬ 
gular, consagrando un resultado de un casi triple empate entre el P. Colorado que final¬ 
mente resultó el vencedor, el P. Nacional y el Frente Amplio-Encuentro Progresista, en ese 
orden. Basta decir que entre el primero y el tercer partido, la diferencia fue de apenas un 
1,7% de los votos válidos. Nuevamente en la presidencia, Sanguinetti apostó de inmediato 
a una intensa negociación en procura de obtener los sustentos de una coalición de gobier¬ 
no con cimientos más sólidos y perdurables que la que había podido lograr su antecesor. 
Para obtener ese objetivo, indispensable para encarar su paquete de reformas, Sanguinetti 
encontró un aliado fundamental: la interlocución del nuevo presidente del Directorio del 



Partido Nacional, Alberto Volonté, de neto perfil negociador y convencido partidario de 
la concreción de una coalición neta, que impulsara reformas en varios campos. El proceso 
de negociación de los acuerdos se inició con un formato diferente: la conformación de 
comisiones de integración multipartidaria sobre una agenda de temas considerada por el 
gobierno como central, que perfilaba el programa reformista del nuevo gobierno (reforma 
educativa, seguridad pública, política económica, reforma de la constitución, reforma de la 
seguridad social). 

Durante esta etapa, pese a algunos acuerdos más amplios, pudo observarse que el eje 
coalicionista volvía a ser blanqui-colorado y que la figura de Volonté como auténtico copar¬ 
tícipe de la conducción del gobierno adquiría una gravitación cada vez mayor. Fue así que 
pudo fundarse sobre bases sólidas el llamado “Gobierno de Coalición ”, que se inició contan¬ 
do con 84 legisladores a su favor en la Asamblea General (64% de la misma). Los resultados 
de un acuerdo de esta naturaleza, que prácticamente se extendió hasta el siguiente ciclo 
electoral, superaron los tiempos de los ciclos de cooperación alcanzados por los gobiernos 
anteriores. Una breve y no exhaustiva reseña de la productividad legislativa obtenida por 
esa coalición durante el período 1995-1998 ofrece una prueba manifiesta de lo señalado 
anteriormente: ajuste fiscal, Ley de Seguridad Ciudadana, Ley de Reforma de la Seguridad 
Social, Ley de Presupuesto Nacional, Ley de Desmonopolizaciones de Alcoholes, rendicio¬ 
nes de cuentas con gasto cero, Ley de Inversiones, Ley del Marco Regulatorio del Sistema 
Energético (cuya impugnación no pudo alcanzar los requisitos exigidos para la aplicación 
del recurso de referéndum), reforma constitucional sancionada en el Parlamento y luego 
plebiscitada favorablemente por un margen mínimo del 50,4% de los votos emitidos el 8 
de diciembre de 1996, entre otras iniciativas menos significativas. 

Con el respaldo de una coalición más disciplinada, esta segunda Administración de 
Sanguinetti pudo avanzar así en la aprobación de un conjunto relevante de reformas, entre 
las que podrían destacarse cuatro: la reforma de la seguridad social, la reforma educativa, 
la continuación de la reforma del Estado y la reforma constitucional. En lo que refiere a la 
primera, por ley aprobada en 1995, se fue a la concreción de un régimen mixto que combi¬ 
naba el régimen universal provisto por el Banco de Previsión Social junto con un sistema 
complementario de ahorro y capitalización individual. Pese a la oposición de la izquierda 
y de un amplio espectro de organizaciones sociales opuestas a la reforma, en esta ocasión 
no pudo cumplirse con los requerimientos para el sometimiento de la ley a un recurso de 
referéndum, por lo que la ley quedó vigente. En lo que hace a la reforma educativa, el desa¬ 
rrollo de la misma estuvo signado por una muy fuerte controversia a nivel público, impul¬ 
sada inicialmente por los sindicatos de la enseñanza y luego por el Frente Amplio. Acusada 
de neoliberal y de estar condicionada por los Organismos Financieros Internacionales, sus 
contenidos parecen desmentir en lo fundamental tales acusaciones. Más allá de legítimas 
polémicas, propuestas como la descentralización de centros de formación docente en el 
interior del país, la universalización de la cobertura preescolar para niños de cuatro y cinco 
años, la extensión de escuelas de tiempo completo en zonas pobres (con provisión de ali- 


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MEMORIA E IMPUNIDAD 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


mentación diaria), el rechazo persistente de las autoridades del flflflMXf] a la aplicación de 
políticas descentralizadoras y promotoras de la iniciativa educativa a nivel privado (estas sí 
típicas de las reformas liberales aplicadas en el continente), la reforma (siempre controver¬ 
sia!) de planes y programas, resultan propuestas por cierto bien distintas al formato libe¬ 
ral de las reformas educativas defendidas por los organismos financieros internacionales y 
aplicadas por entonces en el continente. Las otras objeciones que sí resultaron más justas y 
pertinentes tuvieron que ver con el estilo de implementación (con el liderazgo arrollador 
y a menudo autoritario de Germán Rama) y con la incorporación muy menguada de la 
demanda de una dignificación de los muy magros salarios de maestros y profesores (pese al 
fuerte incremento en el período del presupuesto destinado a la educación pública, que pasó 
del 8,6% al 20% del Presupuesto). 

En lo que refiere a la reforma del Estado, se acotaron sus alcances y se optó por una 
orientación igualmente distante de las posturas extremistas de estatistas y “neoliberales”. 
De ese modo se produjo una reorientación en las propuestas caracterizada por el énfasis 
en contenidos como focalización, gerencia descentralizada, flexibilidad en las provisiones, 
impulso de la competitividad y productividad, entre otros. También en este campo se con¬ 
tinuó (con resultados visibles) en la incentivación de la reducción de la plantilla de funcio¬ 
narios públicos: según las investigaciones de Narbondo y Ramos, estos descendieron un 
23% entre 1995 y 1999. Finalmente, luego de muchos fracasos, también durante este pe¬ 
ríodo se concretó la tantas veces anunciada reforma constitucional, que modificaría aspec¬ 
tos sustantivos del sistema electoral. Luego de arduas y a veces laberínticas negociaciones 
interpartidarias, finalmente se llegó a un texto de acuerdo que sin embargo fue rechazado 
por la mayoría del Frente Amplio (con la excepción de Líber Seregni y de Danilo Astori, 
22 este último con su sector Asamblea Uruguay). El proyecto, aprobado en el Parlamento, fue 
finalmente plebiscitado favorablemente el 8 de diciembre de 1996 por un margen muy es¬ 
trecho: obtuvo el 50,4% del total de los votos emitidos. De acuerdo a una ajustada síntesis 
de Daniel Buquet, los principales aspectos de la reforma eran los siguientes: i) en materia 
electoral, introducción de elección presidencial por mayoría absoluta, eventualmente en 
una segunda vuelta; exigencia de candidatos únicos por partidos para Presidente y de hasta 
tres por partido para el cargo de Intendente, designados por la Convención Nacional en el 
primer caso por mayoría simple de convencionales y en el segundo por las Convenciones 
Departamentales, debiendo contar cada candidato con por lo menos un 30% del apoyo de 
los convencionales; prohibición de acumulación de votos por sublemas a nivel de diputa¬ 
dos; eliminación de la distinción entre lemas permanentes y accidentales; ii) en materia de 
régimen de gobierno y relación entre poderes: habilitación al Presidente a solicitar el voto 
de confianza para su gabinete y remover a miembros del mismo y a directores de empresas 
públicas o entes autónomos si carecen del mismo; reforzamiento de los poderes presiden¬ 
ciales ante el Parlamento, al restringirse los plazos para el trámite de las leyes de urgencia y 
modificarse a su favor la consideración de los vetos interpuestos. 



Al análisis de estas propuestas reformistas que signaron la segunda Administración de 
Sanguinetti habría que sumar el registro de otros dos aspectos distintivos de ese período 
1995-2000: en primer lugar, el freno del mejoramiento y luego el crecimiento moderado de 
los niveles de pobreza, pese a la persistencia del crecimiento económico y de la continuidad 
de la mejoría en otros indicadores sociales; en segundo lugar, una fuerte reapertura de las 
controversias en torno al tema de las violaciones a los derechos humanos cometidos duran¬ 
te la dictadura y la búsqueda de la verdad sobre lo ocurrido. 

En torno al primer punto señalado, resulta indispensable reiterar que después de la 
debacle social con que terminó la dictadura, hubo una mejora fuerte de la economía al 
retornar los gobiernos democráticos, que supieron combinar crecimiento económico con 
abatimiento de la pobreza. Este indudable éxito volvió a hacer del Uruguay el país más 
igualitario de América Latina (claro que esta ya era por entonces de las regiones que presen¬ 
taban mayor inequidad social en el planeta). Sin embargo, estas tendencias favorables co¬ 
menzaron a detenerse hacia mediados de los años noventa. Las razones son varias: se llegó a 
un núcleo duro de la población pobre con zonas de marginalidad muy fuerte, sobre el cual 
era muy difícil operar con eficacia, aun desde políticas sociales orientadas o focalizadas; el 
propio desarrollo económico destruyó o precarizó empleos no calificados, lo que afectó a 
los sectores menos educados que tienden a ser los más pobres; mientras tanto, se produjo 
también un incremento en el diferencial de ingresos entre los sectores más y menos educa¬ 
dos. Todo ello contribuyó a frenar el descenso de la pobreza y eventualmente a su moderada 
expansión. La sociedad toda, no solo un gobierno o el Estado, comenzaron a encontrarse 
por entonces con problemas sociales más difíciles de resolver, con una pobreza más difí¬ 
cil de abatir, problema estructural cuyas consecuencias futuras no fueron suficientemente 
percibidas. Aunque en esos años siguieron mejorando indicadores fundamentales como la 
mortalidad infantil, la cobertura educativa de los preescolares (instrumento fundamental 
para generar igualdad en una sociedad como la uruguaya), muchos de esos fenómenos de 
desigualdad y precarización más estructurales que se venían mencionando se consolidaron 
y en algunos casos (como en el de la infantilización de la pobreza) se profundizaron. 

En lo refiere al retorno del tema de la violación de los derechos humanos durante la 
dictadura durante esta segunda Administración de Sanguinetti, se impone aquí una breve 
reseña de lo ocurrido respecto al tema en esa década larga de los noventa. Luego del refe¬ 
réndum de abril de 1989, el tema estuvo poco presente en la campaña electoral de ese año. 
A continuación, el período de gobierno de Lacalle fue de claro opacamiento del tema. Por 
cierto que esa circunstancia no obedeció a una actitud de resignación de las organizaciones 
de familiares y de derechos humanos, que continuaron con sus actividades y reclamos. Pero 
lo cierto es que comenzaban años difíciles para la reivindicación de un esclarecimiento de 
los hechos. Como ha señalado Javier Miranda, “se instaló muy consistentemente una visión 
de la pacificación, sistemática y persuasivamente por los actores políticos que impulsaron la 
Ley de Caducidad, que asimilaba consolidación de la democracia, pacificación e impunidad. 
Este enfoque de la impunidad como condición sine qua non de la pacificación matrizó pro- 


23 


MEMORIA E IMPUNIDAD 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


24 


fundamente la opinión pública y ganó audiencia El tema en efecto quedó relegado en la 
agenda pública. Esta tónica general no varió ni siquiera ante pronunciamientos como el del 
Informe 29/92 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la la que en 
octubre de 1992 concluyó que la Ley de Caducidad resultaba incompatible con la normati¬ 
va continental e internacional en materia de Derechos Elumanos, al tiempo que recomendó 
al gobierno uruguayo otorgar compensaciones a las víctimas y tomar medidas efectivas para 
esclarecer los hechos e individualizar a los responsables. 

Sin embargo, por motivos locales y también internacionales, el tema se reactivó en 
particular a partir de 1995 y 1996. En octubre y noviembre de 1995, el líder y senador del 
entonces Nuevo Espacio, Rafael Michelini (hijo de Zelmar), había comenzado una ronda 
de contactos reservados con varios militares retirados (entre ellos el ex general Ballestri- 
no) y con el Secretario de la Presidencia, Elias Bluth, en procura de vías de acuerdo. Si 
bien las gestiones avanzaron, llegándose incluso a hablar de la posibilidad de concretar una 
“Comisión de la Verdad”, finalmente la propuesta fue rechazada por los militares y por el 
Presidente Sanguinetti. De todos modos, esos pasos significaron un retorno del tema a la 
agenda pública más relevante y a la atención de buena parte de la población. En la noche 
del 20 de mayo de 1996, al conmemorarse los veinte años de los asesinatos de Héctor Gu¬ 
tiérrez Ruiz, de Zelmar Michelini, de Rosario Barredo, de William Whitelaw y de Manuel 
Libero^], bajo el lema “Verdad, memoria y nunca más”, marcharon en silencio por el centro 
de Montevideo varias decenas de miles de uruguayos, en un gesto colectivo que renovó con 
fuerza la convicción ciudadana respecto a la necesidad de reimpulsar el reclamo de verdad a 
propósito del destino de los detenidos desaparecidos y al esclarecimiento de las violaciones 
a los derechos humanos cometidas durante la dictadura. 

A esta reactivación del debate y de la sensibilidad públicos sobre el tema, se le venía 
a sumar el inicio de gestiones e iniciativas concretas para viabilizar una renegociación del 
problema con los militares y el gobierno, centrada en los puntos del esclarecimiento de 
los hechos y en la necesidad de que las Fuerzas Armadas y el Estado asumieran responsa¬ 
bilidad institucional por lo ocurrido durante la dictadura. Fueron en verdad muchas las 
iniciativas planteadas en tal sentido por aquellos años, pero todas ellas chocaron con una 
actitud francamente contraria del gobierno y de los militares. La respuesta de los oficiales 
superiores antes estas gestiones fue tan unánime como cerrada. En abril de 1997 los gene¬ 
rales acordaron un “compromiso” público en el que afirmaban el mantenimiento de “una 
misma línea” contraria a la formación de comisiones que investigaran el pasado y a “entrar 
en revisionismos que no conducen a ninguna buena salida”. El entonces comandante en jefe 
de la Armada, Raúl Risso, replicó por su parte que “no (cabía) el revisionismo del pasado” y 
que el planteo de la comisión era su juicio “un ejemplo de otro país, de otro momento social”. 



Recesión, colapso y reactivación económica (2000-2005) 

La reforma constitucional plebiscitada favorablemente por mínimo margen, como 
vimos, en diciembre de 1996, tuvo su primera experiencia de aplicación en 1999. En esa 
ocasión y contra muchos pronósticos que no le otorgaban chance, en lo que configuraba su 
quinta postulación a la Presidencia de la República, el Dr. Jorge Batlle, con 72 años de edad 
y 55 años de vida política ininterrumpida, pudo alcanzar finalmente la victoria. Primero, 
logró derrotar al candidato forista Luis Antonio Hierro en las internas de abril; como can¬ 
didato único del P. Colorado ingresó al balotaje como segundo candidato más votado en 
la primera vuelta de octubre (con poco más del 32% de los sufragios). Por su parte, para 
muchos analistas, la persistencia más allá de lo prudente del P. Nacional en la coalición del 
gobierno anterior, junto con otros errores políticos, fueron parte de los grandes factores 
que explican el duro traspié electoral que sufrió el nacionalismo en los comicios de 1999. 
A ello se sumaron los ecos de las denuncias de corrupción (la “embestida baguala ”que de¬ 
nunciara el ex-presidente Lacalle) y una interna partidaria feroz, todo lo que se concretó en 
una magra votación en primera vuelta, tras la candidatura única de Lacalle, con apenas un 
22,3% de los sufragios. 

Jorge Batlle ganó finalmente la segunda vuelta el 28 de noviembre (tras firmar un 
acuerdo programático con el P. Nacional) con el 52,26% de los votos contra el 44,53% 
que recogió la fórmula del Frente Amplio-Encuentro Progresista, encabezada por Tabaré 
Vázquez. En cumplimiento con lo pactado en noviembre de 1999, cuando ambos partidos 
tradicionales acordaron las bases programáticas de un gobierno de coalición, luego de la 
victoria electoral se dio forma a la integración de una coalición de gobierno que todo anun¬ 
ciaba como de difícil gestión: el presidente electo no ostentaba los mejores antecedentes 
como articulador previsible y debía lidiar con dos líderes políticos tan avezados como du¬ 
ros en la negociación, los ex-presidentes Sanguinetti y Lacalle; la coalición era fruto de la 
unión entre la segunda y la tercera fuerza políticas y podía contar con mayorías parlamen¬ 
tarias exiguas (55 diputados en 99 y 17 senadores en 31), dentro de partidos con notorias 
diferencias internas; entre otros factores. 

Mucho podría decirse sobre la gestión de Batlle al frente del gobierno que presidió 
entre el 2000 y el 2005. Alguien que como Jorge Batlle no necesitó ser Presidente para 
ingresar como figura de destaque en la historia política nacional, no logró demostrar en 
el ejercicio de la primera magistratura un desempeño acorde con sus antecedentes y las 
expectativas generadas. Durante el primer tramo de su gobierno, Batlle pudo impulsar muy 
fuertemente su popularidad ante la opinión pública, ilusionada ante una serie de iniciativas 
que parecían marcar una in^exión de renovación: la creación de la Comisión para la Paz, 
con el consiguiente reconocimiento de un problema que sus antecesores habían insistido 
en dar por concluido; la inauguración de un nuevo marco de diálogo con la oposición de 
izquierda y en especial con su líder, Tabaré Vázquez, que perduró en el primer año de su 
gestión pero que rápidamente comenzó a erosionarse; la convocatoria a una “lucha sin cuar- 


25 


MEMORIA E IMPUNIDAD 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


26 


tel ”contra el contrabando y contra otros focos de corrupción en ciertas áreas del Estado; la 
denuncia de los graves desajustes en materia de política salarial dentro de la Administración 
Pública; la adopción de un estilo más informal y campechano, que lo acercó en los primeros 
momentos al ciudadano común; entre otros aspectos. 

En aquel marco inicial, ese estilo que el propio Presidente calificó como orientado 
a “desacralizar el poder”, configuraba también -más allá de su espontaneidad- toda una 
estrategia que apostaba a ese fondo cultural de la acción política. Aquella búsqueda de un 
nuevo “estado del alma”, para usar también las palabras de entonces del propio Batlle, bus¬ 
caba también generar un ambiente político favorable para, desde una suerte de idilio ante 
la opinión pública, manejar con mayor poder una coalición difícil. Sin embargo, las am¬ 
bigüedades originarias del nuevo sistema electoral hicieron que Batlle debiera enfrentar 
una difícil dualidad como presidente: accedió a esa investidura después de un contundente 
pronunciamiento favorable en el balotaje de noviembre de 1999, pero con una debilidad 
parlamentaria inocultable. La bancada quincista resultaba minoritaria dentro la represen¬ 
tación obtenida por el P. Colorado (lo que le otorgaba sin duda una gran cuota de poder al 
ex-presidente Sanguinetti y a su grupo), al tiempo que -como vimos- la propia coalición 
en su conjunto tenía una mayoría parlamentaria muy estrecha, lo que daba también carác¬ 
ter decisivo a cualquier disidencia o indisciplina en el apoyo nacionalista. Parecía plausible 
la estimación que ese nuevo estilo, que tanto apostaba al terreno de la opinión pública, 
buscaba también contrabalancear sus debilidades originarias. 

Apostar a un relacionamiento tan fuerte y directo con la opinión pública aumentaba 
expectativas pero también alentaba demandas, a menudo contradictorias. Luego el país 
padeció las llamadas “sieteplagas” (ariosa, desequilibrios monetarios y comerciales con la 
región, crisis financiera, desacomodamiento de los mercados internacionales, etc.) y más 
allá de controversias, el presidente Batlle y su gobierno vieron caer a ritmo de vértigo no 
sólo su popularidad sino también su credibilidad gobernante. Como corolario lógico de 
cómo se procesó el epicentro de la crisis entre el 2001 y el 2002, no puede resultar persua¬ 
sivo un relato que concentre exclusivamente las explicaciones sobre que lo que sucedió en 
virtud del “contagio” que le vino al Uruguay desde los vecinos en crisis. El estallido de la 
crisis, que venía anunciándose pero que finalmente se desató con toda su virulencia en el 
2002, encontró a un gobierno debilitado en varios frentes. Los fundamentos de la refor¬ 
ma constitucional de 1996 -crear reglas electorales que incentivaran coaliciones fuertes 
y duraderas y Presidentes con fuerza política y respaldo propios- pusieron de manifiesto 
su inconsistencia en aquella encrucijada. La coalición se rompió en el peor momento y el 
centro presidencial alcanzó en esa misma coyuntura crítica una debilidad tal que lo llevó 
casi al inmovilismo y a la imposibilidad de interlocución negociadora. Como hoy sabemos 
y entonces se intuía, no faltaron conspiraciones que buscaron la interrupción del mandato 
de Batlle y la realización de elecciones anticipadas, hipótesis catastrófica que pudo evitarse 
gracias a la lealtad institucional y el civismo puestos de manifiesto por la enorme mayoría 
de los actores partidarios y sociales. 



Cabe resaltar que en el análisis de la ruptura de la coalición, aunque resulte materia 
opinable, no resultaría justo cargar responsabilidades contra la actitud tomada entonces 
por el P. Nacional. En el texto de la declaración del Directorio nacionalista que dispuso el 
retiro de los ministros blancos del gabinete hacia mediados del 2002, se refirió entonces la 
necesidad de “reformular los entendimientos de febrero del año 2000 ”y de radicar el espacio 
de los acuerdos “en el Parlamento”, exhortando al Poder Ejecutivo a una intensificación del 
trabajo en ese ámbito en torno a ciertos temas considerados centrales. También se planteó 
entonces como “esencial para elfuturo del país encarar el problema de la deuda externa na¬ 
cional, convocando para ello a todos los partidos políticos”. Lo sucedido desde entonces en 
adelante tuvo ciertos giros contradictorios pero no contrarió la imagen de cooperación en 
los momentos más difíciles: si bien la “gobernabilidadparlamentaria” no pudo funcionar 
de acuerdo a las visiones más optimistas, en los momentos claves y decisivos, por ejemplo en 
ocasión de la Ley de Reordenamiento Financiero en el peor momento de la crisis o cuando la 
creación del llamado “Nuevo Banco Comercial” (con parte de las carteras de deudores de los 
bancos gestionados por el Estado uruguayo desde el momento de la crisis de mediados del 
2002), los apoyos de los parlamentarios nacionalistas estuvieron. Asimismo, si bien Tabaré 
Vázquez aconsejó en forma equívoca el default y los legisladores frenteamplistas no votaron 
la primera de las leyes referidas (aunque sí la segunda), su actitud de lealtad institucional 
y la adopción de acciones de cooperación indirecta, también tuvieron expresión en el pac¬ 
to de los disensos, la continentación de organizaciones sociales de perfiles más radicales y 
una actitud de moderación general innegable, precisamente en momentos en que se des¬ 
plegaban amenazas e intentonas claramente desestabilizadoras. Dentro del P. Colorado, el 
espíritu de colaboración del ex-presidente Sanguinetti y de su sector fueron también per¬ 
manentes, incluso acallando diferencias notorias con medidas y acciones implementadas 
por el gobierno. 

En el momento más crítico de la crisis de 2002, la asunción como ministro de Econo¬ 
mía del senador Alejandro Atchugarry estableció una suerte de corrimiento tácito del lide¬ 
razgo del gobierno, desde un “centro presidencial” paralizado y sin credibilidad, a una suerte 
de “primer ministro” que elaboraba sustentos de gobernabilidad en medio de la tormenta, 
a través de acuerdos parlamentarios y con la obtención de apoyos de los líderes partidarios 
más connotados. No es exagerado aludir que ese período, que algunos analistas -entre los 
que se haya el suscrito- hemos calificado como momento de “parlamentarismo informal”, 
fue tal vez el tramo más difícil y a la vez el más exitoso de toda la Administración, aunque 
los tiempos de la cosecha llegaron después. Durante ese año largo y traumático del 2002, 
un gobierno debilitado pudo sortear sin embargo con éxito varios obstáculos que se pre¬ 
sentaban como insalvables. 

La hondura de la crisis resultó de una magnitud inusitada. La referencia a algunos 
pocos registros estadísticos y a lo ocurrido en relación a ciertos indicadores claves, tal vez 
permita aquilatar la magnitud de la caída. La recesión se prolongó prácticamente durante 
cuatro años y medio, desde enero de 1999 hasta mediados del 2003. El examen de indica- 


27 


MEMORIA E IMPUNIDAD 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


dores como la caída vertical del MXM entre 1998 y 2003 (en términos globales y por perso¬ 
na), los niveles del desempleo que orillaron la cifra récord del 20%, los problemas de cali¬ 
dad de la ocupación que afectaron a la mayoría de los activos, la fuerte caída del salario real, 
el aumento de la inflación, la relación entre la deuda pública y el MXDq el descenso también 
vertical de las exportaciones, la caída de la industria manufacturera, la profundización del 
endeudamiento agropecuario, la crisis devastadora del sistema financiero, entre otros pro¬ 
cesos, llevaron al país a los umbrales del despeñadero. Luego de un agobiante feriado banca- 
rio, en aquella semana inolvidable de los saqueos y rumores de finales de julio y comienzos 
de agosto del 2002, finalmente -en este caso específico con un protagonismo muy fuerte de 
Batlle a partir de su controvertida amistad y adhesión política al presidente norteamericano 
George W. Bush- el gobierno pudo contar con el respaldo directo de un préstamo “puente” 
otorgado por el gobierno norteamericano, lo que permitió el acuerdo con los organismos 
financieros internacionales y evitar el default. 

E3 uedaban sin embargo las terribles secuelas sociales de la crisis. En apenas cuatro años 
emigraron más de 100.000 uruguayos, lo que superó la brecha entre nacimientos y defun¬ 
ciones durante ese mismo período. Según datos oficiales, la pobreza trepó a finales del 2004 
al 39,9% y la indigencia a un 4,7%, con una fortísima infantilización y juvenilización en 
ambos indicadores. La tasa de deserción educativa se proyectó hacia guarismos muy eleva¬ 
dos, al tiempo que se revelaban porcentajes muy considerables de jóvenes que no estudia¬ 
ban ni trabajaban. La tormenta puso al desnudo las falencias del Estado en la atención a una 
situación de emergencia social, tanto en el diseño de políticas sociales adecuadas, manejo 
de información coherente y lo más aggiornada posible, consistencia y fortaleza de sus ser¬ 
vicios educativos y sanitarios en todo el país. Se puso de manifiesto de manera por demás 
28 clara que las viejas “claves batllistas” de la sociedad hiperintegrada y del Estado escudo de los 
débiles habían quedado definitivamente atrás y que en el país se producían fenómenos antes 
insospechados de indigencia, desnutrición infantil, radicación territorial del poder social. 
El avance de la pobreza y de la marginación (esta última con sus connotaciones culturales 
además de sociales) confirmó el cuadro de una sociedad fragmentada, gúetizada, con rup¬ 
turas profundas del tejido social y de los espacios públicos. 

Con el telón de fondo de los primeros indicios de reactivación y con el activo de la 
exitosa operación de canje de la deuda pública uruguaya, hacia el 2003 el gobierno pudo 
apostar a la prioridad de la estabilización, como soporte imprescindible para aspirar a em¬ 
prendimientos más ambiciosos. Sin embargo, a mediados de año, el ministro Atchugarry 
anunció una suerte de relanzamiento proactivo del gobierno, pidiendo un año de “tregua 
política” y planteando una agenda en la que destacaban un tratamiento diferente de la ren¬ 
dición de cuentas y una reforma tributaria más o menos ambiciosa, junto a otras iniciativas 
de menor talante. En verdad, la expectativa sobre este cambio de perfil del gobierno no 
duró demasiado: no hubo posibilidad de acuerdo alguno en torno a la rendición de cuentas 
y la reforma tributaria ni siquiera pudo llegar como proyecto al Parlamento, pese al con- 



senso cada vez más generalizado respecto a la inadecuación radical del sistema impositivo 
vigente en el país. 

Aunque con seguridad también fundada en otras razones, la sorpresiva renuncia en 
agosto del 2003 del ministro Atchugarry y su rápido cambio por el economista Isaac Alfie 
configuraron por distintos motivos dos señales claras sobre que el relanzamiento del go¬ 
bierno había fracasado y que este se resignaba a restringir definitivamente su agenda, ante la 
ratificación de un cuadro de situación que no habilitaba acuerdos propositivos. Este cambio 
ministerial marcó sin duda un hito en el gobierno. Se pasaba de un Ministro negociador y 
ecléctico a otro de perfiles más técnicos y ortodoxos. El presidente Batlle anunciaba que “los 
tiempos políticos” debían dejar lugar ahora a “los tiempos técnicos” y que en realidad Alfie sería 
más un “ministro de Hacienda” que de “Economía”. Sin embargo, con la cercanía del ciclo 
electoral, el debilitamiento de la iniciativa gubernamental en el Parlamento se volvió más 
visible que nunca. En sus primeras declaraciones, el nuevo ministro marcó con realismo 
un nuevo escenario pautado por una agenda más restringida y menos proactiva, aunque de 
cumplimiento todavía incierto: se priorizarían el cuidado del frente fiscal y el aumento de 
la eficiencia del Estado; se apuntaría a obtener la aprobación parlamentaria de las reformas 
de las cajas militar y policial y de la ley de fideicomisos; se intentaría un programa de des¬ 
regulación para incentivar la competencia y para estimular inversiones. Atrás quedaba el 
anunciado “año de las grandes transformaciones” y lo más resaltable -en la dirección de un 
compromiso que se cumpliría efectivamente- fue el firme anuncio de Alfie que con él no 
habría “carnaval electora?. 

Con un prematuro arranque de la campaña electoral, promovido por el referéndum 
sobre la ley de Ancap celebrado el 7 de diciembre del 2003 (que concluyó con un con¬ 
tundente 62,3% a favor de la derogación de la norma, pero que en realidad constituía un 
plebiscito arrollador en torno a la impopularidad del gobierno y también de las figuras más 
connotadas de ambos partidos tradicionales), así como por la emergencia de varios con¬ 
victos de magnitud, en especial el vinculado con la situación de los funcionarios de Salud 
Pública, algunas previsiones parecieron confirmarse: aumento de la conVictividad, mayor 
estrechamiento de la posibilidad de acuerdos, anticipación del ciclo pleno de confronta¬ 
ción y competencia políticas entre los partidos. Sin embargo, el contexto internacional y la 
consolidación de la estabilización se volvieron cada vez más favorables para consolidar la 
reactivación económica iniciada en el país en el segundo semestre del 2003, con la locomo¬ 
tora de un sector agropecuario que encontraba muy buenos precios y posibilidades crecien¬ 
tes de mercado. Los indicadores económicos comenzaron a evidenciar un ritmo creciente 
de recuperación, aunque su impacto en el campo social y su influencia política resultara 
más lento y limitado. 

Puede decirse con convicción que la democracia uruguaya y sus actores pudieron ra¬ 
tificar en aquellos años comprometidos su fortaleza cívica en la respuesta a la crisis. Elubo 
muchas evidencias en esa dirección: el rechazo sostenido del presidente Batlle y de su go- 


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MEMORIA E IMPUNIDAD 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


30 


bierno a ceder a la tentación de la deriva autoritaria y represiva (que más de un actor públi¬ 
co reclamó en los momentos de mayor conKIictividad); la franca lealtad institucional mani¬ 
festada por todos los partidos y de manera especialmente significativa por la oposición; la 
moderación expresada en condiciones muy adversas por la mayoría de los dirigentes sindi¬ 
cales y de los ciudadanos afectados más directamente por la crisis. 


El triunfo electoral de la izquierda en 2004 y su significación en la “larga duración” 

Durante el 2004, la profundización de una reactivación económica muy fuerte no lle¬ 
gó a combinar con los tiempos políticos. El crecimiento exponencial de un 13% del la 
baja de la inflación, el aumento de los equilibrios fiscales, el incremento espectacular de las 
exportaciones, la baja de los índices de desempleo a un 12%, la franca recuperación de sec¬ 
tores como el agro y el turismo, entre otros indicadores positivos que podrían referirse en 
el sentido de una fuerte recuperación de la economía uruguaya, no pudieron transformar 
la percepción de una ciudadanía enojada con el gobierno y con el liderazgo tradicional de 
los partidos históricos. Aun con las sorpresas producidas en las elecciones internas del 27 
de junio del 2004, que mostraron a un P. Nacional renovado en su liderazgo con el ascenso 
de Jorge Larrañaga y con aspiraciones de competítividad acrecentadas frente a la izquierda, 
los resultados de las elecciones en primera vuelta vinieron a confirmar los pronósticos más 
generales. 

En efecto, las elecciones del 31 de octubre del 2004 fueron coronadas por un verda¬ 
dero aluvión de votos para la izquierda, que le otorgó la presidencia en primera vuelta con 
mayoría en ambas cámaras legislativas. Esta victoria contundente que alcanzó el Frente Am¬ 
plio/Encuentro Progresista/Nueva Mayoría y su candidato, Tabaré Vázquez, con un 50,45% 
de los votos emitidos y un 51,7% de los votos válidos, constituyó sin lugar a dudas un giro 
histórico profundo en la historia política del Uruguay. Se cambiaba de esta manera, una he¬ 
gemonía de 175 años de gobiernos colorados, nacionalistas o de dictaduras cívico-militares 
que gobernaron el país con alternancias esporádicas (con una clara supremacía del lideraz¬ 
go gubernamental colorado sobre el nacionalista, aunque desde un formato coparticipativo 
y en oportunidades coalicionista). El triunfo de la izquierda llegaba en un momento en 
que el declive electoral de los lemas tradicionales venía confirmándose desde la creación 
de la coalición Frente Amplio, en febrero de 1971, pero que se aceleró con un ritmo de 
vértigo en la última década y en especial durante el último lustro, como se observa con 
claridad en el gráfico 1. Obsérvese desde una perspectiva histórica más larga la envergadura 
de los cambios producidos. La izquierda mantuvo, pese a su ruptura producida entre 1988 
y 1989, un crecimiento sostenido y permanente desde el final de la dictadura civil militar. 
Cabe observar también la evolución seguida entre el caudal de los votantes de los “partidos 
tradicionales” (blancos y colorados) en relación a los llamados “partidos desafiantes” (bási¬ 
camente el Frente Amplio). Las tendencias no pueden ser más claras: al retroceso continuo 
de blancos y colorados en su conjunto se le confronta el aumento sistemático y continuo de 



la izquierda, tanto cuando estuvo dividida (desde 1989 con la escisión del llamado Nuevo 
Espacio), hasta la reunificación del 2004 bajo el lema Frente Amplio - Encuentro Progre¬ 
sista - Nueva Mayoría, que luego de la victoria volvió a sintetizarse en el lema fundacional 
Frente Amplio. 


Gráfico 1 

Evolución electoral del sistema de partidos uruguayo por bloques 
partidarios. Serie 1984-2004. Fuente: Área de Politicay RRII del Banco 
de Datos de la FCS-UDELAR 


—♦—Partidos 

Tradicionales 


—•— Partidos 

"Desafiantes" 

(Izquierda) 

Otros partidos 
menores 


1984 1989 1994 1999 2004 



Debe advertirse también -como se observa en el cuadro 1- que la obtención de ma¬ 
yoría legislativa en ambas Cámaras constituía también un hecho inédito desde la recupera¬ 
ción democrática en marzo de 1985 y aun desde bastante tiempo atrás, si se toma en cuenta 
el período previo a la dictadura iniciada en 1973. El P. Nacional obtenía en octubre de 2004 
una fuerte pero insuficiente recuperación electoral respecto a los resultados muy magros de 
cinco años atrás: con el 35,1 de los votos válidos confirmaba un crecimiento notable de un 
13% respecto a la muy magra votación de 1999, con una renovación interna consolidada. 
Por su parte, se producía el esperable desplome del P. Colorado, que cayó a un guarismo 
insólito de un 10,6%, en la peor votación por lejos de su historia. Finalmente, se verificaba 
una muy escasa votación del P. Independiente con un 1,9% de los votos y la obtención de 
apenas una banca de diputado. 


Cuadro 1 

Uruguay. Composición del Parlamento (2004) 


Partidos 

Cámara de Representantes 

Cámara de Senadores 

EP/FA/NM 

52 

17 

Partido Nacional 

36 

11 


31 


MEMORIA E IMPUNIDAD 




DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


Partido Colorado 

10 

3 

Partido Independiente 

i 

0 

Total 

99 

31 

Fuente: Área de política 

y relaciones internacionales del Banco de Datos de la Facultad de Ciencias Sociales (UdelaR) 


Tómese a continuación en el gráfico 2 el indicador del contingente parlamentario del 
partido ganador en cada una de las cámaras en los veinte años desde el final de la dictadura 
hasta el triunfo de la izquierda. Resulta especialmente significativo el poderío legislativo 
superior obtenido por la izquierda en el 2004, obteniendo mayorías que le permitieron 
gobernar sin buscar necesariamente coaliciones, como sí debieron hacerlo en forma indis¬ 
pensable sus antecesores. 


Gráfica 2 

Contingente-parL'iment-iiio deel partido del Presidente por cámara legislativa. 
Legisla turas de 1985-i990ol 2005-2010, En valores absolutos y porcentajes Fuente 
Al ea (le Política v RR.II del Banco de Datos déla FC&UDEDLAR. 


32 



Legislaturas 


□ 1985 2000 (Partido Cobrado) □ 1990 1995 (Partido Nariona]) □ 1995 2000 (Partido Colorado) 

□ 2000-2005(PartMo Cobrado) ■ 2005-2010(EPÍFA/NM) 


Esta imagen de salto cualitativo que representó la votación de la izquierda y la varia¬ 
ción notable que se produjo al nivel de los desempeños de todos los partidos en el 2004, 
se pone también muy de manifiesto si se recurre a una perspectiva histórica de más “larga 
duración”. Si se observa con atención el cuadro siguiente, que contiene los votos válidos por 
partido a partir de los comicios de 1942 (elecciones especialmente significativas pues se 
producían por primera vez en casi una década sin la abstención de ningún sector partidario 




relevante), se registra la profundidad del cambio global verificado al nivel del conjunto del 
sistema de partidos. Se trató en suma de un cambio de escenario cuya radicalidad no admi¬ 
tía por entonces antecedentes comparables en la historia política nacional. 


Cuadro 2 

Votos válidos por partidos. Serie 1942-2004. En porcentajes 



R Co¬ 
lorado 

R Na¬ 
cional 

R Nac. 
Indep. 

U. Cívica 
/RD.C./ 

Pl 

R Comu¬ 
nista /F.l. 
De L. 

R So¬ 
cialista 
/U.R 

Frente 

Am¬ 

plio 

Nuevo 

Espacio 

Otros 

Total 

1942 

57,2 

22,8 

11,7 

4,3 

2,5 

1,6 

- 

- 

0,0 

100 

1946 

46,3 

31,1 

9,4 

5,2 

4,9 

2,3 

- 

- 

0,8 

100 

1950 

52,3 

30,8 

7,6 

4,4 

2,3 

2,1 

- 

- 

0,6 

100 

1954 

50,5 

35,2 

3,7 

5,0 

2,2 

3,3 

- 

- 

0,0 

100 

1958 

37,7 

49,7 

- 

3,7 

2,7 

3,5 

- 

- 

2,7 

100 

1962 

44,5 

46,5 

- 

3,0 

3,5 

2,3 

- 

- 

0,1 

100 

1966 

49,3 

40,3 

- 

3,0 

5,7 

0,9 

- 

- 

0,7 

100 

1971 

41,0 

40,2 

- 

- 

- 

- 

18,3 

- 

0,6 

100 

1984 

41,2 

35,0 

- 

2,4 

- 

- 

21,3 

- 

0,0 

100 

1989 

30,3 

38,9 

- 

- 

- 

- 

21,2 

9,0 

0,6 

100 

1994 

32,3 

31,2 

- 

- 

- 

- 

30,6 

5,2 

0,7 

100 

1999 

32,8 

22,3 

- 

- 

- 

- 

40,1 

4,6 

0,2 

100 

2004 

10,6 

35,1 

- 

2,1 

- 

- 

51,7 

- 

0,5 

100 


Fuente: Área de Política y RR.II. del Banco de Datos de la FCS/Udelar en base a datos de la Corte Electoral. 


Debe advertirse que el último presidente cuya votación individual (sobre el porcentaje 
de votos válidos) había superado la mayoría absoluta fue José Serrato en 1923, quien obtu¬ 
vo entonces, en un sistema nítidamente bipartidista sin tercerías competitivas, el 50,7% de 
los votos válidos. Por otro lado, hay que remontarse a las elecciones de 1950 (54 años atrás) 
para registrar una votación por partido (correspondiente en ese caso al P. Colorado) que 
superara la mayoría absoluta devotos válidos (52,6%), contra el 51,7% obtenido por el®/ 
mm en el 2004. 


33 


MEMORIA E IMPUNIDAD 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


Los últimos años: del gobierno de la izquierda a la hipótesis del desarrollo (2005- 
2015) 

Algunos hitos del Uruguay del siglo xxi 

a) A partir de la dura inflexión de la crisis del 2002 y del triunfo de la izquierda en las 
elecciones nacionales del 2004, se iniciaba una década pródiga en acontecimientos 
y transformaciones de significación particular. Reseñemos tres especialmente rele¬ 
vantes: 

El país inició tras esa crisis uno de los períodos de mayor crecimiento económico de 
su historia, aún mayor al que el país experimentó entre mediados de los años cuarenta y 
cincuenta del siglo pasado. 

Desde el segundo semestre del 2003 todos los principales indicadores económicos 
evidenciaron una evolución particularmente positiva: fuerte y continuo crecimiento del 
KDM ; ascenso sostenido de las inversiones en general y de la inversión extranjera directa en 
particular; incremento de las exportaciones y de los ingresos vinculados con la industria tu¬ 
rística; disminución sensible de la tasa de desempleo y de los índices de pobreza e indigen¬ 
cia (en rigor a partir de 2005); franco aumento del gasto público social per cápita (también 
desde 2005); gradual mejoría en el coeficiente de Gini, en referencia a una distribución 
menos desigual del ingreso (a partir del 2007). 

Las consecuencias muy positivas de este crecimiento sostenido que ya lleva doce años, 
y que incluso, hasta ahora al menos, ha podido sortear con éxito las incertidumbres e im¬ 
pactos de la crisis internacional, no pueden ocultar empero ciertas interpelaciones insos- 
34 layables. El dinamismo económico ha provenido -en gran medida aunque no en forma 
exclusiva- del auge del precio de los commodities y de una inserción privilegiada por la 
coyuntura del país en los mercados internacionales. El decisivo incremento de la tasa de 
inversión ha derivado fundamentalmente de las inversiones extranjeras, con relativo invo- 
lucramiento del capital nacional. Las exportaciones con valor agregado han seguido radi¬ 
cadas fuertemente en la región, tanto en el K lEEKUEffllK] como en América del Sur. No han 
ocurrido transformaciones estructurales en lo que tiene que ver con los contornos de la 
industria nacional y con los procesos de agregación de valor científico y tecnológico a la 
producción exportable, más allá de algunos cambios significativos que requerirán de más 
tiempo (y mayores inversiones) para poder hacer plenamente visibles sus efectos. El creci¬ 
miento económico del país vuelve a depender -aunque no en forma exclusiva, valga la rei¬ 
teración- del viento favorable de los mercados internacionales para nuestros tradicionales 
rubros de exportación, lo que no deja de generar las interpelaciones de otras “prosperidades 
frágiles” que el país ya ha vivido en el pasado. El contexto de desaceleración económica del 
último bienio parece confirmar esta perspectiva. 

b) El país experimentó en este último decenio el cambio político quizás más impor¬ 
tante desde comienzos del siglo pasado: la llegada al gobierno nacional de la iz- 



quierda y, consecuentemente, la coincidencia por primera vez de los dos partidos 
tradicionales en la oposición. Y esta situación se ha repetido en tres oportunidades, 
desde el 2004 -en que el Frente Amplio ganó en primera vuelta- hasta el 2009 y 
el 2014, en ciclos electorales en los que debió vencer en balotaje pero con mayorías 
legislativas en ambas circunstancias. 

Los resultados electorales verificados en octubre de 2004 y ratificados un lustro des¬ 
pués en el 2009 y diez años después en el 2014, han confirmado lo que muchos vaticinaban: 
ese otro país que en lo social había terminado de consumarse luego de la crisis del 2002, 
ha tenido finalmente su traducción en el campo político-electoral y en la transformación 
radical del sistema de partidos. En ambos casos, sin embargo, los cambios no nacieron de 
la coyuntura recesiva de fines de los noventa (iniciada formalmente en enero de 1999 tras 
la devaluación del real en Brasil), sino que reconocen una fragua más dilatada en el tiempo, 
más estructural, que ya no es posible invisibilizar y que nos habla de una política que ha 
cambiado y que sigue cambiando de manera profunda y con rumbos, en algunos casos, no 
fácilmente previsibles. 

Para explicar las razones de estas tres victorias consecutivas de la izquierda en las urnas, 
en los últimos tiempos se han multiplicado en los ámbitos político y académico la postula¬ 
ción de razones diversas. En trabajos recientes, diversos autores han manejado un cúmulo 
de razones más o menos conjugadas y prioritarias: una suerte de determinismo demográfi¬ 
co del crecimiento del caudal electoral de la izquierda, explicado por su mejor llegada a los 
sectores más jóvenes; la cosecha de los dividendos de una creciente tradicionalización y na¬ 
cionalización de la izquierda, con el consiguiente aumento de su producción simbólica y de 
su hegemonía cultural como factores atractivos del voto; una moderación de sus propuestas 
ideológicas y programáticas, con el consiguiente corrimiento de su convocatoria al centro 
del electorado; la fuerza carismática de sus liderazgos y su permanencia en los últimos años 
(lo que no significa una disminución de la edad promedio de su elenco de dirigentes, que 
actualmente muestra índices notorios de envejecimiento); el respaldo tácito de la adhesión 
genérica a la izquierda proveniente de circuitos de socialización todavía muy relevantes en 
el país (sistema educativo, redes laborales, grupos territoriales, sindicatos, etc.); el acierto 
de las estrategias políticas de corto y mediano plazo implementadas por las fuerzas políticas 
progresistas, claramente contrastante con cierta “derrota cultural” que, con altibajos, co¬ 
menzó a ganar a los llamados “partidos históricos”. Lo ocurrido en el último ciclo electoral 
del 2014, en el que hubo momentos de acrecentamiento de las expectativas de un eventual 
triunfo nacionalista tras la renovación generada por el liderazgo de Lacalle Pou, culminó 
sin embargo con una ratificación contundente en las urnas de las fortalezas políticas y elec¬ 
torales del Frente Amplio, ratificadas después de un decenio en el gobierno. 

Aunque todas estas razones han sido objeto de debate y no han recibido adhesión 
unánime, también es cierto que cualquier explicación que tienda a privilegiar en exceso una 
sola de las causas esgrimidas aparecerá como insuficiente. Es la conjugación más o menos 


35 


MEMORIA E IMPUNIDAD 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


contemporánea de estos y otros factores lo que tiende a explicar la continuidad de la prima¬ 
cía electoral de la izquierda y cualquier interpretación monocausal pecará de insuficiente. 
Sin embargo, en lo que sí existe una postulación mayoritaria (aunque también contestada) 
es que la mayoría de las razones de la hegemonía de las izquierdas en el país (con tres vic¬ 
torias consecutivas con mayoría legislativa propia, una incluso en primera vuelta) hay que 
buscarlas en el terreno de la competencia política y no fuera del mismo. 

c) Con el telón de fondo de estos cambios profundos y de la mano del optimismo 
social derivado del crecimiento económico sostenido, ha crecido la percepción pú¬ 
blica acerca de la posibilidad -por primera vez en muchas décadas- de que el país 
pueda avanzar hacia un estado de desarrollo cualitativamente diferente. 

La percepción pública de que el país puede acceder finalmente al registro en varios pla¬ 
nos de mediciones propias del mundo desarrollado ha crecido. Esta novedosa percepción 
colectiva no sólo no opaca sino que vuelve más visibles ciertos desajustes que la bonanza 
económica hizo resaltar. El contraste marcado entre el crecimiento de la economía y la 
mejoría general de los indicadores sociales más relevantes por un lado y la situación de dete¬ 
rioro que exhiben aspectos claves para una sociedad desarrollada (como son el nivel de co¬ 
hesión social, los desempeños del sistema educativo, las bases de infraestructura para hacer 
sustentable la continuidad del despegue productivo, la solidez del sistema de investigación 
en ciencia y tecnología como clave para la agregación de valor de nuestros rubros exporta¬ 
bles, entre otros), interpelan de modo radical toda autocomplacencia en las evaluaciones. 
De todos modos, la hipótesis de un “salto al desarrollo” adquiere consistencia. 

En cualquier hipótesis, lo acontecido en esta última década, se orienta también en la 
36 hipótesis sobre una mutación de la democracia uruguaya. Más allá de sus peculiaridades 
-algunas de ellas intensas- con relación al resto de los sistemas políticos latinoamericanos, 
también la democracia vernácula participa, a su modo y en sus tiempos, de ese proceso de 
“cambio político en la fragmentación” que caracteriza la coyuntura actual que vive la gran 
mayoría de las democracias del continente. Para registrar con precisión esos cambios, para 
superar las opacidades y distorsiones que provoca la persistencia de “formatos” y aun de re¬ 
sultados electorales que indicarían mera continuidad, se vuelven más necesarios que nunca 
prismas analíticos más radicales, indagatorias más profundas en sus alcances interpretativos 
y más exigentes en su heurística. Un análisis en profundidad sobre lo ocurrido durante la 
campaña electoral de 2014 con seguridad contribuirá esta hipótesis. 

Con su estilo intransferible y polémico, tan a contramano de los cánones tradicionales 
que hacen a los contornos más aceptados y previsibles del paradigma político uruguayo, la 
figura del ex-presidente José Mujica (2010-2015) tiende a simbolizar las peculiaridades de 
la encrucijada más actual de la política uruguaya. Sin embargo, a nuestro juicio, si se pone 
sólo el foco sobre su figura y no se indaga acerca de lo que su encumbramiento político 
expresó y expresa en términos más colectivos e históricos, si no se concentra la atención y el 
análisis en las transformaciones profundas que han sufrido el modelo y las prácticas predo- 



minantes de la ciudadanía en el Uruguay reciente, no se terminará de advertir y de entender 
qué es realmente lo que ha pasado y lo que pasa en el Uruguay más reciente, incluidos por 
cierto los avatares del último ciclo electoral 2014-2015, que volvieron a llevar a la presiden¬ 
cia por segunda vez a Tabaré Vázquez,. El propio Mujica supo sintetizarlo expresivamente 
en su discurso inaugural del I o de marzo de 2010 ante la Asamblea General: “No está fácil 
navegar. Las brújulas ya no están seguras de donde quedan los puntos cardinales.” 

Los avatares con que viene transcurriendo esta segunda presidencia de Tabaré Vázquez 
parecen corroborar esa perspectiva. El deterioro del contexto económico regional e inter¬ 
nacional ha sido más severo y acelerado que lo previsto, confirmando un cuadro consistente 
de desaceleración económica. El acrecimiento de la conKIictividad social durante lo que va 
del 2015 revelan a una sociedad que se ha vuelto más demandante y que no otorga cheques 
en blanco a nadie. El principal reto para la izquierda gobernante apunta a demostrar que 
puede gobernar también en ciclos económicos en más de un sentido adversos y que puede 
hacerlo sin paralizar su plan de transformaciones, por el que se comprometió ante la ciuda¬ 
danía en el último ciclo electoral 2014-2015. En cualquier hipótesis, treinta años después 
del final de la dictadura, la democracia uruguaya se revela sólida y arraigada. Ello por cierto 
no resulta poca cosa, dentro de una América Latina en la que los desacuerdos de régimen 
parecen profundizarse peligrosamente. 


37 


MEMORIA E IMPUNIDAD 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


38 



Carta abierta a nuestros compatriotas 

Montevideo, 12 de octubre de 2015 

IE ueremos reKexionar juntos. 

Si Usted se entera de que ha desaparecido una persona y por diversas circunstancias 
sabe algo, un detalle, una información. ¿IE ué haría? ¿Se callaría o trataría de colaborar con 
los familiares ? 

Es lo que venimos a pedirle. 

Han pasado muchos años -demasiados-, y el tiempo sigue su curso. Inexorable. 

Lo que nosotros pedimos es poder llorar a nuestros desaparecidos. A nuestros hijos e 
hijas, hermanos, padres, amigos, primos. Se los llevaron hace más de 40 años. ¿No tenemos 
el elemental derecho de saber su paradero? 

Le pedimos que se coloque en nuestro lugar por un instante y comparta las ausencias 
de todos los días, el día de su cumpleaños, las fiestas, mire sus viejas fotos, vea la silla vacía 
todos los días y en especial, los domingos. No pedimos mucho, pedimos una mano entre 
compatriotas, entre uruguayos y uruguayas. 

Si usted vio algo, sabe algo, conoce algún detalle que nos pueda ayudar a encontrarlos, 
le pedimos un gesto de humanidad. No importa en qué circunstancias estaba. 

No recibirá ninguna recompensa, sólo saber que ayudó a otros seres humanos, sus ve¬ 
cinos, sus compatriotas. Es su opción: identificarse o no, aporte sus datos, pero hágalo con 
responsabilidad, no juegue con nuestro dolor y nuestras ausencias. 

Entregue su carta, su mensaje en alguna parroquia, templo o sinagoga en todo el te¬ 
rritorio nacional, o en Nicaragua 1332, Apartamento 205, o llame al teléfono 0800 9942 y 
deje grabado su mensaje desde un teléfono particular o un teléfono público, con los datos 
que nos ayuden a esclarecer lo sucedido en aquellos años, de 1971 en adelante tanto en el 
Uruguay como en el exterior. 

Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos 



Políticas de memoria en Uruguay: 

entre el control, la acción y la pasión 


Carlos Marín Suárez 1 
Azul Cordo 2 


Cuando se alude a la memoria en Uruguay, la referencia inmediata en el imaginario so¬ 
cial remite a los hechos acaecidos durante la última dictadura cívico-militar (1973-1985), 
y a la necesidad de que sean recordados los crímenes de lesa humanidad y los efectos del 
terrorismo de Estado para que, mediante el recuerdo y la conmemoración, se rescate del 
olvido el sufrimiento de las víctimas, se siga luchando colectivamente por la verdad y por la 
justicia, y se consolide la democracia, puesto que el conocimiento histórico de lo sucedido 
es necesario para evitar que aquellos hechos se repitan en el presente. 

Sin embargo, la memoria no es única sino múltiple, y siempre habrá una lucha entre 
diferentes memorias, y entre memorias y olvidos. Atendiendo exclusivamente al tiempo de 
la última dictadura cívico-militar, existen otras memorias, como las de las Fuerzas Armadas 
y de ciertos sectores de los partidos Colorado y Nacional, que podrían definirse como una 
“memoria del elogio”, una suerte de autojustificación de su accionar en el pasado reciente. 
La contraparte de esta memoria del elogio sería la “memoria de denuncia” de las organiza¬ 
ciones de defensa de los derechos humanos 3 4 . 

Por otro lado, podríamos exceder el tiempo histórico al que suele hacer referencia el 
concepto de memoria, e integrar la memoria de las víctimas de la dictadura en una memo¬ 
ria de más amplio espectro, la de los marginados y subalternos de la Historia (indígenas, 
afrodescendientes, mujeres, campesinos, clases trabajadoras), pues todos ellos comparten 
el hecho de haber estado ocultados por diferentes regímenes políticos e historiográficos. 
En esta misma línea podríamos argumentar que la memoria por sí sola no es suficiente, 
ya que tan importante o más que recordar es comprender, mediante una memoria que sea 
historia y una historia que sea memoria'’. Comprender las causas y los procesos de aquellas 
violaciones de los derechos humanos. Comprender cómo se han generado y han persistido 
los mantos de silencio sobre aquellos hechos. Precisamente hay un tipo de memoria, y de 
olvido, que son oficiales, pues responden a políticas gubernamentales. 


1 Grupo de Investigación en Arqueología Forense del Uruguay (GIAF), Universidad de la República (UDE- 
LAR). 

2 Periodista, licenciada en Comunicación Social Universidad Nacional de la Plata (UNLP). 

3 Allier Montagno, Eugenia. Batallas por la memoria. Los usos políticos del pasado reciente en Uruguay. Mon¬ 
tevideo: Trilce, 2010, p. 240. 

4 Sarlo, Beatriz. Tiempo pasado. Cultura de la memoria y giro subjetivo. Una discusión. Buenos Aires: Siglo 
XXI. 2012. 


39 


MEMORIA E IMPUNIDAD 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


Desde la recuperación democrática en 1985 puede afirmarse que en Uruguay no se han 
planificado ni sostenido políticas públicas de memoria desde el Estado. Más bien ha habido 
intentos aislados de responder dónde están los detenidos desaparecidos, a través de grupos 
de investigación universitarios y exiguas comisiones de la verdad, en directa connivencia 
con medidas que han avalado la teoría de los dos demonios. Desarrollada e impulsada por 
la matriz discursiva del primer presidente de la etapa post-dictatorial 5 , aquella tiene como 
último hito el decreto presidencial firmado el 26 de febrero de 2015 por José Mujica y el 
ministro de Defensa Eleuterio Fernández Eluidobro para hacer un monumento fundiendo 
las armas que utilizaron guerrilleros del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros y 
militares entre 1963 y 1972 6 . 

No obstante, en estos 30 años ha habido algunos hechos que merecen ser reseñados. 
El año 2000 supuso un cambio de la posición del gobierno al asumir Jorge Batlle e impul¬ 
sar la Comisión para la Paz, lo más parecido a una comisión para la verdad que ha tenido 
Uruguay, tras ser el primer presidente en reunirse con Madres y Familiares de Detenidos 
Desaparecidos (Familiares). Esta comisión no tuvo derivaciones judiciales, ni denunció a 
los responsables de las violaciones de los derechos humanos, diferenciándose notablemen¬ 
te, por tanto, de la argentina. Su principal función fue dar una respuesta sobre el 

destino de los desaparecidos pues “ello constituye una obligación ética del Estado y una tarea 
imprescindible para preservar la memoria histórica (.J” 7 . Pese a todas las limitaciones que 
tuvo, por primera vez la memoria de los delitos de lesa humanidad de la última dictadura 
entraba en la política estatal. Sin embargo, fue sólo una fórmula retórica: el principal come¬ 
tido de dicha comisión fue la elaboración del “Informe Final” (2003) que, en vez de investi¬ 
gar, recopiló y dio por cierta la versión dada por las Fuerzas Armadas, dando por concluida 
40 la obligación que tenía el Estado por el artículo 4 o de la Ley de Caducidad de investigar el 
paradero de los detenidos-desaparecidos. 

En ese año se creó la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz ( IXMXl IXl) 8 , 
que continuó en el primer gobierno frenteamplista (2005-2010). En este período se gene¬ 
ró el entramado institucional que se encargaría de las investigaciones sobre los detenidos- 
desaparecidos mediante un convenio con la Universidad de la República que supuso la 
creación de dos equipos, uno de investigación antropológica forense y arqueológica (Gru¬ 
po de Investigación en Antropología Forense, IEKKI) y otro de investigación histórica 9 . Los 


5 De Giorgi, Á. Sanguinetti: la otra historia del plisado. Montevideo: Fin de Siglo. 2014. 

6 Búsqueda, 21 de mayo de 2015. 

7 Créase la COMISIÓN PARA LA PAZ y se fijan sus cometidos: Diario Oficial, n° 25.583 de 17 de agosto 
de 2000. 

8 Resolución N° 449/03, en http://sdh.gub.uy/inicio/institucional/normativa_asociada/resolucion 
_n_449_003. 

9 López Mazz, J. M. Tomo V. Informe Final2005-2006. Investigaciones Arqueológicas sobre Detenidos-Desapa¬ 
recidos en la dictadura cívico-militar. Montevideo: IMPO, UdelaR - GIAF 2006; Rico, A. Editor. Investigación 
Histórica sobre Detenidos Desaparecidos. En cumplimiento del artículo 4° de la Ley N° 15.848. Tomos I-IV. Mon¬ 
tevideo: IMPO, UdelaR, 2007. 



coordinadores de estos dos equipos pasaron a formar parte de la fflEH a partir de 2007, 
junto a un representante de Familiares 10 . En 2013, bajo la presidencia dejóse Mujica, la Se¬ 
cretaría cambió de nombre, pasando a denominarse Secretaría de Derechos Humanos para 
el Pasado Reciente (E0E3), y a estar integrada por un coordinador ejecutivo designado por 
el Presidente de la República, un representante del Ministerio Fiscal, los dos coordinadores 
de los equipos universitarios y un representante de Familiares. En la declaración oficial de 
la misma 11 podemos leer que sus cometidos son el conocimiento de los hechos y la verdad 
sobre las desapariciones forzadas y los asesinatos políticos; recepcionar denuncias sobre 
niños nacidos en cautiverio y sobre niños adoptados que busquen sus orígenes biológicos; 
y “participar, organizar, coordinar y promover actividades de información y promoción de los 
derechos humanos y de la memoria sobre las graves violaciones a los mismos en el paísy/o en el 
exterior”. Pese a esta declaración de intenciones, este último punto ha estado completamen¬ 
te ausente del quehacer de la Secretaría hasta 2015. De hecho, en la práctica, y tras la salida 
de José López Mazz como coordinador del IEIM3 lo que se ha visto es una interpretación 
rígida de dicha declaración, cercenando cualquier iniciativa que fuera más allá de la mera 
investigación histórica y arqueológica de los detenidos-desaparecidos. Es significativo que 
algunas de las actuaciones de los equipos de investigación que han ido por la vía de promo¬ 
ver políticas de memoria han sido realizadas al margen de la Secretaría. 

En febrero de 2015, el presidente Tabaré Vázquez anunció una reforma institucional 
con la creación del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia (lElffll^, constituido por dos di¬ 
putados frenteamplistas -ambos hijos de desaparecidos y asesinados políticos- (Macarena 
Gelman, Felipe Michelini), cuatro representantes de vertientes religiosas (Ademar Olive¬ 
ra por la Iglesia Metodista, Pedro Sclofsky por la comunidad judía, Mario Cayota por la 
Iglesia Católica y Susana Andrade por la comunidad afrodescendiente -quien, a su vez, es 
diputada suplente del ffl-) y Emilia Carlevaro en representación de Familiares. El propó¬ 
sito esencial del grupo es “investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos por agentes 
del Estado o quienes, sin serlo, hubiesen contado con la autorización, apoyo o aquiescencia de 
éste, dentro o fuera de fronteras, en el marco de la actuación ilegítima del Estado y el terroris¬ 
mo de Estado”, entre el 13 de junio de 1968 y el 28 de febrero de 1985, señala el decreto de 
creación firmado el 19 de mayo 12 , en vísperas de la 20 a Marcha del Silencio. Sus acciones 
pretenden contribuir a la verdad histórica y promover la justicia, sobre la base de normas y 
estándares internacionales de verdad, justicia, memoria y garantías de no repetición. 


10 Resolución N° 812/007 del 17 de diciembre de 2007, en http://sdh.gub.uy/inicio/institucional/normati- 
va_asociada/resolucion_n_449_003. 

11 Resolución N° 463/013 en Consejo de Ministro (CM/708) del 01 de agosto de 2013. Cambio de deno¬ 
minación y ampliación de cometidos de la Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente, en http:// 
sdh.gub.uy/ inicio/institucional/normativa_asociada/resolucion_n_449_003. 

12 Decreto de Creación del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, en http://archivo.presidencia.gub.uy/ 
sci/decretos/2015/05/ cons_min_l 1 8.pdf 


41 


MEMORIA E IMPUNIDAD 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


42 


Si bien en parte de la opinión pública y de algunos familiares y sobrevivientes del te¬ 
rrorismo de Estado se percibió como la reedición de una nueva Comisión para la Paz, un 
cambio relevante en este grupo es el período histórico que abarca, tomando en cuenta los 
asesinatos por motivos políticos, previos al golpe de Estado de 1973. El cambio institu¬ 
cional ha implicado un nuevo papel para la fflIE de Presidencia de la República, con la 
historiadora Isabel Wschebor al frente, quien señaló que en su gestión habrá una fuerte 
impronta de archivología y acceso a la información, demanda insistente en los últimos años 
por parte de Familiares 13 . Para su difusión masiva las personas deberán dar su consenti¬ 
miento expreso 1 ' 1 . Establecerá protocolos específicos para que fuentes documentales como 
cartas, fotos y testimonios sirvan como pruebas judiciales; elaborará un informe sobre los 
testimonios con los que ya cuenta desde la época de la Comisión para la Paz para que sean 
utilizados en futuras investigaciones que busquen el esclarecimiento de la verdad, y será 
una suerte de puente con la información que recabe el ffl® que organizará el registro de 
testimonios -brindados en sedes judiciales o instancias administrativas, dentro o fuera del 
territorio nacional- de toda persona en calidad de víctima, testigo u otra vinculación con 
los hechos, que quiera hacerlo en forma voluntaria. “Abrir esta documentación es una política 
de reparación simbólica”, señaló Wschebor a la prensa 15 . 

En este nuevo entramado institucional la fflIE perdería su rol político y pasaría a tener 
un rol técnico (“soporte funcional y administrativo”) dependiente del que sería el en¬ 
cargado de marcar las pautas de la investigación y de las políticas de memoria y reparación. 
Nuevamente, en el decreto de creación del ffl® aparece un mínimo apartado referido a 
la memoria: “Promoverá que se reimpulse la realización y efectivización de las acciones sim¬ 
bólicas de reparación con elfin de contribuir al restablecimiento de la dignidad de las víctimas 
y susfamiliares, así como contribuir a la memoria histórica”. En lo sustancial esta redacción 
no modifica las vagas aspiraciones de decretos anteriores y no permite prever que se desa¬ 
rrollen verdaderas políticas de memoria desde el Estado, por ejemplo en lo referido a los 
curricula escolares o a la creación de una red de lugares de memoria en antiguos espacios 
represivos. 

Respecto a estos últimos tan sólo podemos aludir a que un espacio represivo tan sig¬ 
nificativo como fue el ffllE ubicado en la Casona del Sistema de Información de la Defensa 
( IXMXl ) está a la espera para su reconversión en la Institución Nacional de Derechos Huma¬ 
nos y Defensoría del Pueblo. Las obras comenzaron simbólicamente en mayo del 2014 
pero hasta ahora están paradas. No se ha especificado qué tipo de musealización o conver¬ 
sión en sitio de memoria se va a desarrollar en el edificio, más allá de ciertas aspiraciones 
generales: “punto de referencia de los Derechos Humanos, memoria significativa, lugar de 


13 Cordo, Azul. Con la verdad como norte , La Diaria, sección Nacional, p.3, Montevideo, 20 de mayo de 
2015. 

14 Idem, y en: SDH, Visita guiada al archivo, 3 de setiembre de 2015, en http://sdh.gub.uy/inicio/noticias/ 
visita-archivo. 

15 Cordo, A. op. cit. 



reflexión donde se mantienen en pie los ideales del ser humano y su acción libre, firme, basada 
en valores y convicciones que se mantienen intactos” 16 . 

Tan magras iniciativas memorísticas desde el gobierno nacional han quedado en par¬ 
te compensadas por las administraciones departamentales y municipales en estos últimos 
años, pese a que en muchos casos lo que hemos presenciado ha sido la domesticación y 
cooptación de iniciativas fruto de voluntades de víctimas y sus familiares, de ex-presos 
políticos, de grupos de vecinos y organizaciones sociales, y de los grupos de investigación 
universitarios. Sirvan de ejemplo experiencias como el Memorial de Recordación de los 
Detenidos Desaparecidos 17 , la del Camino de los Fusilados en Canelones 18 , el Paseo de San 
Fernando declarado “Sitio de la Memoria de Maldonado” 19 , la construcción del “Espacio 
Memoria” a los detenidos desaparecidos en Mercedes (Soriano) 20 , un memorial al maestro 
Julio Castro en municipio canario de Salinas 21 , un tramo de la ruta 2 que se denominará 
Vladimir Roslik 22 , y colocación de placas homenaje 23 , la mayoría vinculadas a una política 
de memoria de nomenclátor. 

También ha habido iniciativas memorísticas que han contado con una oposición di¬ 
recta de los gobiernos del ffl. Podemos citar la iniciativa de marcación del Batallón de In¬ 
fantería N° 13 por parte de los equipos de investigación universitarios dependientes de la 
Wlft. En estos cuarteles militares fue localizado por el SEfflun enterramiento clandestino, 


16 En http://www.anv.gub.uy/home/ noticia.aspx?id_noticia=266. 

17 Inaugurado en 2001, en http://www.montevideo.gub.uy/ciudad-y-cultura/arquitectura-y-patrimonio/ 
memorial-en-recordacion-de-los-detenidos-desaparecidos 

18 En homenaje a los fusilados de Soca la Junta Departamental de Canelones aprobó la denominación de la 
ex-Ruta 70, entre ruta 9 km 75, como “Camino de los Fusilados”, iniciativa presentada por la Comisión por la 
Memoria de los Fusilados de Socay apoyada por el Intendente de Canelones (Marcos Carámbula). Fue inaugu¬ 
rado el 21 de diciembre de 2013, en http://www.comunacanaria.gub.uy/?q=node/9725. 

19 Resolución 05033/2014, 27 de junio de 2014, en http://www.fmvoces.com/2015/05/15/el-proximo- 
miercoles-colocaran-marca-de-la-memoria-en-el-paseo-san-fernando-de-la-ciudad-de-maldonado/. En dicho 
sitio funcionó un CCD del “Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas”, OCOA 4. 

20 Impulsada por la Comisión Memoria, Justicia y Contra la Impunidad de Soriano, la obra se emplazará en 
un amplio espacio verde de la rambla de Mercedes y recordará a los 10 detenidos desaparecidos del departa¬ 
mento en la última dictadura cívico-militar. En diciembre de 2013 se colocó una piedra fundacional. La obra 
ha sufrido algunos ataques a lo largo de su construcción. “Espacio Memoria” estará destinado a recuperar y 
preservar la memoria colectiva para contribuir a evitar que se repitan graves violaciones a los derechos huma¬ 
nos y crímenes de lesa humanidad, en http://familiaresdedesaparecidos.blogspot.com.uy/2013/10/concurso- 
memorial-soriano_10.html. 

21 Inaugurado el 23 de setiembre de 2015 en la plaza detrás de Escuela 136 de Salinas. Proyecto apoyado por 
Comisión Fusilados de Soca y Crysol. 

22 Propuesta del Poder Ejecutivo, elevada en setiembre de 2014 al Parlamento. Cuenta con media sanción 
(Diputados). El ramal de la Ruta Nacional N.° 2, entre el puente internacional General San Martín y el puerto 
de Fray Bentos, pasaría a denominarse “Vladimir Roslik Bichkov”. La exposición de motivos señala que este 
médico fue “el último muerto de la dictadura”, en http://presidencia.gub.uy/comunicacion/comunicacionno- 
ticias/proyecto-ley-ramal-ruta-2 

23 El 26 de setiembre de 2015 la Comisión Especial de la Ley 18.596 colocó una placa de homenaje a Luis 
Batalla -asesinado el 25 de mayo de 1972- en el Batallón de Infantería 10 de Treinta y Tres. 


43 


MEMORIA E IMPUNIDAD 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


44 


en cuyas inmediaciones funcionaron varios centros de detención (ffl) y un centro clandes¬ 
tino de detención (fflBI) conocido como el 300 Carlos o Infierno Grande. La misma opo¬ 
sición que tuvo el proyecto Espacio Memorias para la Paz de Punta de Rieles 24 , por el cual 
un variado conjunto de agentes sociales, sobre el que destacaban la asociación de ex-presas 
políticas y varios colectivos de vecinos del barrio, buscaban la ocupación del predio y los 
edificios que conformaban la antigua cárcel política para convertirlo en un lugar de memo¬ 
ria, centro cultural y de formación barrial. El edificio, un antiguo seminario, se mantenía en 
manos militares aún en el año 2010. En 2011 fue reutilizado por el gobierno como cárcel, 
frustrando la iniciativa de las ex-presas y vecinos. 

Mención especial cabe hacer al proyecto de las 29 Marcas de la Memoria llevado ade¬ 
lante por la Asociación Memoria de la Resistencia (1973-1985) 25 , que arrancó en el año 
2006 y que en 2015 ha terminado de colocarlas por la geografía urbana de Montevideo, en 
asociación con la Intendencia de Montevideo (SKI). De las 29 marcas tan sólo dos se corres¬ 
ponden directamente con espacios represivos: la colocada en 2014 en el BEBI de la casa de 
Punta Gorda, y la colocada en mayo del 2015 en la cárcel política de mujeres de Punta Rie¬ 
les. Al ser un proyecto que buscaba ser avalado por la BH, en el que se buscaba el consenso 
de las diferentes fuerzas políticas, hubo que prescindir de la marcación de algunos lugares 
como el Batallón 13. También surgieron algunas polémicas, como el emplazamiento de la 
marca de la casa de Punta Gorda, a 300 metros del inmueble marcado. Posteriormente fue 
corregida la ubicación. 

En la localidad de Toledo (Canelones) está en marcha el proceso de musealización y 
conversión en lugar de memoria de las dos fosas individuales clandestinas del Batallón de 
Infantería Paracaidistas N° 14, localizadas por el BIBEH en 2011. Se trata de un proyecto en 
el que están involucrados el BIBEIBl Familiares, las autoridades municipales y departamen¬ 
tales, y el equipo de la facultad de Arquitectura que diseñó las mencionadas Marcas de la 
Memoria. 

Un espacio que continúa siendo único en el país es el Museo de la Memoria (Bl BIBI Bl) 
de Montevideo, dependiente del departamento de Cultura de la IM. Inaugurado en 2007, 
sigue concentrando el grueso de las actividades vinculadas a la memoria de los crímenes de 
lesa humanidad de la última dictadura. Como decíamos, y al igual que en Argentina y Chi¬ 
le, el término memoria está en estos museos circunscrito al lapso cronológico de las últimas 
dictaduras, impidiéndose su desborde hacia atrás y hacia adelante en el tiempo 26 . Aparte de 
este reduccionismo metonímico, el Bl BIBI Bl tiene algunas carencias dignas de consideración. 
Prácticamente en la exposición permanente no hay nada referido a formas de represión que 

24 En diciembre de 2011, tras el frustrado proceso de ocupación y resignificación de la antigua cárcel, se inau¬ 
guró la Plaza Museo de Punta Rieles, a 2 km. de aquella. 

25 Las marcas consisten en unos bancos semiesféricos (de dos a tres) que rodean una placa con la información 
relevante del espacio de resistencia y/o represión marcado, en http://www.memoria.org.uy/. 

26 Draper, S. De cárceles y museos. Alas, itinerarios artísticos y encuadre de temporalidades. Contemporánea: 
historia y problemas deis. XX, 2: 2011, pp. 183-202. 



no sean la cárcel política, con una clara infrarrepresentación de los ffl y los KKH. También 
podríamos valorar lo acertado o no de abrir este museo en la casona de un antiguo dictador 
del s. KHH, y no usar para tal fin alguno de los abundantes espacios represivos de la ciudad 
que están en nómina del Estado. 

Con este panorama no es extraño que hayan aparecido algunas críticas en el seno del 
M respecto a las políticas de memoria del gobierno. En la declaración de la Mesa Política 
nacional del ffl del 22 de mayo del 2015 27 se dio apoyo expreso al fflffldel nuevo gobierno 
de Tabaré Vázquez, pero se distanciaron de las declaraciones del ministro de defensa Eleu- 
terio Fernández Huidobro respecto a algunas organizaciones de derechos humanos. Asi¬ 
mismo, en lo concerniente a las políticas de memoria, se aludió expresamente a la voluntad 
de “ Convertir los centros de represión en espacios museísticosy profundizar en otras prácticas 
de memoria”. 

No es de extrañar este posicionamiento, ya que si comparamos los tipos de lugares de 
memoria que existen actualmente en Montevideo en relación a otras ciudades de la región 
como Buenos Aires, Rosario, Córdoba o Santiago en Chile, llama la atención que prácti¬ 
camente no haya memoriales o marcas en los espacios que sirvieron para fines represivos 28 , 
sean cárceles políticas, lEffl, ffl o cementerios clandestinos. Más aún si pensamos que en 
los casos argentino y chileno 29 se manejan legislaciones específicas en este sentido, tanto a 
nivel estatal como provincial y local. Una red de sitios de memoria en este tipo de espacios 
sería pertinente ya que una de las características del paisaje represivo de Montevideo es la 
densidad y variedad de estos lugares. Prácticamente no hay un solo barrio libre de estos 
nodos usados para los proyectos de ingeniería social de la dictadura. Sin embargo lo que 
caracteriza a Uruguay es el borramiento, la sustitución o el olvido de las huellas, de las trazas 
materiales de la represión. Tan sólo desde las administraciones departamentales y munici¬ 
pales se han acompañado y desarrollado proyectos de marcación de lugares de memoria que 
tienen que ver con lo que podemos denominar marcas monumento, es decir, la memoria de 
las placas y del nomenclátor. 

Más lacerante aún es el uso que en la etapa postdictatorial se le ha dado a algunos de 
estos edificios, de titularidad pública, que lejos de convertirse en lugares de memoria se 
han vuelto a abrir como espacios represivos, pese a que nunca fueron construidos con tal 


27 Declaración de la Mesa Política, 22 de mayo de 2015, en http://www.frenteamplio.org.uy/index. 
php ?Q=articulo&ID=1458. 

28 Montenegro Minuz, A. “Escondidos en la ciudad: invisibilidad material de los ex centros clandestinos de 
detención en la ciudad de Montevideo (Uruguay)” en: Memorias sujetadas. Hacia una mirada crítica y situada 
de los procesos de memorialización. Edited by S. Biasatti and G. Compañy. Madrid: JAS-Arqueología. 2014, pp. 
145-166. 

29 Guglielmucci, A. La consagración de la memoria. Una etnografía acerca de la institucionalización del recuer¬ 
do sobre los crímenes del terrorismo de Estado en la Argentina. Buenos Aires: Antropofagia, 2013; Alegría Licui- 
me, L„ y N. Uribe. Guía metodológica para la gestión de sitios de memoria en Chile. Santiago de Chile: Archivo 
Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, 2014. 


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MEMORIA E IMPUNIDAD 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


fin. Es el caso del seminario convertido en cárcel política de mujeres durante la dictadura 
y que hoy de nuevo es usado como prisión, o del KIKH Base Roberto, ubicado durante la 
dictadura en La Tablada Nacional, un edificio para la compraventa de ganado, que tras la 
dictadura ha pasado por centro de detención de adolescentes del Instituto Nacional del 
Menor (MEE Kl), por cárcel de adultos y actualmente en obras para construir un centro de 
alta seguridad del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente ( IXMKl lXKl). Este edificio, eje 
de la economía uruguaya desde el s. KM, monumento nacional, y el lugar destinado por la 
dictadura para la desarticulación del Partido Comunista mediante la Operación Morgan, 
por la que cientos de secuestrados fueron salvajemente torturados y violados, y en el que 
se vieron por última vez con vida a 11 detenidos-desaparecidos, lejos de convertirse en 
un lugar de memoria va a seguir siendo escenario de las políticas represivas del Estado. La 
principal cárcel política para hombres de la dictadura, el penal de Libertad, sigue también 
funcionando como prisión. 

Según abandonamos los barrios pobres y nos acercamos al centro de Montevideo es 
menos frecuente esta reutilización en clave penitenciaria de los nodos represivos de la dic¬ 
tadura. Se observan otras reutilizaciones de las cárceles de la dictadura, acorde con las ideas 
de la ciudad escaparate. Así la cárcel de Miguelete se ha convertido en un Espacio de Arte 
Contemporáneo, mientras que la cárcel de Punta Carretas es ahora un gran centro comer¬ 
cial. En ninguno de estos casos hay ni siquiera una placa que recuerde los que sucedió tras 
esos muros. Kl ueda aún por dirimir qué pasará con la Cárcel del Pueblo, un espacio de 
compleja memoria, pues fue primero utilizado por la guerrilla tupamara para sus secues¬ 
tros, para pasar después a ser un Kffl de la dictadura. En principio este espacio iba a ser 
gestionado por el Kl KIKI Kl, hasta que aparecieron una serie de trabas legales que paralizaron 
46 el proyecto. 

Cabe preguntarse qué ha ocurrido en la sociedad civil organizada para que no haya 
más demandas y exigencias sobre los espacios represivos como lugares de memoria. K uizás 
una de las claves se deba al fuerte protagonismo y centralidad de las demandas de Familiares 
en los reclamos de verdad, memoria y justicia, desde finales de la dictadura. Desde Familia¬ 
res y organizaciones afines se han marcado los hitos del debate en términos espaciales en la 
localización de los desaparecidos -cementerios clandestinos-, razón por la que los lugares 
de tortura y represión han quedado en un segundo plano 30 . 

Desde estas páginas queremos llamar la atención sobre esta anómala situación que vive 
Uruguay y sobre la necesidad de implementar verdaderas políticas de memoria por las que 
el Estado habilite a la sociedad civil organizada la reconversión de los espacios represivos de 
la dictadura en lugares de memoria. 

Si la función de un centro de exterminio fue ser el dispositivo para aniquilar a aquella 
“otredad negativa” construida por el terror hegemónico, y reorganizar las relaciones so- 


30 


Allier Montagno, op. cit. 



cíales en este sentido 31 , recuperar, expropiar, ocupar aquellos espacios que otrora fueron 
represivos guarda la intención de reconvertir estos sitios en nodos espaciales desde los que 
revertir las rupturas de los lazos sociales provocadas por la dictadura. Los antiguos centros 
represivos pueden operar como espacios activadores de participación comunitaria y con- 
cientización barrial, que permitan la reconstrucción de lazos solidarios, de confianza en el 
prójimo, y de crítica social sobre lo que ocurrió en el pasado para revitalizar luchas e ideales 
inconclusos pero latentes 32 . 

La creación de una red de lugares de memoria con los espacios represivos de la dicta¬ 
dura, amparada por el Estado, pero gestionada por la sociedad civil organizada, de lo que 
trata, entonces, es de ejercer una suerte de justicia espacial y de derecho a la ciudad. Lo que 
el terror diseminó, quebró, fraccionó, ocultó, puede revertirse mediante la reconversión 
de aquellos nodos represivos en lugares de memoria desde la acción y, por tanto, desde la 
pasión. Trabajar colectivamente en un lugar donde se produjo el terror permite superar la 
parálisis, a través de propuestas concretas de acción política, educativa y social. 


47 


31 Feierstein, D. El genocidio como práctica social. Entre el nazismo y la experiencia argentina. Buenos Aires: 
Fondo de Cultura Económica, 2011. 

32 Schindel, E. “Ahora los vecinos van perdiendo el temor”. La apertura de ex centros de detención y la restaura¬ 
ción del tejido social en Argentina, Bifurcaciones, 2013, en http://www.bifurcaciones.cl/. 


MEMORIA E IMPUNIDAD 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 



Mauro Tomasini 


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Fotografías para armar 

20 años de la Marcha del Silencio 


Mauro Tomasini 1 


“cuando no hay fotografía el olvido es más fácil” 
Susan Sontag 


“Buscar lo que ha muerto 
para que no se muera 
es una ética de la memoria” 

Juan Gelman 


La fotografía como recurso visual aporta a construir estructuras de identidad y de sen¬ 
sibilidad que se configuran en una sociedad a través del tiempo. Otorgan sentido a una na¬ 
ción y forman parte de la memoria cultural, histórica y social. Algunas fotografías -por di- 


Miembro del Servicio Paz y Justicia, SERPAJ Uruguay. 




versos procesos políticos, ideológicos y estéticos- se les asignan una determinada densidad 
simbólica que las lleva a establecerse como síntesis de un momento histórico. Pueden llegar 
a recuperar o silenciar acontecimientos. Las mismas no solo muestran destellos de ruinas y 
totalidades, sino que legitiman o deslegitiman formas de ver y mirar; discuten o avalan una 
ética de la mirada que una sociedad pueda tener de sí misma y de los otros. A su vez, forman 
parte del archivo de una sociedad que es, por antonomasia, el “sistema de «enunciabilidad» 
a través del cual la cultura se pronuncia sobre el pasado”? En él se almacena la información 
(cosas salvadas como datos) y la memoria (cosas salvadas a modo de recuerdo). 

En su relación con la memoria, la fotografía sirve como dispositivo de producción de 
discursos, materialidades y subjetividades. Las ceremonias -como lugares de la memoria- 
utilizan la fotografía como accesorio para enviar mensajes a los vivos, a partir del pasado, de 
lo que no está, de lo que existió. 


20 años, 38 fotógrafos 

Este año se conmemora la vigésima Marcha del Silencio. Actividad emblemática que 
condensa la lucha por memoria, verdad y justicia en relación con nuestro pasado reciente. 
Cada 20 mayo, desde 1995, miles de uruguayos/as exigen restituir lo negado, hallar lo des¬ 
aparecido, y promover que no vuelva a ocurrir el horror, la espantosa desnudez vivida en 
épocas pasadas. 

A raíz de este aniversario se realizó la muestra colectiva Imágenes del silencio, en la 
que participaron 38 fotógrafos. 2 3 Fue inaugurada en julio en la Galería a Cielo Abierto del 
Centro de Fotografía en el Parque Rodó. 

La idea original surgió de la directora de la Escuela de Fotografía Aquelarre Annabella 
Balduvino, quien -desde largo tiempo- ha trabajado la temática de los detenidos desapare¬ 
cidos y su relación con la memoria colectiva. Ella presentó el proyecto al Museo de la Me¬ 
moria y a la Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos. 
Mientras que la edición estuvo en manos de varias generaciones de fotógrafos, la propia 
Balduvino, Ricardo Gómez, Pablo Porciúncula y Cecilia Vidal. 

Para Annabella “la fotografía siempre es memoria sirve para preguntarse “ por qué 
pasó”-, Plantea cosas que pueden desatar emociones o construir otras sensibilidades sobre 


2 Foucault. Michel (1979): La arqueología del saber. Siglo XXI, pág. 129-133. 

3 Marisa Adano, Ricardo Antúnez, Alejandro Arigón, Panta Astiazarán, Annabella Balduvino, Leo Bari- 
zzoni, Oscar Bonilla, Mauricio Bruno, Javier Cálvelo, Matilde Campodónico, Leonardo Carreño, Marcelo 
Casacuberta, Benjamín Castell, Martín Cerchiari, Nicolás Correa, Andrés Cribari, Diego Hernández, Agus¬ 
tín Fernández, Dante Fernández, Iván Franco, Ménica Giudicelli, Ricardo Gómez, Carlos Lebrato, Adrián 
Markis, Santiago Mazzarovich, Lucía Melgarejo, Fernando Morán, Fredy Navarro, Martha Passeggi, Carlos 
Pazos, Sandro Pereyra, Pablo Porciúncula, Juan Manuel Ramos, Miguel Rojo, Daniel StapH, Carlos Tato, Jorge 
Tiscornia y Cecilia Vidal. 


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MEMORIA E IMPUNIDAD 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


algo. La fotografía como memoria transmitida nos coloca en un lugar de enunciación, de 
preguntas. No muestra cosas juzgadas, por eso -según la editora- “tiene mucha similitud 
con la narración, con el relato Las imágenes cuentan una historia que no está sujeta a con¬ 
trol. Siempre emerge de ellas algo que posibilite construir otra verdad o develar los detalles 
de una totalidad. Al igual que la memoria, las fotografías cuentan los hechos desde adentro, 
mientras que la historia cuenta los hechos desde afuera. 

La muestra fue realizada con el apoyo del Centro de Fotografía de Montevideo, que 
brindó los recursos materiales y el lugar para la exposición. Asimismo, los fotógrafos que 
participaron, más allá de la lectura política que puedan tener de la marcha, recejaron su 
compromiso con la profesión, ofreciendo su trabajo de forma tácita. 

Esta muestra se inscribió en una serie de actividades diversas de conmemoración de 
la marcha del silencio organizado por el Museo de la Memoria y Familiares de Detenidos 
Desaparecidos. En este sentido se llevó a cabo un Festival de Cine Documental en la sala 
Zitarrosa 4 , una exposición denominada “Poéticas del silencio - 20 años de marchas” en el 
Subte Municipal 5 , se creó una página web, afiches y videos por parte de la Comisión de 
Derechos Humanos de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (F0*®) y 
se editó el KH “Haciendo Memoria” que recopila 20 canciones de autores uruguayos sobre 
la temática. 


50 


4 Las películas exhibidas fueron “El cultivo de la flor invisible” de Juan Álvarez Neme, “DF, destino final” de 
Mateo Gutiérrez, “El círculo” de José Pedro Charlo y Aldo Garay y “Las manos en la Tierra” de Virginia Martí¬ 
nez. 

5 Los artistas que participaron fueron Federico Arnaud / Raquel Bessio / Oscar Bonilla / Luis Camnitzer / 
Pablo Conde / Rubens Fernádez Tudiri / Anhelo Hernández / Alma Kopl / Raquel Lejtreger / Dumas Oroño 
/ María Estela Peri / Martha Passeggi / Mario Sagradini / Rafael Sanz / Jorge Soto / Juan Angel Urruzola / 
Ernesto Vila. Mientras que los curadores fueron Annabella Balduvino, Elbio Ferrario y Rulfo. 




Diego León Pérez 


Centro Cívico “Luisa Cuesta” 

El 26 de junio de 2015 se inauguró el Centro Cívico “Luisa Cuesta ', local ubicado en 
el barrio Unidad Casavalle, en la calle Gustavo Volpe 4060. 

Este nuevo centro de atención, asesoramiento y orientación cuenta con servicios del 
Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Educación y Cultura, Banco de Previsión 
Social y Centro de estudiantes de Facultad de Derecho de la Universidad de la República, 
Intendencia Municipal de Montevideo y Municipio D. 

La apertura del local forma parte de un proceso de construcción de ciudadanía, que 
busca acercar diferentes servicios al barrio, la promoción y el acceso a derechos. Está 
enmarcada en las acciones del Plan Cuenca Casavalle. En este Centro se atenderá a toda 
la población de la cuenca del arroyo Miguelete, la que se estima en aproximadamente 
50.000 personas. 

Con el nombre de este centro se procura homenajear a Luisa Cuesta, quien por más 
de 30 años promovió el respeto a los derechos humanos en Uruguay. Luisa tiene 94 años, 
y es integrante del grupo de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desapareci¬ 
dos. Desde 1976, tras la detención de su hijo Nebio Meló durante la dictadura cívico- 
militar, comenzó una búsqueda incansable, denunciando a nivel nacional e internacional 
la violación de los derechos humanos. Se ha convertido en una de las más reconocidas 
luchadoras en procura de Verdad, Memoria y Justicia en relación a los crímenes del te¬ 
rrorismo de Estado. 1 

1 Fuentes: http://municipiod.montevideo.gub.uy/node/2323, http://www.bps.gub.uy/9571/bps-presen- 
te-en-nuevo-centro-civico-en-unidad-casavalle.html 


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MEMORIA E IMPUNIDAD 




DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


Un ejercicio de memoria colectiva 


52 


Diego León Pérez Calabrese 1 


Esta es la historia de una parte del trabajo de la comisión Derechos Humanos de la 
Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay ( MXM lXl) de cara a la 20 a Marcha del 
Silencio. Por lo tanto, en este capítulo se referirán hechos parciales desde una visión parcial. 
En ese entendido, también es importante recordar que este texto refiere a hechos que ocu¬ 
rrieron mayormente entre abril y mayo de 2015, siendo escrito en octubre, cuando el pano¬ 
rama político nacional (publicación del video del IXPM XEÜ, discusión presupuestal, convicto 
de la educación y represión en el fflIEHEIlEIX]) está considerablemente más revuelto. 

Sin embargo, ante eso, creemos que sacamos en limpio algunas cuestiones que tras¬ 
cienden la coyuntura. Después de todo, no es que hayamos despertado de un idilio, sino 
que algunos emergentes ya se podían vislumbrar desde antes. 

Pero vamos a lo nuestro: en febrero de 2015, mientras planificábamos el trabajo del 
año, llegaron a la IXMX1 IX1 delegados de Madres y Familiares a solicitar nuestra colaboración, 
no solo para organizar la marcha (que siempre colaboramos), sino para tomar el tema y 
levantar las banderas que a ellos ya les cuesta levantar. Esta ya es la vigésima marcha que 
hacen. ué tema? La lucha contra el terrorismo de Estado, que vive a través de sus conse¬ 
cuencias, negando justicia, ocultando verdad, participando en negociados, pero sobre todo 
haciendo política, configurando nuestra política a través de la impunidad. A veces incluso 
parecería que es la forma predilecta de actuación de algunos sectores del Estado. M ué ban¬ 
deras ? Las de la verdad, la memoria y la justicia. Las que siempre levantó Familiares, las que 
siempre deben levantarse. Es que los familiares no solo sueñan con encontrar a sus seres 
queridos. Sueñan con una sociedad donde su tragedia no pueda repetirse. 

Aquí es necesario detenernos un minuto para hablar de cómo nos sentimos, como 
personas y militantes. En un mundo tan entreverado, donde hacer política parece que fue¬ 
ra sinónimo de jugar fichas en un tablero que no armamos, con unas reglas de juego por 
las que nadie nos preguntó, donde lo que vale es desplegar un pragmatismo implacable, 
nosotros sentimos que se podía hacer política de otra manera que no fuera esa. Diferente 
no necesariamente en sus formas. Después de todo, estábamos organizando una marcha, 
¿dónde está la novedad en eso? Diferente en su sustancia. 

Reconociéndonos, a través del amor y del ejemplo, como actores que disputaban sen¬ 
tidos antes que disputar espacios. Y tal vez fue esa idea de que lo que había que disputar 
era el sentido de las cosas, la manera de entender nuestra historia reciente, la manera de 


1 Estudiante de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales UDELAR, militante del Centro de 
Estudiantes de Ciencias Sociales (CECSo) y la Comisión Derechos Humanos de la FEUU. 



concebir al país y también a nosotros mismos como militantes, a nuestras organizaciones; 
la que guió nuestra labor. 

Es necesario rescatar nuestra historia, y para eso hay que rescatar la memoria de nues¬ 
tros compañeros y compañeras desaparecidos. K uiénes eran, por qué militaban, qué los 
hacía felices, qué los ponía tristes. E3 ué les hicieron, dónde, cuándo y por qué. Rescatar su 
dimensión humana para salvar su dimensión política. Eran personas, no santos para poner 
en estampitas y que después cualquiera los saque a pasear cuando precise un aplauso o un 
voto. 

Rescatar la historia de los familiares, su lucha, su sufrimiento, sus alegrías, su vigencia, 
su humanidad, sus enormes ganas de vivir y que la gente viva. Ellas y ellos tampoco son pie¬ 
zas de museo para poner en una vitrina que marche en procesión cada 20 de mayo, o cada 
vez que alguien quiera sacarse chapa de demócrata. Son un ejemplo de lucha, de pasión, 
de amor, de perseverancia, y ante todo personas que se han de levantar todos los días, y 
aunque carguen con esa tristeza en sus ojos, han de hacerse la comida, ir a trabajar y seguir 
buscando. 

Rescatar la historia reciente de nuestra democracia, no como ese idilio bobo donde 
los grandes hombres de la patria movieron a un pueblo que finalmente llegó al edén demo¬ 
crático que es el Uruguay de hoy, sino también la historia de aquellos que quedaron por el 
camino, a los que el régimen del 85 les ha servido a medias y se ha encargado de ser despia¬ 
dado con sus disidentes y su disenso. 

Rescatar la voz de aquellos que nacimos en democracia pero que al parecer no tenemos 
derecho a cuestionarla. Siempre somos blanco de la crítica tonta, obtusa, chata y ruidosa: 
que no sabemos cómo era, que no valoramos lo que tenemos, que si acaso nos gustaría 
que volviera la dictadura. Como si no nos enteráramos que este es el mejor de los mundos 
posibles, y que es esto o las botas. Las botas nunca se terminaron de ir, y a pesar del auto, 
la hipoteca y las elecciones cada cuatro años, nuestro país sigue sangrando y en tanto no se 
reconozca eso vamos a seguir en la misma. 

Trabajamos para la convocatoria a la marcha en dos iniciativas para la campaña: un 
spot para redes sociales y una propuesta para ejercitar la memoria. Además, realizamos la 
pegatina de afiches de convocatoria en los días previos a la marcha. Aquí me quiero centrar 
en la segunda: 

Nuestra idea era, por un lado, convocar a la 20 a Marcha del Silencio; por otro, contar 
un pedazo de los últimos 20 años de historia nacional; pero lo más fundamental era, sobre 
todo, acompañar (nosotros, quienes han colaborado con esta campaña y a quiénes les ha 
llegado) a Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos en su lucha, que es para noso¬ 
tros un ejemplo y un orgullo. 

Para esto realizamos una colección, compuesta por afiches y textos. Los afiches com¬ 
puestos a su vez por una foto tomada por fotógrafos/as locales, de algún suceso o momento 


53 


MEMORIA E IMPUNIDAD 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


de esta historia que consideramos relevante seleccionar, ya fuera por lo que decía la con¬ 
signa correspondiente a ese año, o por el momento particular que la fotografía captaba. 
Demás está decir que estos recortes son arbitrarios y nacen de una suma de subjetividades, 
las nuestras y las de los/as fotógrafos/as. Es que con cada afiche quisimos decir algo, hacer 
una pregunta. Las respuestas la dejaremos a criterio de quien lo mire. 

El otro elemento de esta campaña eran los textos, que acompañaban cada uno a cada 
afiche. La consigna fue simple, pero en su simpleza encerraba una tremenda profundidad. 
K ueríamos que cada persona que convocáramos escribiera unos breves párrafos de esta his¬ 
toria. Cada columna llevaría por título un año y su consigna. Algunos la eligieron, a otros 
se las dimos. A todos les pedimos que reflexionaran, o bien sobre la consigna, o bien sobre 
algo que había acontecido ese año, si tenían algún recuerdo sobre la marcha, o sobre qué le 
despertaban las marchas, con total libertad. 

Entre las columnas encontraremos puntos de vista diversos, formados desde diferentes 
lugares. Convocamos personas de la comunicación, el periodismo, la política, la academia, 
el deporte y la cultura. Convocamos a personas que tienen muchas diferencias políticas en¬ 
tre sí, diferentes sensibilidades, diferentes trayectorias. Sabemos que para ninguno fue fácil 
este ejercicio, pues requería, para ser realizado, dos cosas fundamentales: en primer lugar, 
derribar cierto muro de cristal que han puesto sobre Familiares. Esa sensación de, por no 
querer meterse en la vida de gente que ha sufrido mucho lleva a no opinar, o al menos a no 
exponer las experiencias personales porque “qué tengo yo para decirle a esta gente..!’ (¿orno 
que hay algo innombrable que frena y aleja, aún desde el compromiso y la convicción. 

Por otro lado y más allá de los puntos de vista diversos, requería estar a la altura de un 
54 imperativo ético que atraviesa todo, y creemos que es compartido por quienes han colabo¬ 
rado con esta campaña: si hay algún propósito fundamental de una democracia, es que el 
horror que significó el terrorismo de Estado no se repita, y para esto es fundamental traba¬ 
jar por Verdad, Memoria y Justicia. Esas son las condiciones (tal vez no suficientes, pero sí 
necesarias) del nunca más. 

Somos conscientes de que estas voces son parciales, que plantean un recorte particular 
de la realidad, y que no dan una visión total sobre estos 20 años. No fue lo que buscamos. 
Sabemos que hay mucha gente en nuestro país con mucho para decir sobre esto, y nos gus¬ 
taría alentarlos a hacerlo. Lo que buscamos es que hablen, escriban, conversen, pregunten y 
critiquen. Así, de a poco, nos iremos haciendo dueños de nuestra historia. 

En un país repleto de gerentes con mente obtusa, que pretenden monopolizar la polí¬ 
tica, donde una generación fukushamista pensó que la historia había terminado con ellos, 
donde el lugar de los jóvenes oscila entre la celebración onanistica de su condición de juven¬ 
tud (tautología que tarde o temprano se rompe con la edad) o la fuerza de resistencia a los 
embates reaccionarios (para que después ellos pudieran seguir haciendo la misma política 
de siempre), los familiares hicieron una apuesta diferente. Apostaron en jóvenes dispuestos 
a hacer política más allá de reclamitos en tanto jóvenes. Tuvimos la suerte y el honor de que 



nos tocara a nosotros, pero nosotros acá somos la anécdota: lo importante es que Familiares 
entendió que debía abrir la cancha para que su lucha volviera a cobrar fuerza. 

La convocatoria fue un éxito. Contactamos con más de una decena de fotógrafos/ 
as, quienes amablemente cedieron su trabajo, además recuperamos algunas fotografías de 
archivo de la propia organización, que abrieron una puerta a la cara personal de las movili¬ 
zaciones. A su vez, recibimos más de 40 textos (nuestro objetivo eran 20) que expresaron, 
desde los más diversos puntos de vista y estilos literarios, cómo es que el terrorismo de 
Estado nos sigue doliendo. 

Cada texto es diferente al otro, pero todos comparten la certeza de que para que la tra¬ 
gedia del terrorismo de Estado no se repita es necesario verdad, memoria y justicia, y cada 
persona que colaboró con nosotros estaba dispuesta a hacer su parte. 

Agradecemos a todas las personas que han colaborado con esta campaña aportando 
fotografías, textos, lecturas, contactos o conversaciones y a la Coordinación por la 20 a Mar¬ 
cha del Silencio. 

E3 ueremos agradecer especialmente a Soledad Platero, Gabriel Delacoste, Agustín 
Lucas, Eduardo Pérez, Manuela Abraham, Federico Graña, Rodrigo Arocena, Rafael Pa- 
ternain, Judith Sutz, Camilo López Burián, Lucas Silva, Martín Peralta, Pablo Martinis, 
Diego Pérez, Mariana Licandro, Mariana Mosteiro, Angélica Vítale, Ignacio Pardo, Ale¬ 
jandra Casablanca, Martín Couto, Guillermo Lamolle, Oscar Goldaracena, Pablo Char- 
goñia, Cristina Fernández, Alvaro Carballo, Gabriel Mazzarovich, Susana Mallo, Esteban 
Kreimerman, Azul Cordo y Raúl Castro por haber dedicado su tiempo y su sensibilidad a 
este humilde ejercicio de memoria. 

También queremos agradecer a Diego Correa Bayarres, Jennyfer Piazza, Agustín Fer¬ 
nández, Artigas Pessio, Santiago Mazzarovich, Rebelarte, Alvaro González Novoa, Martha 
Passeggi, Nairí Aharonián, Sandro Pereyra y al Comité de los Derechos del Niño Uruguay, 
por ceder su trabajo fotográfico, ofreciéndonos esas piezas indispensables para la construc¬ 
ción de nuestra memoria colectiva. 

Además queremos agradecer a la gente de Madres y Familiares de Detenidos Desapa¬ 
recidos por su apertura y su confianza a la hora de dar el visto bueno a una campaña, que 
por sus características, tiene resultados imprevisibles, tanto desde los resultados en térmi¬ 
nos de difusión como en el de los contenidos que serán difundidos. 

Todas las columnas pueden consultarse en la página de Facebook de Madres y Fami¬ 
liares de Detenidos Desaparecidos. 


55 


MEMORIA E IMPUNIDAD 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 



Mauro Tomasini 


56 


Genocidio Armenio: 100 años de impunidad 

Identidad y memoria de la comunidad armenia del Uruguay 

Sarkis Panosian 1 


La memoria tiene un papel significativo como mecanismo para fortalecer el sentido de 
pertenencia a un grupo o comunidad. Más aún cuando la historia relata opresiones, angus¬ 
tias y silencios. El pasado cobra vida y se receja en los sentimientos de autovaloración del 
grupo; este se consolida y se fortalece en cada espíritu que se apropia de la lucha. 

Las memorias del Genocidio Armenio, son una de las tantas que insisten en permane¬ 
cer lejos del olvido. No solo son producto de las transmisiones generacionales sino que se 
actualizan constantemente en el presente, de la mano de una juventud que activa el pasado 
en busca de justicia y reconocimiento. 

Cien años se cumplieron desde aquel 24 de abril en el cual el pueblo armenio comen¬ 
zaría a ser víctima del peor de las desgracias: el deseo de su desaparición total. Por un lado, 
un Estado enfermo, con ansias de poder, temeroso de los caminos que lo llevaría el agota- 


Integrante del colectivo Jóvenes Armenios del Uruguay. 


miento de su majestuoso Imperio Otomano. Del otro lado, el Estado turco preso de la peor 
de las fobias: el otro, lo distinto. 

No demoraría en impartir las órdenes más crueles, producto de una planificación siste¬ 
mática con el solo objetivo de poner fin a sus existencias. Talaat Pasha, uno de los máximos 
ideólogos del Genocidio Armenio asentaba por escrito su plan: “El Comité, esperanzado 
hacia el futuro, ha decidido aniquilar a todos los armenios que viven en Turquía, sin permitir 
que siquiera uno permanezca vivo, y para esta finalidad, ha conferido al gobierno la más am¬ 
plia autoridad” 1 . 

El plan de exterminio parecía no tener marcha atrás. Pronto comenzaron las torturas, 
las violaciones, los asesinatos y las deportaciones. Más de 1.500.000 armenios fueron masa¬ 
crados, la pequeña proporción restante huyó hacia territorios que le concedieran un poco 
de paz. 

El 80% del territorio armenio fue usurpado por los turcos, su población quedó devas¬ 
tada y sus elementos culturales, mutilados. A partir de 1915 nadie hablaría de los armenios, 
se limitaría a un punto imperceptible en el mapa. Los sobrevivientes abrirían las puertas 
al silencio; a aquel silencio que entra cuando dejan sus huellas acontecimientos profunda¬ 
mente traumáticos, situaciones de represión y escenarios de sufrimiento colectivo. 

¿Reconocimiento? ¿Justicia? ¿Reparación? Absolutamente nada. Pasaron cien años y 
aún el Estado turco hace alarde de su empaquetado discurso que sólo exhibe negacionismo 
y xenofobia. De este modo, la impunidad evita que el hecho quede preso de la tradición y 
del pasado, sino por el contrario es incorporado y recordado. Memoria, verdad y justicia 
son términos que parecen fusionarse porque el sentido del pasado sobre el que se está lu¬ 
chando es, en realidad, una demanda de justicia actual. 

Esto ocurre en Uruguay, una de las tantas cunas que recibieron armenios a partir de 
la tragedia. Hoy esta comunidad con más de 20 mil armenios cuenta con múltiples edifi¬ 
caciones como colegios, iglesias y clubes que permiten mantener su vida institucional ac¬ 
tiva. Ejemplo de su compromiso con la memoria del pueblo fue su incansable labor hasta 
convertir a la República Oriental del Uruguay en el primer Estado capaz de reconocer el 
Genocidio Armenio en 1965. 

De esta comunidad a la vanguardia del resguardo de las reivindicaciones del pueblo 
armenio y la búsqueda de la verdad, florece su sector juvenil que ha conquistado espacios 
de lucha dentro y fuera de la comunidad. 

El pasado 23 de abril, los Jóvenes Armenios del Uruguay junto a la Comisión de Con¬ 
memoración del Centenario del Genocidio Armenio convocaron a una marcha bajo el 
lema “Memoria, Justicia y Reparación”. Miles se hicieron presentes para adherir a esta causa 
marchando desde la Intendencia de Montevideo hasta la Plaza Independencia, por la Ave- 


57 


2 SARAVIA, Mariano. “El Grito Armenio”, 2007 pág. 10, Córdoba, Argentina. 


MEMORIA E IMPUNIDAD 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


nida 18 de Julio. La imponente columna de participantes estuvo encabezada por un grupo 
de niños junto a los pabellones patrios, seguidos de autoridades nacionales que guiaban 
la marcha de una multitud que portaba antorchas, pancartas y banderas. Organizaciones 
políticas y sociales se hicieron presentes, junto a ciudadanos uruguayos que se solidarizaron 
con esta significativa conmemoración. 

“Lasfechas y los aniversarios son coyunturas de activación de la memoria. La esfera pú¬ 
blica es ocupada por la conmemoración (...) aparecen voces nuevas y viejas generaciones que 
preguntan, relatan, crean espacios intersubjetivos, comparten claves de lo vivido, lo escuchado, 
o lo omitido” 3 . El recuerdo de cada ser, de cada familia transmitidos a través de relatos, for¬ 
man parte de narrativas colectivas que son reforzadas por estas formas de conmemorar. De 
este modo, las memorias del Genocidio Armenio son resignificadas en cada niño, en cada 
joven y adulto que llevaba una vela en honor a sus antepasados. Aquellos dolores viejos son 
removidos en acciones presentes. Algo de ello, se advirtió durante la marcha cuando un 
grupo de actores recrearon escenas vinculadas a las experiencias de refugiados de guerra y 
genocidios a lo largo de la historia de la humanidad. 

Al finalizar, se realizó el Toque por la Vida en la explanada de la Plaza Independencia. 
Del mismo participaron Garó Arakelian, Alejandro Spuntone y Guzmán Mendaro como 
así también el Grupo Snake quienes interpretaron su repertorio en vivo. 

La marcha fue una de las actividades que la comunidad armenia del Uruguay organizó 
como parte de esta conmemoración tan trascendental. Por su parte, el Acto Central se 
realizó el 24 de abril en el Palacio Legislativo con la presencia de importantes autoridades 
nacionales, entre ellas, el actual Presidente de la República junto a los últimos cuatro jefes 
58 de Estado. En representación del Poder Ejecutivo, se dirigió a los presentes el Vicepresiden¬ 
te Lie. Raúl Sendic, quien destacó al reconocimiento del Genocidio Armenio por parte del 
gobierno de la República Oriental del Uruguay como un hito. “Ningún atropello como el su¬ 
frido por el pueblo armenio -en el que se avasalló el respeto, el derecho, la paz y la libertadha 
podido contra expresiones como esperanza y viday la Comunidad Armenia del Uruguay las 
honra con su accionar cotidiano y permanente en pro de esos principios”, manifestó Sendic. 4 

Uruguay fue uno de los países que no solo refugió a los sobrevivientes del Genocidio 
Armenio sino permitió la construcción de su espacio identitario en un marco de respeto y 
tolerancia a la diversidad. A partir de allí, crecieron las nuevas generaciones alejándose del 
conformismo de dejar al pasado en su lugar, lejos en el tiempo y en el espacio. El olvido se 
dibujó en la comunidad como una amenaza, como la forma más brutal de violentar el pa¬ 
sado, por ello la bandera fue siempre salvarlo. Darle en el corazón del presente, una nueva 
actualidad 5 . Sendas comunes ha tomado la lucha por la búsqueda de la verdad y la justicia 
en las víctimas que ha dejado la última dictadura militar en el Uruguay. Se trata de memo- 

3 JELIN, Elizabeth. “Los trabajos de la memoria”, pág. 11, 1998 Buenos Aires, Argentina. 

4 www.causaarmenia.org, 24 de abril de 2015. 

5 JELIN, Elizabeth. “Los trabajos de la memoria”, pág. 11, 1998 Buenos Aires, Argentina. 



rias individuales enmarcadas socialmente, compartidas con el resto. Estas están vinculadas 
a valores y visiones del mundo y del país en el que queremos vivir. 

Hoy, el sector juvenil de la comunidad armenia del Uruguay elige ser parte de un país 
libre, tolerante y justo; que marche siempre hacia la construcción de principios democráti¬ 
cos y progresistas. Esta juventud elige llamar “compañeros” a todos aquellos que comparten 
estos sueños y trabajan para que se cumplan. 

La amplia participación de agrupaciones sociales y políticas uruguayas en la marcha de 
conmemoración del Genocidio Armenio fue muestra de ello. Esto fue resultado de cuan¬ 
tiosas actividades y discusiones compartidas, como la Marcha numero veinte de Madres y 
Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos. En la mesa coordinadora participó la 
Juventud Armenia del Uruguay como organismo que comparte las mismas inquietudes 
respecto a la violación de los Derechos Humanos, la impunidad y la injusticia. 

Hoy, vientos de transformación revolucionan las costumbres y el comportamiento de 
la juventud, un sector que aparece como autónomo y libre para obrar según sus resignifi¬ 
caciones del pasado. Esta juventud, nacida en democracia, se encuentra lista para cuestio¬ 
nar códigos, acciones y discursos vigentes 6 . Sus memorias sobre el pasado contribuyen a 
la construcción de su identidad en el presente. Estas identidades y memorias no son cosas 
sobre las que pensamos, sino cosas con las que pensamos, forman parte de nuestra existencia, 
nuestras relaciones y nuestras historias. 


59 


6 KORINFELD Y VILLA, compiladores. “Juventud, Memoria y Transmisión”, 2000, pág. 122. 


MEMORIA E IMPUNIDAD 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


Huellas actuales de la tortura y la prisión política 

María Celia Robaina 1 


El ÉfflffllElademás de cumplir un imprescindible rol social en nuestro país, ha sido en 
lo personal una escuela en la que recibí aprendizajes que me han acompañado a lo largo de 
la vida. Tuve el privilegio de ser partícipe acerca del historia durante los años ochenta y no¬ 
venta. De Perico y demás compañeros aprendí de su compromiso con la verdad y la justicia; 
ejemplos de vida, de valentía, y a la vez de esperanza. Allí conocí que junto a otros es posible 
modificar realidades adversas e injustas, sólo se necesitan ganas y fuerzas que se entrela¬ 
cen. En el origen del MXM TOIXIlos derechos humanos comenzaron siendo una bandera para 
defender la dignidad ante los atropellos del terror; luego con el correr del tiempo y ya en 
democracia esta noción se fue nutriendo de otros significados jurídicos, sociales, históricos, 
filosóficos, psicológicos. Derechos humanos como condiciones materiales posibilitadoras 
de desarrollo humano, pero también como modos de producción de nuevas subjetividades 
liberadoras de opresiones. La institución fue pionera abriendo caminos en torno a la edu¬ 
cación con enfoque de derechos, a nivel de la enseñanza formal y de la educación popular. 
En aquellas experiencias descubrí mi pasión por la docencia. 

Por más de 30 años MXM TONha cumplido un rol fundamental para nuestra sociedad, 
el de visibilizar lo inaceptable, lo repudiable, gobierne quien gobierne, sin fidelidades par¬ 
tidarias, pero con una clara fidelidad a los principios éticos de los derechos humanos. Lo 
50 recibido en IXMXW ^ha orientado gran parte de mi desarrollo personal y profesional, el que 
he podido desplegar en otras organizaciones y a nivel académico. Es por todo ello, que hoy 
es un honor para mí regresar a mis orígenes para realizar esta pequeña contribución a su 
Informe Anual. 

En estas líneas me propongo compartir algunos aportes desarrollados en mi tesis de 
maestría titulada “Psicoterapia y efectos tardíos de tortura y prisión política en Uruguay”, es¬ 
tudio basado en entrevistas en profundidad realizadas a 12 psicoterapeutas (psicólogas/os 
y psiquiatras) que han acumulado la mayor experticia en el país, en la atención a ex presas/ 
os políticos. Se privilegiaron las psicoterapias transcurridas en el período 2007-2012. Las 
preguntas que guiaron la investigación fueron: ¿IE ué efectos de la tortura y la prisión se ob¬ 
servan en la actualidad? ¿E3 ué particularidades tienen las psicoterapias con esta población? 
M ué orientaciones son importantes para la formación de los psicoterapeutas ? En este artí¬ 
culo me detendré en las respuestas a la primera interrogante. 


1 Mag. Psicología Clínica por UdelaR. Especialista en Actuaciones Psicosociales en Violencia Política y 
Catástrofes, por Universidad Complutense de Madrid y GAC. ProfAdj. Instituto de Ps. de la Salud, Facultad de 
Psicología, UdelaR. Miembro de Cooperativa de Salud Mental y ® ). 



Es frecuente escuchar que lo ocurrido en la dictadura es algo del pasado que hay que 
olvidar para seguir adelante. Se cree que hablar de estos sucesos es hablar del pasado, sin 
embargo, el trabajo que realizan estos psicoterapeutas se vinculan con sufrimientos del pre¬ 
sente. De lo que se habla entonces, es de lo actual de aquel pasado traumático. Es menester 
aclarar, que nada de lo que aquí exponga se puede generalizar a toda la población de ex pre¬ 
sas/os políticos, sólo es posible arribar a algunas conclusiones sobre efectos actuales, que los 
profesionales observan en quienes han acudido a consultar en P<1XD<1 E<W 1X1 2 3 4 , fflfflWKWIXlIXlIXPy 
a nivel particular con destacados profesionales. 

La necesidad de estas psicoterapias demuestra que lo traumático no conoce de tem¬ 
poralidades, que la aplicación sistemática de torturas físicas y psicológicas, pudo ocasionar 
daños que podrán emerger en diferentes momentos de la vida. A su vez, se plantea que 
hay daños o re-victimizaciones que continúan a través de la impunidad con la que nuestra 
sociedad ha manejado estos crímenes tan atroces. Cuando lo traumático social no ha sido 
suficientemente saneado por la sociedad, seguirá produciendo efectos en las personas más 
afectadas y en sus vínculos más cercanos. El olvido y la impunidad, que en Uruguay fue sos¬ 
tenida por la ciudadanía en dos oportunidades, pretendieron establecer “borrón y cuenta 
nueva”, lo que ha llevado a que las historias se privaticen al no darles cabida al nivel de lo 
histórico nacional. 

Los psicoterapeutas observan que a partir de que comienzan ciertos procesos de repa¬ 
ración, desde la creación de la Comisión para la Paz, pero mayormente desde el año 2005, 
se constata que el tratamiento político-social de los traumatismos habilita nuevos procesa¬ 
mientos en las víctimas. W uienes estuvieron recluidos por motivos políticos fueron objeto 
de destrato, humillación y martirios en forma continuada. Aunque se puede diferenciar un 
tiempo de torturas físicas y psicológicas de mayor envergadura durante el primer periodo 
posterior a la detención, realizada generalmente en centros clandestinos, las personas fue¬ 
ron sometidas a un sistema torturante, planificado y sistemático, en forma constante hasta 
el momento de su liberación. Según SKWfflE? el tiempo de reclusión promedio fue de 6,6 
años para los hombres y de 5,7 años para las mujeres. 

En términos psíquicos la tortura se entiende como una práctica científicamente plani¬ 
ficada para desmontar los mecanismos de la identificación primaria 5 , que se propone llevar 

2 MXM EÜXlK (Servicio de Rehabilitación Social), ONG que ofreció reparación en salud, en particular en salud 
mental a miles de personas que portaban efectos del terror de Estado, entre 1984 y 2009. Ofreció atención 
a: ex presas/os, des-exiliados, ex clandestinos y a los familiares de estos tres grupos, así como a familiares de 
detenidos-desaparecidos y familiares de asesinados políticos. 

3 Cooperativa de Salud Mental y Derechos Humanos, organización contratada por el MSP desde 2009 a la 
fecha, para brindar reparación en salud mental a beneficiarios de las leyes 18.033 y 18.596, víctimas del terro¬ 
rismo de Estado. 

4 Servicio Paz y Justicia (1989). Uruguay. Nunca Más. Informe sobre la violación a los Derechos Humanos 
(1972 -1985) (3a. ed.). Montevideo: Altamira s.r.l. 

5 Gil, Daniel et al. (1990). El terror y la Tortum. Colección Biblioteca de Psicoanálisis, Serie Textos. Monte¬ 
video: EPPAL Ltda. 


61 


MEMORIA E IMPUNIDAD 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


al torturado a la destrucción de su yo y de su mundo simbólico, de modo que esas singulares 
vivencias queden en un registro anterior al del lenguaje, sostiene Daniel Gil. Aunque la tor¬ 
tura se aplica sobre el cuerpo, persigue el objetivo de transformar a la persona en alguien sin 
ideales ni expectativas, sin voluntad y sin confianza, convertirlo en un ser sometido. A tra¬ 
vés de la aplicación del terror se busca fundar un sistema de control y destruir al “opositor”. 
Por otra parte, la vivencia de soledad extrema durante la tortura física, está dada porque 
afecta el núcleo más personal y básico de la identidad como lo es el cuerpo 6 . 

(...) “Pero lasfiguras del mal (la tortura, desaparición, guerra, genocidio) no generan ex¬ 
periencia ni enseñanza, sino vacío representacional. La experiencia catastrófica es un agujero 
en la continuidad representacional inherente a la vida psíquica. El horror y el dolor extremo 
no generan experiencia sino espanto, no genera representaciones y relato sino vacío representa¬ 
cional y por consiguiente lo ocurrido es difícilmente transmisible y compartible” 7 . 

El equipo de Salud Mental del Centro de Estudios Legales y Sociales (IX HXMXl ) 8 , formula 
una explicación que permitiría comprender el porqué de lo inenarrable de estas experien¬ 
cias. Establece un paralelismo entre las primeras experiencias de indefensión humana en 
el que la vida depende de un Otro que al libidinizarlo posibilita la cohesión del Yo, y la 
tortura, en la que el sujeto sería llevado a una situación de máxima indefensión, donde el 
torturador sería el único Otro disponible al que el sujeto tendría acceso. La humillación y 
la culpa por esa dependencia involuntaria con quien busca destruirlo, provocarían vivencias 
que entrarían en la categoría de lo inenarrable. 

Los represores buscaron doblegar a sus víctimas a modo de llevarlos a la delación y al 
arrepentimiento. Sin embargo ese objetivo, según los testimonios, no lo alcanzaron con la 
62 mayoría de los prisioneros. Es frecuente que los ex detenidos sostengan que estaban suma¬ 
mente convencidos de las razones por las que militaban y expresan satisfacción por haber 
podido resistir a las torturas. E3 uizá por ello los militares se propusieron la tarea de oca¬ 
sionarles daño psíquico o “quebrarlos” (expresión utilizada por los ex presos) durante el 
tiempo que estuvieran recluidos, explica Daniel Gil. 

Los martirios durante el tiempo de detención fueron constantes, la arbitrariedad y la 
confusión buscaban que los presos no pudieran anticipar lo que vendría y por tanto pre- 


6 Kordon, D; Edelman, L; Lagos, D; Keener, D, (2002) “ Trauma social y psiquismo. Consecuencias clínicas de 
la violación de derechos humanos” en Paisajes del dolor. Senderos de Esperanza. Salud Mental y Derechos Huma¬ 
nos en el Cono Sur. EEEIHH; BKKH /rj; Cintras; Sersoc. Buenos Aires: Polemos. 

7 Vinar,M. (2011) “El enigma del traumatismo extremo” en Revista uruguaya de Psicoanálisis (en línea), 113, 
55-66. ISSN 1688 - 7247. 

8 CELS. Equipo de Salud Mental (Argentina) (1989) “Algunas Reflexiones sobre la tortura”en Derechos Hu¬ 
manos: Todo es según el dolor con que se mira. Instituto Latinoamericano de Salud Mental y Derechos Humanos. 
Santiago de Chile: Ediciones ILAS. 



pararse para ello. Aldo Martín 9 detalla una serie de medidas torturantes habituales en las 
cárceles políticas y las asemeja a las prácticas nazis en los campos de exterminio: rutinas de 
vida arbitrarias (alimentarias, higiene, sueño), dificultades para el contacto con el afuera 
(restricción de visitas, censuras, lecturas), criterios de selección psicopatológicos o por di¬ 
ferencias políticas para elegir quienes permanecerían en la misma celda, identificación con 
un número, uso del uniforme y corte de pelo. 

No se puede perder de vista que si bien la tortura fue aplicada en el cuerpo de algu¬ 
nos sujetos, ésta persiguió fines políticos. La tortura ocupó en el imaginario social, una 
imagen potente para infundir miedo a toda la población. Lo que se buscaba era eliminar 
todo intento de rebeldía y oposición, domesticar a la sociedad en su conjunto. Desde aquí 
comprendemos los efectos psicosociales, que no se concentran en quienes fueron sus vícti¬ 
mas directas. Por lo que el procesamiento de lo traumático social se convierte en necesidad 
social y política. Saneando ese, nuestro pasado, saneamos la democracia. 


¿Qué efectos se observan en la actualidad? 

El horror, incluido en el psiquismo como cuerpo extraño, se expresa en el gesto, en la 
mirada, a veces en el síntoma, sobre todo físico, y en otros rasgos anclados en el carácter, 
como la aprensión, el temor ante un gesto, una mirada. El clima afectivo que se transmite es 
de desconfianza, incluso hacia sus propios hijos. Son aquellas marcas no significables que se 
transmitirán a los niños, explica Maren Ulriksen 10 . 

Los entrevistados destacan que a medida que se amplían las políticas de Reparación, 
los pacientes hablan más de los sucesos traumáticos. Por lo que podemos afirmar que el pro¬ 
cesamiento macro social de los traumatismos agiliza procesos personales. Los terapeutas 
sostienen que a partir del año 2005, por primera vez -a diferencia del anterior período- los 
pacientes se acercan a la consulta impulsados por el deseo de procesar vivencias de la tortura 
y la prisión. Surge como novedad el hecho de que revelen necesitar un espacio para hablar 
de esas vivencias, lo que aparece enunciado en forma explícita desde el motivo de consulta 
manifiesto. 

El desvelamiento o la denuncia ante la opinión pública, expuso la crudeza de los crí¬ 
menes (hallazgo de restos óseos de desaparecidos, aparición de menores apropiados, pro¬ 
cesamiento de responsables, denuncias judiciales) lo que habilitó la circulación de palabras 
en otros ámbitos sociales: de enseñanza, laborales, barriales, familiares. Las nuevas genera¬ 
ciones comenzaron a preguntar o el pasado se transformó en tema de interés social para los 


9 Martin, A. (2002) “El fracaso del leteo o la imposibilidiid del olvido” en Paisajes del dolor. Senderos de Espe¬ 
ranza. Salud Mental y Derechos Humanos en el Cono Sur. EATIP; GTNM/RJ; Cintras; Sersoc. Buenos Aires: 
Polemos. 

10 Ulriksen, Maren (2006) Capítulo VI. “La transmisión del horror”en Puget, J. y Kaés, R. (Comps.) Violen¬ 
cia de estado y psicoanálisis. Buenos Aires; México: Grupo Editorial Lumen. 


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MEMORIA E IMPUNIDAD 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


medios de comunicación. Se construyeron discursos performativos que aportaron nuevas 
formas de mirar lo acontecido. K uienes fueron violentados necesitan del reconocimiento 
social de la barbarie, que se legitimen discursos que reconozcan la ignominia. Los movi¬ 
mientos externos posibilitarían movimientos internos, la emergencia de recuerdos, senti¬ 
mientos, vivencias y necesidad de darles cauce. 

El 58,33% de los entrevistados afirma que existen vinculaciones entre los motivos de 
consulta actuales y algunos aspectos referidos a las experiencias pasadas, o a las dificultades 
actuales para el procesamiento social de aquella catástrofe social. Sin embargo, entre ellos se 
observan variaciones respecto al énfasis otorgado en el transcurso de las psicoterapias. 

Los principales motivos de consulta observados para el período, según la percepción 
délos entrevistados son: a) convictos en vínculos significativos 58,33% -se aclara que antes 
se observaban más en los vínculos de pareja y hoy se refieren a los vínculos con los hijos-, b) 
depresión 50% -éste aparece con mayor prevalencia en mujeres-, c) ansiedad 33,33%. Del 
análisis de los motivos de consulta se desprenden algunas conectivas predominantes. Los 
convictos vinculares son los principales entre los que gatillan la consulta. Según los entre¬ 
vistados el mayor daño se aloja en la ruptura de la integración familiar y en la transmisión 
trans-generacional de lo traumático, la que podría llegar hasta la tercera generación. 

La prisión prolongada, la persecución que llevó a muchos a vivir en la clandestinidad o 
a marchar al exilio, impuso un fuerte desarraigo entre las víctimas y sus respectivos núcleos 
familiares (primarios y/o secundarios). Las familias quedaron divididas, con integrantes en 
diversos países hasta la actualidad. Hubo convictos, divisiones, peleas, discrepancias ideo¬ 
lógicas, mala resolución de convictos, culpas. Como si algo de la violencia sufrida hubiese 
64 quedado encorsetado entre los miembros del grupo familiar. 

La situación de encarcelamiento privó a algunas personas de ejercer los roles paren- 
tales en las primeras etapas del desarrollo de sus hijos. IE uizá hoy cuando los ex presos 
realizan un balance de sus vidas, sopesan la distancia que se produjo en el vínculo con sus 
hijos; quienes por otra parte, frecuentemente los han acusado de haberlos abandonado. 
La prisión alejó a padres e hijos, y aunque éstos últimos recibieron los cuidados necesarios 
por parte de otras personas cercanas, nunca se pudo recuperar el tiempo perdido. Como si 
hubiese quedado un “agujero” en la trama vincular que hoy se resignifica al pasar ellos, los 
hijos, por la experiencia de ser padres. En este sentido, es necesario aclarar que no hubo, 
por parte de los padres, deseo de abandonar a los hijos; se trató de un quiebre en el vínculo 
impuesto por el terror. Se puede argumentar que los padres sí fueron responsables de su 
elección militante. Sin embargo, cabe preguntarse por el margen de elección en aquel con¬ 
vulsionado contexto histórico político mundial, que enfrentaba a las jóvenes generaciones 
a un mundo maniqueísta, en el que se estaba de un lado o de otro. 

Muchos de aquellos padres o madres, al ser liberados de la prisión es posible que hayan 
tenido serias dificultades para cuidar y sostener material y afectivamente a sus hijos, debido 
a los daños materiales y emocionales que dejó en ellos el encarcelamiento y posteriormente 



la discriminación social de la que fueron objeto. Se plantea a modo de hipótesis que sería 
justamente en los vínculos más cercanos donde podrían emerger en bruto las marcas, como 
la desconfianza, el temor a que el otro se acerque tanto que dañe, la impulsividad, la violen¬ 
cia introyectada. Es decir, los ex prisioneros fueron depositarios de una violencia tan brutal 
que podrían transformarse en portadores, y sería en los vínculos cercanos donde aún se 
vislumbra aquello que no pudo ser simbolizado ni metabolizado psíquicamente. 

Entre las conectivas psíquicas se observó la que he llamado “la emergencia de lo trau¬ 
mático”. Es decir aquella angustia experimentada en los eventos traumáticos no ligada a 
palabras, aflora. La vuelta al pasado se puede expresar a través de: flashback de recuerdos 
terroríficos, actingout, desplazamientos de aspectos persecutorios en personas del presente, 
sintomatologías en el cuerpo que según los entrevistados se observa con alta frecuencia 
en enfermedades psicosomáticas, autoinmunes o vasculares. La elaboración del trauma se 
propondrá como un fin perseguido por el proceso terapéutico, recordar para no repetir. 
Se buscará alcanzar su re-significación, volver a sentir las emociones que giraron en torno 
al trauma, ligar afectos a sus respectivas representaciones, poner palabras a las vivencias, 
simbolizar aunque sea en parte lo que no pudo acceder a la palabra, y así otorgarle nuevos 
significados. 

Es de destacar que se hallaron conflictivas psicosociales que se suscitan frente al pro¬ 
cesamiento sociopolítico de los traumatismos. Situaciones en las que la persona relaciona 
lo que ocurre en el espacio social con la movilización interna que ello le produce, o a la 
sintomatología física que ello le acarrea. Los profesionales observan a los pacientes más mo¬ 
vilizados cuando ocurren sucesos políticos que dificultan el procesamiento de ese pasado; 
lo que confirma la idea de que los traumatismos psicosociales para que puedan ser procesa¬ 
dos psíquicamente en los sujetos, necesitan ser abordados conjuntamente en forma social, 
porque se hallan interconectados. El procesamiento macro social de la catástrofe agiliza 
procesos personales; se puede mostrar lo que fue silenciado cuando la sociedad lo reconoce 
y le da un lugar legitimado. Se podría pensar que las personas para continuar con sus pro¬ 
yectos de vida debieron disociar o negar ciertas experiencias de aquel período, y concomi- 
tantemente, controlar las emociones asociadas a estos; pero cuando el horror reaparece en 
forma intempestiva en el espacio público a través de los medios de comunicación, aquellos 
equilibrios alcanzados se tambalean y resurgen emociones que pueden llegar a desbordar. 

Al preguntarle a los profesionales sobre los efectos tardíos con los que se encuentran 
en esta clínica, la mayoría manifiesta rechazo por el uso de terminología médica, como ser 
secuela, síntoma y patología. 

Consideran que no se aplica a esta población por medicalizar eventos de índole socio- 
políticos. Se entienden los efectos no como enfermedades, sino como modos de respuesta 
ante eventos traumáticos psicosociales. Todos quienes fueron consultados coinciden en 
que estas vivencias devastadoras del pasado, podrían reactualizarse frente a situaciones do- 
lorosas del presente, tanto personales como colectivas o sociales. 


65 


MEMORIA E IMPUNIDAD 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


66 


Entre los efectos de la tortura más recurrentes se señalan: 

a) Dificultades expresadas en el mundo de relaciones. El 75% sostiene que el principal 
impedimento que emerge es la desconfianza, como fruto de la experiencia de haber 
conocido la crueldad humana en su máxima expresión. La tortura y la presencia de 
psiquiatras y psicólogos en centros de reclusión, acrecentó la desconfianza hacia los 
terapeutas, quienes sintieron que debían tener especial cuidado al preguntar, cómo 
hacerlo y en qué momento, aceptando ciertos silencios y esperando los tiempos del 
paciente. 

b) Se observa lo que he llamado coraza resistente para dar cuenta de una envoltura 
psíquica, conformada por fuertes mecanismos defensivos, construida en el tiempo 
de prisión, con el fin de no demostrar sentimientos ni emociones a sus verdugos. 
Coraza que en distintos momentos de la vida se puede expresar en forma de anes¬ 
tesia afectiva. El vocablo resistir presenta más de una acepción, se utilizará en el 
sentido de “oponer dificultades o fuerza a algo”. Es decir, luchar contra algo, externo 
o interno y no permitir que eso ejerza dominio sobre el sujeto. Los represores cons¬ 
tantemente hostigaban al prisionero, lo ponían a prueba, buscaban “quebrarlo”. 
Resistir fue la forma de sostener la integridad y no doblegarse. En un escenario de 
dominación, frente a un poder omnipresente, encontrar intersticios de autonomía 
ofreció apoyos para no claudicar. IE uien vivió situaciones que colapsaron sus recur¬ 
sos psíquicos al extremo, teme exponerse frente a un otro porque teme desarmarse. 

c) En la literatura referida al trabajo psicológico con víctimas de tortura, se constatan 
con frecuencia sentimientos de culpa que perduran a lo largo de la vida. Algunos 
de los profesionales entrevistados establecen una clara vinculación entre la autoin- 
culpación y lo que pudo acontecer en el vínculo con los torturadores, o lo relacio¬ 
nan con el hecho de haber experimentado sentimientos considerados miserables 
e inaceptables en sí mismos. Dos profesionales señalan que la situación de tortura 
genera estados confusionales y que la sola duda sobre qué se dijo o no se dijo pue¬ 
de mortificar durante años. Otra fuente de autoinculpación se debe al hecho de 
haber creído en la palabra de los perpetradores. Entre sesión y sesión de tortura, 
era frecuente que un represor teatralizara el rol del “bueno”, mostrándose gentil y 
engañando a la víctima respecto a su deseo de ayudarlo; haberle creído, puede ser 
motivo de autoHagelación. 

Framjoise Sironi 11 , desarrolla lo que ha llamado “la influencia del torturador sobre el 
torturado”. Observa que a los clínicos que trabajan con víctimas de tortura, les llama la 
atención que éstas otorguen tanta importancia a las palabras pronunciadas por los tortu¬ 
radores. Sostiene que las palabras que fueron pronunciadas durante el tiempo de la tortura 


11 Sironi, Fran^oise (2011) Carrascos e Vítimas. Psicología da tortura. Sao Paulo: Terceira Margen. Tradu^ao 
do origina Sergio Salvia Coelho. 



“permanecen grabadas para siempre”, “literalmente penetran su ser”, “esas palabras los roen por 
dentro”. La influencia del torturador se puede expresar de muchas otras maneras, considera 
Sironi, por ejemplo en pesadillas, afectar procesos amnésicos, o dañar la autoestima. 

Existe amplia literatura que da cuenta de las huellas en el cuerpo padecidas por quie¬ 
nes han sido víctimas de tortura. Distintos entrevistados refieren a enfermedades físicas 
observadas: patologías osteoarticulares; osteomioartritis; dolores crónicos; afecciones 
neoplásicas; enfermedades auto-inmunes. En el cuerpo quedan huellas de la violencia, de 
la invasión del otro en los espacios más íntimos; del poder y el dominio del otro sobre sí 
mismo. Un profesional refiere al miedo al dolor físico; como si las experiencias dolorosas 
actuales pudieran provocar reminiscencias de dolores padecidos en la tortura. Aquellos 
procedimientos que implican manipulación del cuerpo por parte de terceros, en los que la 
persona se halla en una posición pasiva y a merced de un otro, pueden ser vividos imagina¬ 
riamente, como una amenaza a la integridad. 

Una mención particular se refiere a los impactos subjetivos de los procesos de denun¬ 
cia judicial que se han desarrollado a partir del año 2011. Los entrevistados señalan que 
estos procesos pueden resultar por demás removedores, se observan fuertes sentimientos 
de angustia, temores, se revive lo traumático, surgen descompensaciones físicas o psíquicas, 
aumento de ansiedades. No todas las personas podrán embarcarse en el derrotero de la de¬ 
nuncia ; necesitarán apoyos para prepararse e incluso preguntarse si podrán o no emprender 
este proceso. Se expresa que el Juicio puede retrotraerlos a experiencias padecidas durante 
los interrogatorios, o a las de haber sido juzgados en la Justicia Militar, en tanto el modelo 
de Justicia que conocieron fue aquel que los procesó como “ subversivos ”. 

Se observan efectos sanadores al poder desprivatizar el dolor, mover el recuerdo del 
espacio de la intimidad hacia el espacio público, habilitar que un tercero sea quien opere 
de árbitro. Por otra parte, se destaca la importancia de que en Uruguay las denuncias se co¬ 
miencen a hacer en forma grupal. fl uizá porque el grupo permite tomar impulso, sentirse 
más fuertes, prepararse junto a otros, vencer miedos. La mayor dificultad observada es que 
la Justicia uruguaya no aplica consideraciones especiales para este tipo de víctimas y este 
tipo de juicios. Homologa estos juicios a otros cualesquiera, lo que podría contaminar el 
escenario y provocar situaciones de re-victimización. Como señalan los clínicos, lo sanador 
de la denuncia es que construya Justicia, si a lo costoso de hacer la denuncia, se le agregan 
las trabas a lo largo del proceso y el no concluir con el procesamiento de los responsables, 
entonces todo resultaría una farsa. No sólo para quienes denuncian, también para la socie¬ 
dad al no otorgarle a estos juicios la importancia ética e histórica que se merecen. La tortura 
como acto abominable para no reproducirse necesita sanción jurídica, moral y social. 


67 


MEMORIA E IMPUNIDAD 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


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Tan “longe” y tan cerca 


Ariel Silva 1 


Viaje a Montevideo 

Una sonrisa se ve pasar detrás de la ventanilla del ómnibus. Expresión de despedida, 
pero también de anhelo. Hay en Marisa una inquietud que se asoma, este paso a lo nuevo. 
Una polvareda en el camino va envolviendo el coche, se va recostando en el pasado. Ahí 
estaba la niña alegre que se anima a salir, que tiene la carita roja de reír, de correr, de bailar, 
de sentir. 

El edificio del liceo es para ella un cuerpo sólido que uno recorre con la lentitud de la 
ciudad, para Daniel sin embargo, es un boceto de líneas entrecruzadas que sólo tiene curvas 
con su presencia. La ronca a más no poder, el griterío de los bailes, de la salida de 

clases, de las reuniones familiares, se va apagando entre los árboles que quedan atrás a toda 
velocidad, como una barrera entre el campo y el pasaje. Marisa se ve en el vidrio, cabello 
suelto, ojos profundos y recuesta la cabeza en el hombro de Daniel. Montevideo los espera 
titilando. 

La Universidad es un alboroto, se estudia, claro que se estudia, pero también se con¬ 
versa, se discute y a veces la madrugada la agarra empapada bajo una lluvia de volantes. 
Marisa nunca fue retraída, se expresa con ademanes aunque por allí se le pueda percibir un 
soplo de timidez por no ser de la capital. Por aquí hay muchas garitas, hay muchas noticias, 
por aquí los faroles están encorvados y apuntan muy directo, son focos acusadores de una 
luz cegadora. 

Es en la calle Sarandí, cerca del puerto, por donde sube el olor del río abriéndose paso 
entre un sol que cae a plomo, en enero del 71. Marisa y Daniel se aceptan, vaya novedad, 
hace casi diez años que se aceptan, y no serán declarados marido y mujer “por las potestades 
que confiere la ley”-, ya son pareja, amantes, compañeros inseparables. Se ocupa la vereda, 
se ocupa la calle, estallan los puñados de arroz y con los ojos entrecerrados la ceremonia se 
sella con un beso prolongado. 

La ciudad se pone sepia, amarillenta. Todo va a cambiar y todo espera, latiendo. Le 
arrancan a Daniel de pronto. Marisa se desespera, lo piensa dibujándola mentalmente, apa¬ 
sionadamente, aprisionadamente. Los separan y no, se piensan. Cinco meses sin abrazos, 
sin el contacto tibio, sin recorrerse. Liberan a Marisa sin procesamiento; ni condenada, ni 
requerida, sólo el primer síntoma de la crueldad. Busca a Daniel, busca su mirada a través de 
todas las paredes, sus pestañas en todas las respiraciones. Vamos amor, vamos, volemos. 


Gerente de la Fundación Mario Benedetti. 



Viaje a Santiago de Chile 

Daniel es liberado en el Aeropuerto de Carrasco y Marisa recupera el aliento al verlo. 
Desde el cielo se ve la cordillera y parece que la punta del ala señala un extremo de aquel 
mantel arrugado, espejo de nubes, con migas del pan de todos. Santiago de Chile es dife¬ 
rente, se bebe el vino nuevo al pie de la parra. Brilla y suspira. Marisa y Daniel caminan con 
paso sostenido y la gente habla casi tan apretadito como en el Artigas natal. Una nueva 
ilusión, una incansable ilusión. 

Pero lentamente... se arrastra el murmullo de la conspiración. El riesgo inunda las ca¬ 
lles como un líquido venenoso. Correr, otra vez a correr. La peste avanza sobre el continen¬ 
te, una sinfonía de terror sobre sus casas, aplasta la paz. 


Viaje a Buenos Aires 

Entonces uno se siente Ulises, con ganas de regresar a ítaca. Ezeiza es amplio, pero parece 
un hormiguero, en el avión no pudieron descansar nada. Esta vez la cordillera les pareció un 
cadáver tapado por una sábana raída. Se dan fuerte la mano, Marisa mira las valijas, las mira 
como si estuviera mirando un animal que la sigue, a ver si desaparece. Recuerda su perro Pichi, 
hasta lo incorporaron a la familia -piensa-, el Pichi Corbo, se montaba sobre la pelota como 
un niño más. Aquí nos vamos a rehacer -medita- eso creo. Buenos Aires es una ciudad húme¬ 
da, pegajosa. Las valijas pesan, los bolsos pesan, la ropa pesa. Se instalan allí. Vienen los viejos 
a visitarlos, se ponen al día y a la tarde y a la noche. En Ramos Mejía, los conoce todo el barrio. 
Marisa atiende un kiosco en Ascuénaga y San Martín, cerquita de la Estación de trenes. Ven 
otros uruguayos, en esos momentos se distienden, se comprenden, se miran con una mueca 
valor supremo, ese extraño, casi inocente fulgor que da la utopía. 


v 



IE Hola Ana María, acá me tenes. 

IE § uerida... Hola Marisa, que alivio verte. 

IE Sí, dame un abrazo. 

Kl ¿Y esa cara? ¿Susto? Pero tus ojos dicen otra cosa... -Marisa se toca la panza, apoya 
su mano con un gesto casi automático. 

IE Es que... ¿te imaginás? -Ana María le toma fuerte las manos y se le cristaliza la mi¬ 
rada. 


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MEMORIA E IMPUNIDAD 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


K Te felicito... los felicito. -Dice en un tono íntimo. Se abrazan, se sueltan, se miran, 
se vuelven a abrazar.- Prométeme que si es nena... 
f] Eh, todavía es muy pronto para pensar en nombres, ya veremos, 
i Ahora que te miro bien, ya se te nota. 


Es 4 de noviembre de 1974. 

Un día como cualquiera. La vorágine de siempre. El proveedor de las galletitas que 
llega tarde, y los niños ya entraron a la escuela. Un día como cualquiera, no pensamos en 
nosotros, en nuestro aspecto de ciudadanos comunes que hacen y deshacen en medio de la 
rutina resbaladiza. Pero al final del día uno reflexiona, a los 26 años, embarazada, todavía 
hay mucho por delante. 

¡¡¿Por qué tanta violencia?!! No se entiende. La agarran de los pelos y la arrastran. La 
meten en un auto blanco. Son brutales, la someten con golpes, patadas, palabrotas... Sólo 
se puede ver por el rabillo del ojo, el ojo que se arrastra contra el piso, una porción de calle, 
todo al revés, un centímetro de cordón, unas botas, baldosas con sangre. Explota la piel 
contra los nudillos, el castigo, los insultos, a borbotones. 

De acá para allá, otra vez y otra. Sin respiro. Llegada a lugares. La capucha no deja ver. 
Intuyen. El abismo en un antro. El milímetro de visión es una tela maloliente, nauseabunda. 
Todos los ruidos, todos los gritos, todos los ecos. La voz de ese niño, ¿de dónde viene ? ¿fl ué 
niño es ese? Insoportable tiniebla. No están solos, hay otros sufriendo como ellos. Calor, 
corriente, calor. Interrogar: sólo les pueden sonsacar la piel, averiguar las vértebras, investi- 
70 gar los tendones. Arrastran su lumbre chiquita, que no se extingue. 


Vuelo cero (Plan Cóndor) 

Están regresando sin saber, y si pasan por el cielo abierto y en ese momento, alguien, 
no sé, alguien mira para arriba y ve el avión. Y si muchos miran el avión... y si todos miran 
el avión. Y si un niño que no llegó mira el avión, y grita: ¡mamá, un avión! Pero no, claro 
que no. 

Primero un sonido metálico, ¿eso es música? ¿De dónde viene? ¿Una radio? ¿De dón¬ 
de carajo viene esa música?... 

El mar, el sonido del mar, su blanda tensión. El agua es una masa sucia en el tacho, 
desarticula los sentidos, va apretando la cabeza. Aire, aire, por favor... Se mete por todos 
lados, invade, satura. El pensamiento resbala. Aires, aire... La lenta voz interior de pronto... 
Cuando todo termina, casi. 



El riesgo circula. Se pregunta por la vida, sus vidas. Ahora ¿qué hacer ? ¿cómo es posible 
olvidar tanto ? Olvidar, para que no se olvide. Allí dentro también hay líquido y oscuridad, 
pero todo es tibio y suave, ella lo sabe. Lo sabe y eso es lo único que no olvida, que no. 

Marisa y Daniel tienen un minuto, les conceden un minuto, ¿qué cabe en un minuto? 
¿Cuánto hay que mirar? ¿Con qué intensidad? ¿Cuánto hay que tocar? Ella le toma las 
manos y las pone en su panza. Entre los dos la acarician, una caricia que dura un minuto. 
Sesenta latidos... 

Una madrugada fría. Otra vez hay movimiento, ese frío se respira violento en el ca¬ 
mión. Ahora a bajar. Una figura humana, dos, cinco... 

María de los Angeles Corbo, “Marisa”, joven militante estudiantil de 26 años, casada 
con Daniel Brum, estaba embarazada. Fue acribillada a balazos el 20 de diciembre de 1974. 
Su familia la encontró tirada detrás del Cementerio de Soca, semidesnuda, tapada con diarios. 
El tiro de gracia se lo dieron en la boca. ¿Cuántas letras más habrá que escribir! ¿Cuántas ho¬ 
jas más habrá que leer? ¿Cuándo se notará un avance? ¿Cuándo podrá parir la justicia? 

Fusilados de Soca 

María de los Ángeles Corbo 
Héctor Daniel Brum 
Graciela Estefanell 
Mirtha Hernández 
Floreal García 



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MEMORIA E IMPUNIDAD 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


Verdad y justicia, derechos transnacionales: Juicios 
del Plan Cóndor en Italia 


Tamara Samudio 1 


El año 2015 se inició con un nuevo capítulo en la ya longeva e incansable lucha por 
verdad y justicia. Luego de más de 15 años de investigaciones e indagatorias en Italia por 
parte del fiscal Giancarlo Capaldo, finalmente se dio lugar al juicio del llamado “Processo 
Cóndor”, una megacausa por la cual se denuncian los casos de desaparición y homicidio de 
23 ciudadanos italianos de varios países de Latinoamérica. 

Las denuncias se encuentran comprendidas bajo el denominado Plan Cóndor, una 
política transnacional sistemática de persecución, desaparición y asesinato político acorda¬ 
do entre las dictaduras militares de Argentina, Chile, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, 
que se desarrolló entre los años ’70 y ’80, con la autoría y participación activa de Estados 
Unidos. Bajo dicha operación, se estiman en decenas de miles las personas perseguidas, 
torturadas, desaparecidas y asesinadas. 

El inicio del proceso penal 2 , y la posibilidad de llegar a un fallo de culpabilidad don¬ 
de sean procesados y penados quienes se encuentran imputados, genera la expectativa de 
poder hacer justicia en casos de crímenes de lesa humanidad que no han tenido respuesta 
por parte de la justicia uruguaya, así como avalar y legitimar aquellos casos que han sido 
72 juzgados en territorio nacional. A su vez, podría generar el antecedente de que se expidiera 
una sentencia judicial sobre éstas violaciones a los derechos humanos en un país ajeno a los 
procesos de dictadura cívico-militar acaecidos en Latinoamérica, reafirmando la existencia 
de una práctica sistemática de terrorismo ejercida desde Estado contra su población. 


Contexto 

Entre los años 1999 y 2000 familiares de ítalo-uruguayos, ítalo-argentinos e ítalo-chi¬ 
lenos desaparecidos y asesinados bajo los regímenes de dictaduras cívico-militares presen¬ 
taron denuncias en Italia, a fin de que dicho país iniciara los procesos penales pertinentes, 
ante la imposibilidad de que tales delitos fueran juzgados en sus países de origen. 

La existencia en aquél momento de normativas que impedían el juzgamiento de los 
crímenes cometidos durante el período de dictadura militar, tales como las leyes de Punto 
Final y Obediencia Debida en Argentina (23.492 y 23.521 respectivamente), de Cadu- 


1 Integrante del Equipo de Seguridad Democrática y Derechos Humanos, Serpaj Uruguay. 

2 Procesos 2/15, 3/15 y 4/15 del R.G.N.R 31079/05 de la Tercera Corte Di Assise de Roma, Italia. 



cidad de la Pretensión Punitiva del Estado en Uruguay (15.848) y de Amnistía en Chile 
(2.191), obligó a los familiares a traspasar fronteras nacionales y regionales, para presentar 
denuncias a nivel internacional. La tenencia de la ciudadanía italiana por parte de trece ciu¬ 
dadanos uruguayos, seis argentinos y cuatro chilenos desaparecidos y asesinados, habilitó 
que sus familiares pudieran presentar las denuncias penales en dicho país. 

La justicia italiana inicia la causa asignando al fiscal Giancarlo Capaldo al frente de la 
investigación 3 , quien durante más de 15 años, condujo la búsqueda de información, testi¬ 
gos y pruebas que avalaran la imputación y el inicio del proceso judicial y penal que corres¬ 
pondiere. 

El juez de las audiencias preliminares 4 , Alessandro Arturi, determina a fines de 2014 el 
inicio del proceso oral y público, que se extendería por más de un año, identificando como 
imputados en la causa a 33 militares y varios funcionarios de Uruguay, Chile, Perú y Boli- 
via. Lijó para el 12 de febrero de 2015 la primera audiencia, que ha tenido como locación la 
sala máxima de seguridad de la cárcel Rebibbia, ubicada en las afueras de Roma. El proceso 
se encuentra a cargo del Juzgado de la Tercer Corte Penal Romana, y se establece como 
Jueza responsable a Evelina Canale, junto con su colega Paola Colella. 


Partes 

El “Processo Condor” lleva a juicio a los posibles responsables de 23 víctimas de 
desaparición forzosa y homicidio que poseen ciudadanía italiana: cinco argentinos (Luis 
Stamponi, Alejandro Logoluso, Dora Marta Landi, Lorenzo Viñas y Eloracio Campiglia), 
cuatro chilenos (Juan Bosco Maino, Juan José Montiglio, Jaime Donato y Ornar Ventu- 
relli) y trece uruguayos (Daniel Banfi, Andrés Bellizi, Héctor Giordano, Gerardo Gatti, 
Armando Amone, Edmundo Dossetti, Ileana Sara García, Yolanda Casco, Julio D’Elía, 
Raúl Borrelli, Raúl Gámbaro, María Emilia Islas y Juan Pablo Recagno). 


3 Los procesos penales en Italia son acusatorios por lo cual, ante una denuncia, se diligencian las investigacio¬ 
nes preliminares a la Fiscalía, que luego de las indagaciones correspondientes puede definir impulsar una acción 
penal. En caso de que la decisión de la Fiscalía sea la de iniciar el juicio (pudiendo en caso contrario archivar la 
denuncia), se establece una primera Audiencia Preliminar, donde el juez define si efectivamente se dará lugar al 
proceso. 

4 Llevadas a cabo en las siguientes fechas: 10 de julio de 2006; 31 de enero, 16 de julio, 11 de octubre y 22 de 
noviembre de 2013; 28 de enero, 26 de mayo, 16 de junio, 7 de julio, 29 y 30 de setiembre, 6 y 13 de octubre y 
19 de diciembre de 2014. 


73 


MEMORIA E IMPUNIDAD 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


Por otra parte, la existencia de un proceso penal iniciado específicamente contra el ex 
Jefe de Inteligencia de Fusileros Navales (fflfflKI), Néstor Tróccoli por parte de la fiscalía ita¬ 
liana, involucra el secuestro y desaparición en Argentina de veinte ciudadanos uruguayos 5 . 

Tróccoli es el único de los imputados con ciudadanía italiana (obtenida en 2002) que 
se encuentra radicado en ese país. Es menester recordar que a finales de 2007, a partir de una 
causa penal iniciada en Uruguay por delitos de desaparición forzada -bajo la cual fueron 
procesados con prisión Gregorio Álvarez y el ex marino Juan Carlos Lacebeau 6 -, se solicitó 
por parte del juez penal de 19° turno, Luis Charles, la extradición del ex capitán de navio 
(quien ya residía en Italia), estableciéndose su detención preventiva. El vencimiento del 
plazo estipulado para la tramitación de la solicitud de extradición por parte de la Embajada 
uruguaya en Italia y la ausencia del cumplimiento de las formalidades, deja a Tróccoli en 
libertad 7 . Esta negligencia causó profunda indignación en la sociedad uruguaya, particular¬ 
mente en las organizaciones de derechos humanos, ya que evidenciaba la falta de voluntad 
política por parte del Estado de llevar adelante éstos procesos. 

Las investigaciones encabezadas por el fiscal Capaldo lo habilitan a determinar la so¬ 
licitud de detención de 140 imputados (entre militares y civiles). El fallecimiento de varios 
de los indagados, así como las dificultades burocráticas para formalizar la imputación, ha¬ 
cen que el juez Alessandro Arturri lleve a juicio solamente a 33 de ellos. Solamente uno es 
civil (Juan Carlos Blanco), en tanto los restantes formaron parte de instituciones policiales 
o militares de sus respectivos países. 


74 


5 Las víctimas son Alberto Corchs Laviña, Elena Paulina Lerena Costa, Alfredo Fernando Bosco Muñoz, 
Guillermo Manuel Sobrino Berardi, Gustavo Alejandro Goycochea Camacho, Graciela Noemí Basualdo No¬ 
guera, María Antonia Castro Huerga, José Mario Martínez Suárez, Aída Celia Sanz Fernández, Elsa Haydee 
Fernández Lanzani, Atalivas Castillo Lima, Miguel Ángel Río Casas, Eduardo Gallo Castro, Gustavo Raúl 
Arce Viera, Juvelino Andrés Carneiro Da Fontoura, Carolina Barrientos Sagastibelza, Carlos Federico Cabe¬ 
zudo Pérez, María Asunción Artigas Nilo, Alfredo Moyano Santander y Célica Elida Gómez Rosano. 

6 Ver http://www.espectador.com/ sociedad/111443/comunicado-de-la-suprema-corte-tras-el-procesa- 

miento-de-gregorio-alvarez 

7 Dicha solicitud de extradición debía presentarse hasta el 27 de marzo de 2008, en base al artículo 7 del 
acuerdo binacional firmado en 1897, que establecía un máximo de tres meses para la presentación del pedido 
por parte del Estado. Debido a demoras en la tramitación de la misma por parte del Estado uruguayo (en parti¬ 
cular la Suprema Corte de Justicia, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Embajada de Uruguay en Italia), el 
expediente fue entregado cuatro días después del vencimiento del plazo legal, por lo cual el ex capitán de navio 
Néstor Tróccoli fue liberado por parte de la justicia italiana (Tribunal de Apelaciones de Salerno). Como con¬ 
secuencia, el entonces embajador en Italia Carlos Abín fue separado del cargo. Ver en Brecha (2/2/2008), Pág. 
10: “Vergüenza Nacional. Tróccoli en libertad. Torre de Papel”y http://espanol.upi.com/Politica/2008/06/12/ 
Cesan-embaj ador-uruguayo-en-Italia/40031213281869/. 



Respecto a las nacionalidades, el total de imputados se compone de dos bolivianos, 
once chilenos, cuatro peruanos 8 , y los uruguayos Gregorio Álvarez, José Ricardo Arab 
Fernández, Juan Carlos Blanco, Ricardo Eliseo Chávez Domínguez, José Horacio “Niño” 
Gavazzo, Juan Carlos Larcebeau, Pedro Antonio Mato Narbondo, Luis Alfredo Maurente 
Mata, Ricardo José Medina Blanco, Iván Paulos, Ernesto Avelino Ramas Pereira, José San- 
de Lima, Jorge Alberto Silveira, Ernesto Soca, Jorge Néstor Tróccoli y Gilberto Vázquez 
Bissio. De esta nómina, doce uruguayos cumplen penas por causas penales juzgadas en 
nuestro país 9 ; dos de ellos se encuentran prófugos (Tróccoli y Mato Narbondo), y uno de 
ellos falleció en este año (Iván Paulos 10 ). Durante el presente año se sucede el fallecimiento 
del chileno Contreras Sepúlveda 11 . 

La totalidad de los acusados -excepto Tróccoli-, ante la petición de comparecer en el 
juicio que se desarrolla en la nación Europea, se negó a asistir o presenciar las audiencias, 
tanto personalmente como por video conferencia (opción que le fuera ofrecida por parte 
de la justicia italiana). Asimismo, declinaron la posibilidad de contar con un abogado par¬ 
ticular, siéndoles asignados abogados de oficio. Por su parte, Tróccoli eligió como represen¬ 
tante legal en primera instancia a Alfonso Domingo Scarano 12 , y luego a Francesco Saverio 
Guzzo. 


Querellantes 

El proceso presenta para el Estado italiano un antecedente único en las causas pena¬ 
les desarrolladas bajo su jurisdicción; por primera vez se aceptó que un partido político 
extranjero -el Frente Amplio- participara como querellante 13 . Durante las audiencias pre¬ 
liminares, además de la coalición que hoy forma parte del gobierno, solicitaron diversas 
organizaciones e instituciones poder integrar el proceso como parte acusatoria, las cuales 
fueron incluidas en las causas correspondientes; el italiano Partido Demócrata (de centro- 
izquierda), el Estado uruguayo, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos 
de Chile, la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Mártires por la Libe¬ 
ración Nacional y Social (Asofamd) de Bolivia, la Confederación Italiana de Sindicatos de 


8 Bolivianos: Luis García Meza Tejada y Luis Arce Gómez. Chilenos: Daniel Aguirre Mora, Sergio Víctor 
Arellano Stark, Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda (recientemente fallecido), Pedro Octavio Espi- 
noza Bravo, Carlos Luco Astroza, Marcelo Luis Manuel Moren Brito, Orlando Moreno Vázquez, Luis Joaquín 
Ramírez Pineda, Hernán Jerónimo Ramírez Ramírez, Rafael Ahumada Valderrama y Manuel Abraham Váz¬ 
quez Chauan. Peruanos: Martín Martínez Garay, Francisco Morales-Bermúdez Cerruti, Pedro Ritcher Praday 
Germán Ruiz Figueroa. 

9 Ver en http://www.observatorioluzibarburu.org/causas/. 

10 http://www.montevideo.com.uy/auc.aspxi267733. 

11 http://www.elmundo.es/internacional/2015/08/08/55c5734022601d757b8b456d.html y 

12 http://www.laprensa. com.uy/index.php?option=com_content&view=article&id=60837:2014-09-18- 
18-10-33. 

13 http://memoria.telam.com.ar/noticia/plan-condor-el-frente-amplio-tambien-sera-querellante_n3204. 


75 


MEMORIA E IMPUNIDAD 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


Trabajadores (Cisl en italiano), Unión Italiana del Trabajo (Uil), la Confederación Gene¬ 
ral Italiana de Trabajadores (Cgil), y las regiones italianas de Emilia-Romagna, Calabria, y 
Roma Capital 14 . A su vez, la justicia italiana permitió que se presentaran como querellantes 
todos los familiares de las víctimas del proceso, tanto ciudadanos italianos como uruguayos 
(en la causa que se lleva adelante contra Tróccoli). 

La incorporación del Frente Amplio como querellante de la causa generó gran satis¬ 
facción en filas del partido, donde dirigentes manifestaron en su momento que la decisión 
implicaba un reconocimiento a “la lucha que se ha desarrollado desde el Frente Amplio en 
la lucha por la justicia” ls . A su vez, el entonces vicepresidente del partido de gobierno, Juan 
Castillo, consideraba “paradójico” los avances que en materia de justicia acontecían en tie¬ 
rras italianas, mientras que en nuestro país no se había podido avanzar “todo lo que hubié¬ 
semos querido” 16 . 

En lo que al Estado uruguayo respecta, se designó al abogado Fabio María Galiani, 
quien aseveraba en una entrevista en La Diaria, que la participación de éste en la causa 
pretendía acompañar a las víctimas y tener “una posición clara de distancia yfirme condena”. 
Asimismo, sostenía que “La iniciativa del Estado uruguayo es necesaria para aclarar ante la 
historia y elpropio pueblo que el Estado y el pueblofueron los perjudicados y no los responsables 
de aquellas atrocidades” 1 ' 


El largo camino hacia la justicia 

El proceso de juicio oral y público tuvo su primer audiencia el 12 de febrero de 2015. 

76 Tanto la referida, como la siguiente audiencia del 12 de marzo, tuvieron como cometido 
constituir y presentar a quienes conforman las partes del juicio, así como entregar la docu¬ 
mentación que será incorporada como prueba para el desarrollo del proceso 18 . 

Asimismo, se dictaminó el calendario de audiencias que regirían para 2015, estando la 
última pautada para fines de febrero de 2016. Se establecieron 32 instancias para los restan¬ 
tes meses del año (excepto en el mes agosto por la feria judicial en Italia). 


14 Para ver abogados y causas en las que querella cada organización: http://www.24marzo.it/index. 
php ?module=pagemaster&PAGE_user_op=view_page&PAGE_id=483&MMN_position= 184:184. 

15 Rafael Michelini en “Plan Cóndor: El Frente Amplio también será querellante en el juicio abierto en 
Roma, http://memona.telam.com.ar/noticia/plan-condor-el-frente-amplio-tambien-sera-querellante_ 
n3204. 

16 En “Plan Cóndor: El Frente Amplio también será querellante en eljuicio abierto en Roma”. http://memoria. 
telam.com. ar/noticia/plan-condor—el-frente-amplio-tambien-sera-querellante_n3204. 

17 En La Diaria (24-10-2013): http://ladiaria.com.uy/articulo/2013/10/piano-se-va-lontano/. 

18 La página 24marzo.it ha recabado y colocado en su página web todas las actas de las audiencias realizadas 
hasta la fecha, así como información sobre las víctimas e imputados del proceso. Ir a: http:// www.24marzo.it/ in- 
dex.php?module=pagemaster&PAGE_user_op=view_page&PAGE_id=553&MMN_position=87%3A87 
donde se encuentran las actas de las audiencias realizadas hasta la fecha. 



El proceso lleva hasta el día de la fecha 23 audiencias orales realizadas 19 , con un total 
de 74 personas que han declarado. De éstos, 26 testigos y querellantes prestaron declara¬ 
ción por las víctimas ítalo-chilenas 20 , 33 lo hicieron en los casos de desaparición forzosa y 
homicidio de ciudadanos ítalo-uruguayos 21 , y 15 por ciudadanos ítalo-argentinos 22 . Los 
costos tanto del traslado como alojamiento de las más de cien personas que han dado y 
darán testimonio son cubiertos por la justicia italiana. 

Varios de los testigos que otrora fueran incorporados para declarar se vieron imposibi¬ 
litados de asistir a las audiencias, habiendo inclusive casos de fallecimiento. 

Si bien la incorporación del Estado uruguayo y la fuerza política de gobierno como 
querellantes en la causa implica la asunción de un compromiso y soporte al proceso que 
se lleva adelante en la nación europea (en contrapartida a lo que ocurre a nivel nacional, 
con una esquiva y aún insuficiente política en materia de derechos humanos, y particular 
compromiso de avanzar en el descubrimiento de la verdad acontecida, y el juzgamiento 
de todos los crímenes cometidos), se advierten algunas falencias y desorganizaciones en el 
efectivo apoyo de dichas instituciones. Existe por parte de los familiares falta de contacto 
con los abogados que representan al Estado uruguayo en la causa, no habiendo instancias 
de diálogo previas a las audiencias pautadas, así como falta de conocimiento e información 
de parte de las autoridades respecto al proceso 23 . 

Aunque aún restan instancias para poder finalizar el juicio, y se han registrado falen¬ 
cias en el proceso, parecería que aquel largo y desesperado camino iniciado a finales de los 
noventa por familiares de las víctimas de crímenes de lesa humanidad, estaría transitando 
la recta final. El final de un principio que nunca se debería haber transitado; poder acceder 
al derecho inalienable que todo ciudadano tiene, y que en su tierra les fuera negado: verdad 
y justicia. 


19 Al 30 de octubre de 2015. 

20 Por Juan José Montiglio, Omar Venturrelli, Jaime Donato yjuan Maino. Estas audiencias se llevaron a cabo 
los días 10, 15 y 16 de abril, 7, 8, 14, 15, 28 y 29 de mayo. 

21 Por Daniel Banfi, Bernardo Amone, Gerardo Gatti, Juan Pablo Recagno, María Emilia Islas, Andrés Bellizi 
y víctimas del proceso penal contra Tróccoli (4/15). Audiencias de los días 10 de abril, 4, 5,11 y 12 de junio, 10 
de julio, 24 y 25 de setiembre, y 2, 20 y 21 de octubre. 

22 Por Marta Landi, Alejandro Logoluso, Luis Stamponi, los días 2,3 y 9 de julio, y 24 de setiembre. 

23 Ver Caras y Caretas (6-6-2015): Primer juicio europeo al Plan Cóndor. 


77 


MEMORIA E IMPUNIDAD 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


Alivio de luto 


78 


AnaM. Aguerre 1 


“Entonces por primera vez nos damos cuenta de que nuestra lengua 
no tiene palabras para expresar esta ofensa, la destrucción de un hombre. 

En un instante, con intuición casiprofética, 
se nos ha revehido la realidad: hemos llegado al fondo. 
Más bajo no puede llegarse: una condición humana 
más miserable no existe, y no puede imaginarse. 
No tenemos nada nuestro: nos han quitado las ropas, los zapatos, 
hasta los cabellos; si hablamos no nos escucharán 
y si nos escuchasen no nos entenderían. 
Nos quitarán hasta el nombre: y si queremos conservar lo deberemos encontrar 

en nosotros 

la fuerza de obrar de tal manera que, detrás del nombre, algo nuestro, 
algo de lo que hemos sido, permanezca”. 

Primo Levi (“Aniquilar el yo”) 


Indiscutiblemente hubo otra emoción 

Este 3 de setiembre en la Plaza Independencia, Piero, Aldo y Dinojunto al resto de la 
familia Perrini, amigas/os y compañeras/os, la comunidad carmelitana toda, indiscutible¬ 
mente vivieron, la habitual conmemoración para Chiquito, con una emoción diferente. 

La denuncia la presentó Piero, el menor de los tres hermanos. Tenía año y medio cuan¬ 
do, bajo la orden de no descubrir el cuerpo, velaron y enterraron a Aldo “Chiquito” Perrini, 
su papá. Un hombre recto, sencillo y trabajador. Era heladero. 

Piero, de niño, reprodujo el relato de una muerte natural hasta que a los 11 años su 
mamá le dice que fue lo que ocurrió. Mientras crecía atravesó la duda, la pena, el enojo, la 
rabia, el ocultamiento; ese dolor profundo y la rebeldía, responsabilizando a su papá por no 
haberse cuidado sabiendo que tenía tres hijos pequeños. 

Las certezas que tenía eran solamente dos: que falleció a causa de la tortura y que eso 
ocurrió en el Batallón N° 4 de Colonia. 

Nace su hijo cuando tenía 34 años (la misma edad que su papá cuando se lo llevaron), 
y con él nace también la necesidad de saber la verdad. 


Miembro del Servicio Paz y Justicia - SERPAJ Uruguay. Integrante del Área de Memoria e Impunidad. 



Durante dos largos años hurgó (con angustia, dificultad, muchísimas dudas y el in¬ 
condicional apoyo de su mujer), procurando encontrar la punta del hilo que lo condujo a 
aquellas personas que configurarían después, las piezas esenciales de ese mosaico fracturado 
que era imprescindible componer para poder seguir. 

Sabía sus nombres y sus teléfonos pero no quiénes eran. Temía porque no sabía cómo 
lo iban a recibir. Sabía en cambio, que eran compañeras y compañeros que habían sido 
detenidos en el mismo momento y que estuvieron con él, hasta que lo mataron. Habló con 
todos y hubo algo, que casi religiosamente, cada una de esas personas le hizo saber: “toda la 
vida esperaron que un hijo de Chiquito los llamara”} 

Sus testimonios le confirmaron lo que hubiera querido que no fuera, y más aún. Todo 
lo que le habían hecho a su papá y a quienes con él estaban: las capuchas, los plantones, 
las patadas, los golpes en los oídos, las violaciones, la degradación, la picana, más golpes, 
la agonía desesperante y en medio de la tortura, el reclamo alucinado, de que lo dejaran 
regresar a Ombúes a repartir helados... Nuevamente, el submarino en el tacho, las bolsas de 
agua, el magneto... 

Ahora tenía muchas certezas: su padre había votado al Frente Amplio en 1971, no 
era un militante político, jamás pisó un comité de base, ni siquiera integró un sindicato, 
lo torturaron hasta matarlo porque, pretendiendo intervenir para defender a jóvenes de 
menos de 20 años a quienes estaban violando, insultó a los militares. Esa actitud hizo que 
se ensañaran con él especialmente. 

Tras cinco años de indagatoria judicial, el pasado 2 de setiembre se dio a conocer la 
resolución judicial que dictó el procesamiento 2 3 y prisión de Gral. (r) Pedro Barneix y Tte. 
(r) José Puigvert bajo la imputación primafacie de un delito de homicidio político, en cali¬ 
dad de autores. De esta causa surge también la imputación de Washington Perdomo y José 
Baudean (fallecidos en 2012). 

En el juzgamiento de los casos de terrorismo de Estado, éste es uno de los pocos en el 
que existe plena y absoluta prueba de la participación de los indagados. El Supremo Tri¬ 
bunal Militar inicia en 1974, una investigación sobre las circunstancias de la muerte de 
Perrini, cuya copia se incorpora al expediente, donde se encuentran las firmas de quienes 
estuvieron en el interrogatorio 4 . En absoluta coincidencia, todos los soldados de la guardia 
de los detenidos negaron que estos fueran sometidos a apremios físicos, admitiendo úni¬ 
camente un trato “riguroso” o “severo” cuando los detenidos registraban inconductas: no 


2 Entrevista realizada por María Inés Obaldía a Piero y Dino Perrini. “La Mañana en Casa”, Canal 10,http:// 
www.canallO.com.uy/la-manana-en-casa/video/mano-a-mano-con-piero-y-dino-perrini, minuto 7,25. 

3 Auto de procesamiento de la causa: 2-53193/2010, PERRINI Aldo, su muerte. Procesamiento y pri¬ 
sión de Pedro Barneix y José Puigvert bajo imputación prima facie de un delito de homicidio político 
en calidad de autores. Pág. 21. http://www.observatorioluzibarburu.org/media/uploads/Perrini_auto_ 
procesamiento_2setiembre201 5.pdf 

4 Idem, pág. 27. 


79 


MEMORIA E IMPUNIDAD 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


cumplían las órdenes, proferían insultos a la guardia, la agredían, se movían, pretendían 
cambiarse de lugar o comunicarse entre ellos. 

En el mencionado auto de procesamiento, la Dra. Larrieu detalla modalidades de 
tortura que vivieron en esa ocasión los hombres y, explícitamente, relata que “las mujeres 
eran reiteradamente sometidas a tratos degradantes por el personal del batallón, tales como 
obligarlas a permanecer de pie, desnudas, manosearlas, tocarles las zonas genitales, apretarles 
los pezones, llegando incluso a la violación*’. Todas las mujeres que declararon en esta causa 
fueron violadas. 

El dictamen oficial elaborado por la Facultad de Medicina, que analiza los documentos 
de la época y la autopsia de entonces concluye, sin margen para la duda, que fue golpeado 
hasta morir 5 6 (configurando esa modalidad como categoría científica). Estos dos elementos 
-el expediente militar y la opinión de los académicos- concuerdan y se fortalecen con lo 
expresado por todos y cada uno de los testigos. 


El testimonio, la completud... 

El final de la dictadura cívico militar y el proceso de redemocratización ilusionaban 
con el restablecimiento pleno de las garantías a los derechos individuales. Pero no estaría¬ 
mos ni cerca de conformar un país que integrara su historia reciente con los componentes 
imprescindibles para recomponer sólidamente, un colectivo agredido de forma tan vio¬ 
lenta y con un tejido social fracturado. Para esa reconstrucción se necesitaba la verdadera 
historia, no “la historia oficial”, y para que eso se consolidara era necesario que salieran a la 
80 luz los hechos ocurridos. 

Uno de los productos editoriales más emblemáticos de nuestro servicio ha sido el 
“Uruguay Nunca Más” 7 , que, además de ser un informe cuidadoso acerca de los aconteci¬ 
mientos sociales ocurridos desde 1966 a 1972 con un contexto histórico, político, econó¬ 
mico, ideológico y cultural, compila más de 300 testimonios de familiares de asesinadas y 
asesinados políticos y de desaparecidas y desaparecidos (niñas, niños y adultos), de libera¬ 
das/os y de tantas y tantos compatriotas que regresaban del exilio. 

Conozco personalmente a varios de las/os compañeras/os que participaron recaban¬ 
do los testimonios, registrando cuidadosamente cada declaración y me consta que jamás 
olvidarán esa experiencia. Si bien eran actores sociales que sabían a cabalidad acerca de lo 
ocurrido en nuestro país y en la región, tomar conocimiento en forma directa de lo padeci¬ 
do por quienes lo narraban, les permitió dimensionar que aquello era la punta del iceberg. 

5 Idem, pág. 20. 

6 Entrevista realizada por Humberto de Vargas y Danilo Tegaldo al Dr. Oscar López Goldaracena. “Arriba 
Gente”, Canal 10, http: //www.canal 10.com.uy/arriba-gente/2015/entrevista-con-el-abogado-de-la-familia- 
perrini, minuto 4, 23. 

7 “Urguay Nunca Más” Informe sobre la violación a los Derechos Humanos (1972-1985)”. SERPAJ, 1989. 



Los testigos evocaron hechos, detalles, lugares de prisión, cautiverio y tortura, para 
recomponer, con la mayor precisión posible, lo ocurrido. Fue extremadamente removedor 
pero también experimentaron el aspecto sanador que otorga a la persona el poder denun¬ 
ciar la ignominia s , y el saberse comprometidos en poder construir esa otra parte de la his¬ 
toria que enrabaría los últimos momentos de aquellos compañeras/osa quienes mataron y 
a muchos de ellos, luego desaparecieron. 

Beatriz Sarlo -una de las ensayistas contemporáneas más lúcidas de la Argentina- sos¬ 
tiene: “Las dictaduras representaron, en el sentido más fuerte, un quiebre epocal (como la gran 
guerra); sin embargo, las transiciones democráticas no enmudecieron por la enormidad de esa 
ruptura. Por el contrario, en cuanto despuntaron las condiciones de la transición, los discursos 
comenzaron a circular y demostraron ser indispensables para la restauración de una esfera 
pública de derechos. La memoria es un bien común, un deber (como se dijo en el caso europeo) 
y una necesidadjurídica, moral y política”. 8 9 

Es imprescindible escuchar a las víctimas, necesitamos incorporar el relato de las 
personas que sobrevivieron al horror para obtener esa dimensión íntegra, humanamente 
desgarradora, que contrarreste la aséptica e incompleta historia que pretendían imponer 
los responsables de lo que fue, indiscutidamente, el período más oscuro de nuestra histo¬ 
ria. Pero también es imperioso distinguir, frente a quienes dicen que esas cosas ocurrieron 
“hace mucho”, que el tiempo cronológico no es el mismo que el tiempo emocional que 
necesita la persona para socializar lo padecido. 

“El recuerdo insiste porque, en un punto es soberano e incontrolable (en todos los sentidos 
de esa palabra). Elpasado para decirlo de algún modo, se hace presente. Y el recuerdo necesita 
del presente porque, (...) el tiempo propio del recuerdo es el presente: es decir, el único tiempo 
apropiado para recordar y, también, el tiempo del cual el recuerdo se apodera, haciéndolo pro¬ 
pio. (...) Del pasado puede no hablarse. Una familia, un Estado, un gobierno pueden sostener 
la prohibición; pero sólo de modo aproximativo o figurado se lo elimina, excepto que se elimi¬ 
nen todos los sujetos que van llevándolo (ese fue el enloquecido final que ni siquiera logró la 
matanza nazi de losjudíos). En condiciones subjetivas y políticas “normales”, el pasado siempre 
llega al presente”. 10 

Durante los últimos años, hemos constatado (más sensiblemente), que cuando surgen 
noticias vinculadas a las y los desaparecidas/os o a las/os asesinados políticos, cuando se ven 
a los familiares marchar con las fotos de sus seres queridos o ante la presencia de hallazgos 
de restos óseos, aun cuando no se comulgue con aspectos de análisis político, se percibe una 
actitud de respeto más generalizada. Al menos un silencio respetuoso. Es reconfortante po- 


8 Ampliamente abordado por la Psic. María Celia Robaina en su artículo “Huellas actuales de la tortura y la 
prisión política” que integra esta publicación. 

9 Sarlo, Baeatriz, “Tiempo Pasado, Cultura de la memoria y giro subjetivo” (2005), Siglo Veintiuno Editores, 
pág. 62. 

10 Idem, pág. 10. 


81 


MEMORIA E IMPUNIDAD 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


der palpar ese consenso por parte de aquellos que otrora se mostraban absolutamente des¬ 
interesados por esta causa y hoy incluso comparten, el reclamo de que les digan la verdad. 

Ese proceso de aceptación por parte del colectivo social ha sido más lento para el so¬ 
breviviente. Ellas y ellos sufrieron la misma intensidad del horror, sus cuerpos traen la me¬ 
moria de la tortura y el vejamen y algunos, durante un tiempo más prolongado. Enfrentaron 
también las dificultades de volverse a integrar a aquella sociedad que no quería saber mucho 
de lo ocurrido y que gran parte de ella ostentaba un negacionismo excluyente. Aprendimos 
junto a ellas/os cuánto cuesta y cuánto tiempo transcurre entre las primeras verbalizaciones 
y la socialización en el sentido más amplio. Y un poco más lejos debe transitar para llegar 
a la denuncia. 

Es que la presencia del preso político y la presa política trae consigo la comprobación 
del horror y es quien puede dar testimonio de los excesos y las brutalidades que se cometie¬ 
ron, por parte del Estado, en el ejercicio del terrorismo. 

De la misma forma que en años pasados rendimos homenaje a la memoria de nues¬ 
tros desaparecidas/os, a nuestras/os asesinadas/os políticos, a cada uno de sus familiares y 
amigas/os, lo hacemos hoy con cada compañera y compañero sobreviviente, sea donde sea 
que estén... 

Nuestro reconocimiento especial al colectivo de CIXKEEIIE] que celebra 15 años de exis¬ 
tencia. 

Revivir el espanto para denunciarlo públicamente, lo interpreto como un acto de fide¬ 
lidad inmensurable. Como lo hicieron por ejemplo, quienes estuvieron junto a Chiquito 
82 Perrini, dispuestas y dispuestos a revivirlo si un hijo suyo los llamaba. Creo que en este 
caso concreto, por suerte y por añadidura hubo una devolución justa y la más íntegra de las 
preparaciones: acudieron como testigos pero pudieron denunciar, ante una magistrada, su 
propio infierno. 



Agravios sin venia 


Colectivo de SERPAJ Uruguay 


El 10 de diciembre de 2014, en ocasión de la presentación del Informe que antecede 
a éste, cuestionamos la decisión del presidente Tabaré Vázquez de mantener al frente del 
Ministerio de Defensa al Sr. Eleuterio Fernández Huidobro. Entendíamos que las respues¬ 
tas que provenían por parte de esta cartera frente a las solicitudes que llegaban de las sedes 
judiciales no estaban en sintonía con el esperado proceso de esclarecimiento de las graves 
violaciones a los derechos humanos acaecidas durante el terrorismo de Estado. 

Aunque resulte muy obvio para algunos, recordemos que el origen de Serpaj se remon¬ 
ta a abril de 1981, durante la dictadura cívico militar (1973 a 1985). El espíritu fundacional 
del servicio se puede definir como un profundísimo compromiso a la causa de los derechos 
humanos, enmarcado en un contexto de violencia y represión que atravesaba nuestro país, 
donde “desarrolló una activa campaña contra el régimen militar, brindó su apoyo a familiares 
de desaparecidos, reclamó el retorno a la democracia, la liberación de los presos políticos, el 
regreso de los exiliados y el respeto a las libertades individuales” 1 . 

El presente informe inicia con una mirada a 30 años de la recuperación de la demo¬ 
cracia 2 , con una clarísima exposición y análisis de cuáles fueron las líneas de acción que 
asumieron las primeras administraciones respecto de los hechos ocurridos durante la dicta¬ 
dura. Como expresaran Jo-Marie Burt, Gabriela Fried y Francesca Lessa: “Lafórmula «ni 
verdad ni justicia» adoptada por el gobierno de transición uruguayo, persistió como política 
de Estado durante 15 años. Hasta el establecimiento de la Comisión para la Paz en agosto de 
2000, no hubo ninguna investigación oficial sobre las graves violaciones de los derechos hu¬ 
manos; de hecho, no hubo ningún reconocimiento por parte del Estado uruguayo de que esos 
crímenes habían sido cometidos” 3 . 

Tanto la búsqueda de verdad y justicia como la construcción de la memoria en nues¬ 
tro país (salvo algunas variantes, fue bastante similar a lo largo y ancho del Cono Sur), ha 
sido encabezada y sostenida por la sociedad civil, especialmente por las organizaciones de 
derechos humanos (en especial de ex presas y presos políticos, familiares de desaparecidas 


1 En la web institucional se encuentra entre otras informaciones, la Carta de Identidad: http://www.serpaj. 
org.uy/serpaj/index.php/carta-de-identidad así como una brevísima reseña histórica http://www.serpaj.org. 
uy / serpaj/index.php/resena-historica. 

2 Ver artículo de Gerardo Caetano, “30 años de democracia: de la transición democrática a los gobiernos de 
la izquierda (1985-2015), en este mismo informe. 

3 Jo-MarieBurt, Gabriela Fried Amilivia y Francesca Fessa: “La sociedad civil y el resurgir de la lucha contra 
la impunidad en el Uruguay (1986-2012); En: Int. J. Justicia Transicional Yol. 7, Número 2, pág. 8. 


83 


MEMORIA E IMPUNIDAD 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


y desaparecidos, activistas, estudiantes y gremialistas), por las/os abogadas/os de las causas 
de terrorismo de Estado y en ocasiones menos frecuentes, por magistradas/os y fiscales. 

En lo que a nosotros respecta, son 34 años de acompañar, denunciar, difundir, exigir, 
visibilizar y respaldar todas y cada una de las acciones que permitan conocer la verdad y 
juzgar a los responsables de los delitos de lesa humanidad. Monitorear el cumplimiento 
de las obligaciones del Estado por parte de la sociedad civil hace a la fortaleza del sistema 
democrático, que se consolida si se construye sobre la Verdad y la Justicia. Establecer ese 
horizonte ético en el imaginario del colectivo respecto de los derechos de todas/os y cada 
uno, nos hace coherentes. 

En los últimos doce años se produjo el mayor Klujo de causas judiciales relativas al 
pasado reciente. En muchas de éstas fuimos denunciantes, en otras colaboramos con la bús¬ 
queda de materiales, ampliando y sistematizando información, ubicando a testigos, acom¬ 
pañando a quienes deben declarar y se enfrentan a sus torturadores así como responder a 
los oficios judiciales que llegan desde las sedes penales. 

Estamos legitimados para considerar que la información que proviene del Ministerio 
de Defensa, es insuficiente y a veces nula. 

La reacción del ministro no pasó inadvertida por la inmensidad de sus dichos: “Esfalso 
lo que dice esa ong, financiada por las peores fundaciones imperiales. ¡Falso! No tengo infor¬ 
mación. Si Serpaj me autoriza a torturar por un mes yo capaz que le consigo información”. 4 

Muchísimas personas, organizaciones hermanas y amigas, colectivos y redes, agremia¬ 
ciones estudiantiles, obreras y culturales rechazaron el tenor y el contenido de sus expresio- 
84 nes. También lo hicieron desde el propio Frente Amplio (Magnolia e Izquierda Programá- 
tica-Por un Giro a la Izquierda liderados por Constanza Moreira, Partido Socialista, Ver¬ 
tiente Artiguista, Partido Comunista, ULE), e inclusive desde tiendas del Partido Colorado, 
sumada a la declaración de la Institución Nacional de Derechos Elumanos. 

Serpaj América Latina a través de sus Secretariados Nacionales en 12 países de Centro 
y Latinoamérica, la Comisión Internacional de Juristas, Jubileo 2000, Asociación Latinoa¬ 
mericana para los Derechos Humanos (KHEEKI), Uruguayos en Argentina por los Dere¬ 
chos Humanos y Dónde Están Francia se sumaron desde fuera de fronteras. 

En diciembre 22 salió el primer comunicado de prensa en respuesta al aumento de los 
descalificativos y a la gravedad de sus expresiones. Entendemos que la forma hace al fondo 
y no debemos permitir ese nivel de discusión. 

El 29 de diciembre convocamos a una conferencia de prensa junto a Madres y Fami¬ 
liares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos dando a conocer el segundo comunicado 
con 27 organizaciones firmantes y un centenar de adhesiones personales (ambos textos se 
adjuntan al final de éste). 

4 Ver: http://www.elpais.com.uy/informacion/serpaj-autoriza-corturar-informacion-desaparecidos.html. 



Ese mismo día la Presidencia del Frente Amplio (su presidenta Ménica Xavier, Juan 
Castillo, Ivonne Passada, Rafael Michelini y el secretario político del FA, Gerardo Rey) se 
reúne con el ministro Eleuterio Fernández Fluidobro con el propósito de consultarlo acerca 
de cuáles eran los avances que su gestión estaba propiciando, pero también para manifestar¬ 
le la incomodidad acerca del tenor inapropiado que tenían sus declaraciones. Finalizado el 
encuentro, la delegación manifiesta su total conformidad con las explicaciones vertidas. 5 6 

Cuesta armonizar las explicaciones que el ministro ofrece, aceptando que IE tra¬ 
baja “sin mayor prensa, porque la delicadeza de los casos hacen que se trabaje durante mucho 
tiempo confirmando pocas pistas y descartando muchísimas, y lo que se quiere preservar tam¬ 
bién es que esas fuentes puedan seguir dando información b , frente (y simplemente a modo 
ejemplo): 

Fas opiniones vertidas por el ministro frente al auto de procesamiento por parte de 
la Justicia por el homicidio de la militante comunista Nibia Sabalsagaray donde, en una 
Sagrante violación al principio de separación de poderes, afirmó que: Dalmao “se comió un 
garrón”y “está pagando el pato por cuenta de otro” 7 8 . Consideró como “ una abismal inmorali¬ 
dad r que el o los responsables del asesinato dejen al camarada en la cárcel, sin decir nada. 

Fa intervención en forma directa sobre el expediente por el homicidio de Roberto 
Gomensoro HoKIman, cuyo cuerpo fue encontrado en el Fago de Rincón del Bonete, emi¬ 
tiendo una carta pública donde defendía la inocencia de los militares Gómez y Gavazzo, 
manifestando tener información sobre el caso. Fa magistrada en la causa Filián Elhorriburu, 
defendió su fallo y se preguntó: “ por qué el ministro, si tenía información relevante sobre este 
caso, no se presentó a tiempo en eljuzgado para declarar. Ahora resulta que se acordó que sabía 
algo, dos años después de haber procesado a una persona que él dice que es inocente”} 85 

En setiembre de 2012 impidió el ingreso al Batallón 13 a la jueza Mariana Mota junto 
a integrantes de la Policía Técnica, a la fiscal Ana María Tellechea y siete testigos, para rea¬ 
lizar una inspección ocular en el marco de una investigación judicial. 

En diciembre de 2012, ante un pedido de citación de 13 militares pertenecientes a 
la Fuerza Aérea por parte de la sede penal de 7° turno, el ministro responde que no puede 
ubicar a 12 de dichos militares porque “que no sabía si estarían vivos o muertos”. 

El Ministerio informó que de 237 oficios solicitados por el Poder Judicial se 
respondieron 211. Sin embargo, el trabajo del Observatorio Fuz Ibarburu 9 muestra que 
la mayoría de la información brindada se recibió con demora (hasta más de un año), en 

5 La Diaria, 30 de diciembre de 2014. Ver: http://ladiaria.com.uy/articulo/20l4/12/como-si-nada/. Bre¬ 
cha, 2 de enero de 2015. Ver: http://brecha.com.uy/demasiado-verde/. 

6 Idem La Diaria, 30 de diciembre de 2014. 

7 http://www.elobservador.com.uy/militares-reivindican-dalmao-y-piden-la-remocion-la-jueza-n301465 

8 http://www.espectador.com/politica/246534/fernandez-huidobro-fa-me-sorprendieron-las-criticas-de- 
la-jueza-elhorriburu. 

9 Ver: http://www.observatorioluzibarburu.org/. 


MEMORIA E IMPUNIDAD 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


muchos casos se respondió de manera incompleta y en otros directamente se negó la 
información. 10 En la misma línea, se pronunciaron MMXMXI KI y la magistrada Mariana Mota 11 
(quien verificó esta práctica estando al frente de la sede penal). 

Durante el primer mandato del presidente Vázquez jamás hubo referencia alguna por 
parte de quienes ostentaron el rango de ministra o ministros de Defensa frente a los pro¬ 
nunciamientos del Poder Judicial, alineados en responder (cuando eran consultados), que 
se acataría todo dictamen judicial fundamentado en el respeto a la independencia técnica 
y de Poderes. 

Durante su misión en Uruguay, la Comisión Internacional de Juristas 12 manifestó ha¬ 
ber recibido quejas por la falta de apoyo de algunas autoridades, las que por su condición 
deberían colaborar con los elementos y pruebas que los jueces necesitan para actuar contra 
los violadores de derechos humanos. Los testimonios que la organización consultó (prin¬ 
cipalmente fflIE y defensores) mostraron que “lospeores obstáculos se han encontrado en el 
Ministerio de Defensa Nacional”. Continúa diciendo: “ElMinisterio les ha negado -también 
a los jueces letrados que iniciaban investigaciones- las listas de militares que en un momento 
dado revistaron en una unidad militar, los legajos personales de algunos altos oficiales, direc¬ 
ciones de soldados a quienes los abogados patrocinantes de las víctimas querían hacer compa¬ 
recer ante el Juzgado y otras informaciones fundamentales para dar impulso a los procesos”, y 
sostiene que para eso se aducen razones «que no parecen válidas a simple vista», como que “ese 
tipo de documentación no se ha conservado en el Ministerio”. 

Consideramos la creación del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia (lElffll^ 13 y de 
la Unidad Especializada en Derechos Humanos de la Fiscalía 14 como medidas proactivas, 
86 aunque los resultados han sido dispares (fruto, indiscutiblemente, de la propia dinámica de 
cada entidad). Sería saludable que todo ese continente de archivos y documentos en los que 
está trabajando el fflffl(que debemos suponer fue también trabajado por la Comisión de 
Seguimiento de la Comisión para la Paz y su antecesora Comisión para la Paz) estuviera 
prontamente al servicio de las investigaciones que permitan el esclarecimiento de la verdad 
y que se constituyan en valioso material para los expedientes judiciales. 

A un año del episodio con el ministro, hubo dos acontecimientos que se destacan 
especialmente: la sentencia de la Dra. Larrieu en la causa de Aldo “Chiquito" Perrini y 
la incautación de unas 60 cajas con documentos pertenecientes al Ministerio de Defensa, 
como resultado de un allanamiento realizado en el domicilio del fallecido coronel Elmar 


10 Brecha, 4 de setiembre de 2014, Ver: http://brecha.com.uy/a-contrarreloj/. 

11 Ver https://www.youtube.com/watch?v=hm5-iDjNGEc. 

12 Comisión Internacional de Juristas, “Uruguay: La lucha por verdad y justicia en la encrucijada”, Ginebra 
2015. Ver: www.icj,org. 

13 Ver artículo de Carlos Marín Suárez y Azul Cordo: “Políticas de memoria en Uruguay: entre el control, la 
acción y la pasión” en este informe. 

14 Unidad Especializada en Derechos Humanos fe Fiscalía creada para asesorar a la Fiscalía General de la 
Nación en la investigación de los crímenes cometidos durante la última dictadura. 



Castiglioni 15 . Ese procedimiento estuvo a cargo del fiscal penal Carlos Negro y la jueza 
penal Beatriz Larrieu (nuevamente). Si bien aún no ha sido estudiado en profundidad, se 
sabe que contiene información sobre la dictadura militar uruguaya y que buena parte de 
su contenido puede ser relevante para muchas de las causas que investigan los crímenes del 
terrorismo de Estado. 

Considerando los tiempos que la biología impone -la edad de testigos, víctimas y per¬ 
petradores- sería de justicia que se produjera mayor cantidad de resultados eficaces con 
respecto al esclarecimiento de los hechos perpetuados durante el terrorismo de Estado. 


87 


15 


La información la publicó el portal de la Fiscalía General de la Nación, http:// www.fiscalia.gub.uy/. 


MEMORIA E IMPUNIDAD 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


SERPAJ a la opinión pública 

Montevideo, 22 de diciembre de 2014 

“Pero si hemos vivido en un tiempo de silencios culpables, 
no es bueno que nos volvamos cómplices de ese espanto.” 

Luis Pérez Aguirre 

Lamentamos las declaraciones realizadas recientemente por el -actual y próximo- Mi¬ 
nistro de Defensa Nacional, porque entendemos que las mismas desvían el eje de la discu¬ 
sión, no dando respuesta a las exigencias de Verdad y mucho menos de Justicia. Además 
profundizan las interrogantes y preocupaciones sobre el contenido y forma de la política 
pública sobre verdad y justicia del próximo gobierno. 

Promover y respetar las diferencias de opinión entre los actores de una sociedad es 
un bien propio de la cultura democrática; indispensable para promover la participación y 
consolidar una cultura de convivencia y tolerancia. Por eso desde el Servicio Paz y Justicia 
celebramos todas aquellas instancias en que se promueve el intercambio respe¬ 
tuoso con los otros y las otras en espacios de articulación conjunta. 

Desde sus inicios en 1981, nuestra institución impúlsalos derechos humanos desde su 
dimensión ética y política. En sus treinta y tres años de historia hemos acompañado la lucha 
contra la impunidad de los crímenes de lesa humanidad cometidos en la dictadura cívico- 
militar. Y lo hemos hecho con autonomía e independencia partidaria, señalando a cada uno 
de los gobiernos pos-dictadura sus obligaciones en la materia, pues es el Estado quien debe 
garantizar el acceso a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. 

Reclamar avances es mantener la coherencia con la historia y el presente; como orga¬ 
nización que trabaja por los derechos humanos. 

Exigir verdad y justicia en el presente es continuar diciendo a la retórica y a la 
práctica del olvido, instaladas por el poder y el saber del terrorismo de Estado. Es desde la 
utopía de una sociedad más justa que evocamos la memoria del horror, de la tortura y otras 
aberrantes formas de violencia estatal y por la que nuestra organización camina junto con 
otras, en la permanente búsqueda de la verdad. 



SMffl agradece a todas las instituciones de la cooperación internacional 1 que han 
respaldado nuestra labor y nos han apoyado financieramente. La cooperación internacional 
llegó a nuestro país en los albores de la década de los ‘80, a través de colectivos y personas 
militantes. Atribuir a estas instituciones y personas cometidos “imperiales” es desconocer 
que esos canales fueron los que permitieron que la solidaridad internacional se materializa¬ 
ra en la colaboración con las víctimas directas e indirectas del terrorismo de Estado. 

Por último, queremos agradecer el apoyo recibido en las últimas horas por sectores 
políticos, organizaciones, colectivos y personas. 


1 Agir Ensémble pour les droits de Phomme, Francia; A.J. Muste Memorial Institute, EEUU; Campaña de 
amigos y amigas de SERPAJ; CIM- Centro Internacional para las Migraciones y el Desarrollo, Alemania; CMC 
- AMA, Holanda; Diakonia, Suecia; Emaús;Fundación Friedrich Ebert en Uruguay - FESUR;Fundación Ma¬ 
rio Benedetti; Fundación Rosa Luxemburgo; Fondo Canadá para iniciativas locales, Embajada de Canadá en 
Uruguay; Fondo de Cooperación Británico, Embajada del Reino Unido en Uruguay; Fondo de Contribucio¬ 
nes Voluntarias de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura; Fondo de Cooperación de la Embajada 
de Suiza en Uruguay;Fondo de las Américas; Konrad Adenauer Sti^ung - Oficina Uruguay, Alemania; Pan 
para el Mundo, Alemania; Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Oficina Uruguay; Solidaritát 
mit 


89 


MEMORIA E IMPUNIDAD 




DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


Comunicado de prensa en respuesta ante los dichos 
del Ministro de Defensa 

Montevideo, 29 de diciembre de 2014 

Las declaraciones inapropiadas y desproporcionadas que el Ministro de Defensa Sr. 
Eleuterio Fernández Huidobro ha manifestado en las dos últimas semanas y a lo largo de 
su trayectoria como ministro, afectan considerablemente la confianza institucional que la 
ciudadanía demanda de su cartera. Las respuestas -ante las manifestaciones- por parte de 
organizaciones, instituciones y personas han sido claras y contundentes. Todas ellas solo 
demuestran que la lucha y el compromiso por los acontecimientos del pasado reciente no 
incumben a una sola organización ni a una persona en concreto. Y que ninguno de todos 
los actores puede dictaminar el punto final sobre este tema. 

Hoy como en el pasado no podemos aceptar la banalización del horror y de la impu¬ 
nidad, porque no nos hace bien socialmente, porque la democracia sólo puede ser sólida y 
estable si se construye sobre la Verdad y la Justicia. 

En este sentido queremos recordar nuevamente lo que afirma el Informe del Relator 
Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repe¬ 
tición, Sr. Pablo de Greifl “Uruguay aún tiene un capítulo importante de su pasado reciente 
sin resolver adecuadamente. Avanzar realmente hacia el futuro y continuar en el camino del 
90 desarrollo supone necesariamente que los derechos a la verdad , la justicia, la reparación y las 

garantías de no repetición sean cumplidos. Esto es responsabilidad de los tres poderes que com¬ 
prende el Estado”. 1 

Por todo lo expuesto entendemos que la persona que ocupe la cartera del Ministerio 
de Defensa debe estar en consonancia con la sensibilidad y la idoneidad adecuada para 
atender las demandas en relación con nuestro pasado reciente. 

En este sentido convocamos al presidente electo Dr. Tabaré Vázquez -a reflexionar y 
volver a analizar- su decisión de confirmar al actual ministro de defensa en su cargo para el 
próximo período de gobierno. 

Como organizaciones de derechos humanos -junto a organizaciones sociales, polí¬ 
ticas y personas- 2 no claudicaremos en seguir exigiendo al Estado el cumplimiento de sus 
deberes para el logro de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. 


1 http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session27/Documents/A-HRC-27-56- 
Add-2_sp.doc 

2 Firmantes: http://www.serpaj.org.uy/serpaj/index.php/17-noticias/l66-serpaj-a-la-opinion-publica 








Regulación, protección 

y exigibilidad 


Mauro Tomasini 






Mauro Tomasini 


Ladrillos ambulantes 

El abuso de la institucionalización y la 
condena a existencias precarias 


Mariana Mosteiro 1 


“En elfondo, el problema no pasaba por las 
características de los niños, su indefensión, 
minusvalía, heteronomía, fragilidad, inocencia, 
torpeza, amoralidad, ignorancia, maleabilidad e 
inutilidad, sino todo aquello de los niños que el 
universo tidulto no pudo elaborar”. 

(Alberto Martínez Boom) 


Hace 25 años Uruguay ratificaba la Convención de los Derechos del Niño. Positiviza- 
ba un nuevo paradigma (el integral) sobre el antiguo (tutelar). El nuevo modelo definió al 
niño como sujeto de derecho, en contraposición a la mirada de objeto que le asignaba el vie¬ 
jo. Por eso, todas las decisiones que incidan o afecten la trayectoria del niño deben buscar 


93 


Integrante del Programa Seguridad Democrática y Derechos Humanos-Serpaj. 


REGULACIÓN, PROTECCIÓN Y EXIGIBILIDAD 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


94 


el interés superior de este, considerando el deseo e interés de los mismos en este proceso. La 
KHIE modificó la relación y la mirada que los niños tienen sobre la escuela, el mundo adulto, 
las instituciones, la familia, la policía, etc. 

La familia (o los arreglos familiares) es un elemento clave en el desarrollo del niño. 
Los abordajes realizados, ante factores de riesgo y de vulneración de derechos, deben tener 
como norte el derecho a vivir en familia. Acudir a la institucionalización debe ser la excep¬ 
ción y no la regla. Antes de privar a los niños de cuidados parentales se deben agotar todas 
las instancias, comprobando que no existe vulneración de derechos, si el niño permanece 
en su entorno familiar. La institucionalización debe llevarse a cabo por el menor tiempo 
posible, ya sea, restituyendo a los niños a su entorno (trabajando con sus referentes familia¬ 
res) o recurriendo a cuidados alternativos del tipo familiar. La intervención debe producir 
el menor daño posible en el sujeto. La estrategia de abordaje se planifica en función de la in¬ 
dividualidad y particularidad de cada situación, tal como lo establecen las “Directrices sobre 
las modalidades alternativas de cuidado de los niños”, aprobadas por la Asamblea General de 
Naciones Unidas 2 . Una vez que se opte por la institucionalización, el Estado debe garanti¬ 
zar la atención y protección de los niños, volcando los recursos económicos y el personal 
especializado que permitan planificar un abordaje integral. 

La promoción de cuidados alternativos como nodo clave de una política pública, sur¬ 
ge del consenso entre diferentes organismos y expertos acerca de los daños y secuelas que 
deja la institucionalización total, en particular a edad temprana. “La excepcionalidad de la 
institucionalización sefundamenta en la existencia de un importante consenso científico sobre 
el impacto negativo de la institucionalización en el desarrollo de los niños, así como sobre los 
riesgos que tienen los niños institucionalizados de sufrir distinto tipo de violencia. Con relación 
al primero de los aspectos referidos, la Organización Mundial de la Salud ha sido muy clara al 
afirmar que las instituciones de cuidado residencial tienen un impacto negativo en la salud y 
el desarrollo de los niños y que deben ser sustituidas por otras modalidades de cuidado de alta 
calidad. En especial, esto responde a que en muchos casos la falta de atención personalizada en 
esas instituciones apareja una ausencia de vínculo emocional entre los niños y las personas a 
su cargo, además de una carencia de estímulo e interacción, aspectos que provocan retrasos en 
el desarrollo. Una institucionalización precoz y prolongada tiene efectos perjudiciales sobre la 
salud y el desarrollofísico y cognitivo del niño, que pueden llegar a ser irreversibles .” 3 

Uruguay, pese a las recomendaciones recogidas en los diferentes tratados, protocolos 
y normativas -nacionales e internacionales- sobre la institucionalización, continúa siendo 
el país donde más se utiliza la medida. Aunque se han realizado modificaciones a nivel 


2 Documento disponible en: http://www.unicef.org/spanish/videoaudio/PDFs/100407-UNGA-Res-64- 
142.es.pdf 

3 Palummo, Javier; López Agustina (2013). Internados. Las prácticas judiciales de institucionalización por 
protección de niños, niñas y adolescentes en Montevideo. Montevideo: UNICEF-Uruguay/ Fundación Justicia y 
Derecho, pág. 23. 



legislativo, y se apostó a profundizar los mecanismos de cuidados alternativos, los cambios 
todavía son nimios. La adopción continúa siendo un proceso lento y burocrático. En marzo 
del corriente año, el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, nuevamente 
observó a nuestro país en esta materia: “ Si bien acoge con satisfacción los esfuerzos realizados 
por el Estado parte para ofrecer modalidades alternativas de cuidado basadas en la familia y 
la comunidad a los niños privados de un entorno familiar, el Comité sigue preocupado por el 
gran número de niños que viven en instituciones y por el hecho de que los hermanos no sean 
confiados a la misma institución. Pese a las medidas adoptadas para la desinstitucionalización 
y la reunificación de esos niños con sus familias biológicas, el Comité sigue preocupado por la 
escasa repercusión de tales medidas. El Comité también observa con preocupación la falta de 
un mecanismo adecuado para supervisar el acogimiento de los niños en hogares de guarda y su 
asignación a instituciones ”. Con respecto a la adopción, afirmaron: “Si bien se congratula por 
las enmiendas legislativas introducidas en relación con el proceso de adopción, el Comité sigue 
preocupado por los prolongados procedimientos de adopción, en particular debido a la escasez 
de personal técnico para evaluar las solicitudes de adopción” 4 . 


El Estado revisa al Estado 

El Mecanismo Nacional de Prevención de La Tortura (B ffl), de la Institución Nacio¬ 
nal de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (fflffllElE]), tiene entre sus cometidos, 
monitorear las institucionales totales. 5 Una de estas instituciones totales, son los centros de 
protección de tiempo completo, que alberga a niñas, niños y adolescentes (Klffl) en situa¬ 
ción de desprotección y vulneración de derechos. Los centros se encuentran bajo la órbita 
del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (fflKH). 

Los informes elaborados, por el IE IES 6 advierten sobre las complejas situaciones que 
atraviesan algunos centros. Según los documentos, un nudo problemático, es la heteroge¬ 
neidad entre los mismos (sin desconocer la diversidad de la población y su correspondiente 
abordaje). Esta situación receja la ausencia de una política institucional transversal y co¬ 
mún a todos; favoreciendo con esto la discrecionalidad del equipo de trabajo, en relación 
a la intervención y a la planificación que se llevará adelante. Asimismo, se registraron di¬ 
ferentes miradas del equipo de funcionarios sobre la población objetivo. Algunas acorde 
a una perspectiva integral y de derechos y otras ligadas a estereotipos cotidianos de estig- 
matización, que solo vulneran aún más los derechos de los niños usuarios del sistema. Esto 

4 Recomendaciones del Comité de los Derechos del Niños a Uruguay, marzo 2015. Disponible en: http:// 
acnudh.org/ países/Uruguay/ 

5 Entendemos por institución total a aquella que “absorbeparte del tiempo y del interés de sus miembros y les 
proporciona en cierto modo un mundo propio. (...) La tendencia absorbente o totaliziidora está simboliziida por los 
obstáculos que se oponen a la interacción social con el mundo exterior y al éxodo de los miembros, y que suele adqui¬ 
rirforma material: puertas cerradas, altos muros, alambres de púas, rejas, etc!’ GoHman, E, (1998). Internados. 
Ensayos sobre la situación social de los enfermos mentales , Barcelona, Amorrurtu, pág. 21. 

6 Disponibles en: http://inddhh.gub.uy/informes-y-observaciones-del-mnp/ 


95 


REGULACIÓN, PROTECCIÓN Y EXIGIBILIDAD 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


repercute en las relaciones entre los funcionarios y los niños, las niñas y los adolescentes, y 
en la autopercepción y valoración de éstos últimos. 

El acceso a la salud y a la educación, es desigual en los distintos centros, profundizando 
las prácticas discriminatorias en varios lugares del sistema. Se observaron déficits en cuanto 
a la participación de los niños y adolescentes en espacios fuera de la institución. Esto se pre¬ 
senta como una problemática grave, ya que constituye uno de los aspectos fundamentales 
para limitar la desculturación y el desentrañamiento que opera en las instituciones totales. 
La integración e inclusión en la comunidad, la circulación en otros espacios, el intercambio 
y fortalecimiento de vínculos por fuera del centro, la apropiación de los espacios públicos, 
son elementos claves para la convivencia y la socialización. 

En cuanto a la infraestructura, se detectaron lugares inadecuados donde están aloja¬ 
dos. En primer lugar, en algunos centros conviven niños y niñas muy pequeños con adoles¬ 
centes, siendo uno de los aspectos más urgente a mejorar, ya que se encuentran en diferentes 
momentos de su desarrollo y cada uno necesita espacios y rutinas específicas. 

Algunos centros continúan manteniendo una capacidad locativa extremadamente 
amplia contraviniendo las recomendaciones sobre crear centros pequeños que se asemejen 
-en la medida de lo posible- a un entorno familiar. 

Otro de los aspectos a modificar con urgencia es la “seguridad” entorno a los centros. 
Hay personal policial dentro de los mismos, en contacto directo con los internos, que cla¬ 
ramente no se encuentra capacitado para esta función. En algunas ocasiones se acude a 
ellos en situaciones de descompensación de alguno de los jóvenes y para ello debería haber 
^ personal específicamente instruido en la materia. 

Respecto a poblaciones con características específicas (como por ejemplo la comuni¬ 
dad KIEKfflo las madres que están embarazadas o viviendo con sus hijos), se destacó, que no 
hay repuestas acordes a las necesidades que se presentan. 

Por último, el alto grado de medicalización fue una preocupación planteada. En este 
sentido, una investigación reciente, a cargo de la psicóloga Andrea Morteo, 7 recoge que el 
46% de los adolescentes internados en centros de protección, están bajo tratamiento psi¬ 
quiátrico, dado la medicación que consumen. 

Las dificultades registradas tienen consecuencia directa en los niños, niñas y adoles¬ 
centes, y en su posterior proyecto de vida. No se ha efectivizado una política que promueva 
paulatinamente grados de autonomía de los mismos y otorgue herramientas para la inte¬ 
gración en la comunidad. La participación de los Klffl en la construcción de su proyecto 
individual, familiar y comunitario, es nulo o escaso 


7 http://www.subrayado.com.uy/Site/noticia/47479/adolescentes-en-inau-el-46-esta-bajo-tratamiento- 
psiquiátrico 



La HElfflIEIX] también visitó dos centros de salud mental privados que tienen convenio 
con En este caso, la brecha sobre las condiciones (de infraestructura, de personal, del 
suministro de medicación, de higiene, entre otras) entre un centro y otro es considerable, 
demostrando nuevamente que el funcionamiento depende de la dirección y equipo de tra¬ 
bajo. El monitoreo de los convenios vigentes entre el Estado e instituciones privadas debe 
ser constante, y las pautas o proyecto institucional tendría que ser formulado por el HEHEE, 
adaptándolo a la población objetivo. 

En síntesis, el diagnóstico y los insumos generados por el E3 IEIE1 resulta alarmante y 
manifiesta la necesidad y emergencia de cambios drásticos en este ente público. 

Al grave problema del elevadísimo grado de institucionalización, se le suma las pre¬ 
ocupantes condiciones del sistema de protección, vulnerando -en muchos casos- aún más 
los derechos de los usuarios y usuarias. 

En el 2015 asumieron las nuevas autoridades junto al cambio de gobierno. Los nudos 
problemáticos a resolver representan un gran desafío, ya que básicamente implica construir 
una nueva política e institucionalidad en la materia. 

Debe ser prioritario elaborar una política de Estado que proteja y promueva el respeto 
y la integralidad de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. De otra forma, se con¬ 
tribuirá a que esta franja etaria de nuestra sociedad continúe siendo la más castigada por la 
pobreza, la precariedad, la violencia y la desigualdad. 


97 


REGULACIÓN, PROTECCIÓN Y EXIGIBILIDAD 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


Entrada en vigor del Tercer Protocolo 
Facultativo de la Convención sobre los 
Derechos del Niño 

El 23 de mayo de este año entró en vigor para nuestro país el Tercer Protocolo Facul¬ 
tativo de la Convención sobre los Derechos del Niño (fflKI), relativo al procedimiento de 
comunicaciones, aprobado internamente por Ley N° 19.304 del 29 de diciembre de 2014. 

El mencionado Protocolo fue aprobado por Resolución 66/138 de la Asamblea Ge¬ 
neral de las Naciones Unidas, en diciembre de 2011, y hasta el día de la fecha cuenta con la 
ratificación de 17 estados. Cabe destacar que la Convención sobre los Derechos del Niño 
era el último de los principales tratados internacionales de derechos humanos sin contar 
con un procedimiento de comunicaciones. 

La adopción de este Protocolo representa un avance histórico en la promoción de los 
derechos de la infancia al reafirmar la condición de los niños y las niñas como sujetos de 
derecho. En tal sentido, se reconoce su competencia para que ellos mismos defiendan sus 
derechos ante una instancia internacional, a través de la presentación de violaciones o que¬ 
jas al órgano de vigilancia (Comité de los Derechos del Niño), en caso que no se pudiera 
dar respuesta a las mismas ante los tribunales nacionales. 1 

98 


Fuente: Ministerio de RREE. Dirección de Prensa. 




Comunicado de Mujer y Sociedad 

Para las niñas-madres que son pobres en Uruguay 
y su destino es parir y quedar internadas 

Montevideo, 27 de julio de 2015 

En este año, además del incremento de asesinatos por violencia de género que no lo¬ 
gran tener una respuesta institucional acorde a la dimensión del problema, las situaciones 
de niñas pobres embarazadas por abuso y explotación sexual nos interpela como sociedad 
en varios planos. Preocupa que las niñas y adolescentes abusadas y explotadas sexualmente 
no tengan desde sus entornos familiares, comunitarios, institucionales y mediáticos la pro¬ 
tección y el cuidado que requieren. Las respuestas obtenidas han sido bajo un paradigma 
tutelar, donde sus derechos fueron vulnerados una y otra vez, y donde el destino es ser 
madres y quedar institucionalizadas. 

La semana pasada volvió a ser noticia la explotación sexual comercial en Rivera, luego 
de que se registrara al menos un embarazo adolescente como consecuencia de los abusos 
sufridos. También volvió a los titulares el caso de la niña de 12 años violada por un hombre 
de 41, embarazada de 7 meses, que permanece internada en un centro del sistema de protec¬ 
ción del I2EII3E]. Algunas coberturas periodísticas violan la privacidad de estas niñas, insisten 
en llamar “prostitución infantil” o “ejercicio del meretricio” a lo que es explotación sexual 
y reifican el rol materno como su único destino, con afirmaciones del personal profesional 
involucrado del tenor que la niña “quiere ser madre”, o noticias que expresan que el emba¬ 
razo fue “buscado”, que la niña “quiere casarse” y que “el interés de la menor está centrado 
en mantener su relación como pareja”. 

Seguir nombrando a niñas, niños y adolescentes como “menores” no hace más que re¬ 
forzar el viejo paradigma tutelar en el que aquellas personas con menos de 18 años de edad 
son consideradas “objetos de medidas especiales” en lugar de sujetos de derechos. Lo que 
requieren es un entorno continentador que les acompañe en su socialización y les asegure 
posibilidades reales de llevar adelante diversos proyectos de vida. 

Pero particularmente, para aquellas niñas que viven en situaciones de extrema vul¬ 
nerabilidad, cuando quedan embarazadas producto de violaciones reiteradas, la respuesta 
estatal sigue siendo parir y quedar internadas. El único “derecho” que se les “respeta” es el de 
ser madres aunque todas las partes involucradas en el problema sepan que eso sólo volverá a 
reproducir el ciclo de la vulneración, la dependencia y la exclusión social para ellas y su pro¬ 
genie. Hoy existe una diferencia de 7 años en el nacimiento del primer hijo entre mujeres 
con nivel educativo terciario y aquellas que tienen menos de 9 años de educación, quienes 
no sólo no retrasaron sino que adelantaron la edad de inicio de la maternidad. 


99 


REGULACIÓN, PROTECCIÓN Y EXIGIBILIDAD 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


¿Dónde queda velar por el interés superior de estas niñas? La única alternativa brin¬ 
dada por las instituciones estatales que deben garantizar el cumplimiento de sus derechos 
contemplados en el Código de la Niñez y Adolescencia es reforzar el modelo de mujer- 
madre como único destino para ellas. Habiendo aprobado leyes donde la educación sexual 
y los servicios de sexual y reproductiva fueron reconocidos como derechos e incorporados 
a las políticas públicas, Uruguay debería darles otra respuesta y procurarles otra calidad 
de vida. Volvemos a reafirmar que el cambio normativo aún no ha logrado plasmarse en 
un cambio de paradigma que garantice el respeto a la vida y los derechos de las mujeres de 
todas las edades y condiciones. La maternidad impuesta, violenta y deshumanizada sigue 
siendo una profecía autocumplida para muchas de estas niñas. 


100 



Explotación sexual comercial hacia niños, niñas y 

adolescentes en Uruguay 

Dimensión, características y propuestas de intervención 


Gurises Unidos 1 


Se trata del primer estudio cuantitativo de alcance nacional que se desarrolla sobre 
Explotación Sexual Comercial en Niños, Niñas y Adolescentes (KffllEffl). 

La investigación surge a partir de una alianza interinstitucional entre Fundación Te¬ 
lefónica, Gurises Unidos y la Universidad de la República. A través de una metodología 
innovadora, el relevamiento comprende ciudades de más de 5.000 habitantes, tanto de 
Montevideo y Área Metropolitana, como del Interior del país. 

La Explotación Sexual comercial hacia niños, niñas y adolescentes es una de las formas 
más graves de vulneración de sus Derechos ya que constituye una forma de violencia sexual 
que genera daños a nivel físico, psíquico y social. Es una problemática que tiene como cen¬ 
tro las asimetrías y las relaciones desiguales de poder entre los sexos y las generaciones. 
Las expresiones que ha tenido la temática en la región en los últimos años han permitido 
avanzar en la visibilidad de la problemática, la extrema vulneración de Derechos que ella 
implica y la necesidad de generar articulaciones interinstitucionales para su abordaje. Des¬ 
de Gurises Unidos, se ha incorporado una estrategia para afrontar dichas situaciones, que 
complementa tres líneas de acción: 

• Asistencia directa a las situaciones de Explotación S exual Comercial que viven niños, 
niñas y adolescentes y que participan de diversos programas de Gurises Unidos. 

• Acciones de prevención que apuntan a la problematización y cuestionamiento de las 
inequidades de género, desnaturalización de los estereotipos y pautas culturales que 
sustentan desigualdades entre varones y mujeres, promoviendo así transformaciones 
sociales y personales para una toma de decisiones más libre, brindando herramientas 
para la prevención de la 

• Producción de conocimiento en relación a temática, generando aportes que com¬ 
plementen la producción existente brindando insumos que a la fecha no existen en 
el país. 

Llevar adelante un dimensionamiento y caracterización de las situaciones de explo¬ 
tación sexual en niñas, niños y adolescentes supuso elaborar un diseño metodológico a 
medida, dado que las mismas deben identificarse en función de un conocimiento previo de 


101 


Organización de la sociedad civil que trabaja con niñas, niños y adolescentes. 


REGULACIÓN, PROTECCIÓN Y EXIGIBILIDAD 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


102 


la situación. Es por ello que al tratarse del primer estudio con las presentes características 
debe entenderse de carácter complementario con los ya existentes. 


Principales conclusiones de la investigación 

• Se estima un total de 650 situaciones de escnna a nivel nacional. De este dato se 
desprende que 349 casos corresponden al Interior del país, mientras que para Mon¬ 
tevideo y Área Metropolitana la cifra alcanza un total de 301 situaciones. 

• Las situaciones de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes en sus 
diferentes modalidades se encuentran en todo el territorio nacional. Siendo un pro¬ 
blema de alcance nacional. Si bien puede adquirir formas de expresión particulares 
en función de las características y actividades que se desarrollen en cada territorio, 
ninguna ciudad está exenta de la presencia de este fenómeno. 

• Siguen siendo las niñas y adolescentes mujeres la mayoría de las víctimas de la explo¬ 
tación sexual comercial. 

• A partir del relevamiento se puede identificar que las situaciones se dan con mayor 
frecuencia en los y las adolescentes de entre 13 y 15 años. A su vez esta situación se 
encuentra reforzada porque los mismos son los que se encuentran más lejos de los 
servicios de protección a la infancia y adolescencia. 

• Los técnicos que están en contacto directo con niños, niñas y adolescentes son los 
actores privilegiados al momento de detectar situaciones debido a su conocimiento, 
cercanía y proximidad con ellos/as. Esto nos lleva a destacar lo necesario de una mi¬ 
rada transversal en toda la matriz de protección y desarrollo de la infancia y adoles¬ 
cencia, lo que implicaría desarrollar una estrategia que contemple la sensibilización, 
formación y capacitación de los mencionados técnicos. De forma que les permita 
detectar la problemática y se pueda brindar a las niños, niñas y adolescentes el pri¬ 
mer nivel de abordaje. La mayoría de situaciones de IXMXl detectadas en el marco de 
esta investigación se originan en el entorno próximo de los niños, niñas y adoles¬ 
centes (dimensión de cercanía). Estando esto mediado por varios factores, ya sea la 
presencia de familiares con experiencia de MXM y/o trabajo sexual, vulnerabilidades 
previas, situación de calle, niveles altos de tolerancia social a la problemática y prin¬ 
cipalmente adultos dispuestos a intercambiar sexo a cambio de dinero y/o especies. 

• Si bien ha habido pasos para generar dispositivos en el marco de una atención espe¬ 
cializada a estas situaciones (hoy incipiente), entendemos que la misma debe con¬ 
templar los siguientes aspectos: equipos especializados en la temática, la formación 
transversal de equipos en la ejecución de los programas y la intervención de actores 
intersectoriales: salud, educación, educación no formal y protección integral (am¬ 
paro), seguridad, turismo, y justicia. Sin olvidar que una mirada integral debe hacer 



fuerte hincapié en la sanción del delito que implica la y represión hacia los 

adultos involucrados. 

• Alta prevalencia de factores predisponentes. Las situaciones de explotación sexual 
están íntimamente relacionadas con experiencias de violencia y/o abuso sexual. Esto 
marca la importancia de promover un enfoque de prevención que haga relieve en 
los aspectos específicos de la EKBffl pero que se base en la promoción de niños, 
niñas y adolescentes como sujetos de derechos que implica acciones de cuidado y 
protección. 

• La asimetría generacional que viven los niños, niñas y adolescentes no sólo está 
determinada por las diferencias en el acceso a la matriz de bienestar por parte de 
los mismos en relación a los adultos, sino también reforzada en prácticas concretas 
en donde la visión adultocéntrica valida la mercantilización de los niños, niñas y 
adolescentes habilitando y legitimando el acceso a sus cuerpos como un objeto de 
consumo. 


103 


REGULACIÓN, PROTECCIÓN Y EXIGIBILIDAD 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 



Las grietas en el muro: Suicidio en Uruguay 


104 


Víctor González 
Pablo Hein 1 


“La vida por definición es, sartreanamente, unapasión inútil, un mundo en vano que 
se desmorona, un absurdo. Lejos de ello, la muerte voluntaria es el desenlace de un 
fracaso, pero ella misma se transforma en promesa, sea ésta una promesa de cesar de 
sufrir, de despedir la vergüenza o de cualquiera sean los motivos intransferibles de los 

que se trate”. 

(Cohén, 2007, p.291) 


Introducción 

El presente artículo parte de una evidencia: en los últimos años, el suicidio se ha man¬ 
tenido y consolidado como un fenómeno estructural de primera magnitud. Presentan los 
valores de sus tasas tres características: 

1 Prof. Pablo Hein y Mag.Víctor Hugo González, integrantes del Departamento de Sociología - F.CC.SS. - 
Universidad de la República y del Grupo de Comprensión y Prevención de Conducta Suicida. 


1. Tendencia al aumento de las tasas de suicidios en todos los grupos de edad. 

2. Crecimiento importante en los tramos más jóvenes, constituyéndose en la primera 
causa de muerte externa entre jóvenes uruguayos. 

3. Un crecimiento leve en los adultos mayores; pero los mismos presentan los valores 
más altos en sus tasas, comparativamente con los otros grupos de edad. 


Para demostrar estas tres afirmaciones el artículo se compone de una breve descripción 
del suicidio como fenómeno social. Luego se realiza una descripción de las tasas en el Uru¬ 
guay desde comienzos del siglo XX a nuestros días. En tercer lugar, la mirada se centra en la 
capital Montevideo, despejando las tasas para los años 2002 a 2014. En un cuarto apartado 
se describe la metodología empleada para el análisis de los suicidios consumados, y por últi¬ 
mo se presentan los datos obtenidos, con unas breves reflexiones de los hallazgos. 


El Suicidio: un fenómeno mundial 

Según la fifi fl en su informe del año 2013, en el mundo se produce una muerte cada 40 
segundos. A nuestra América Latina se la caracteriza por contar con tasas inferiores al prome¬ 
dio mundial, mientras que la región del norte de las Américas oscila por encima del promedio 
mundial. En el Cono Sur los datos muestran porcentajes por debajo de la media latinoame¬ 
ricana, aunque Uruguay se destaca por contar con una de las tasas más elevadas de la región e 
incluso de las Américas, con promedios cercanos a los países con mayores tasas. 

Si se observa América en su conjunto y específicamente Latinoamérica, los datos de 
mortalidad son extremadamente irregulares e inestables comparados con el resto del mundo 
(Bertolote y Fleishman, 2002). Errores de retardo, clasificaciones, notificaciones iniciales y 
los diversos agentes que intervienen en el proceso de registro y control, llevan a que nuestra 
Latinoamérica se caracterice por contar con “extremas disparidades” en el registro del dato. 
Es sabido que tanto factores culturales, sociales e incluso religiosos actúan con diferentes 
fuerzas para contrarrestar o sobrevalorar los contralores y certificaciones del suicidio. Otro 
hecho que se destaca son las heterogéneas regulaciones legales y jurídicas, especificando 
que muertes corresponden a la designación de suicidio y cuáles no. 

El factor intencional es un elemento determinante de la categorización de suicidio y 
su posterior registro como tal. Está más que demostrado (Phillips, 2004; Kohn y Friedman 
2012) que los factores socio-culturales son centrales a la hora de las razones y que estos varían 
con el tiempo y las civilizaciones, lo que puede subestimar las fuentes de registros y por ende 
las estadísticas nacionales e internacionales, llevando a una subestimación importante. 

Por otro lado, y como bien lo señalan algunos autores al reflexionar sobre el tema, se 
conjuga en el mismo momento socio-cultural, otro fenómeno que nos ayuda a comprender 


105 


REGULACIÓN, PROTECCIÓN Y EXIGIBILIDAD 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


106 


la visión que pueden llegar a tener las culturas y/o sociedades con respecto a este tema. En 
este sentido “...los procesos culturales que llevaron a la progresiva y constante medicalización 
de la vida, y la marginación de la muerte - se expresa en cuatro prácticas sociales no siempre 
evidentes: la expropiación delproceso del morir, una radical escisión entre la vida y la muer¬ 
te, la desacralización de la muerte y por último su negación...!’ (Cohén, D. 2007). 

Uruguay no se despega en materia de suicidio de las tendencias mundiales, ya que los 
hombres prevalecen sobre las mujeres, donde esta relación alcanza 3,5 hombres contra 1 
mujer. Por otro lado, si se observan los intentos, son éstas las que superan a aquellos tanto 
en nuestro país como en el mundo. Los hombres uruguayos emplean métodos letales al 
igual que otros hombres, sean estos en otros países, o en otros continentes. Otro hecho al 
que no es ajeno el Uruguay es en relación a los grupos vulnerables. A nivel mundial existe 
una tendencia de aumento en dos franjas etarias, los más jóvenes y las personas mayores a 60 
ó 65 años de edad, hecho que se está corroborando en nuestra sociedad (González, 2015; 
Centers for Disease Control and Prevention, 2012; entre otros). 


Suicidio en el Uruguay de comienzos de siglo XX hasta hoy 

El suicida en el Uruguay de principios de siglo XX hasta nuestros días es el portavoz de 
las “grietas en el muro” de la sociedad uruguaya. Como emergente, explícita los problemas de 
integración social, en donde diversas dimensiones de la precariedad y desigualdades cobran 
relevancia. Estas dimensiones pueden ser de género, etarias y/o regionales; todas ellas socavan 
o atentan contra las bases instauradas del reconocimiento intersubjetivo y positivo. 

Las tasas históricas de suicidio en Uruguay se pueden presentar como un fenómeno 
estructural, en donde su comportamiento ha estado asociado a los cambios políticos, eco¬ 
nómicos y culturales, mostrando una íntima relación con la estructura social y sus transfor¬ 
maciones. 

La evolución histórica del suicidio es uno de los rasgos más salientes de nuestra estruc¬ 
tura social, dejando al descubierto los signos de una “sociedad anómica” con problemas de 
integración social, también desde esta perspectiva. El suicidio aparece como la clave inter¬ 
pelante de los relatos construidos sobre el país de las cercanías, la sociedad hiperintegrada, 
la Suiza de América, y la del famoso dicho instaurado en nuestra “comunidad” como el 
“Uruguay no hay”. 

Emilio Durkheim ya en siglo XIX (2003), y luego el excelente trabajo del sociólogo 
Pedro Robertt (1997) observaban como este fenómeno encuentra sus raíces y por ende su 
determinación-explicación en las crisis sociales, sean estas de derivaciones económicas o 
políticas. Durkheim (2004) decía: 

(...) las grandes conmociones sociales, como las grandes guerras populares, avivan los sen¬ 
timientos colectivos, estimulan, tanto el espíritu de partido como el patriotismo, la fe políti- 



ca, como la fe nacional, (...) determinan, (...) una integración más fuerte de la sociedad. (...) 
Como ellas obligan a los hombres a asociarse para hacer cara al peligro general el individuo 
piensa menos en sí y más en la idea común (Durkheim, 2004. p.202). 

Por otro lado Robertt (1997) plantea una hipótesis explicativa en donde la anomia en 
Uruguay estaría asociada, actualmente, a la no división del trabajo, a la no participación, en 
los planos económicos, culturales y en las escasas decisiones colectivas. De esta forma, las 
tasas de suicidio de ayer y hoy serían un recejo de la violencia estructural que han sufrido y 
sufren los sujetos en el Uruguay. 

En definitiva, esta mirada de larga duración permite apreciar la dimensión estructu¬ 
ral que el suicidio tiene para la sociedad uruguaya. Su gravitación era muy alta aun con un 
país demográficamente joven, y lo siguió siendo a medida que se entraba en las distintas fases 
de envejecimiento poblacional. La profundidad de las crisis socioeconómicas no hace más que 
multiplicar la cantidad de «muertes voluntarias». Sin embargo, el proceso ni se revierte ni 
se detiene cuando la sociedad entra en la fase «positiva» de recuperación, lo que exige una 
mirada más aguda sobre los conflictos latentes y sobre las dimensiones de una violencia emi¬ 
nentemente «implosiva». (González, 2012. p.233) 

Las características más relevantes de las últimas décadas podrían definirse por la preca¬ 
riedad, la inestabilidad y la vulnerabilidad, combinándose posiblemente con la falta de expec¬ 
tativas, la desesperanza, la desprotección y las dificultades para imaginar futuros reales, lo que 
conlleva a reflexionar sobre el escenario en el cual actores individuales y colectivos desarrollan 
sus vidas, en un continuo descubrimiento de escenarios cambiantes y fluctuantes. 


107 

Gráfico 1. Suicidios en Uruguay. 1900 - 2014. Tasas cada 100.000 habitantes. 

Suicidio en Uruguay 

Tasas cada 100.000 habitantes 



Fuente: Ministerio de Salud Pública. Elaboración Grupo de Prevención y Comprensión de conducta suicida. 


REGULACIÓN, PROTECCIÓN Y EXIGIBILIDAD 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


108 


Como lo muestra la gráfica, las tasas de suicidio para nuestro país desde comienzo 
de siglo se han mantenido estables entorno al 15 por 100.000 habitantes. Si se observan 
los datos de comienzo de siglo, lo que sí ha presentado variación es el método empleado; 
de manera un poco obvia, el envenenamiento dejó paso lenta y paulatinamente al ahor¬ 
camiento y este a las armas de fuego, coexistiendo ambos en la actualidad. Los hombres 
históricamente llevaron los registros más altos, siendo el grupo de edad 40 a 50 años aquel 
que presentaba cierta “ventaja”. 

Actualmente el suicidio se ha mantenido estos últimos 15 años (2000 a 2014) con un 
piso de 14 suicidios cada 100.000 habitantes en el 2013 y una máxima de 20 en el año 2002, 
cuando el país procesaba una de sus peores crisis socioeconómicas. 

Es de destacar los valores de las tasas de suicidios en los departamentos de San José 
y Treinta y Tres con una tasa de 22 suicidios cada 100.000 habitantes, Durazno con 25 y 
Lavalleja con 32. 

Los departamentos que han presentado un crecimiento en sus tasas son: Montevideo, 
Paysandú, San José, Treinta y Tres, Flores, Durazno, Artigas y Lavalleja. Sólo Montevideo 
creció levemente, pasando de 12 a 13 cada 100.000 habitantes en su tasa y el resto de los 
departamentos presentaron un crecimiento más importante. 

Durante el período 2000 a 2004 cuando los indicadores socioeconómicos presentan 
un deterioro, con un crecimiento en tasas tales como pobreza, indigencia, desempleo. Esto 
se evidencia para los departamentos de Montevideo, Canelones, Cerro Largo, Colonia, 
Florida, Río Negro, Rivera, Rocha, Soriano. 

La paradoja se presenta al observar otro período, esta vez de “bonanza” (2010-2014), 
donde se caracteriza por ser un país que transitaba por una importante recuperación en sus 
indicadores sociales y económicos. Los departamentos de Artigas, Lavalleja, Maldonado, 
Salto, San José y Treinta y Tres presentan registros elevados, haciendo elevar sus tasas his¬ 
tóricas. 

Otro hecho importante en la última década es con relación a los intentos de auto- 
eliminación. En este período ha presentado un crecimiento porcentual del 82%, pasando 
la tasa de 28 intentos de autoeliminación cada 100.000 habitantes a 51. Este crecimiento 
es constante desde el año 2000 hasta el 2008, luego presenta un descenso de la tasa hasta 
2012 para retomar la tendencia de años anteriores y volver con un valor levemente superior 
a 2008, estabilizándose en la tasa mencionada. Esta evidencia se registra en 16 de los 19 
departamentos de nuestro país. 



Intentos de autoeliminación. Uruguay. 
Tasa media cada 100.000 habitantes. 
2010-2014 



Fuente: Ministerio de Salud Pública. Elaboración Grupo de Prevención y Comprensión de conducta suicida 


Suicidios Consumados. Uruguay. 
Tasa media cada 100.000 habitantes. 
2010-2014 


109 



Fuente: Ministerio de Salud Pública. Elaboración Grupo de Prevención y Comprensión de conducta suicida 


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DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


lio 


El suicidio de comienzos del Siglo XXI en Montevideo. 

El fenómeno del suicidio en la capital del país presenta características singulares y par¬ 
ticulares, en donde los procesos de exclusión y segregación tanto en el eje económico, social 
y cultural, como el eje espacial, cobran real significado. Es así que la temática presenta un 
conjunto de “seducciones” que ciertamente pueden satisfacerse con lagunas ventajas técni¬ 
cas y metodológicas que tienen “los datos” en Montevideo, lo que lleva a una mirada par¬ 
ticular. Por otro lado desde el propio fenómeno es uno de los departamentos en donde su 
tasa presenta variaciones u oscilaciones importantes y “anómicas”. El objeto de este artículo 
no permite ahondar el conjunto de técnicas y procedimientos que se utilizó y utiliza para 
“comprobar” o estudiar el fenómeno, pero si daremos cuenta de los más relevantes. 

Como primera afirmación se puede sostener, al observar los datos, que la tasa de sui¬ 
cidios desciende de 17,6 suicidios consumados cada 100.000 habitantes en el año 2002 a 
11,7 en el 2004, para luego presentar un crecimiento sostenido hasta el año 2008, en donde 
en el 2009 tiene un leve descenso en la tendencia, para retomarla en el 2010 y alcanzar un 
valor de 16 suicidios cada 100.000 habitantes. Entre 2011 y 2014 la tasa alcanza un valor 
de 13,3 suicidios, siendo inferior a los dos picos del período (2002y2010) pero levemente 
superior a los valores del 2003 y 2004. Así, después de la crisis de 2002, el país presentaba 
indicadores sociales tales como pobreza, indigencia, mercado de trabajo (tasas de activi¬ 
dad, empleo y desempleo) y calidad del empleo (informalidad, subempleo y salarios) entre 
otros, con sus peores valores. En ese momento, plantear una hipótesis de asociación de esos 
indicadores con la tasa de suicidios resulta aparentemente obvia. Pero en los siguientes años 
esos indicadores han mejorado sustantivamente, y la tasa de suicidios no ha descendido 
sustancialmente. 

A pesar de estas mejoras persisten desigualdades de género, grupos de edad y regio¬ 
nales que continúan afectando y volviendo precarios y vulnerables a amplios sectores de la 
población. Como expresa el Reporte Social 2013: 

“Más allá del incremento de la tasa de empleo y actividad de toda la población, persisten 
brechas importantes de sexo, edad y región en la tasa de desempleo. En un mercado de empleo 
dinámico y de casi pleno empleo para los mayores de 25 años, los jóvenes muestran persistente¬ 
mente alto nivel de desempleo. Las altas tasas de desempleo pueden estar indicando problemas 
de calificación y adecuación entre oferta y demanda laboral y rigidez del mercado laboral, que 
el actual ciclo expansivo ha logrado amortiguar pero no revertir. De hecho, en términos pro¬ 
medíales, las brechas de desempleo entrejóvenes y adultos no solo no se han cerrado, sino que se 
han expandido levemente”. (Reporte Social 2013. mides - opp. Pag. 79) 

En el 2006 estas brechas relativas mostraban al desempleo joven como poco menos 
que cuatro veces el desempleo de los mayores de 25 años. Esa relación es ahora de poco más 
de cuatro veces uno sobre el otro. (Reporte Social 2013. K HEHE0- lEIM Pag. 67). 



Al considerar el período de tiempo 2002 -2014 se puede observar que el proceso de 
crecimiento de la tasa de suicidios ni se revierte ni se detiene cuando la sociedad entra en 
la fase positiva de recuperación. Este fenómeno identificado exige una mirada más aguda 
sobre los convictos latentes de la sociedad y sobre las dimensiones de una violencia eminen¬ 
temente implosiva. 


Gráfico 2. Suicidios en Montevideo. 2002 - 2014. Tasas cada 100.000 habitantes. 

Suicidios en Montevideo. 

Tasas cada 100.000 habitantes. 



Fuente: Ministerio del Interior. Elaboración Grupo de Prevención y Comprensión de conducta suicida. 


Metodología implementada 

“Ninguna idea simple puede explicar de inmediato la constancia del índice 
de suicidio para un determinado país: se trata, pues, de un fenómeno comple¬ 
jo. Pero, al contrario de lo que dicen los discursos que abarrotan los tratados 
de ciencias humanas y sociales, complejo no significa en absoluto irregular, 
inextricable, indeterminado, aletorio o imprevisible: complejo y regular, 
complejo y previsible; así es el índice de suicido”Baudelot Ch. y Establet 

R. 


111 


Desde que Emilio Durkheim (2004) inició los estudios sistemáticos sobre el suicidio 
con una mirada netamente sociológica, los mismos estuvieron centrados en los suicidios 
consumados, y por ende los métodos y técnicas de análisis son ex post facto, con un carácter 
indirecto. 

Los datos de suicidio, que se utilizan en este artículo se basan en el número de eventos 
caratulados por la Jefatura de Policía de Montevideo como “suicidios consumados” en el 
Sistema de Gestión de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, entre los años 

2002 a 2014. 


REGULACIÓN, PROTECCIÓN Y EXIGIBILIDAD 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


112 


La metodología de trabajo estuvo centrada en la construcción de una matriz de datos 
en la cual se recejarán las variables clásicas y otras denominadas de base o estructurales. 

Una vez obtenidos la totalidad de los archivos en formato textos (denominados even¬ 
tos de seguridad pública o novedades generadas por el sistema) bajo el rótulo “suicidios 
consumados”, se diseñó la matriz en formato electrónico. 

Desde ahí se comenzó un proceso de lectura y digitalización de la información en 
variables para los años 2002 a 2014. 


Suicidios consumados: luces y sombras en Montevideo 

En el período de tiempo 2002-2014 se registraron en el 2.488 eventos caratu¬ 
lados como suicidios consumados en el departamento de Montevideo. De los mismos, el 
presente artículo no tomará en cuenta los suicidios de menores de 15 años y los que se 
presentaron sin dato en la variable edad (15 suicidios y 33 suicidios respectivamente). El 
artículo hará referencia a 2.440 suicidios consumados de 15 años y más en tres grupos de 
edad (15 a 35 años; 36 a 59 años y 60 y más). El agrupamiento responde a una necesidad 
teórica como metodológica. Teórica, debido a los distintos procesos y situaciones vitales 
que afectan a cada grupo de edad. Finalmente, metodológica, ya que debido a la reducida 
muestra, realizar esta agrupación permite obtener resultados más completos de estos gru¬ 
pos de edad. 

Tal como aparece en diversos estudios e informes de investigación, el suicidio con¬ 
sumado es un fenómeno típicamente masculino, en donde los hombres presentaron un 
porcentaje de 74,7% frente a un 27,3% de las mujeres en Montevideo entre 2002 y 2014. 

Cuando se desagregan los suicidios por sexo y grupos de edad se puede observar una 
fuerte masculinización del mismo en el tramo más joven de 15 a 35 años con un 81.8% 
de hombres frente a un 18,2% de las mujeres; el siguiente grupo con mayor porcentaje de 
hombres es el de los mayores de 61 años con un 74,5%, y por último los hombres entre 36 
a 60 años con un 66,5%. 

Se podrían plantear para los más jóvenes y los adultos mayores masculinos la hipótesis 
que Fraiman y Rossal (2009) retoman de Gabriel Kessler (2004), en donde dos lógicas, la 
“lógica del proveedor” y la “lógica del consumo”, estarían interpelando principalmente a los 
hombres, en donde este proveedor es principalmente un trabajador, sujeto a una moralidad 
que presiona e interpela en modo diferencial a hombres y mujeres: 

“el proveedor es principalmente un hombre y seráforzado por, antes que una ' lógica’ una 
‘moralidad de proveedor’ desde edades más o menos tempranas, afectando inevitablemente 
la formación educativa, reproduciendo el rezago en capital cultural, siempre con relación a la 
sociedad de consumo (Fraiman; Rossal. 2009.p.26). 



Se podría hipotetizar que la lógica del consumo y la de la provisión se expresa diferen¬ 
cialmente por edad, sexo y la posición socioeconómica, en donde en los jóvenes adultos 
masculinos pertenecientes a sectores pobres y bajos estaría pesando la lógica del consumo y 
de la provisión, como explican Fraiman y Rossal (2009): 

(...) el hijo del trabajador que no puede reproducir sus condiciones de vida, condenado 
necesariamente a los imperativos de la provisión -ya sea por el hecho de ser padre o por no 
querer vivir de “agregado”, o para tener para “los vicios”, o bajo el mandato “anda a laburar”-, 
en un universo donde el trabajo precario no provee, se podrá convertir en uno de los sujetos más 
vulnerables de nuestra sociedad, sin dudas el más inseguro (en las múltiples acepciones que la 
palabra comporta), (p.29). 

Es importante tener en cuenta al momento de pensar el suicidio en adultos mayores 
(60 y más) “(...) la visión hegemónica con la que la vejez es representada en nuestra sociedad, 
se construye con una serie de contenidos y por asociaciones con ideas y conceptos fundamental¬ 
mente negativos o desvalorizados.” (Berriel, Et al. 2006: 42). 

Continuando la misma hipótesis explicativa del suicidio en los hombres adultos ma¬ 
yores es la posición que éstos han ocupado en sus familias y parejas, tal como expresaban 
Fraiman y Rossal (2009), la moralidad de la provisión los posiciona como los proveedores 
bajo el mandato social de ser el sostén socioeconómico. 

Para comprender el lugar que ocupa el trabajo fundamentalmente para los hombres 
adultos mayores, Berriel et al.(2006) destacan que conjuntamente al significado de ‘ocupar 
el tiempo’, el trabajar comporta otros sentidos ligados al asumir responsabilidades, a la ca¬ 
pacidad de ganarse el sustento, al sentirse útil, lo cual se expresa como una única forma de 
pensarse en la vida. 

En su trabajo un tema significativo es la relación entre jubilación y pérdida de ingresos, 
la cual se asocia con una pérdida de calidad de vida, manifestándose en una forma particular 
de pensar y pensarse en la vejez. Los autores avanzan planteando que esta relación se inten¬ 
sifica en los sectores de nivel socioeconómico bajo, lo cual se expresaría negativamente en 
una relación entre vejez y pobreza, dando lugar a conformación de factores de riesgo que 
atentan contra la salud y bienestar de los sujetos (Berriel, et al. 2006) 

Para una amplia mayoría de estos adultos mayores “la jubilación implica una pérdida 
de roles y actividades que repercuten en su entorno familiar y comunitario, por lo cual se debe 
encontrar otras sustitutaspara no caer en un estado de alineación e inadaptación (Berriel, et 
al. 2006. p.24) 


113 


REGULACIÓN, PROTECCIÓN Y EXIGIBILIDAD 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


114 


Suicidios consumados según sexo y grupos de edad. 
Montevideo. 2002 - 2014. Porcentajes 



15 a 35 

36 a 60 

61 y más 

Total 

Hombre 

81,8 

66,5 

74,5 

74,7 

Mujer 

18,2 

33,5 

25,5 

27,3 

Total 

100 

100 

100 

100 


Fuente: Ministerio del Interior. Elaboración Grupo de Prevención y Comprensión de conducta suicida. 


Al observar otros de los indicadores clásicos, como ser el estado civil, incorporado por 
E. Durkheim en sus primeros análisis, el cuadro siguiente presenta dicho indicador según 
grupos de edad y sexo, en donde podemos observar para el total de los mismos que la situa¬ 
ción que aparece con un mayor porcentaje es la de casado o unión de hecho con un 38,3%, 
en segundo lugar los solteros con 27,4%, seguido de los divorciados o separados de la unión 
con un 21,3% y por último los viudos o viudos de la unión con un 10,2%. 

Cuando se realiza un análisis por grupos de edad se puede observar que en los jóvenes 
de 15 a 35 años la situación civil que predomina es la de soltero en un 58,8% y en segundo 
lugar los casados o unión de hecho con un 23,2%, en tercer lugar los divorciados o separa¬ 
dos de la unión con un 15,8% y con un porcentaje muy pequeño los viudos (0,9%). 

Al pasar al segundo grupo de edad (36 a 60 años) las situaciones varían presentándose en 
primer lugar la situación de estar casados o unión de hecho con un 44,8%, después los divor¬ 
ciados con un 30,1% duplicando prácticamente al grupo de los jóvenes en esta situación, los 
solteros caen en su proporción a 17,8% y crece levemente la situación de viudos a 3,6%. 

El grupo de los adultos mayores (61 y más) presenta al igual que el grupo de 36 a 60 
años un porcentaje importante de casados, siendo el mismo de 45,1%. Como novedad, en 
segundo lugar se encuentran los viudos con un 27,7%, en donde las mujeres presentan un 
41,4% de viudas y los hombres un 23%; en tercer lugar los divorciados con un 15,5% y en 
un porcentaje menor la situación de estar soltero con un 8,2%. En concreto, son las mujeres 
y viudas las que comenten en mayores porcentajes suicidios consumados. 

Las diferencia en la situación de los hombres y mujeres viudos/as según Berriel, Pare¬ 
des y Pérez (2006) no puede ser explicado exclusivamente a partir de factores demográficos, 
sino que en este fenómeno también intuye la construcción subjetiva de género. 

De esta forma, los hombres que enviudaron o se divorciaron vuelven a buscar una 
nueva pareja. En cambio las mujeres permanecen solas, obedeciendo el mandato familiar; 
“un matrimonio es para toda la vida”. Berriel et al (2006) encontraron 

(...) un aspecto que muestra claras diferencias por género lo constituyen las referencias a la 
soledad y el aislamiento. En las mujeres este aspecto aparece como una preocupación por la soledad 






futura, cuando suponen que no podrán hacer una búsqueda activa de la compañía del otro. En 
los varones esto parece estar referido a lo ya señalado en cuanto al tniedo a la dependencia y la 
pérdida de autonomía que incluso acarrea para algunos sujetos ideas de suicidio, (p. 42). 


Suicidios consumados según situación civil, grupos de edad y sexo. 
Montevideo. 2002 - 2014. Porcentajes. 



15 a 35 

36 a 60 

61 y más 



Hom- 

Mujer 

Sub 

Hom- 

Mujer 

Sub 

Hom- 

Mujer 

Sub 

Total 


bre 


Total 

bre 


Total 

bre 


Total 


Casado o Unión de 
hecho 

21,6 

30,1 

23,2 

43,2 

47,9 

44,8 

51,5 

26,2 

45,1 

38,3 

Soltero 

60,8 

50,0 

58,8 

20,2 

12,9 

17,8 

7,0 

11,5 

8,2 

27,4 

Viudo o Viudo de la 
unión 

0,5 

2,9 

0,9 

3,0 

4,7 

3,6 

23,0 

41,4 

27,7 

10,2 

Divorciado o sepa¬ 
rado de la unión 

16,1 

14,7 

15,8 

29,3 

31,9 

30,1 

15,1 

16,8 

15,5 

21,3 

Sin datos 

1,0 

2,2 

1,2 

4,3 

2,5 

3,7 

3,4 

4,2 

3,6 

2,9 

Total general 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 


Fuente: Ministerio del Interior. Elaboración Grupo de Prevención y Comprensión de conducta suicida. 


A la hora de hablar o analizar el método empleado se encuentra que es el “Ahorcamien¬ 
to, estrangulamiento o sofocación’ el que presenta la mayor proporción con un 46,6% del 
total, seguido de las “armas defuego”con un 32,9%, el salto desde un lugar elevado con un 
9,3% y en cuarto lugar las sustancias con un 5,1%. 

Cuando se analiza por método, grupos de edad y sexo se encuentran ciertas singu¬ 
laridades. Así, el ahorcamiento cuando se avanza en la edad, presenta un descenso en su 
proporción pasando de 65,4% en los más jóvenes a un 44,7% y finalmente a 30,1% en los 
mayores de edad. Es importante marcar que tanto hombres como para mujeres, presentan 
el mismo patrón de comportamiento, es decir un marcado descenso de este método. 

El método armas de fuego presenta la situación inversa, aumenta la proporción a medida 
que se pasa de un grupo de edad a otro, partiendo en el grupo más joven de 22,4%, pasando 
a 32,2% para finalmente llegar a 44,3%. La diferencia se da cuando se toma en cuenta el sexo, 
los hombres muestran el mismo comportamiento que a mayor edad, mayor la participación 
de las armas de fuego con porcentajes de 21,3% llegando en los de 61 y más a 51,5%, son las 
mujeres las que presentan un descenso de la proporción de las armas de fuego partiendo de 
27,2% para caer en el grupo de edad de 36 a 60 años a 22,7% y aumentar levemente en el tercer 
grupo a 23%. El salto desde lugar elevado ocupa el tercer lugar como método, la proporción 


115 


REGULACIÓN, PROTECCIÓN Y EXIGIBILIDAD 










DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


116 


es del 9,3% para el total de suicidios consumados en Montevideo en el período de referencia. 
El porcentaje para los hombres jóvenes es del 4,3%, aumentando levemente en los otros dos 
grupos a 5,6% y 7,9% respectivamente. En el caso de las mujeres, la proporción se presenta en 
los tres grupos de edad en forma más significativa, con un porcentaje de 16,2% en las jóvenes 
de 15 a 35 años, pasando a 14,8% en el grupo de 36 a 60 años, y finalmente con un aumento 
importante en las mujeres de 61 y más años, con 28,3%. 

El cuarto método en importancia por su proporción es el de sustancias, representando 
un 5,1% en el total de suicidios. Cuando se analiza por sexo, se encuentra que es un método 
principalmente usado por las mujeres, en donde oscila entre 6,6% en las mujeres jóvenes y 
15,5% en las de 36 a 60 años. 


Suicidios consumados según método, grupos de edad y sexo. 
Montevideo. 2002 - 2014. Porcentajes. 



15 a 35 

36 a 60 

61 y más 



Hom- 

Mujer 

Sub 

Hom- 

Mu- 

Sub 

Hom- 

Mu- 

Sub 

lotal 


bre 

Total 

bre 

¡er 

Total 

bre 

¡er 

Total 


Arma de fuego 

21,3 

27,2 

22,4 

37,0 

22,7 

32,2 

51,5 

23,0 

44,3 

32,9 

Arma blanca 

0,8 

0,0 

0,7 

1,1 

1,3 

1,2 

1,1 

2,1 

1,3 

1,1 

Ahorcamiento, 











estrangulamiento o 
sofocación 

69,8 

45,6 

65,4 

48,5 

37,2 

44,7 

32,0 

24,6 

30,1 

46,6 

Envenenamiento, 
plaguicidas, sustan¬ 
cias biológicas 

0,2 

0,0 

0,1 

0,8 

2,8 

1,5 

0,9 

1,6 

1,1 

0,9 

Ahogamiento y su¬ 
mersión 

0,3 

0,0 

0,3 

0,3 

1,9 

0,8 

0,5 

4,2 

1,5 

0,9 

Salto desde un lu¬ 
gar elevado 

4,3 

16,2 

6,4 

5,6 

14,8 

8,7 

7,9 

28,3 

13,1 

9,3 

Sustancias (Medi¬ 
camentos, Drogas, 
Sedantes, etc..) 

2,8 

6,6 

3,5 

3,0 

15,5 

7,2 

2,2 

9,9 

4,1 

5,1 

Otros métodos 

0,2 

2,9 

0,7 

2,9 

3,5 

3,1 

3,6 

4,7 

3,9 

2,6 

Sin datos 

0,3 

1,5 

0,5 

0,8 

0,3 

0,6 

0,4 

1,6 

0,7 

0,6 

Total general 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 


Fuente: Ministerio del Interior. Elaboración Grupo de Prevención y Comprensión de conducta suicida. 


En el cuadro siguiente puede apreciarse claramente como son las armas cortas las que 
predominan en los suicidios que utilizan armas de fuego, representando el 90,9% del total 














de casos. Cuando observamos por grupos de edad y sexo la tendencia se mantiene, siendo 
prácticamente 9 de cada 10 suicidios consumados con armas cortas. 

La utilización como método de armas de fuego es consistente con la cantidad de armas 
a disposición de la población. En el Primer Informe presentado por el Observatorio de 
impacto de armas de fuego dice que “según datos oficiales del Registro Nacional de Armas 
(rna), a diciembre del 2012 Uruguay contaba con una cifra de 584.112 armas registradas. 
Un promedio de un arma defuego registrada cada cinco uruguayos.” (HEEfflKl. 2013). 

A las armas registradas (584.112) hay que agregarles las no registradas, que según el 
informe dice: 

“Si bien no se ha podido precisar la cantidad de armas defuego en el mercado clandestino, 
estudios internacionales estiman la llamada “cifra negra” en mi arma ilegal porcada una regis¬ 
trada. De acuerdo a las estimaciones más optimistas, el cálculo sería de un arma de fuego cada 
3 habitantes uruguayos, lo que situaría a Uruguay en la novena posición del ranking mundial 
de cantidad de armas per cápita (Army Survey); similar proporción que Irak, con 32 armas 
cada 100 habitantes;y muy superior a la de Colombia, con 6 armas cada 100 habitantes. Las 
cifras son alarmantes, más si se tiene en cuenta que Uruguay carece de la tradición bélica de los 
países anteriormente mencionados (ielsur. 2013; p.l) 

El mismo informe expresa que estas armas “...según el RNA, del total de armas registra¬ 
das, solo un 11% pertenece a policías, militares y coleccionistas. El restante 89%, está en manos 
de la población civil (personas físicas o jurídicas). En 2012 se registraron 5.394 armas, de las 
cuales el 63% fueron presentadas por civiles.” (ielsur. 2013; p. 1) 

Por lo tanto, al momento de pensar en políticas de prevención del suicidio habría que 
pensar en la necesidad de campañas de desarme, debido a los riesgos que existen hoy en día 
en los hogares por la alta presencia de las mismas. 


Suicidios consumados según tipo de arma de fuego, grupos de edad y sexo. 
Montevideo. 2002 - 2014. Porcentajes. 



15 a 35 

36 a 60 

61 y más 



Hom- 

Mujer 

Sub 

Hom- 

Mujer 

Sub 

Hom- 

Mujer 

Sub 

lotal 


bre 

Total 

bre 

Total 

bre 

Total 


Corta 

93,1 

94,6 

93,4 

87,1 

94,4 

88,9 

90,9 

95,5 

91,5 

90,9 

Larga 

6,9 

5,4 

6,6 

12,9 

5,6 

11,1 

7,3 

4,5 

6,9 

8,5 

Sin datos 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

1,7 

0,0 

1,8 

1,0 

Total general 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 


Fuente: Ministerio del Interior. Elaboración Grupo de Prevención y Comprensión de conducta suicida 


117 


REGULACIÓN, PROTECCIÓN Y EXIGIBILIDAD 










DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


118 


Dentro de las armas utilizadas, surge en primer lugar el revólver con un 71,4%, seguida 
de la pistola con un 17,2%. Las armas largas aparecen con un porcentaje del 4,6% las esco¬ 
petas y un 3,7% los rieles. 

La presencia de usuarios problemáticos de drogas 2 representó para el total de suicidios 
una proporción del 8,8% en Montevideo entre los años 2002 a 2014. 

“El uso problemático de drogas, por su característica envolvente sobre la vida de los indivi¬ 
duos y dada la relación que termina estableciendo la persona con la sustancia en estos patrones 
de uso, en muchos casos genera barreras, cuando no límites infranqueables, para el buen desem¬ 
peño individual, familiar y social, en definitiva lo que se espera en términos de adaptación. El 
consumo abusivo y la dependencia de las drogas afecta no solo de modo significativo la calidad 
de vida de las personas sino que, por sobre todas las cosas, produce padecimiento ” (Rossal, 
Suárez, 2014. p. 16) 

Cuando se analiza por grupos de edad, se observa claramente es un fenómeno que se 
expresa en los jóvenes de 15 a 35 años, presentando un porcentaje poco significativo en 
los suicidas de 36 a 60 años y sin aparecer en los registros en los de 61 y más años. En los 
jóvenes la presencia de usuarios problemáticos represento el 23,5% del total de suicidios 
consumados de 15 a 35 años, siendo en los hombres un 26,1% y en las mujeres del 11,8%. 
En el segundo grupo de edad estos porcentajes disminuyen en forma importante, siendo los 
hombres los que presentan la mayor proporción con un 5,9% y las mujeres con 0,6%. 

De estos usuarios de drogas, un porcentaje importante presentó en la novedad policial 
la referencia a que eran usuarios de pasta base de cocaina (PBC), 

“...respecto al perfil de los consumidores de pasta base, se encuentra que ocho de cada diez 
son hombres, tres de cada cuatro son menores de treinta años y siete de cada diez residen en la 
capital delpaís.” (Rossal, Suárez, 2014.p. 16) 

En este sentido, los autores destacan la asociación entre el uso de fflE y situaciones de 
extrema precariedad y vulnerabilidad social, como ser la mendicidad, prostitución y otras 
prácticas marginales de vida que retroalimentan la pérdida del espacio social. (Rossal, Suᬠ
rez, 2014) 


En ellos se expresa 

“(...) la vulnerabilidad, exclusión, cuando no expulsión: la ruta de deterioro signada 
por el uso problemático de drogas deja para muchos solo la calle como ilusión de espacio- 
lugar, lo que los convierte en seres (parias) absolutamente visibles por su desterritorializa- 

2 Uso problemático de drogas: un uso de drogas puede ser problemático para una persona cuando el mismo 
afecta negativamente -en forma ocasional o crónica- a una o más áreas de la persona, a saber: su salud física o 
mental; sus relaciones sociales primarias (familia, pareja, amigos); sus relaciones sociales secundarias (trabajo, 
estudio); sus relaciones con la ley. 



ción e imagen socavada por las miserias. En términos de Castel (1997), se convierten en 
individuos con una situación que «Kota» en la estructura social, poblando sus intersticios 
sin encontrar un lugar que los contenga. Se convierten en algo más que excluidos y para ello 
se incorpora el término de desafiliación que es un concepto dinámico y por lo tanto con 
mayor poder explicativo.” (Rossal, Suárez, 20l4.pp. 53-54). 


Usuarios problemáticos de drogas según grupos de edad y sexo. Montevideo. 2002 - 

2014. Porcentajes. 



15 a 35 

36 a 60 

61 y más 



Hom¬ 

bre 

Mujer 

Sub 

Total 

Hom¬ 

bre 

Mujer 

Sub 

Total 

Hom¬ 

bre 

Mujer 

Sub 

Total 

lotal 

No 

73,9 

88,2 

76,5 

94,1 

99,4 

95,9 

100,0 

100,0 

100,0 

91,2 

Si 

26,1 

11,8 

23,5 

5,9 

0,6 

4,1 

0,0 

0,0 

0,0 

8,8 

Total general 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 


Fuente: Ministerio del Interior. Elaboración Grupo de Prevención y Comprensión de conducta suicida. 


Breves reflexiones finales 

Como se observó alo largo de texto, el suicidio reviste como tema de gran interés sani¬ 
tario en nuestro país. Como hecho social se presenta como un hecho complejo y previsible 
en sus tasas, sean estas por tramos de edad, por sexo u otras variables que den cuenta del 
fenómeno. 

El primer hecho que llama poderosamente la atención al observar los datos en esta 
materia es la extrema variabilidad que presentan las tasas anuales por departamentos y los 
ciclos “atípicos” que presentan. 

El segundo hecho es la incidencia, relativa, pero incidencia al fin, que presentan las 
crisis económicas derivadas en crisis sociales y culturales, como “motor” de crecimiento 
de las tasas. No sucede lo mismo y llega a contraponerse, la escasa incidencia que tienen 
los periodos de recuperación económica en “mitigar” o en hacer decrecer las tasas totales. 
Todo parece indicar, que aquellas hipótesis que hablan o plantean que el aumento de las 
tasas se produce con las crisis económicas, y los períodos de auge o recuperación económica 
no inciden a la baja de la tasa con la misma fuerza que inciden al alza, son correctas o tienen 
alta probabilidades de serlo. 

En Montevideo existe una leve asociación entre, aquellos fflIE en los cuales la pobreza 
o indigencia se muestras o expresa con mayor fuerza, con los suicidios consumados e inclu¬ 
so con los intentos de autoeliminación. 


119 


REGULACIÓN, PROTECCIÓN Y EXIGIBILIDAD 







DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


Por otro lado, existe un conjunto de variables que dan cuenta del fenómeno, diferen¬ 
ciándolo, especificándolo y tornándolo previsible. Es así que, podemos sostener, u asociar 
variables que dan cuentan del fenómeno, para las dos franjas etarias de los extremos (adultos 
mayores y jóvenes). Para los primeros, el hecho de estar en situación de soledad conjugado con 
el ser hombre, conlleva cierta probabilidad mayor de cometer el hecho. Para los segundos, ser 
joven hombre, vivir en un EBE3 con características de alta vulnerabilidad social, el uso proble¬ 
mático de drogas, la falta de empleo y ser excluido de la educación formal, conlleva en este 
caso también en un aumento de la probabilidad de la ocurrencia del fenómeno. 

Es así que el fenómeno presenta características singulares y particulares, en donde los 
procesos de exclusión y segregación tanto en el eje económico, social y cultural, como el eje 
espacial, cobran real significado. 

Como emergente explícita los problemas de integración social, en donde diversas di¬ 
mensiones de la precariedad y desigualdades cobran relevancia. Estas dimensiones pueden 
ser de género, etarias y regionales; todas ellas socavan o atentan contra las bases instauradas 
del reconocimiento intersubjetivo y positivo. 


Bibliografía 

Alvira Martín, F; Blanco Moreno, F. (1998). Estrategia y técnicas investigadoras enElSuicidio, deEmile Durkhe- 
im. Revista Española de Investigaciones Sociológicas. N° 81. Enero - Marzo 1998. http://www.reis.cis. 
es/REIS/PDF/REIS_08 l_06.pdf (Recuperado el 2 de agosto de 2014) 

Baudelot, Ch. y 7 Establet, R. Durkheim y el Suicidio ediciones Nueva Visión Bs As Argentina 2008. 

120 Bertolote J., Fleischman A.: Suicidio y diagnóstico psiquiátrico: una perspectiva mundial. En: World Psychiatry, 

Oficial Journal of the WPA 2002. 

Cohén Agrest, Diana. “Por mano Propia. Estudio sobre las prácticas suicidas” FCE Argentina 2007. 

Durkheim, Emile. (2004). El suicidio. Ediciones Libertador. 

Estimaciones de la Pobreza, por método de ingreso INE Marzo 2015. 

González, Víctor Hugo. 2015. Suicidio y precariedad vital en Montevideo. En busca de una vida digna de ser 
vivida. 2002 - 2010. Tesis de Maestría en Psicología Social. Facultad de Psicología. Universidad de la 
República. 

Guías de Prevención y Detección de Factores de Riesgo de Conductas Suicidas. (2008). Ministerio de Salud 
Pública. Dirección General de Salud. Programa Nacional de Salud Mental. 

Larrobla, Cristina; Canetti, Alicia; Hein, Pablo; Novoa, Gabriela; Durán, Mariana. (2013). Prevención de la 
conducta suicida en adolescentes. Guía para los sectores Educación y Salud. Colección Art.2. Universidad 
de la República. CSIC. 

Matusevich, Daniel. (2003). Análisis cualitativo de ocho notas suicidas en la vejez. Revista Argentina de Psi¬ 
quiatría. Volumen XIV- N°52. Junio/Julio/Agosto 2003 http://www.polemos.com.ar/docs/vertex/ 
vertex52.pdf (recuperado el 31 de julio 2014). 

Mortalidad por Suicidio en las Américas. Informe Regional OPS OMS 2012 Washington D.C. 2014. 



Instituciones públicas de internación psiquiátrica en 
Uruguay: entre el abandono y el horror 
Breve cronología de hechos 

2010-2013: 

Según información recabada por la Institución Nacional de Derechos Humanos 
(HKIKIfflEE]) en ese período se registraron 158 ataques de perros hacia pacientes de las Colo¬ 
nias Etchepare y Santín Carlos Rossi. 

En diciembre de 2013, un equipo de la lEEIfflIEIIE realizó una visita a las colonias psi¬ 
quiátricas Bernardo Etchepare y Santín Carlos Rossi, donde se constató que la situación 
denunciada -ataques reiterados de la jauría de perros- comprometía la seguridad e impedía 
el traslado de las personas; asimismo identificó en la Colonia Santín Carlos Rossi, otras si¬ 
tuaciones vinculadas a las condiciones de internación y aislamiento que afectaban los dere¬ 
chos humanos de los pacientes. “Pese a los importantes esfuerzos por superar el modelo asilar y 
acompañar el Programa Nacional de Salud Mental aprobado en 1986y actualizado en el año 
2005, consideramos que los resultados continúan siendo insuficientes para garantizar la dig¬ 
nidad de las personas con sufrimientos mentales. Nuestro país debe armonizar su legislación, 
política, instituciones y acciones en Salud Mental a los consensos y acuerdos internacional para 
la atención y protección de los derechos de las personas con situaciones de sufrimiento mental y 
en particular para aquellas con trastornos mentales graves y en situación de exclusión social”, 
señalaba el informe realizado por la Institución, tras la visita. 1 

2015: 

25 de marzo: Un paciente muere al ser atacado por una jauría de perros en la Colonia Et¬ 
chepare. Se calcula que existían unos 150 perros en los predios de la Colonia. 

9 de mayo: Un paciente es encontrado muerto atado a una silla y con quemaduras en la 
Colonia Santín Carlos Rossi. La médica firmó el certificado de defunción por “muerte na¬ 
tural”. Otro paciente es encontrado muerto por la presunta golpiza de otros internados en 
la Colonia Etchepare. 

22 de mayo: El Movimiento Salud para Todos denuncia ante el Juzgado Letrado de San José 
la presencia de una serie de casos de tuberculosis en la Colonia Santín Carlos Rossi, entre 
ellos los de seis personas que habrían fallecido. 


1 Comunicado de “Sobre jaurías en colonias Santín Rossi y Etchepare”. http://inddhh.gub.uy/ 

sobre-jaurias-en-colonias-santin-rossi-y-etchepare/ 


121 


REGULACIÓN, PROTECCIÓN Y EXIGIBILIDAD 




DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


3 de junio: La bacteria Clostridium dilEI cile provocó el fallecimiento de una paciente de la 
Colonia Etchepare. 2 

5 de agosto: Ante la publicación y difusión de nuevas denuncias y testimonios sobre las pé¬ 
simas condiciones de vida de los pacientes, Efl PMXl releva del cargo al director de la Colonia 
Etchepare, Osvaldo do Campo. 3 4 

Otros datos: 

Promedio de internación en Colonia Etchepare: 20 años 
Cantidad de internos en Colonia Etchepare: 450 
Cantidad de internos en Colonia Santín Carlos Rossi: 350 

Un fallo judicial determinante 

El 28 de marzo de 2015, la Jueza Letrada suplente Dra. Viviana Gránese, deljuzgado 
Letrado de Primera Instancia de San José de I o Turno, responsable de la investigación penal 
por la muerte de un paciente psiquiátrico como consecuencia de un ataque canino, intimó 
al Ministerio de Salud Pública, y a N MXIXI para que en un plazo de 72 horas se erradicaran el 
total de perros existentes en las Colonias Etchepare y Santín Carlos Rossi. 1 

La resolución también impuso a IT UXMXl , a la Dirección de Salud Mental y a la Dirección 
de las Colonias Etchepare y Santín Carlos Rossi, la obligación de redistribuir en un plazo 
de 10 días a los pacientes de los Pabellones 24, 29 y 30, que se encontraban en situación de 
122 riesgo físico, mental y carentes de una protección integral de su salud, así como vulnerados 
en sus derechos humanos. La jueza calificó como “decadente” el estado de las condiciones 
edilicias de dichos pabellones, así como también cuestionó las condiciones de higiene en 
las que viven los pacientes. 

Asimismo, ordenó la coordinación de un plan de mantenimiento por parte de la Co¬ 
misión de Zoonosis y de la Facultad de Veterinaria, a efectos de que concurrieran en forma 
mensual para constatar la existencia y situación de las mascotas que pudieren aparecer, el 
estado de situación de las mismas y el hábitat que corresponda a los efectos de no perjudicar 
la condición sanitaria de los pacientes de ambas Colonias. 5 


2 Fuente: http://www.elpais.com.uy/informacion/bacteria-mata-etchepare-alerta-virus.html 

3 Fuente: http://www.elpais.com.uy/informacion/asse-decidida-relevar-cargo-director.html; http://www. 
elpais.com. uy/información/ auditoria-colonia-etchepare.html. 

4 Existieron protestas de Organizaciones en defensa de los derechos de los animales ante la eventualidad de 
que se decidiera sacrificar a los perros (la resolución judicial dice “erradicar”, lo que puede instrumentarse de 
diversas formas), pero las autoridades del Ministerio del Interior, y el Ministerio de Defensa definieron 
que solamente serían capturados. 

5 Fuente: http://www.poderjudicial.gub.uy/images/ resoluciones/2015/resoluc_28-03-15_msp_asse_pe- 
rros_etchepare_jueza_granese.pdf 





La Asamblea Instituyeme “Por Salud Mental, 
Desmanicomialización y vida digna” promueve la 
presente declaración e iniciativa de adhesión pública 

Montevideo, 28 de Mayo de 2015 

Por la presente, las y los abajo firmantes, ciudadanos y ciudadanas del Uruguay, hace¬ 
mos llegar nuestra solicitud para que en el actual período legislativo integre a la discusión 
quinquenal un proyecto de ley de Salud Mental integral que implique un cambio de para¬ 
digma, centrado en una perspectiva de derechos humanos. 

La actual Ley, que organiza la atención en Salud Mental en el Uruguay data de 1936 
y responde a un paradigma totalmente superado en la materia. Esta Ley por lo tanto no se 
ajusta a los estándares mínimos de derechos humanos contenidos en tratados y documen¬ 
tos internacionales sobre derechos humanos a los que Uruguay se ha suscrito o ratificado. 

Los recientes acontecimientos acaecidos en la Colonia de Alienados Bernardo Etche- 
pare, reviven cíclicamente una situación insostenible de la política pública en la materia; 
que ha sido denunciada permanentemente en diversos ámbitos. Está basada fundamental¬ 
mente en un modelo aislacionista, segregador y custodial por el que se rompe el vínculo de 
la persona con la comunidad, sumado a la falta de garantías procesales para las internaciones 
que no reconocen las protecciones debidas establecidas en los Principios de Salud Mental 
(juridiccionalidad, interdisciplinariedad y Órgano de Revisión de los derechos humanos 
independiente) y se llevan adelante con plazos indeterminados. 

Esta situación, sumada -a la preocupación histórica- por el uso indiscriminado de 
terapias electro convulsivas, o al uso de la farmacoterapia como modalidad de atención 


123 


REGULACIÓN, PROTECCIÓN Y EXIGIBILIDAD 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


124 


predominante; se agrava por los problemas estructurales de los Centros, la capacitación del 
personal dedicado a las funciones y a la insuficiencia de intervenciones de rehabilitación e 
inclusivas a nivel comunitario. 

Durante el 2007 y 2009 se elaboró una propuesta de Anteproyecto de Ley de Salud 
Mental, en el marco del Grupo “Legislación, políticas y ddhh” de la IE.IEMH del Programa 
Nacional de Salud Mental del IXIffl; pero no avanzó al debate parlamentario. En su Art.l 
establece: “La presente Ley tiene por objeto garantizar en la República Oriental del Uruguay 
el derecho humano a la salud mental de todas las personas, tanto en forma individual como 
familiar, grupal o comunitaria, así como su calidad de sujeto de derecho, no perdiéndose, ni 
suspendiéndose esta en ninguna circunstancia”. 

Entendemos que el estado de salud aspirado, es aquel en que las personas dispongan 
de las mejores posibilidades en el desarrollo de capacidades y habilidades, de forma tal, que 
puedan vivir, convivir y generar bienestar y desarrollo. 

En este marco, y de modo de garantizar el derecho a la vida, a la libertad, al más alto es¬ 
tándar de salud, donde se puedan ejercer y gozar libremente de los derechos fundamentales 
de las personas, los y las abajo firmantes solicitamos: 

1. La impostergable discusión y aprobación de una Ley de Salud Mental adecuada 
a los estándares internacionales y las recomendaciones internacionales al Estado 
uruguayo emanadas de los órganos de tratados, centrados en la dignidad del sujeto, 
el vínculo con su familia y la comunidad. 

2. Una atención integral e interdisciplinaria de la salud mental, intersectorial y con 
una Red de Servicios de Salud Mental que funcionen con coberturas territoriales. 
Servicios comunitarios y culturales constituidos básicamente por Centros de aten¬ 
ción diurna, Centros de residencia con atención diurna y nocturna. La construc¬ 
ción de dispositivos de atención comunitaria e intervenciones psicosociales. 

3. Creación de Unidades de Atención en Salud Mental en Hospitales Generales. 

4. Revisar el posible uso indiscriminado de medidas de fuerza, de uso indiscrimina¬ 
do de electrochoques y del uso abusivo de psicofármacos, incluyendo la revisión y 
cumplimiento de protocolización de actuación. 

5. Elaboración de un cronograma donde se explicite el cierre progresivo de las Colo¬ 
nias de Alienados Bernardo Etchepare y Santín Carlos Rossi, del Hospital Psiquiᬠ
trico Vilardebó y de las instituciones públicas y privadas de atención manicomial y 
monovalente en todo el territorio nacional. 

6. La creación de un Organo Revisor de los Derechos Humanos independiente y la 
pronta dotación de recursos para que la Institución Nacional de Derechos Huma¬ 
nos y Defensoría del Pueblo en tanto Mecanismo Nacional de Prevención de la 
Tortura desarrolle sus funciones legalmente asignadas. 



Comunicado de CAinfo 

Pronunciamiento sobre la cobertura periodística 
televisiva de un caso de abuso sexual infantil 

Montevideo, 1 de octubre de 2015 

Ante la promoción en canal 4 y redes sociales y posterior emisión del programa Santo 
y Seña el 30 de setiembre, que aborda un caso de abuso sexual a tres niñas, el Tribunal Arbi¬ 
tral de la Asociación de la Prensa Uruguaya -asistido por un comité especial- desea realizar 
consideraciones a la luz del Código de Ética. 

En primer lugar, el Tribunal desea destacar la importancia de que los medios de co¬ 
municación aborden estos temas como parte de la responsabilidad social del periodismo al 
exponer estos hechos ante la opinión pública. 

En segundo lugar, al justificar el abordaje del tema, el conductor Ignacio Alvarez ex¬ 
presa la importancia de informar del caso de abuso de tres niñas por parte de parejas de 
la madre según denuncia la abuela materna. Con la consigna de “romper el silencio” el 
conductor presenta el tema de una manera inadecuada, lo que va contra lo recomendado 
en el artículo 20 del Código de Ética Periodística que “...recomienda evitar coberturas que 
impacten de manera emotiva al público por sobredimensionamiento de algunos factores (sen- 
sacionalismo) al informar sobre accidentes, desastres o hechos delictivos. El sensacionalismo se 
considera una forma inadecuada de tratar los hechos informativos”. 

Pese a que el conductor dice que se tomaron los recaudos para evitar la identificación 
de la familia, mediante un cambio de nombre y ocultamiento de cara, en el transcurso del 
programa llega un mensaje de un televidente que dice reconocer a la familia y se sorprende 
de la existencia del caso, lo que demuestra la ineficacia del anunciado resguardo. 

El relato de los entrevistados (padres y abuelas de las niñas) ahonda en detalles esca¬ 
brosos del abuso lo que se contradice con el artículo 21 del código que señala: “...Losperio¬ 
distas cuidarán especialmente el uso de la imagen en las coberturas de hechos violentos, a fin de 
no abundar en detalles escabrosos como la exposición de caras y cuerpos con claros signos de vio¬ 
lencia ni criminalizar a las personas involucradas cuando se utilizan recursos de ocultación”. 

Además se pone en pantalla la entrevista a la niña de 7 años que si bien aparece de 
espaldas y con voz distorsionada -según los conductores para evitar su identificación- es 
consultada por la periodista sobre detalles del abuso y comportamientos de la madre, lo que 
no es respetuoso con la persona según indican los artículos 22 y 40 del código: Artículo 22: 
En el caso de coberturas periodísticas de crímenes, tragedias o accidentes, los periodistas 
deben ser respetuosos del dolor ajeno, evitando testimonios que re victimicen a las perso- 


125 


REGULACIÓN, PROTECCIÓN Y EXIGIBILIDAD 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


126 


ñas en situación de vulnerabilidad. Tampoco deben obtener de modo inconsulto imágenes 
o audio de las personas involucradas en hechos violentos. 

Artículo 40: “Se evitará laformulación de preguntas, actitudes o comentarios que puedan 
representar un juicio hacia los niños, niñas y adolescentes, que sean insensibles a sus valores 
culturales, que los pongan en peligro o los expongan a una humillación, o que reaviven el dolor 
y el duelo que sufren a causa de acontecimientos traumáticos ”. 

El abordaje que los conductores hacen del caso de abuso también tiene un componen¬ 
te de género significativo cuando culpabilizan a la madre por tener varios novios y salir a 
bailar y la señalan como principal responsable de la situación de abuso desconociendo el rol 
de los abusadores hombres, según señala el artículo 37: “Los periodistas no deben atribuir 
a personas o comunidades valores o funciones sociales inferiores, ni usarfiguras estereotipadas 
para valorar el desempeño de la mujer en cualquier ámbito (zomportamiento, actitudes, ves¬ 
tuario)”. 

Las características de la cobertura, el abordaje del tema y la difusión de testimonios 
de las víctimas, viola además disposiciones del Código de la Niñez y la Adolescencia y de 
la Convención Sobre los Derechos del Niño, suscrito por Uruguay. De este modo, los pe¬ 
riodistas también desconocen el artículo 38 del Código de Etica que recomienda: “Quienes 
cumplen funciones periodísticas deben conocer los convenios, acuerdos internacionales y leyes 
nacionales que promueven los derechos de niños, niñas y adolescentes, cuando aborden temas 
vinculados a ellos”. 

Por lo dicho antes este tribunal recomienda a quienes ejercen periodismo extremar las 
precauciones al relatar hechos de abuso, especialmente los que involucran a niños, niñas y 
adolescentes, evitando entrevistar a las víctimas para que no vuelvan a revivir la situación. 

También es fundamental evitar la difusión de cualquier dato que permita la identifi¬ 
cación de la familia involucrada para no impedir una futura inserción social de las personas 
abusadas. 

Además, el Tribunal desea reafirmar que un periodismo de calidad tiene como princi¬ 
pal función la información a los ciudadanos y no la denuncia ante la justicia de los hechos 
conocidos. Por esa razón, el abordaje de los hechos y el lenguaje utilizado debe ser respetuo¬ 
so de todas las personas que son objeto de la cobertura. 



Avances legislativos en la regulación radio y 

televisión 


Gustavo Gómez 1 


La Ley NT19.307 de Servicios de Comunicación Audiovisual fue aprobada en diciem¬ 
bre de 2014 y está vigente desde enero de 2015, luego de su promulgación y posterior pu¬ 
blicación el Diario Oficial 2 3 . 

La llamada “Ley de Medios” no es en realidad una ley de medios, en tanto no regula la 
prensa ni internet, sino solamente los servicios de radio y televisión, sean abiertos o de pa¬ 
gos, o sean brindados a través de espectro radioeléctrico, cables o transmisiones satelitales. 

El proceso previo a su aprobación fue destacado por importantes organizaciones in¬ 
ternacionales de protección de la libertad de expresión. 

El Comité para la Protección de los Periodistas por ejemplo, emitió un comu¬ 

nicado donde destacó que “el proceso transparente e inclusivo en el que se elaboró la ley es 
alentador en una época en la que algunos gobiernos democráticos en América Latina están 
utilizando leyes para reprimir el disenso y controlar elflujo informativo" 7 ’ . En el mismo senti¬ 
do se expresaron desde Reporteros Sin Fronteras (0®), afirmando que esta ley “representa 
bajo diversas perspectivas un buen modelo de regulación para otros países del continente, donde 
la libertad de información padece desequilibrios flagrantes. El debate con la sociedad civil que 
condujo a su elaboración también constituye un ejemplo” 4 . 

A esas conclusión llegaron no solamente porque ellos mismo fueron consultados -e 
invitados a visitar el país a opinar sobre el proyecto de ley- sino por las instancias creadas 
para institucionalizar la participación de todos los actores, incluidos los empresarios, deno¬ 
minadas Comités Técnicos Consultivos (000) para debatir los aspectos claves de la nueva 
regulación, en sus aspectos más generales 5 como en temas relacionados con las relaciones 
entre los derechos de los medios y los derechos de las niñas, niños y adolescentes 6 . 

Luego de cuatro años y medio -casi todo el gobierno de José Mujica-, aproximada¬ 
mente un año de análisis en cada Cámara -sólo en Diputados 50 organizaciones y expertos 
fueron escuchados en audiencias-, la norma fue aprobada con los votos del oficialismo y el 

1 Asesor de cinfo (Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública). 

2 http://www.parlamento.gub.uy/leyes/leyl9307.htm 

3 https://cpj.org/es/2014/12/el-cpj-saluda-la-aprobacion-de-ley-de-medios-audio.php 

4 http://es.rsf.org/uruguay-la-presion-de-ciertos-grupos-de-09-07-2013.44909.html 

5 http://www.apu.org.uy/wp-content/uploads/2010/12/Informe-final-CTC.pdf 

6 http://www.presidencia.gub.uy/sala-de-medios/fotografias/conferncia-de-prensa-conclusion-final-comi- 

te-tecnico-consultivo-libertad-expresion-medios 


127 


REGULACIÓN, PROTECCIÓN Y EXIGIBILIDAD 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


rechazo de toda la oposición, que cerró filas detrás de la posición de los gremios de empre¬ 
sarios de la radio y la ffl. 

A diferencia de otros países de la región, la nueva normativa uruguaya se centra en 
asegurar igualdad de oportunidades en el acceso a los medios audiovisuales y limitar la 
concentración indebida, con el objetivo de garantizar la diversidad y el pluralismo en el 
sistema de medios, en correspondencia con las recomendaciones de todos los organismos 
internacionales de protección y promoción de la libertad de expresión 7 . 

En materia de regulación de contenidos, las disposiciones son mínimas -sólo 5 de 
los 202 artículos de la Ley ffllEI 8 -, y se incluyen con el objetivo de proteger el derecho a la 
infancia ante los medios, o prohibir la apología o incitación a la discriminación. 

Por otra parte, no se incluyen aspectos para determinar la calidad o imparcialidad de 
las informaciones y opiniones emitidas a través de los servicios de comunicación audiovi¬ 
sual, pero sí hay exigencias de mínimos de producción audiovisual nacional o límites a la 
cantidad de minutos de publicidad por hora de transmisión. 

Este enfoque se encuentra bien recejado en palabras del presidente Mujica: 

“No es un proyecto de ley para amordazar a los medios, a los periodistas. Es más: va a 
tratar de dar certezas jurídicas a los operadores en algunos terrenos movedizos desde el punto 
de vista jurídico. Y también para garantizar más libertad de expresión, pero no solo más li¬ 
bertad de expresión para los medios, sino también para todas las personas. Cuidado, también 
para todas las personas. Así que no es una tentativa de acallar a los dueños de los medios, pero 
sí va a procurar plantearles que tienen obligaciones y responsabilidades para con la sociedad. 
128 (■■■) Tampoco existe ningún interés en regular los contenidos de los informativos, ni meternos 

en la eventual línea editorial de los medios. No es una cuestión de regular contenidos, no es que 
éste o cualquier Gobierno diga lo que es bueno o es malo; lo que es de calidad o lo que no es de 
calidad. No nos corresponde ese papel”. 9 

Los rasgos fundamentales de la legislación pueden resumirse en: 

a) La total exclusión de medidas de censura previa y de regulación de los servicios 
audiovisuales en función de la línea editorial de los medios, el reconocimiento de 
los derechos de las personas frente a los medios, así como el establecimiento de dis¬ 
posiciones para dar previsibilidad y certezas a los operadores privados, comerciales 
y comunitarios. 


7 Gustavo Gómez, La regulación de medios y la televisión digital en América Latina, Washington D.C., Banco 
Mundial, 2014 

8 http://www.elecodigital.com.uy/index.php/general/898-ni-exceso-de-regulacion-ni-ley-mordaza 

9 http://www.espectador.com/politica/240448/mujica-descarta-que-se-este-redactando-una-ley-de-me- 
dios 



b) La inclusión del concepto de “derechos de las personas frente a los medios”, en el en¬ 
tendido que la libertad de expresión y de información no es un derecho exclusivo 
de los dueños de los medios y sus periodistas. 

c) La radiodifusión es un soporte técnico para ejercer el derecho humano a la libertad 
de expresión y a la libertad de información y no un simple negocio. 

d) El espectro radioeléctrico como un bien público y patrimonio de la humanidad, y no 
una propiedad del Estado ni de los particulares que tienen autorización para su uso. 

e) El reconocimiento expreso del derecho a fundar medios audiovisuales como radio 
y televisión, que impone al Estado la obligación de garantizar el acceso equitativo a 
un recurso limitado como es el espectro radioeléctrico o de los particulares (incluye 
medidas como las reservas de espectro para medios comunitarios 10 ). 

f) El diseño de un sistema de medios plural y diverso con tres sectores diferenciados: 
comercial, público y comunitario. 

g) El reconocimiento y promoción de los medios comunitarios, de manera no discri¬ 
minatoria, tanto en radio como en televisión, sin limitaciones previas de ubicación, 
cobertura o de acceso a recursos económicos para su desarrollo. 

h) El desarrollo de medios públicos, con una definición legal que los obliga a ser emi¬ 
soras en función del interés general de toda la sociedad y no como medios guberna¬ 
mentales y oficialistas. 

i) La no discriminación en el acceso a las frecuencias y otros medios audiovisuales, 
garantizando la igualdad de oportunidades para el acceso de los habitantes de la 
República, así como la transparencia y difusión de los procedimientos y condicio¬ 
nes de otorgamiento de las asignaciones de frecuencias, que permitan una efectiva 
contraloría por parte de los ciudadanos. 

j) La promoción de las capacidades de las industrias nacionales de contenidos audio¬ 
visuales y soKIware, fomentando la identidad cultural del país, estimulando la crea¬ 
ción de fuentes de trabajo y favoreciendo la descentralización y producción local y 
regional de contenidos 11 . 


La aprobación de la ley sólo fue un primer -aunque arduo- paso adelante en la de¬ 
mocratización de las comunicaciones. Aunque las reacciones de las Relatorías de Libertad 
de Expresión de E3E1E y IEIIEIIEI fueron muy positivas, los sectores afectados en sus privilegios 


10 Ya reconocidas en la Ley N° 18.232 de Radiodifusión Comunitaria de 2007. 

11 Gustavo Gómez, La regulación de medios y la televisión digital en América Latina , Washington D.C., Banco 
Mundial, 2014. 


129 


REGULACIÓN, PROTECCIÓN Y EXIGIBILIDAD 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


130 


reaccionaron de inmediato contra la ley, a pesar de que sus dirigentes participaron de todo 
el proceso. 

Para Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresoón de la Comisión 
Interamericana de Derechos Elumanos, la Ley 1EEH “constituye un avance en términos de 
respeto a la libertad de expresión ”, destacando las “garantías para el ejercicio de la libertad 
de expresión a través de este tipo de medios, el desarrollo de mecanismos claros y transparentes 
para acceder a licencias y frecuencias, la búsqueda de la igualdad y la no discriminación en la 
participación del sistema de medios y los mecanismos equilibrados para limitar laformación de 
monopolios y oligopolios” 11 . 

Por su parte, el Relator de Libertad de Opinión y Expresión de Naciones Unidas, 
Lrank La Rué, “esta ley, en cuanto a libertad de expresión, es realmente un paso adelante y 
puede ser un verdadero modelo para toda América Latina. Alguna gente ha dicho ésto es una 
ley mordaza, esta ley nos va a llevar a la quiebra’. Primero, todo el mundo sabe que eso no es 
cierto. Los medios no van a ir a la quiebra por eso, no es una ley mordaza que les está limitando 
su libertad de expresión ” 13 . 

La posición de ffllEME] -la principal gremial de radio y ffl comerciales del país- fue 
expresada duramente por su presidente, Pedro Abuchalja: “(En) regímenes autoritarios en 
la historia del hombre, como los fascistas, los mussolinistas y los estalinistas, o en Cuba que no 
hay libertad de nada, o en Venezuela donde está condicionado todo y cierran los medios, hay 
leyes de este tipo” 14 . Para el expresidente Julio María Sanguinetti, mientras tanto, la “ley de 
medios es un revólver cargado en la nuca del periodismo independiente" 1 ^. 

Con ese nivel de confrontación, que no existió durante el debate de la ley, se desató 
una estrategia de judicialización a través de la presentación de unos 20 recursos de incons- 
titucionalidad entre febrero y julio de 2015 16 . 

Entre los recurrentes se encuentran la multinacional norteamericana lEM® ffl, así 
como las empresas de los tres grupos oligopólicos de la abierta y para abonados: canales 
4, 10 y 12, así como sus cableras Montecable, HEB y Nuevo Siglo. También presentaron 
recursos algunas radios y empresas de ffl por suscripción del Interior (estas últimas organi¬ 
zadas en ffllEH, Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados). 


12 http:// observacom.org/ relatoria-libertad-de-expresion-la-ley-audiovisual-de-uruguay-cumple-con-los- 
estandares-internacionales-y-la-convencion-americana-de-derechos-humanos/ 

13 Búsqueda, 5 de setiembre de 2013. 

14 http://www.elpais.com.uy/informacion/ andebu-regimenes-autoritarios-son-que.html 

15 http://www.espectador.com/politica/306033/sanguinetti-ley-de-medios-es-un-revolver-cargado-en-la- 
nuca-del-periodismo-independiente 

16 http://www.elobservador.com.uy/la-suprema-corte-justicia-tiene-estudio-19-expedientes-contra-la-ley- 
medios-n663348 



También presentó recursos el Partido Independiente, cuestionado el reparto entre los 
partidos políticos de la publicación gratuita durante campañas electorales que reconoce, 
por primera vez, esta norma. 

Ninguno de los recursos reclama la inconstitucionalidad de toda la ley, pero atacan 
entre 20 y hasta 60 artículos de la norma. Los principales argumentos esgrimidos por las 
empresas son la violación de la libertad de expresión y de información, así como a los dere¬ 
chos de propiedad, comercio, igualdad y seguridad jurídica. 

La Fiscalía de Corte a cargo del Dr. Jorge Díaz ya ha dado a conocer su dictamen res¬ 
pecto al primero de esos recursos (lEMEEI ffl) donde advierte que existen 5 artículos que 
serían incompatibles con la Constitución de la República, y otros 9 adolecen de problemas 
parciales. Entre ellas, algunas de las disposiciones que establecen límites a la concentración 
o la aplicación de sanciones, muchas de ellas por razones de legalidad o tipicidad. 

En aspectos fuertemente cuestionados por habilitar la censura o la autocensura como 
la regulación de contenidos para proteger a la niñez al ser “excesivamente vagos” (art. 32 
sobre el horario de protección de imágenes en televisión) para el Fiscal “no contiene vocablo 
ambiguo alguno” y que no sólo “no representa una alteración sustancial de régimen vigente 
sino que lo mejora”, al ser “una norma de mayor precisión en cuanto a la descripción del con¬ 
tenido no permitido durante el horario protegido”. Además, asegura, no hay “consagración de 
censura ni por ende restricción alguna a la libertad de expresión, por cuanto no persigue retirar 
contenidosni prohibir su emisión, ni privar ala audiencia televisiva de su inserción en la grilla 
contratada”. Por el contrario, el dictamen afirma que en casos de convicto entre derechos, 
“debe primar la atención y protección del público infantil y para ello el Estado puede legítima¬ 
mente proceder a dictar la correspondiente legislación” 11 . 

Para la Fiscalía de Corte “no toda regulación legislativa en materia de comunicación au¬ 
diovisualpuede ser catalogada como ‘censura previa ni “toda intervención estatal en la deter¬ 
minación de contenidos es contraria a la Constitución, pues de así interpretarse, se concluiría 
en la imposibilidad de regular, por vía legislativa, contenidos que potencialmente pudieren 
impactar negativamente sobre la saludfísica y psíquica del público receptor, lo cual incluye no 
solamente a los menores de edad (segmento de mayor riesgo), sino también al público adulto. 
Esa necesidad de regulación de torna evidente en temas tales como drogas, tabaquismo, alcohol, 
discriminación racial, prostitución, expresado ello solamente a modo de ejemplo de las hipótesis 
indiscutibles de necesaria legislación restrictiva en cuanto a su directa o indirecta apología ” 18 . 

En setiembre de 2015 se constituyó íntegramente la Suprema Corte de Justicia, al in¬ 
gresar la jueza María Elena Martínez en lugar de Jorge Ruibal Pino, al cumplir éste los 70 
años de edad. Recién a partir de ese momento el primero de los expedientes (DHEEE ffl) 


17 http:// fiscalia.gub.uy/ innovaportal/file/71857/1 /ley-de-medios.pdf 

18 ídem. 


131 


REGULACIÓN, PROTECCIÓN Y EXIGIBILIDAD 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


pasó a estudio de los magistrados, y se estima que antes de fin de año nuestro máximo Tri¬ 
bunal emitará una sentencia al respecto. 

Una decisión polémica del presidente Tabaré Vázquez respecto a la ley generó un 
importante debate sobre la aplicación de la ley inmeditamente de acceder al gobierno 
por seguna vez. Primero a través de trascendidos a la prensa, luego en forma pública, Váz¬ 
quez hizo saber que esperaría ‘ a lo que dictamine la Suprema Corte de Justicia” antes de 
avanzar en su reglamentación 19 . Un par de semanas, en cadena televisiva en la asunción 
del gobierno, había declarado que el reglamento de la norma estaba casi pronto: “en lo 
que rejiere a comunicaciones, está casi pronto el texto del decreto reglamentario de la ley N° 
19.307, que regula la prestación de servicios de radio, televisión y otros servicios de comuni¬ 
cación audiovisual’™. 

Más allá del sentido literal de sus palabras -y de su intención personal- en los hechos 
la lectura que hizo la prensa y el sistema político era que la decisión era “congelar” su apli¬ 
cación 21 , lo cual parece contradictorio con lo expresado en plena campaña electoral cuando 
era candidato a la presidencia: la ley es “impostergable” y “será responsabilidad del próximo 
gobierno su reglamentación, implementacióny cumplimiento”, “un compromiso que asumimos 
y desarrollaremos con prioridad en la próxima administración” 22 . 

A fines de 2015 la discusión se centró nuevamente en la aplicación de la ley, con moti¬ 
vo de la presentación del proyecto de Ley de Presupuesto del Poder Ejecutivo. La Coalición 
por una Comunicación Democrática hizo pública su preocupación 23 porque en el proyecto 
de Presupuesto Nacional no se incluyeron recursos para la creación y el funcionamiento 
del organismo regulador creado por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual: el 
132 Consejo de Comunicación Audiovisual. 

Según la información recogida, no hubo una decisión de Presidencia de cortar tales 
recursosl sino que la previsión estuvo ausente en la propuesta inicial elaborada por el Mi¬ 
nisterio de Industria, Energía y Minería (E3 MKM ), el organismo responsable de las políticas 
públicas sobre medios de comunicación audiovisual, y así quedó en el proyecto de ley final. 
Omisión que, sin embargo, supondría que no habría organismo idóneo de aplicación de la 
ley hasta 2018. 

La acción de la Coalición por una Comunicación Democrática y la decisión de los 
legisladores frenteamplistas de la Cámara de Diputados corrigieron el error, aprobando un 
presupuesto para la instalación del Consejo de Comunicación Audiovisual que, aunque 


19 http: / / www.espectador.com/ política/311277/ reglamentacion-de-ley-de-medios-vazquez-espera-deci- 
sion-de-la-scj 

20 http://medios.presidencia.gub.uy/jm_portal/2015/noticias/NO_P212/Vazquez-01032015.pdf 

21 http://www.elobservador.com.uy/el-gobierno-congelara-la-ley-medios-que-falle-la-justicia-n300198 

22 http://www.elpais.com.uy/informacion/vazquez-aval-fa-vote-ley-medios.html 
http://ladiaria.com.uy/articulo/20 15/9/se-congelo-la-imagen/ 


23 



escaso, significa la posibilidad de iniciar su funcionamiento y una señal política del interés 
de la fuerza política de avanzar en la implementación de la Ley 

La cuestión de la vigencia o no de la nueva normativa tuvo un momento destacado a 
partir de un hecho vinculado con el terreno deportivo: la transmisión de los partidos dis¬ 
putados por la selección uruguaya de fútbol ante sus pares de Bolivia y Colombia, por las 
eliminatorias al Mundial Rusia 2018 24 . 

La Ley 19.307 reconoce el derecho de toda la población al acceso a eventos de interés 
general, en los siguientes términos: “El derecho a la información incluye el derecho del públi¬ 
co a acceder a la recepción a través de un servicio de radiodifusión de televisión en abierto, en 
directo, en simultáneo y de manera gratuita, de determinados eventos de interés general para 
la sociedad” (art. 38). 

Y explica su alcance en el siguiente artículo: 

“En caso de emitirse por televisión los eventos que involucren actividades oficiales de las 
selecciones nacionales defútbol y de basquetbol en instancias definitorias de torneos internacio¬ 
nales y en instancias clasificatoriaspara los mismos, deberán ser emitidos a través de un servicio 
de radiodifusión de televisión en abierto y en directo y simultáneo. 

Para estos eventos quedará limitado el ejercicio de derechos exclusivos en aquellas locali¬ 
dades del territorio nacional donde no se cumpla esta condición. En estos casos, y cuando no 
exista ningún otro prestador interesado en la emisión, el Sistema Público de Radio y Televisión 
Nacional deberá hacerse cargo de garantizar el derecho establecido en el artículo precedente, 
siempre que sea técnicamente posible y en la modalidad de retransmisión” (art. 39). 

Ante la no transmisión en televisión abierta del primer partido contra Bolivia en La 
Paz, MMXMXl IXl (Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay), EEffl (Asociación de 
la Prensa Uruguaya) y CAHKffl (Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública) 
presentaron denuncia por violación de la Ley ante la Institución Nacional de De¬ 
rechos Humanos 25 , pidiendo que se tomaran las medidas pertinentes por la infracción 
cometida, a la vez que solicitaron se realizaran las gestiones necesarias y urgentes para 
que la violación no se cometiera, sólo unos días después, con motivo del partido contra 
Colombia en Montevideo. 

La HEllElfflK] asume esta competencia tanto en su función de Defensoría del Público 
como, transitoriamente, como organismo responsable por algunas de los cometidos del 
Consejo de Comunicación Audiovisual, hasta su creación. 


24 http://ladiaria.com.uy/articulo/2015/ 10/apologia-del-desacato/ 

25 https://es.scribd.com/doc/284574140/Denuncia-por-violacion-del-derecho-al-acceso-a-eventos-de- 
Ínteres-general 


133 


REGULACIÓN, PROTECCIÓN Y EXIGIBILIDAD 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


La Institución tomó cartas en el asunto y emitió una medida provisional urgente 26 , 
donde no sólo reconoce la violación de la ley por parte de la empresa que tiene los dere¬ 
chos de exclusividad de los partidos de la selección en nuestro país (Tenfield SKI.), sino 
que además le solicita habilitar la transmisión de Uruguay - Colombia en algún canal de 
televisión abierta “en cumplimiento de la normativa vigente”. A pesar de estas gestiones 
el partido sólo se transmitió en las señales de ffl para abonados de al empresa propietaria 
de los derechos. 


134 


26 


http://inddhh.gub.uy/wp-content/contenido/2015/10/Oficio-936-2015-INDDHH.pdf 



Organizaciones sociales expresan profunda 
preocupación por decisión de la Suprema Corte de 
Justicia que bloquea la participación ciudadana en los 
procesos judiciales de interés público 1 

Montevideo, 13 de agosto de 2015 

La Suprema Corte de Justicia resolvió por unanimidad este martes 11 de agosto re¬ 
chazar la petición presentada por la Asociación de la Prensa Uruguaya (IEEE), el Centro de 
Archivos y Acceso a la Información Pública (CAfflffl) y el Instituto de Estudios Legales y 
Sociales del Uruguay ( MKtXMXl tx]) en la cual se solicitaba la habilitación a expedir una opinión 
en las causas (AmicusCuriae) en el marco de los procesos de inconstitucionalidad de la Ley 
de Servicios de Comunicación Audiovisual que se encuentran a estudio de la Corte. 

En una escueta resolución, se desestimó su procedencia, argumentando la especialidad 
del proceso de inconstitucionalidad de las leyes y la falta de previsión expresa de disposi¬ 
ciones que regulen la intervención de terceros en este tipo de juicios cuando tienen lugar 
por vía de acción. 

La petición realizada por estas organizaciones sociales pretendió que el máximo ór¬ 
gano judicial del país admitiera el instituto del AmicusCuriae de larga tradición y acepta¬ 
ción en la región y en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y reconociera de 
esta manera que el derecho a la participación ciudadana, en tanto derecho fundamental, se 
afirma ante todos los poderes del Estado y resulta crucial en aquellos asuntos en los cuales 
se discute aspectos centrales para la democracia como son en este caso los alcances de la 
libertad de expresión y la libertad de información. 

La petición sostuvo además que la falta de previsión normativa expresa no puede consi¬ 
derarse como un impedimento para admitirla sino que por el contrario esta figura se sustenta 
en constituirse en un medio no prohibido de ejercicio de la libertad de expresión, del derecho 
a peticionar ante las autoridades y de reforzamiento del principio republicano de gobierno. 

Cabe señalar también que los AmicusCuriae no producen ningún perjuicio a las par¬ 
tes, ni retardan ni entorpecen la secuela regular de los procesos sino que enriquecen el arse¬ 
nal de argumentos y justificaciones de las determinaciones de la Justicia. 

Por lo expuesto, las organizaciones firmantes lamentan la decisión del máximo órga¬ 
no judicial y entienden que la misma restringe la posibilidad de participación ciudadana y 
desconoce el papel de las organizaciones de derechos humanos como actores relevantes en 
una democracia. 


1 http://www.cainfo.org.uy/2015/08/organizaciones-sociales-expresan-profunda-preocupacion-por-deci- 
sion-de-la-suprema-corte-de-justicia-que-bfoquea-la-participacion-ciudadana-en-los-procesos-judiciales-de- 
Ínteres-publico/ 


135 


REGULACIÓN, PROTECCIÓN Y EXIGIBILIDAD 






DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


136 


Comunicado de Amare Uruguay en relación a la 
reglamentación y aplicación de la Ley de Servicios 
de Comunicación Audiovisual y la conformación de 
la Comisión Honoraria 

Asesora de la Comunicación Audiovisual (chasca). 

Montevideo, I o de setiembre de 2015 

Desde la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Uruguay) denunciamos que 
el sector comunitario en nuestro país se encuentra abandonado por el Poder Ejecutivo y 
fuertemente desprotegido a partir de la promulgación de la Ley 19.307 de Servicios de 
Comunicación Audiovisual ( IXMXl tx]) en diciembre de 2014. 

Informamos que durante el presente año Amarc-Uy ha solicitado en reiteradas ocasio¬ 
nes a la Dirección Nacional de Telecomunicaciones (KfflEEKE) la pronta designación e in¬ 
tegración de la Comisión Honoraria Asesora de la Comunicación Audiovisual (ffllElffllE) 
para dar comienzo al trabajo de reglamentación. Dicha Comisión es de vital importancia 
para el sector luego de que la ley 19.307 estableciera la disolución del Consejo Honorario 
Asesor de la Radiodifusión Comunitaria (KIEIIXKE). 

Consideramos que a esta altura es evidente la carencia de políticas de Estado específi¬ 
cas y planificadas para el fortalecimiento del sector comunitario. Aunque KIBEIKIEKIEI impul¬ 
só una serie de medidas de promoción en la segunda mitad de 2014, tan solo un reducido 
número Asociaciones Civiles pudieron presentarse debido a las trabas burocráticas que se 
imponen al desconocer la realidad del sector comunitario. 

Comunicamos que en los últimos meses del año pasado las dos organizaciones repre¬ 
sentativas del sector comunitario (Amare y Ecos) realizamos una importante cantidad de 
reuniones junto a para generar una “agencia” de publicidad oficial que tenga en 

cuenta al sector en la distribución de la misma, ya que el sector ha sido permanentemente 
discriminado, lo que representa un mecanismo de censura indirecta sobre el mismo por 
parte del gobierno. Cabe aclarar que actualmente la publicidad oficial es mucho dinero que 
concentran mayormente los grandes medios de comunicación comerciales de la capital de 
nuestro país. Las conversaciones fueron cortadas abruptamente con el cambio de autorida¬ 
des, lo que muestra el escaso interés en el fortalecimiento del sector y evidencia el incumpli¬ 
miento de la Ley 18.232 de Radiodifusión Comunitaria, que establece que “ElEstado tiene 
la obligación de garantizar y promover el servicio de radiodifusión comunitaria”. 



Para revertir esta situación de discriminación e injustica en el acceso a la Publicidad 
Oficial que tiene el sector se requiere una política específica y clara por parte del Estado. 

En virtud de lo expuesto, exigimos la inmediata conformación de la Comisión Ho¬ 
noraria Asesora de la Comunicación Audiovisual y la planificación de políticas 

específicas de promoción del sector comunitario para el presente período de gobierno y 
reglamentaciones que aseguren la participación equitativa del sector comunitario en la dis¬ 
tribución de la publicidad oficial. 

Mesa Nacional de Amare Uy. 

Alison Rodríguez - Mesa Nacional por Radio Vilardevoz. 

Giancarlo Albano - Mesa Nacional por La Heladera 

Henry Flores - Mesa Nacional por Comcosur 


137 


REGULACIÓN, PROTECCIÓN Y EXIGIBILIDAD 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


Impacto de la ley de derecho de autor sobre los 

Derechos Humanos en Uruguay 


138 


Equipo de Creative Commons Uruguay 1 


En Uruguay, la investigación y la práctica relacionadas con la propiedad intelectual en 
general, y con el derecho de autor en particular, han estado históricamente enfocadas desde 
una perspectiva sectorial y empresarial. La redacción y la aplicación de la ley de derecho de 
autor, y de otras leyes relacionadas, han estado guiadas tradicionalmente por los intereses 
de las sociedades de gestión de derechos, así como por cámaras empresariales vinculadas al 
sector editorial, discográfico, audiovisual y, más recientemente, informático. 

La ley de derecho de autor otorga un monopolio temporal sobre las obras intelectuales 
a sus autores, quienes, a su vez, por lo común ceden los derechos a actores empresariales o 
institucionales. Bajo el ámbito de esta ley se encuentran desde las canciones de moda hasta 
los trabajos académicos, desde las obras de arte a los programas de computación, desde los 
textos literarios hasta los materiales educativos. Toda producción del dominio de la inteli¬ 
gencia, tal como se indica explícitamente en nuestra legislación, está regida por el derecho 
de autor. 

Dada la extrema amplitud de la legislación de derecho de autor, la cual regula no solo 
las relaciones entre los autores y las empresas cesionarias, sino también una parte importan¬ 
te de las condiciones de acceso de la población a la cultura y al conocimiento, se ha hecho 
cada vez más evidente la necesidad de incluir en la redacción y en la aplicación de esta ley 
principios relacionados con el interés público. En concreto, analizar la ley de derecho de 
autor uruguaya desde una perspectiva de derechos humanos tiene la potencial ventaja de 
sacar a la luz un pilar históricamente negado u olvidado: el de los usuarios de la cultura, 
los lectores, los espectadores, los estudiantes, los autores independientes, las bibliotecas y 
otras instituciones culturales relacionadas con el acceso al patrimonio cultural. En otras 
palabras, el marco internacional de derechos humanos brinda un apoyo teórico y práctico 
de gran solidez para equilibrar el debate sobre una legislación históricamente guiada por 
los intereses de una pequeña elite, poniendo sobre la mesa la función social del derecho de 
autor. 

En marzo de 2015, la Relatora Especial sobre los derechos culturales de la IEHEIE, Farida 
Shaheed, presentó un informe al Consejo de Derechos Humanos donde estudia el impacto 
de los regímenes de propiedad intelectual para el goce del derecho a la ciencia y a la cultura, 
tal como se consagra en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cultu- 


1 Creative Commons es una organización sin ánimo de lucro que promueve el intercambio y utilización legal 

de contenidos cubiertos por los derechos de autor. Ver pág. http://www.creativecommons.uy/. 



rales. 2 En dicho informe la relatora de derechos culturales señala la necesidad de garantizar 
la compatibilidad de la legislación de derecho de autor con los derechos humanos. Señala 
un número importante de problemas en la legislación internacional actual y realiza reco¬ 
mendaciones para que los regímenes de derecho de autor no interfieran con el derecho a la 
ciencia y a la cultura. 

Para el presente informe sobre la situación en Uruguay adoptaremos el enfoque de la 
Relatoría de Derechos Humanos de la Adoptar una perspectiva de derechos huma¬ 
nos para estudiar la legislación de derecho de autor uruguaya implica tomar en considera¬ 
ción, entre otros aspectos, el derecho a la educación, el derecho a la ciencia y a la cultura, y 
la libertad de expresión. Un derecho especialmente relevante en esta discusión es el derecho 
a la cultura, que implica tanto el derecho de todas las personas a acceder, disfrutar y par¬ 
ticipar en la vida cultural, como el derecho de los autores a ser reconocidos por sus obras 
y a gozar de una vida digna. La perspectiva de derechos humanos se basa en la búsqueda 
teórica y práctica de un equilibrio justo entre los distintos derechos contemplados, toda vez 
que existieren tensiones entre ellos. Así, ni el derecho a la autoría ni el derecho al acceso a 
la cultura son derechos absolutos ante los cuales cesa toda otra consideración, sino que es 
necesario abordarlos a la luz de sus interacciones, de los contextos locales y de los recursos 
disponibles. 


El derecho a la educación 

En el contexto uruguayo, uno de los problemas más preocupantes generados por la ley 
de derecho de autor se relaciona con el derecho a la educación. A fines de 2013 este proble¬ 
ma cobró especial visibilidad, cuando un operativo policial de grandes proporciones contra 
el fotocopiado de materiales de estudio dio como resultado el arresto de 32 personas y el 
cierre de los locales de fotocopias cercanos a la Facultad de Derecho de la Universidad de la 
República. El operativo, realizado en época de exámenes, provocó dificultades serias para el 
acceso de los estudiantes a los textos obligatorios de las materias. 

Según un estudio llevado a cabo en 2013 en la Universidad de la República, el 40% 
de los estudiantes universitarios encuestados declararon que no pueden acceder a textos 
obligatorios, mientras que el 57% dijo que la compra de libros de textos universitarios le 
insumía una parte significativa de su presupuesto. 3 

El acceso a la educación superior es parte del derecho a la educación establecido en el 
marco internacional de derechos humanos. Pero el acceso a la educación no implica única- 


2 Shaheed (2014). Informe de la Relatora Especial sobre los derechos culturales , Farida Shaheed. Políticas sobre 
los derechos de autor y el derecho a la ciencia y la cultura. Consejo de Derechos Humanos, ONU. Disponible 
en: http://www.ohchr.org/SP/Issues/derechosculturales/Paginas/impactofintellectualproperty.aspx 

3 Rodés y Pérez Casas (2013). Percepciones, actitudes y prácticas respecto a los libros de texto y al uso de libros 
digitales en formatos abiertos por parte de estudiantes de la Universidad de la República. ProEVA, CSE, Udelar. 


139 


REGULACIÓN, PROTECCIÓN Y EXIGIBILIDAD 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


mente la posibilidad de matricularse en las instituciones de enseñanza, sino también el ac¬ 
ceso a los materiales educativos que le permiten al estudiante desarrollarse como individuo. 
Más aún, el acceso a los materiales de estudio es un factor que incide de manera relevante 
en el ingreso y la permanencia en el sistema educativo, siendo los estudiantes de menores 
recursos los más afectados por el gasto en materiales educativos con derechos de autor. 4 

A diferencia de otros países, la legislación uruguaya no prevé excepciones al derecho 
de autor para la utilización de obras con fines educativos. Las excepciones y limitaciones 
al derecho de autor son herramientas legales de gran importancia para atender derechos 
humanos. Uruguay cuenta con una lista breve y desactualizada de limitaciones y excepcio¬ 
nes, redactada en 1937 y no revisada integralmente desde entonces. Mientras en el ámbito 
internacional Uruguay ha apoyado el debate para que los países adopten de manera manda- 
toria limitaciones y excepciones en beneficio de la educación y las bibliotecas, a nivel local 
ha habido una notoria ausencia de legislación en este asunto. 

Las reproducciones de fragmentos de libros y la compilación de textos de estudio, 
incluso cuando estos se realizan sin fines de lucro y dentro del ámbito institucional educa¬ 
tivo, son actualmente delitos penales en nuestro país. Lo que en otros países se reconoce 
como un derecho de los ciudadanos, en Uruguay es objeto de sanciones penales. En cuan¬ 
to al préstamo bibliotecario, si bien es una práctica ampliamente aceptada, tampoco está 
amparada por la ley de derecho de autor. Si bien no se conocen casos en Uruguay donde se 
haya perseguido el préstamo bibliotecario, ese riesgo existe y en países como España se ha 
concretado, obligando a las bibliotecas a pagar un canon por préstamo público. 

En particular, en lo referido a las bibliotecas, la gran mayoría de sus actividades no es 
140 legal en Uruguay. No solo el préstamo público, sino también las copias para preservación, 
el fotocopiado de fragmentos de textos, el préstamo interbibliotecario y la reproducción 
digital de obras para colocar en las computadoras de la institución, entre otras prácticas, 
constituyen infracciones a la ley de derecho de autor. 


El derecho a la cultura 

Las bibliotecas son instituciones clave para la concreción no solo del derecho a la 
educación, sino también del derecho a la cultura, dado que además de brindar acceso a 
materiales de estudio, también facilitan textos científicos, técnicos y literarios, entre otros. 
El derecho a la cultura no se limita a aquellas manifestaciones culturales destinadas a fines 
utilitarios, sino que también incluye el disfrute del arte culto y de la cultura popular, como 
manifestaciones que aportan al desarrollo de la personalidad individual y a la inserción co¬ 
munitaria. El rol de las bibliotecas para el acceso a la cultura es especialmente relevante en 
el interior de Uruguay, donde el mercado de productos culturales es escaso e insatisfactorio. 


4 Rodés et al. (2014 ). Propuesta de investigación. Acceso al conocimiento en Educación Superior: Ecosistemas de 
contenidos y bibliotecas ocultas. CSIC, Udelar. 



Junto con las bibliotecas, en la última década los centros K también han tenido un rol 
relevante en el acceso a la cultura en el interior, realizando tareas de alfabetización digital y 
brindando conexión a Internet. 

Una medida positiva para el acceso igualitario a la cultura ha sido la ratificación por 
parte de Uruguay en 2014 del Tratado de Marrakech. Este tratado internacional establece 
una excepción al derecho de autor mandatoria para los países firmantes, con el objetivo 
de facilitar el acceso a las obras a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras 
dificultades para acceder al texto impreso. Si bien la ratificación del Tratado de Marrakech 
es un paso importante, deberá acompañarse de una reglamentación adecuada y de acciones 
concretas por parte del Estado uruguayo para que las personas con discapacidades puedan 
acceder efectivamente a los textos impresos sin restricciones. Esto puede lograrse con el 
apoyo de tecnologías digitales y de plataformas Online. 5 

A la luz de las posibilidades que brindan los nuevos medios digitales para la concreción 
del derecho a la cultura, una de las necesidades importantes para el futuro de la regulación 
de derecho de autor es la aceptación progresiva del intercambio y del acceso a la cultura sin 
fines de lucro en Internet. Un problema crítico que plantea la actual ley de derecho de autor 
en relación al derecho a la cultura es la penalización de la copia y del intercambio de obras 
sin fines de lucro. Tanto el intercambio de archivos entre pares como la digitalización de 
obras de interés patrimonial son ilegales. Incluso la copia para uso personal, es decir, aquella 
copia que se hace por única vez para cambiar un texto, una canción o un video de soporte, 
ya sea con el objetivo de trasladarla a otro dispositivo o simplemente como respaldo, es 
ilícita. 

Lo más preocupante, sin embargo, es que tales ilícitos no acarrean solamente el riesgo 
de afrontar responsabilidad civil, sino también un castigo penal que, para el caso de las in¬ 
fracciones sin fines de lucro y sin intención de perjudicar al titular del derecho, llega a una 
multa de 1.500 unidades reajustables o prisión equivalente. En pocas palabras, la infrac¬ 
ción al derecho de autor es el delito que cometemos todos. Comportamientos habituales y 
socialmente aceptados constituyen conductas tipificadas como delitos penales. Esta situa¬ 
ción pone en riesgo las garantías básicas de los ciudadanos, dado que, como es de amplio 
conocimiento, los delitos que cometen todas las personas son especialmente aptos para la 
aplicación discrecional del poder represivo del Estado. En Uruguay abundan ejemplos de 
tal aplicación selectiva de la ley. En algunos casos notorios, como el de las fotocopias, ha 
habido un fuerte interés del sector editorial por brindarle a la opinión pública un ejemplo 
aleccionador. En otros casos, la denuncia penal o la amenaza de denuncia se han utilizado 
como formas de acoso o intimidación, e incluso se han llegado a usar como modelo de ne¬ 
gocio para captar clientes en el sector informático y en el de la televisión por cable. 


5 Gemetto (2014). Implementación del Tratado de Marrakech: oportunidades y desafíos. Revista Pillku. Dis¬ 
ponible en: http://www.pillku.com/article/implementacion-del-tratado-de-marrakech-oportunida/ 


141 


REGULACIÓN, PROTECCIÓN Y EXIGIBILIDAD 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


142 


La duración del derecho de autor y el régimen de dominio público también tienen 
implicancias sobre el acceso al patrimonio cultural. En la actualidad, el derecho de autor 
tiene en Uruguay un plazo que abarca la vida del autor y 50 años posteriores a su muerte. En 
2013, a petición de la Cámara Uruguaya del Disco y de la Asociación General de Autores 
del Uruguay, el Ministerio de Educación y Cultura incluyó dentro del proyecto de ley de 
Rendición de Cuentas el artículo 218, que pretendía extender el plazo de derecho de autor 
a 70 años post-mortem. El aumento del plazo en 20 años habría devuelto al dominio priva¬ 
do una enorme cantidad de obras que ya se encontraban en dominio público, con el corres¬ 
pondiente impacto sobre el acceso al patrimonio cultural. 6 El artículo 218 generó amplio 
rechazo en el ambiente cultural, tras lo cual el E3 03 retiró la propuesta legislativa y convocó 
a un debate ciudadano sobre derecho de autor y acceso a la cultura. Este proceso, concreta¬ 
do en noviembre de 2013 en las conferencias ciudadanas Sumar, brindó espacio a actores 
diversos, incluyendo, además de la presencia de las sociedades de gestión de derechos y las 
cámaras empresariales, las perspectivas de derechos humanos y del interés público. De este 
debate surgieron, a modo de síntesis, interesantes recomendaciones legislativas y de política 
pública. El resultado del proceso fue recopilado en un libro sobre la temática. 7 

En cuanto al dominio público, es decir, el conjunto de obras cuyo derecho de autor ha 
expirado, Uruguay es uno de los pocos países del mundo que tiene un sistema de dominio 
público pagante. A diferencia de lo que ocurre en la mayor parte del mundo, donde las 
obras en dominio público son de uso libre, en Uruguay su utilización, si bien no requiere 
permisos, está sujeta al pago de una tarifa fijada por el Consejo de Derechos de Autor, un 
organismo dependiente del Ministerio de Educación y Cultura. Esta tarifa ha sido estable¬ 
cida, por lo general, en valores equivalentes a los aplicados para las obras en el dominio pri¬ 
vado. El dominio público pagante implica una barrera económica importante para el uso 
del patrimonio cultural. En los hechos, es una pesada carga que dificulta principalmente las 
interpretaciones y ejecuciones musicales, así como la puesta en escena de obras teatrales. Si 
bien hasta el momento esta tarifa no se ha aplicado sobre el uso de obras en dominio públi¬ 
co en Internet, el riesgo de que esto ocurra está presente, lo cual actúa como un factor disua¬ 
sorio para cualquier iniciativa que busque disponibilizar el patrimonio cultural en línea. 


6 Sobre el impacto concreto que habría tenido esta medida, ver Creative Commons Uruguay (2015). El 
daño que no fue: análisis de los efectos perjudiciales del aumento de plazos de derecho de autor, en base a datos 
preliminares sobre dominio público en Uruguay. Disponible en: http://www.creativecommons.uy/eI-dano-que- 
no-fue-analisis-de-los-efectos-perjudiciales-del-aumento-de-plazos-de-derecho-de-autor-en-base-a-datos-pre- 
liminares-sobre-dominio-publico-en-uruguay/ 

7 Bicentenario Uruguay, mee (2015). Sumar en derecho de autor y acceso a la cultura. Disponible en http:// 
www.sumar.gub.uy/libro-sumar-2013/ 



La libertad de expresión 

Así como la legislación de derecho de autor de Uruguay plantea tensiones evidentes 
con el derecho a la educación y el derecho a la cultura, la libertad de expresión también se 
ve excesivamente afectada por la normativa vigente. La libertad de expresión no se limita a 
las opiniones políticas sino que abarca todo tipo de ideas, incluyendo la expresión artística 
y las ideas sobre cualquier asunto de interés personal o comunitario. 

La ley de derecho de autor uruguaya, sin embargo, no cuenta con un elemento clave 
para la libertad de expresión, como lo es una excepción para la parodia. Numerosos países 
admiten la reutilización de obras intelectuales o de fragmentos de ellas con fines paródi¬ 
cos. Esta excepción al derecho de autor tiene una larga tradición, basada en que la sátira 
y la parodia son procedimientos ampliamente reconocidos para la expresión de ideas de 
todo tipo. En Uruguay, quien desea utilizar una obra para parodiarla, debe pedir permiso 
al autor de dicha obra o arriesgarse a una sanción penal. Esta obligación es especialmente 
inadecuada, en la medida que la expresión paródica tiene verdadero sentido si se la protege 
contra la voluntad del autor parodiado. 

Pero la reutilización de obras y materiales culturales como vehículo para la libertad de 
expresión no acaba en la parodia. En las últimas dos décadas el procedimiento del pastiche 
y la cultura del remix han tenido un auge muy marcado gracias al abaratamiento de los 
dispositivos digitales y la masificación de Internet. Estas prácticas son parte de la forma de 
vida de las generaciones más jóvenes. Los memes, la fan fiction y los mashups, entre muchas 
otras variedades de remezcla creativa, son expresiones contemporáneas de la creatividad 
humana, y en tal sentido son tan merecedoras de protección como cualquier otra expre¬ 
sión. La ley de derecho de autor podría recejar esta realidad ya sea mediante excepciones y 
limitaciones que contemplen el derecho al remix, o a través de una cláusula de usos justos 
que abarque, entre otras cuestiones, la libertad de expresión. 


Proyecto de ley 

Los allanamientos de 2013 a los locales de fotocopias generaron una fuerte reacción 
en la comunidad universitaria. En particular, la Federación de Estudiantes Universitarios 
emitió una declaración condenando el procedimiento judicial y reclamando el acceso libre 
a materiales de estudio. El Centro de Estudiantes de Derecho, por su parte, lanzó una cam¬ 
paña de firmas con el objetivo de modificar la ley de derecho de autor para facilitar el acceso 
a los materiales. La campaña alcanzó en poco tiempo diez mil firmas, tras lo cual se le en¬ 
tregó un anteproyecto de ley al entonces vicepresidente Danilo Astori. El anteproyecto se 
convirtió en proyecto a mediados de 2014 con la firma de diputados de todos los partidos 
con representación parlamentaria, recibiendo también el apoyo de diversas organizaciones 
de la sociedad civil. No obstante, restando pocos meses para la finalización del período 


143 


REGULACIÓN, PROTECCIÓN Y EXIGIBILIDAD 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


parlamentario, el proyecto no logró salir de la Comisión de Educación y Cultura para ser 
tratado en la cámara, siendo archivado al final del período parlamentario. 

En julio de 2015, dicho proyecto fue presentado nuevamente, esta vez en la Cámara de 
Senadores, con la firma de un nutrido grupo de senadores del Frente Amplio. Es de esperar 
que en esta oportunidad el proyecto corra mejor suerte. 

El proyecto a estudio del parlamento reúne algunas de las demandas de la comuni¬ 
dad universitaria para facilitar el acceso a materiales de estudio. Elabilita copias parciales 
de obras en los establecimientos educativos, se legalizan las copias para uso personal y se 
reconocen algunas prácticas propias de la función de las bibliotecas, como las copias para 
preservación, las copias de fragmentos de obras para los usuarios, las reproducciones elec¬ 
trónicas para la consulta en computadoras de la institución y la traducción de obras indis¬ 
ponibles en castellano. Por último, se eliminan las sanciones penales para las infracciones 
sin fines de lucro, permaneciendo la vía de reclamo civil. 

El proyecto de ley es una iniciativa promisoria, que da cuenta de varios de los proble¬ 
mas mencionados en este artículo. Sin embargo, al estar centrada únicamente en la proble¬ 
mática educativa, deja de lado algunos de los aspectos señalados en este informe respecto 
al derecho a la cultura y a la libertad de expresión. El préstamo bibliotecario, la derogación 
del dominio público pagante, el reconocimiento de las prácticas de intercambio de mate¬ 
riales culturales sin fines de lucro en Internet, el derecho a la parodia, el derecho a realizar 
remixes y reversiones, y una cláusula general de usos justos, son algunas de las nociones 
que podrían enriquecer el proyecto de ley, para lograr avances significativos en materia de 
derechos humanos. 


Políticas públicas 

De manera complementaria a la reforma de la ley de derecho de autor, es necesaria 
una actitud proactiva del Estado uruguayo en la implementación de políticas públicas para 
promover el libre acceso a las investigaciones, las bases de datos, las obras culturales y los 
materiales educativos financiados con fondos públicos, en particular mediante la adopción 
de licencias Creative Commons. Hasta el momento las iniciativas de este tipo realizadas 
por organismos públicos en nuestro país son pocas e incipientes, pero guardan un potencial 
democratizador muy importante. Desde una perspectiva de derechos humanos, es funda¬ 
mental que el Estado adopte una política integral de libre acceso a las creaciones intelectua¬ 
les financiadas por el conjunto de la sociedad. 


Comentarios finales 

La legislación de derecho de autor en Uruguay no solo plantea dificultades impor¬ 
tantes para una concreción más plena del derecho a la educación, el derecho a la cultura 



y la libertad de expresión, sino que también ha fallado históricamente en brindar medios 
de vida a los autores. En Uruguay, apenas un puñado de músicos y prácticamente ningún 
autor de otra disciplina pueden vivir de las regalías por derecho de autor. Más aún, estas re¬ 
galías están distribuidas de manera extraordinariamente desigual entre el universo total de 
autores, concentrándose desproporcionadamente en unas pocas estrellas, en detrimento de 
los autores menos famosos. En otras palabras, la ley de derecho de autor no está resultando 
efectiva para recompensar a los creadores y, sin embargo, está poniendo barreras excesivas 
para el ejercicio de otros derechos humanos. Es necesario por tanto avanzar hacia una refor¬ 
mulación de esta ley. Esta reformulación debe cumplir un objetivo doble: por un lado, debe 
incluir una perspectiva de derechos humanos que la lleve a tomar en cuenta el acceso a la 
cultura, el derecho a la educación y la libertad de expresión, y por otro lado, debe proteger 
de manera más efectiva a los autores en su relación con los intermediarios de la cultura. 

Como ya dijimos, la perspectiva de derechos humanos no afirma la existencia de de¬ 
rechos absolutos, sino que, ante las posibles tensiones entre derechos, busca equilibrar las 
necesidades e intereses legítimos que están enjuego. Por tanto, una reforma del derecho de 
autor con perspectiva de derechos humanos no apunta, de ninguna manera, a negar el de¬ 
recho a la autoría. Más bien, apunta a Klexibilizar la norma, adaptarla a las nuevas prácticas 
culturales y establecer excepciones razonables para cubrir necesidades sociales. Apunta a 
alcanzar una ley menos restrictiva y menos represiva, que no criminalice las prácticas coti¬ 
dianas de acceso a la cultura, que sea una herramienta válida y respetada para promover el 
desarrollo de las artes y las ciencias, que empodere a los autores comprendidos en sentido 
amplio, así como a las instituciones culturales, a los estudiantes y a los usuarios de la cultura 
en general. 


145 


REGULACIÓN, PROTECCIÓN Y EXIGIBILIDAD 




Seguridad Democrática 
y Derechos Humanos 








Mauro Tomasini 


“Acá no veo, no oigo y no siento” 

Visitas a establecimientos carcelarios femeninos 


Tamara Samudio 
Mauro Tomasini 1 


149 


Invitado por el gobierno en el año 2009, el Relator Especial sobre la tortura y otros 
tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes, Manfred Nowak, realizaba una visita al 
Uruguay. De acuerdo a lo estipulado, cada Relator genera un Informe sobre la situación 
de su temática específica. El Informe Nowak marcó un antes y un después en la visión que 
se tenía sobre el sistema carcelario uruguayo, aunque ya existían varios informes -estata¬ 
les y no estatales- sobre las condiciones inhumanas y de emergencia que se encontraba el 
sistema. En declaraciones a la prensa, Nowak comparó algunas cárceles de Uruguay con 
aquellas que había visitado en Sierra Leona. “Todos nos quedamos en estado de shock cuando 

1 Integrantes del Programa Seguridad Democrática y Derechos Humanos de Serpaj-Uruguay. El equipo de 
visita estuvo integrado por: Mariana Marrero, Lorena Olivera, Tamara Samudio y Mauro Tomasini. Las visitas 
se llevaron a cabo los días: 24 de setiembre Unidad N° 13 “Las Rosas”. Lemenino. Maldonado; 25 de setiembre 
Unidad N° 9 “El Molino” Montevideo; 28 de setiembre Unidad N° 20 “Salto”. Femenino; 30 de setiembre 
Femenino-Rivera; 1 y 2 de octubre Unidad N° 5 “Femenino” Montevideo. 


SEGURIDAD DEMOCRÁTICA Y DERECHOS HUMANOS 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


150 


fuimos a ver “Las Latas” (módulo de acero) del Penal de Libertad donde muchas personas 
están detenidas en forma abrumadora”, afirmó el relator de la lElffl. 2 En lo que respecta 
a la situación de las mujeres privadas de libertad, el informe es muy limitado y escueto, 
pero menciona “Otrapreocupación surgía del hecho de que las instalaciones existentes no eran 
apropiadas para los niños que vivían con sus madres internas. (...) Aunque las mujeres pueden 
circular libremente dentro de la prisión durante el día, por la noche se las encierra y tienen que 
llamar a algún guardia para que les abra la celda cuando necesitan ir al retrete. Así pues, el 
Relator Especial recomienda que se construyan instalaciones especiales para el alojamiento de 
las reclusas con sus hijos.”. 3 

Al año siguiente de la misión Nowak, el Estado se encomendó llevar adelante una 
reforma que abarcara todas las áreas del sistema carcelario. La transformación del antiguo 
modelo custodial, inquisitivo y punitivo, se comenzó a planificar entre el primer y segundo 
año del segundo mandato del Frente Amplio (2010-2015). Así también lo registraba la mi¬ 
sión realizada por el actual Relator Especial Juan Méndez en el año 2012 a nuestro país. En 
el punto 148 de su Informe afirmaba: “En relación a las condiciones de vida en las cárceles, 
el Relator Especial ve como un paso positivo el aumento de los recursos financieros destinados 
al mejoramiento de la situación de las personas detenidas. (...) aplaude el inicio de instancias 
de diálogo con la población detenida y las acciones tomadas para incluir a esta población en el 
proceso de mejorar las condiciones de vida...”. 4 

Como en toda reforma estructural, hubo marchas y contramarchas, a raíz de los vaive¬ 
nes propios de la dinámica estatal, y de algunos obstáculos productos de las culturas institu¬ 
cionales. A partir de los objetivos iniciales se trazó una hoja de ruta que en ciertas ocasiones 
se modificó, sin perder la mirada en los objetivos propuestos. Algunos de los ejes desde 
donde se planificó la reforma fueron: a) Crear una nueva figura institucional que agrupe a 
todas las dependencias carcelarias del país, 5 b) Generar más plazas para disminuir el índice 
de hacinamiento, c) Comenzar un proceso de despoliciamiento del personal de trato di¬ 
recto con las personas privadas de libertad, mediante la inclusión de operadores civiles, d) 
Realizar articulaciones con otras agencias del Estado (IE 03, K HXMXI , S3KIHH03, S303) para la 
promoción de ofertas educativas y laborales, e) Crear una nueva ingeniería organizacional 
y establecer nuevas estructuras de direcciones (técnicos y no técnicas), f) Establecer pro¬ 
tocolos, reglamentos y criterios únicos como marco de intervención, e) Establecer espacios 


2 http://historico.elpais.com.uy/09/03/28/pnacio_407494.asp 

3 http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G09/176/58/PDF/G0917658.pdfPOpenElement 

4 http://daccess-dds-y.un.Org/doc/UNDOC/GEN/G12/l 11/23/PDF/G1211 123.pdf POpenElement 

5 En el artículo 221 de la Ley de Presupuesto 2010-2014 se crea la nueva institucionalidad denominada: INR 
(Instituto Nacional de Rehabilitación). Según consta el INR “Tendrájurisdicción nacional y dependerá directa¬ 
mente del Ministro del Interior.” Sus cometidos serán: “a) La organización y gestión de las diferentes instituciones 
penitenciarias establecidas o a establecerse en el país, que se encuentren bajo su jurisdicción, b) La rehabilitación de 
los procesados y los penados, c) La administración de las medidas sustitutivas a la privación de libertad” Esta nueva 
institución, sustituirá a la antigua Dirección Nacional de Cárceles, Penitenciarías y Centros de Recuperación. 
En: http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp ?Ley= 18719&Anchor= 



destinados a aunar y elaborar los modelos de tratamientos (homogenización de criterios y 
forma de abordaje), g) Desarrollar e instalar nuevos criterios de clasificación. 

En este sentido, con respecto al punto a), en el mes de agosto de este año la cárcel de 
Tacuarembó fue el último establecimiento que realizó la transición hacia la nueva forma¬ 
ción agencial. 

El HBBI (Instituto Nacional de Rehabilitación) 6 se ordenó en función de criterios téc¬ 
nicos y territoriales. En su organigrama cuenta con un Director Nacional y tres Subdirec¬ 
ciones Nacionales: Administrativa, de Seguridad y Técnica. Existen dos coordinaciones 
de áreas territoriales (Zona Metropolitana y Zona Interior). Asimismo, la dirección de la 
Escuela de Formación Penitenciaria también depende del BBS. La estructura fundante de 
la nueva institucionalidad se replica a nivel de cada cárcel, contando con tres direcciones: 
técnica, administrativa y de seguridad. Asimismo, cada establecimiento -según sus recur¬ 
sos- asigna personal para coordinar las áreas educativas, laborales, de convivencia, etc. 

Al presente todavía no se estableció una ley de creación del BBS propia, autónoma e 
individual; solamente existen los puntos que se le destinaron en su creación en la ley pre¬ 
supuesta! de 2010. 


Selección de lugares y metodología 

A partir del acumulado que el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) tiene en visitas carce¬ 
larias, este año se optó relevar las condiciones de privación de libertad de algunos estable¬ 
cimientos de mujeres. 

Las reclusas fueron pensadas marginalmente en la reestructuración del sistema; por 
eso la reforma les ha llegado en forma fragmentaria y lenta, o no ha llegado. No se han reali¬ 
zado nuevas construcciones para ellas, sino que se reacondicionaron viejos lugares dejados 
a partir de la emigración de los hombres a establecimientos nuevos. 

Para la realización del informe se aplicaron formularios abiertos a partir de manuales 
editados por diversas organizaciones internacionales como: “Monitoreo de lugares de deten¬ 
ción: una guía práctica”, de la Asociación para la Prevención de la Tortura (Bffl), Francia, 
2014 y “Mujeres privadas de libertad: una guía para el monitoreo con perspectiva de género”-. 
Penal Reform International, Londres, 2012. 

El objetivo del relevamiento es generar un informe que dé cuenta de las condiciones 
de reclusión que tienen las mujeres, y de acceso a los derechos. A su vez se analizó el estado 
de situación de la reforma institucional diseñada, a través de la gestión de las Unidades 
Penitenciarias. 


151 


6 https://inr.minterior.gub.uy/index.php/instimcional/ misión 


SEGURIDAD DEMOCRÁTICA Y DERECHOS HUMANOS 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


152 


Sistema Penal y Mujeres 7 

La población de mujeres privadas de libertad aumentó significativamente en los úl¬ 
timos años. Desde 2002 hasta el presente creció un 583%. 8 Actualmente, 665 mujeres se 
encuentran en unidades penitenciarias. 

Del total de mujeres que se encuentran recluidas, un importante número lo están bajo 
la imputación de delitos no violentos, como el microtráfico o transporte de estupefacientes 
(“muías”). La feminización de la pobreza lleva a las mujeres a ocupar los niveles más bajos 
de la estructura de redes de narcotráfico, dejándolas en los sitios de mayor exposición en 
la cadena. Por dicha razón se encuentran en el sistema un importante número de reclusas 
extranjeras. 

Las mujeres recluidas son en términos genéricos madres y jefas de hogar. Son “dientas 
sodales en tanto consumen política social de sobrevivencia y los residuos económicos y sociales 
que el mercado les asigna, y también [son dientas] del sistema penal, en tanto consumidoras 
finales de la industria de la seguridad.” 9 Provienen de los estratos socioeconómicos más ba¬ 
jos de la estructura societal, con altos índices de violencia de género y de violencia institu¬ 
cional. 

Al igual que las cárceles para hombres, las cárceles de mujeres están lejos de ser un lugar 
donde se brinden herramientas para reducir la vulnerabilidad y la exclusión social. Contra¬ 
riamente, las mismas continúan ancladas en la modificación de las personalidades 10 , bajo 
un enfoque binario (premio/castigo) que utiliza una y otra vez la representación simulada y 
la ficción de la evaluación. Según Bergarelli “nopuede dejar de mencionarse, cuando se habla 
de ‘derechos’de los internos, en virtud de qué principio se legitima un cuadro de intervenciones 
destinado a obtener una mera adhesión de conducta por la vía de un sistema de ‘premios’ a la 
fidelidad de la autoridad institucional o de quien la representa. Estos premios, que se otorgan 
sobre una base legal (progresión de grado y permisos de salida), responden sin embargo a unas 
técnicas psicológicas de puros reflejos provocados que, obviamente, poseen un efecto limitado en 
el tiempo y se orientan a obtener un resultado inmediato, condicionado a una meta prefijada. 
(...) Esto se hace todavía más agudo cuando se trata de analizar las consecuencias de toda tera¬ 
pia comportamental aplicada en ámbitos cerrados.”. 11 


7 Cuando nos referimos al Sistema Penal, también estamos aludiendo a los subsistemas que lo componen, 
como el Sistema Carcelario. 

8 http://partidonacional.org.uy/portal/index.php/9-noticias/501-la-poblacion-reclusa-femenina-aumen- 
to-583-en-una-decada 

9 Young, Jack (2010). La sociedad excluyente. Exclusión social, delito y diferencia en la Modernidad tardía. 
Barcelona: Marcial Pons, pág. 23 

10 Za^aroni, Eugenio Raúl; Plagia, Alejandro y Slokar, Alejandro, (2000), Derecho penal. Parte general. Bue¬ 
nos Aires: Ediar, 2 a ed., pág. 18-34. 

11 Bergarelli, R. (1992), “¡Esta es la cárcel que tenemos... (pero no queremos)!. Introducción”. En I. Rivera 
Beiras (Coord.) Cárcel y Derechos Humanos. Un enfoque relativo a la defensa de los derechosfundamentales de los 
reclusos. Barcelona: J.M.Bosch, pág 18. 



Como en la sociedad, en los establecimientos femeninos opera el sistema sexo-género 
definido como “una construcción sociocultural, un aparato semiótico, un sistema de represen¬ 
tación que asigna significado (identidad, valor, prestigio, ubicación en la jerarquía social, etc.) 
a los individuos en la sociedad.” 12 

En este sentido el Sistema Penal, al igual que el Derecho, produce género. Por lo tanto, 
los discursos de la justicia criminal y la organización de sus prácticas al interior del sistema 
penitenciario deben leerse bajo este vector de análisis, puesto que las prácticas jurídicas es¬ 
tán inscriptas en una tecnología de género. Porque no “sólo refieren alproceso de construcción 
de identidades de género opuestas, sino también a que el sistemajurídico realza la identidad de 
género masculina al punto de considerarla como patrón o medida de lafemenina.” 13 Esto lleva 
por un lado a construir modelos formales de ordenamiento de la vida carcelaria en base a 
las expectativas de comportamiento asociadas a un determinado género o rol. 14 Y por otro 
-a partir de las respuestas negativas a las asignaciones simbólicas, de sentidos y significados 
que se le otorgan a las prácticas de las mujeres privadas de libertad-, generan un reglamento 
informal, invisible, que regula y administra el castigo, la sanción o el premio. Tratando de 
recuperar la domesticidad perdida de las mujeres encarceladas, corrigiendo la desviación 
social de su rol definido por el sistema patriarcal y androcéntrico. 


Generalidades de las unidades visitadas 

Infraestructura: El espacio jamás es neutral; es un mecanismo a través del cual el orden 
es realizado. Por eso las mujeres no fueron objetos de atención por parte de la planificación 
institucional. Ocupan lugares donde fueron albergados los hombres anteriormente o luga¬ 
res que no fueron pensados ni destinados para cárceles. 

Algunos sitios mejoraron en relación a uno año o dos años atrás. Es el caso de la Uni¬ 
dades de Salto y de Rivera, si bien en esta última Unidad la parte que les correspondía a los 
hombres -trasladados a la cárcel de Carancho- no se les destinó a las mujeres. En este sen¬ 
tido, la Directriz nro. 5 establece que “Los dormitorios y las habitaciones utilizadas para el 
alojamiento de las internas deben tener las instalaciones y los materiales necesarios para cum¬ 
plir con la necesidad especial de la higiene de la mujer, que incluyan, al menos, un suministro 
regular de agua que esté disponible para el cuidado personal de niños y mujeres, y en particular, 
a las mujeres que cocinan, las embarazadas y las que se encuentren en período de lactancia o 
menstruación,” 15 Agua, calefacción, ventilación son altamente deficientes en casi la totali¬ 
dad de las cárceles. Todas presentan un gran deterioro edificio. Una situación urgente a co- 


12 De Lauretis, T. La tecnología del género. En: http://wiki.medialab-prado.eS/images/b/bO/La_tech_del_ 
genero_Delauretis.pdf 

13 Sánchez Busso, M. Sistemas penales y mujeres, Revista de investigación y divulgación sobre los estudios de 
género pp. 23-43 En: http://bvirtual.ucol.mx/descargables/632_sistemas_penales.pdf 

14 Larrauri, Elena, (1994) Mujeres, derecho penal y criminología. Madrid: Siglo Veintiuno Editores. Pág. 1 

15 https://www.unodc.org/ documents/justice-and-prison-reform/crimeprevention/ 65_229_Spanish.pdf 


153 


SEGURIDAD DEMOCRÁTICA Y DERECHOS HUMANOS 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


154 


rregir es la separación entre hombres y mujeres, como indica la Resolución de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos: “Se dispondrá la separación de mujeres y hombres; 
niños, niñas y adultos; jóvenes y adultos; personas adultas mayores; procesados y condenados; 
y personas privadas de libertad por razones civiles y por razones penales.” 16 La ubicación de 
mujeres en establecimientos con hombres reduce considerablemente el abordaje particular 
y adecuado que se les debe brindar desde una perspectiva de derechos y de género. 

Higiene: Se registró en todas las unidades una deficiencia total de acceso a elemen¬ 
tos para la higiene personal (adherentes, jabón, entre otros artículos). En general ningún 
establecimiento provee de forma constante y permanente elementos para el uso personal. 
Asimismo, el suministro de pañales para los niños y las niñas es dispar según el lugar: en 
algunos centros era de forma permanente y en otros de forma aleatoria. Resulta altamen¬ 
te preocupante que en los lugares del interior no existan suministros ni de pañales ni de 
elementos higiénicos por parte del Estado. El acceso queda librado a la buena voluntad de 
la Dirección en preocuparse por obtener recursos en base a donaciones. Esto implica un 
alto grado de precariedad en materia de salud e higiene. En este sentido, los Principios y 
Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas 
mencionan que “ Las personas privadas de libertad tendrán acceso a instalaciones sanitarias 
higiénicas y suficientes, que aseguren su privacidad y dignidad. Asimismo, tendrán acceso a 
productos básicos de higiene personal, y a agua para su aseo personal, conforme a las condiciones 
climáticas. Se proveerá regularmente a las mujeres y niñas privadas de libertad los artículos 
indispensables para las necesidades sanitarias propias de su sexo” 11 

Por último, queremos realizar un llamado de atención sobre la plaga de ratas que regis¬ 
tramos en la Unidad Nro.5/Montevideo. Las reclusas y los operadores/ras describieron -y 
quienes realizamos el monitoreo también pudimos observar- la gran cantidad de ratas que 
existen en el lugar. Contiguo al taller de carpintería, en una zona abierta, hay una carrocería 
de camión con gran cantidad de residuos y basura. Allí se concentran la mayor cantidad de 
ratas. Según cuentan las mujeres madres alojadas en el primer piso, los roedores cruzan a 
diario en las ventanas de sus habitaciones. 

Revisoría y Traslados: En relación a la instrumentación de las revisorías, de los cinco 
establecimientos visitados, solamente uno tenía el escáner funcionando. En este punto no 
se cumple con lo establecido a nivel internacional. Según la directriz 20 y 21 los “métodos de 
detección alternativos, como el escáner, deben ser implementados para reemplazar los registros 
corporales invasivos, a fin de evitar los efectos nocivos tanto psicológicos, como posiblementefí¬ 
sicos que conllevan los registros corporales invasivos. (...) Elpersonal penitenciario debe demos¬ 
trar sensibilidad en los procedimientos de registro tanto a los niños que habitan la prisión junto 


16 https://www.cidh.oas.org/pdf%20files/RESOLUCION%201-08%20ESP%20FINAL.pdf 

17 Resolución 1/08 Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en 
las Américas. En: https://www.cidh.oas.org/pdf%20files/RESOLUCION%201-08%20ESP%20FINAL.pdf 



a sus madres y los niños que las visitan, así como del respeto a su dignidad”. 18 La revisoría y los 
traslados son realizados por la guardia penitenciaria. La mayor cantidad de denuncias por 
maltrato y uso excesivo de la discrecionalidad son refieren a situaciones ocurridas durante 
las visitas y los traslados. El pensamiento custodial sigue primando en los dos escenarios. 
Por tal motivo, se hace necesario rediscutir la funcionalidad y el alcance en las tareas. En 
la visita, se debe ir a un sistema donde la revisoría sea sobre la reclusa cuando vuelve a su 
módulo, celda o habitación. 

A su vez, los traslados deben estar también sujetos siempre a los estándares interna¬ 
cionales, evitando siempre el mayor daño posible en la intervención. Pero además, debe ir 
en consonancia con la trayectoria que está realizando la reclusa dentro del establecimiento. 
Por ejemplo, se registraron casos de reclusas con salidas transitorias que al momento de 
ser trasladas fueron engrilletadas y esposadas. Esto generó una tensión y una pérdida de 
confianza en el vínculo que se había construido a partir del trabajo realizado por los ope¬ 
radores. Con respecto a los criterios del uso de esposas y grilletes, si bien existe protocolo y 
una circular de junio de este año para los casos específicos con madres e hijos, los mismos 
se construyen a partir de la dinámica de cada centro. Como ejemplo, el día de recorrida al 
establecimiento Nro. 5, una reclusa con hijo, estaba con grilletes y esposas, siendo que el día 
anterior nos habían mencionado que dicha práctica estaba prohibida. Todavía el traslado 
dista mucho de ajustarse a los estándares internacionales. 

Alimentación y Salud: El alimento (desayuno, almuerzo y cena) que proveen todos 
los establecimientos es, en general, escaso y de mala calidad. La dieta se basa únicamente 
en carne vacuna, servido principalmente en comidas cocidas. No existe un balance ade¬ 
cuado con otros tipos de carnes (pollo o pescado). Asimismo, en todas las unidades casi 
no se accede a frutas y verduras, y si lo hacen es marginal e inconstante; en algunos centros 
acceden esporádicamente por una semana. En términos generales, las reclusas siguen de¬ 
pendiendo de los paquetes o de las provisiones que puedan traerles en la visita. Inclusive en 
algunos lugares, debido a la mala calidad del alimento, operadores y reclusas realizan una 
colecta para cocinar en conjunto. De todas maneras tampoco, en algunos establecimientos, 
se puede acceder a frutas mediante las visitas, estando prohibido su ingreso, debido a que 
las reclusas “hacen escabio”. Por ejemplo, en la Unidad Nro.5/Montevideo. Respecto al ali¬ 
mento de los niños y las niñas, es diferente el trato por establecimiento. 19 Solo en un sitio 
(Unidad Nro.5) se hace cargo IX HXMX1 del servicio aunque, según las reclusas y operadores, el 
alimento no es bueno. En otros establecimientos la distribución recae sobre la Dirección. 
En Salto particularmente, había una preocupación por brindar el mejor alimento posible. 
En Rivera el alimento es muy aceptable, pero los niños ingieren los mismos alimentos que 


18 ídem. 

19 Directriz 48. “Las mujeres embarazadas y en estado de lactancia deberán recibir asesoramiento sobre su dieta 
alimentaria en virtud de un programa que deberá ser elaborado y supervisado por un calificado profesional de la 
salud. Comida apropiada comida debe ser provista para bebes, niños y madres en estado de lactancia, libre de cargo”. 
ídem. 


155 


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DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


156 


los adultos. En la Unidad N° 9/Montevideo, donde se alberga la mayor cantidad de niños y 
niñas, también constatamos una preocupación por ofrecer el mejor alimento para los hijos 
de las reclusas. Se llegaron a realizar -en la medida de los recursos disponibles- meriendas 
saludables. Pero también, vale aclarar, que en último centro, la visita no recibía frutas desde 
hacía un mes, y por ende tampoco los niños y niñas. Por último, queremos destacar que 
todas las autoridades de los establecimientos mencionaron el recorte en el suministro de los 
alimentos, pasando en algunos casos a la mitad un mes a otro. Dicha información fue veri¬ 
ficada por las reclusas, quienes también confirmaron que el alimento varió sensiblemente 
en cantidad y calidad. 

La atención en salud debe ser específica según el “género, equivalentes al menos a los dis¬ 
ponibles en la comunidad, deberían ser proporcionados a las mujeres detenidas 20 En ningún 
centro se ofrecía la opción de ser atendidas por un médico de sexo femenino si la reclusa lo 
deseara. 21 En relación a los niños y niñas, la Directriz 51 establece que “los niños que viven 
en prisión junto a sus madres en prisión debe proveérseles de permanente con servicios desalud 
primaria y su desarrollo debe ser monitoreado por especialistas, en colaboración con los centros 
médicos de la comunidad.” 22 Muchos centros no contaban con pediatría estable, entre ellos 
el lugar destinado para albergar a madres con hijos. No existe un Plan Nacional de Aten¬ 
ción en Salud para el Sistema Carcelario. El acceso a este derecho, también depende de la 
buena voluntad de las direcciones departamentales (es decir, del interior), mientras que en 
la capital el equipo médico de ASSE desconoce las normas que regulan los establecimien¬ 
tos carcelarios a nivel de salud. Se identifica un enfoque más cercano a lo punitivo que a lo 
asistencial. 

Situación jurídica-. La situación jurídica de las reclusas receja las iguales condiciones 
que el resto de la población reclusa. Un 70% se encuentran procesadas, mientras que tan 
sólo un 30% están penadas. A su vez, la mayoría no tiene acceso a abogado privado, hacien¬ 
do uso del/la abogado/a de oficio, el quien no visita ni se comunica periódicamente con 
las reclusas. 

Educación y Trabajo: En general no existe trabajo remunerado. Son muy pocas las 
mujeres que tienen posibilidad de acceder a esto. Existen trabajos de fajina, por lo cual 
reciben el peculio establecido por ley. La mayor oferta laboral se concentra en Montevi¬ 
deo, en la Unidad nro.5. Existe un aumento en la cantidad de ofertas educativas formales 
y no formales; sin embargo, persisten grandes diferencias entre las Unidades. Se observa 
como problemática la falta de espacio, discrecionalidad en el acceso, desigualdad de opor¬ 
tunidades ante la población masculina, oferta totalmente supeditada a la voluntad de las 
direcciones, entre otras. 


20 

21 


22 


ídem. 

Directriz 10, ídem, 
ídem. 



Comunicación con el exterior. No existe una homogeneización de los criterios con 
respecto a la comunicación con el exterior. Son muy dispares las prácticas entre cada centro 
visitado. No existe en ningún establecimiento el uso de internet (cabe aclarar que, en casos 
particulares, tampoco en toda la cárcel). También carecen de televisores en algunas cárceles 
y radios. En general el régimen de visita se cumple, excepto si la reclusa está sancionada. Las 
visitas “conyugales” o intercarcelarias en general se cumplen según lo previsto. De todas 
formas, difiere el tiempo que tiene que transcurrir para solicitar una desde que la reclusa 
ingresa al establecimiento. 

Segundad y garantías-. Existen lugares destinados para aquellos casos complejos. Las 
requisas recaen en los funcionarios penitenciaros, casi siempre con presencia de los opera¬ 
dores. No se registró la realización por parte de hombres de requisas a mujeres. Lo que si se 
observó fue que en estos operativos se registra el mayor grado de violencia física y verbal. 
Con respecto a la implementación de la Ley 17.897, 23 según las entrevistas mantenidas con 
algunas autoridades, no se cumple debido a la lentitud de los Juzgados en responder a las so¬ 
licitudes. En muchos casos la autorización llega por fuera del tiempo establecido por ley. 


Unidad N° 5 / Montevideo 

Infraestructura: En la actualidad la unidad Nro. 5 aloja la mayor población de muje¬ 
res privadas de libertad del país (387). Este establecimiento fue construido para albergar 
a personas con padecimientos psiquiátricas, por lo tanto la disposición del espacio no es 
la adecuada. Carece de lugar para el estudio y el trabajo. No existen celdas; las reclusas se 
alojan en habitaciones. Los baños, lugares comunes y mobiliario son aquellos que podemos 
encontrar en un nosocomio. 

El edificio se ordena de forma progresiva. Los pisos más altos son de máxima seguri¬ 
dad, y los inferiores de mínima seguridad. Algunos pisos de seguridad intermedia y mínima 
se encuentran gestionados por operadores, mientras que otros pisos de seguridad interme¬ 
dia y máxima son gestionados por funcionarios penitenciarios. Las reclusas reincidentes 
van al quinto piso, y las primarias van al primer piso. El quinto piso, de castigo, reduce y 
limita todas las actividades a las que podría acceder una reclusa (patio, visitas, etc.). Se ob¬ 
servó tratamiento discrecional en la derivación de algunas reclusas a dicho piso, es el caso 
de algunas primarias. 

La clasificación de las reclusas se realiza en función de los convictos previos o tipos de 
delitos. Al momento de ingreso se le realiza una entrevista por la Junta de Tratamiento, que 
está integrada por subdirector administrativo, subdirectora técnica, director de seguridad 


23 En su artículo 8 establece que “(...) de la situación de la mujer cuando se encuentre en los últimos tres meses 
de estado de gravidez, así como durante los tres primeros meses de lactancia materna. En tal caso, elJuez requerirá 
previamente informe pericial del Instituto Técnico Forense acerca de la conveniencia o necesidad respecto de la adop¬ 
ción de la medida." Kn: http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=17897&Anchor= 


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y jefe de reclusión. A partir de la entrevista deciden en qué lugar se alojará a la reclusa. 
Cuando ésta ingresa al establecimiento se le da a conocer el reglamento interno que luego 
no tendrá en su poder, impidiendo que pueda revisarlo en función de los escenarios que se 
le presentan diariamente. Esta Junta, a su vez, define la trayectoria de la reclusa dentro de su 
vida institucional. Por ejemplo, la progresividad dentro del sistema y el Plan Individual de 
Tratamiento ( IXDOd ). También existen operadores encargados de la coordinación de “convi¬ 
vencia”, la cual brinda atención de tipo jurídico y social; asimismo, existe una coordinación 
de educación, responsable de derivar las solicitudes de acceso a cupos educativos. 

Educación-. Al momento de la visita se encontraban estudiando aproximadamente 120 
mujeres, entre Primaria, Secundaria y Universidad del Trabajo. Si bien el acceso a la oferta 
educativa es igual para todas, se evidencia que las reclusas que se encuentran en los pisos de 
mínima seguridad son las que acceden a los cupos con asiduidad. Los restantes pisos, sobre 
todo aquellos que gestiona la guardia penitenciaria, acceden con mucha menor frecuencia 
o no acceden. Existen varias ofertas de educación no formal, pero son sumamente escasas 
para la cantidad de reclusas. Por otra parte, se llevaron a cabo experiencias exitosas como la 
realizada con el Sindicato de la Aguja. 

Alimentación y Salud: La alimentación es escasa y de mala calidad. No existe una dieta 
variada en el menú. Para las madres y los niños se coordina con K HXMXI para proporcionar la 
misma. Según las reclusas que padecen enfermedades crónicas, no se les brinda adecuada¬ 
mente la dieta que necesitan según su condición. En relación a la Salud, los enfermeros 
-según la entrevista realizada con IX HXMX1 - realizan pocas recorridas por los módulos. Se 
limitan a estar en los espacios destinados para ellos, lo que puede llevar a brindar una aten¬ 
ción sumamente discrecional, que depende de la voluntad de los operadores o funcionarios 
penitenciarios para trasladar a las reclusas. La plantilla de recursos se forma con enferme¬ 
ros (24 horas), médicos generales (distintos días de la semana), un coordinador (todos los 
días), un odontólogo (dos veces por semana, solo realiza extracciones) y un infectólogo 
(una vez por mes). No hay psiquiatra. 2 ' 1 No pudimos acceder a mucha información de la 
población carcelaria, dado que el personal que encontramos se amparó en que la solicitud 
era de carácter privado, a pesar que se mencionó que el relevamiento era un monitoreo de 
derechos, y solamente se precisaban números totales. De todas formas, por las entrevistas 
con las reclusas supimos que existen varias con 02EI -Sida y otras enfermedades crónicas. No 
existen terapias grupales o individuales, ni tratamiento de consumo problemático. Sola¬ 
mente existen operadores terapéuticos (no se nos explicó específicamente su función). 

Recordemos que este año se suicidó una reclusa en el quinto piso, y hubo otros casos el 
año anterior, así como también varios intentos de autoeliminación. Por otro lado, se pudo 
comprobar que la medicación se entrega en mano a las reclusas. Para acceder a una espe¬ 
cialidad se tiene que obtener el pase del médico general, después solicitar la autorización 


24 Las versiones entre médico y enfermera fueron contrapuestas cuando se les preguntó si existía psiquiatra en 
la plantilla de recursos humanos. 



del Juez, llevando mucho tiempo el proceso para acceder a un especialista. Mucho más de 
lo que sucede afuera. En algunos casos, los períodos de espera pueden alcanzar casi un año. 
Acceden de forma fragmentaria a productos higiénicos, tanto para su uso personal como de 
la habitación. Los días previos a la visita habían recibido yerba, jabón y tabaco. Los pañales 
para los niños los provee el establecimiento. 

Trabajo-. Este establecimiento es el que cuenta con mayor cantidad de ofertas laborales 
remuneradas, y de peculios, con respecto al resto del sistema. Aunque es insuficiente para 
el conjunto de la población. 

Comunicación con el exterior-. El uso de celulares está permitido para los niveles de 
mínima seguridad y madres con hijos. El resto de los niveles accede a teléfonos públicos 
con tarjeta. Las reclusas dependen de las visitas para obtener tarjetas. La comunicación con 
el exterior es un punto de tensión entre el control y el acceso a un derecho fundamental. El 
contacto con lo familiar -sobre todo teniendo en cuenta que muchas mujeres son madres- 
es más que importante. El sostén familiar adentro de la reclusión es una variable de peso 
para controlar factores de riesgo y propiciar otra trayectoria de vida. Asimismo, la mayoría 
de los alimentos, productos de limpieza, ropa, artefactos eléctricos, etc., que las reclusas 
puedan obtener es a partir de las visitas y los paquetes que le envían sus familiares. 

Seguridad y garantías-. Esta cárcel tiene -por su población y su ubicación urbana-, los 
resabios más visibles del paradigma custodial, junto con las cárceles ubicadas en la frontera. 
Además cuenta con la mayor cantidad de funcionarios penitenciarios. Las requisas y las re¬ 
visorías -a pesar de haber protocolos vigentes más ajustados a derechos- son los momentos 
más invasivos y violentos contra los familiares o reclusas; si bien no se constató revisación 
por parte de masculinos a reclusas. En cuanto a las medidas disciplinarias, constatamos 
una sanción colectiva, hecho que está totalmente prohibido. Por otra parte, existen niveles 
de mucho encierro, incluso en un piso, el lateral (pasillo que da al salón de visita, al que 
en general tienen acceso los demás pisos) estaba cerrado las 24 horas. Varios operadores y 
reclusas mencionaron que muchas pasan 23 horas de encierro, teniendo una sola hora de 
patio. Se registró que las sanciones pueden llegar a más de 90 días. Con respecto al protoco¬ 
lo de traslados, se nos transmitió que los criterios para llevar a las madres con hijos cambio 
desde julio de este año. Muchos avances en términos de reglamentación se ven limitados en 
su utilidad por falta de mecanismos de control externos (revisoría, traslados, requisas, etc.). 
Por último, muchas reclusas no tienen las garantías necesarias para plantear situaciones 
irregulares sin esperar una respuesta negativa a esto. 


Unidad N° 13/ Maldonado 

Generalidades: El Centro, que es compartido por hombres y mujeres, cuenta en su 
ala femenina con una población total de 42 reclusas, divididas en cuatro módulos defini¬ 
dos por nivel de seguridad, existiendo mínimo y máximo. Se encuentran distribuidos de la 


159 


SEGURIDAD DEMOCRÁTICA Y DERECHOS HUMANOS 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


160 


siguiente forma: el módulo 1 aloja 7 reclusas, el 1A alberga 10, se encuentran 7 en el 1C, y 
16 en el área 2, divididos por dos alas (izquierda y derecha) con misma población. Por su 
parte, 2 reclusas del total se encuentran alojadas en hospitales psiquiátricos. El área del es¬ 
tablecimiento dedicada a las reclusas femeninas se compone del espacio que anteriormente 
perteneciera a la Unidad masculina. Por esto, la misma presenta en su infraestructura pro¬ 
blemáticas de humedad, goteras, falta de vidrios, entre otras falencias. El módulo de míni¬ 
ma seguridad cuenta con habitaciones para dos personas, pasillo, baño común, y pequeño 
patio interno. El módulo de media seguridad posee dos alas con alojamiento para 8 reclusas 
cada uno, y un espacio común para ambas piezas; cada ala tiene incluidas las instalaciones 
sanitarias, sin separación con el espacio para dormir. Los módulos de máxima seguridad se 
componen de habitaciones donde se encuentran alojadas 7 reclusas en cada una, sin patio. 
Dentro de los espacios delimitados en cada módulo, las reclusas tienen libre circulación 
hasta las 22 horas, cuando trancan las salas. Tienen estipulada una salida al patio por día, 
cuando el tiempo lo amerita, durante una hora, donde juegan a la pelota (no siendo una 
actividad planificada u organizada, sino de recreación, por iniciativa de ellas). Durante 24 
horas permanecen junto a ellas operadores civiles, habiendo un total de 10 operadores (uno 
de ellos masculino). 

La clasificación se realiza en función de parámetros de seguridad definidos por el de¬ 
lito cometido, así como por comportamiento (módulo 1C). Según las autoridades, se está 
modificando la infraestructura a fin de generar mayor espacio para una “mejor” clasifica¬ 
ción. No se encuentran albergados niños al momento de la visita. El promedio de edad se 
aproxima a los 30 años, distribuidas en un rango de 18 a 64 años. Solamente 3 de ellas se 
encuentran penadas. 

Al momento de ingreso, se desarrolla para cada reclusa un Plan Individual de Trata¬ 
miento ( MM ), basado en criterios sociales, educativos, laborales y familiares. El mismo se 
realiza en conjunto entre el equipo técnico y los operadores, haciendo un análisis de las 
trayectorias de cada reclusa. El equipo técnico se compone de un psicólogo y la encargada 
del sector femenino, quien es una operadora con estudios avanzados en educación social. Si 
bien varios operadores cuentan con estudios terciarios vinculados al área social, no integran 
el equipo técnico, ni su rol dentro del establecimiento refiere a dicha capacitación. 

Educación-. En el Área Educativa, los cursos formales de educación se componen de 
Primaria y Secundaria, de los cuales participan un total 23 reclusas. Se brindan también 
cursos de Operador IEIEI y de Arreglo de Aire Acondicionado, bajo una modalidad de Plan 
Piloto de KIEEH. Como ofertas de educación no formal, se identifican un curso de galletería, 
curso de Focap (martes y jueves, siendo un curso mixto de albañilería), y taller de peluque¬ 
ría. Dentro de las actividades educativas y recreativas se ubican yoga y zumba. La primera 
es para aquellas reclusas que no tienen visita (desarrollándose en dichas jornadas), mientras 
que zumba estaba a cargo de las operadoras y fue suspendido (sin dar detalles por parte de 
las autoridades al respecto). Para acceder a una plaza educativa, la reclusa debe tener desde 



su entrada entre 40 y 90 días de “buen comportamiento”, para después solicitar el ingreso. 
La totalidad de las 23 reclusas que asisten a educación formal (entendida ésta como prima¬ 
ria y secundaria) redimen pena por actividad educativa; no así por los restantes cursos. 

Alimentación y Salud: A su ingreso, la persona privada de libertad es dirigida a una 
celda de diagnóstico, donde es revisada por un médico. La Unidad cuenta para el sector 
femenino con dos días de policlínica (lunes y viernes). Hay enfermería para todo el estable¬ 
cimiento, las 24 horas. Concurre un odontólogo una vez por semana, y un psiquiatra los 
días sábados. El psicólogo es parte del equipo técnico, pero no atiende a las reclusas, sino 
que funciona dentro de la dinámica de la Junta de Tratamiento. Las reclusas sostienen que 
ninguno de los dos especialistas anteriormente mencionados las asiste; no coordinan con 
ellas las consultas que solicitan, o siguen un tratamiento después de la primera instancia. 
Algunas mencionan la falta de interés en atenderlas, llegando a “reírse en su cara” ante sus 
planteos. En caso de necesitar algún otro especialista, o de realizarse estudios específicos, 
se debe coordinar fecha con el hospital de la capital departamental, y deben ser trasladadas 
hasta allí. Sin embargo tanto la coordinación de una consulta con especialista como la con¬ 
creción de los traslados son problemáticas según las reclusas, dado que los mismos no son 
efectivizados. Se hizo un registro de las reclusas para disponer la realización de estudios de 
Pap y mamografía. Se plantea la sobremedicación con Novemina en enfermería, ante cual¬ 
quier tipo de dolor o problemática de salud que surja. A su vez, se menciona que en más de 
una oportunidad les fue dada medicación vencida. Las reclusas no cuentan con tratamiento 
de consumo problemático, ni medicación para controlar dicha problemática, ya que Nar¬ 
cóticos Anónimos trabaja solamente con población masculina. Según los datos del servicio 
médico, se alojan en la Unidad actualmente una reclusa embarazada que tiene KIHEI y una 
persona diabética. En el establecimiento hay actualmente una señora que padece hepatitis 
y sífilis. Las condiciones higiénicas del centro no ayudan a controlar estas enfermedades. El 
acceso al agua está garantizado, ya que todos los módulos cuentan con grifos. Sin embargo, 
la cañería se encuentra en mal estado, y el agua en muchas oportunidades sale con mucho 
olor a cloro. Los artículos de higiene (tanto personal como locativa) son provistos por la 
visita de las reclusas. Aquellas que no tienen visita acceden a los mismos gracias a la solida¬ 
ridad de las compañeras que cuentan con personas que desde el exterior le suministran los 
artículos, ya que el establecimiento no cuenta con recursos ni logística para brindárselos. 

En cuanto a la alimentación, se brindan las cuatro comidas diarias, contando con co¬ 
cina autogestionada, donde “eligen el menú” (a entender de las autoridades). Se menciona 
por parte de las mismas la falta de fruta en algunas oportunidades, recibiendo leche y carne 
de varios tipos. Al escuchar el relato de las reclusas, así como observar el almuerzo sumi¬ 
nistrado, se constató que el mismo consta de guiso de fideos con caldo, frío. Sostienen que 
tanto en el almuerzo como en la cena reciben el mismo alimento, y no reciben fruta desde 
hace más de un mes. Los platos son escasos, sin posibilidad de repetir, tornándose funda¬ 
mentales los paquetes de alimentos que entregan las visitas, los cuales son requisados y en 
muchos casos retirados, sin llegar a destino. 


161 


SEGURIDAD DEMOCRÁTICA Y DERECHOS HUMANOS 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


Trabajo: Actualmente 17 reclusas se desempeñan laboralmente, con jornadas de 6 ho¬ 
ras diarias, con turno en la mañana (de 9 a 11:30) y en la tarde (de 14 a 17:30). En el caso 
del área de cocina, se trabaja hasta las 18:30. No perciben remuneración, sino que el trabajo 
se realiza para ampararse en la reducción de pena (redención). Existen 40 peculios en el to¬ 
tal del establecimiento, de los cuales dos mujeres perciben remuneración de medio peculio, 
que consta aproximadamente de 2000 pesos. 

Comunicación con el exterior. Las reclusas tienen la visita establecida para los días 
miércoles, sábado y domingo, de 9 a 17 horas, (debiendo elegir dos de los tres días propues¬ 
tos). No existen restricciones en cantidad de gente, y pueden ingresar niños. 

Tienen permitido el ingreso de algunos alimentos y artículos de higiene, con previa 
revisación y aprobación por parte de funcionarios policiales. Respecto a la vestimenta, 
debe realizarse una solicitud previa, pudiendo ingresar hasta tres mudas de ropa por cada 
oportunidad; según las reclusas, la autorización puede demorar hasta seis meses antes de 
hacer efectiva la entrega. El mismo procedimiento tiene que cumplirse para ingresar otros 
objetos, como ser un termo. En lo que a las visitas íntimas respecta, están habilitadas úni¬ 
camente para las visitas intracarcelarias (entre parejas que se encuentran recluidas dentro 
de Las Rosas), prevista para los días martes y jueves en el caso de máxima seguridad. El 
procedimiento se basa en la petición de la pieza, y aprobación en la Junta para concretar la 
visita. Según las autoridades, estaría comenzando a gestionarse las visitas conyugales para 
reclusas que tienen pareja fuera de la privación de libertad. Los servicios de salud proveen 
de métodos anticonceptivos. 

Las reclusas no tienen acceso a teléfonos celulares. Para realizar llamadas tienen per- 
162 mitida una hora diaria, debiendo utilizar los teléfonos tarjeteros (es decir, llamadas a cobrar 
o con abono de tarjeta) que se encuentran en el pasillo. Actualmente existen tres teléfonos 
para toda la Unidad, de los cuales uno se encuentra roto. Las mujeres sostienen que no se 
les ofrece flexibilidad horaria, teniendo estipulada una hora determinada cada módulo, que 
debe -en este breve período- repartirse las llamadas entre los teléfonos disponibles. De 
ésta forma, muchas de las reclusas no tienen prácticamente comunicación con sus familias, 
ya que resulta muy difícil poder realizar la llamada dentro del acotado período de tiempo 
pautado, contar con recursos económicos para poder costearla, y encontrar en el horario 
indicado a los familiares. Por otra parte, tienen permitida la televisión en las piezas, y no 
cuentan con acceso a Internet. 

Seguridad y garantías-. Al ingreso de una reclusa a la Unidad, recibe una explicación 
sobre el reglamento interno existente. Más allá de los protocolos vigentes de , el estable¬ 
cimiento cuenta con reglamentaciones que son normativizadas por cada centro, los cuales 
refieren a seguridad, custodia, revisoría, requisa en celda, vigilancia, inspección, entre otros. 
El incumplimiento con alguna normativa implica una sanción, definida gradualmente, pu¬ 
diendo ser leve (como ingreso de celulares, o de circulación), grave (amenaza a otra reclusa 
u operadora) o gravísima (intento de fuga, ingreso de arma, o acciones violentas). Las san- 



ciones son individuales (según las autoridades), y pueden implicar desde la suspensión de 
la comunicación telefónica diaria o de la salida a patio, hasta la suspensión de la visita y de 
actividades de estudio o laborales. A modo de ejemplo, durante la recorrida por parte de 
la institución se verificó la existencia de una sanción disciplinaria a todas las reclusas de la 
segunda pieza de máxima seguridad, consistente en el cierre del patio interno con el que 
cuenta el módulo. Dicha sanción llevaba más de dos meses de aplicación, y se había im¬ 
partido a reclusas que no habían tenido que ver con la infracción realizada. Las sanciones 
las determina la Junta de Disciplina, y se le informa y notifica a la reclusa, tanto el motivo 
como el tipo de castigo definido. Como celda de castigo, en casos extremos según las auto¬ 
ridades, se utiliza la celda de diagnóstico, con el fin de aislarla momentáneamente. A su vez 
-según las reclusas- también se utiliza la celda seis como lugar de castigo. Este sitio fue ob¬ 
jeto de críticas por parte de Serpaj en otras oportunidades y también por el Comisionado 
Parlamentario en algunos informes. 25 En cuanto a los traslados, los mismos se realizan con 
grilletes y esposas, existiendo la excepción en los casos de reclusas embarazadas, donde sólo 
se utilizan esposas. Sin embargo, las mismas sostienen que “es natural” observar reclusas 
embarazadas siendo trasladadas con grilletes. 


Unidad N° 20 / Salto 

Generalidades: El Centro cuenta actualmente con 23 reclusas, distribuidas en 6 ha¬ 
bitaciones, de las cuales 2 se encuentran reservadas para madres con hijos. Residen 7 niños 
de hasta 4 años de edad. La mayoría de las mujeres tienen en promedio entre 25 y 35 años 
de edad, y únicamente 2 de ellas se encuentran penadas. No existe una clasificación de las 
reclusas, que se encuentran distribuidas en las habitaciones bajo la condición de estar ingre¬ 
sadas con sus hijos o no. Según manifiestan las autoridades, la infraestructura no permite 
una clasificación definida y establecida bajo otros criterios que los mencionados. El espacio 
que el establecimiento destina a las mujeres es una vivienda reacondicionada -denominada 
La Casona-, que cuenta con 6 dormitorios, un ambiente compartido, baño, cocina y patio. 
No existen camas destinadas a los niños. Dentro de este predio delimitado el espacio es 
abierto, “con fines de convivencia”, pudiendo las reclusas movilizarse libremente hasta el 
anochecer, cuando son trancadas hasta el otro día. Durante el día, 3 operadoras penitencia¬ 
rias permanecen en cada turno y durante la noche quedan bajo vigilancia de funcionarías 
policiales que se encuentran por fuera del predio. Existe una reglamentación ministerial 
que expresa la prohibición de cubrir horas de operadores en el turno nocturno. 

El abordaje que se realiza para cada reclusa se basa en el denominado IXDÍK1 (Plan Indi¬ 
vidual de Tratamiento), el cual se inicia con la entrevista de ingreso, donde se construye 
con el equipo técnico la trayectoria psicosocial previa al delito. A partir de allí se realiza 


25 Tomasini, M. “Situación y perspectivas del Sistema Carcelario’’, (2009). Derechos Humanos en el Uruguay, 
Montevideo, Serpaj, 110-137 pág. 


163 


SEGURIDAD DEMOCRÁTICA Y DERECHOS HUMANOS 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


164 


un seguimiento sobre la evolución de la reclusa, marcado por informes trimestrales que 
dan cuenta de sus avances. En dichos informes se profundizan también ciertas cuestiones 
inherentes a la trayectoria de vida de la persona privada de libertad ( IXMXl ), así como sobre el 
delito cometido, problematizando las causas y razones que la llevaron a cometerlo. 

Educación : En el Área Educativa, los cursos formales de educación se componen de 
Primaria y Secundaria, asistiendo 2 y 12 reclusas respectivamente. Como cursos de educa¬ 
ción no formal se encuentran Gastronomía, Ajedrez y Teatro. Asimismo, la Unidad partici¬ 
pa del Plan Nacional de Lectura del IE 03, un programa que promueve acciones a favor de la 
lectura y la escritura “como herramientas de inclusión social y desarrollo” 16 . Se desarrolla tam¬ 
bién un taller de Salud Sexual y Género, brindado por la Unidad, de carácter obligatorio, 
con una frecuencia quincenal. Las autoridades indicaron que está por finalizarse un Salón 
Comunal que tiene como objetivo generar un espacio propio para el sector de la Unidad fe¬ 
menino, con finalidades educativas y recreativas varias (talleres de computación, artesanía, 
guardería para los niños, entre otros). Las reclusas sin embargo, sostienen no saber cuál será 
la finalidad del espacio que se está construyendo dentro del predio. 

Alimentación y Salud-. La primera semana de ingreso, la persona privada de libertad 
es llevada al servicio de salud, donde se le realizan una serie de estudios, y se crea una ficha 
para la usuaria. La Unidad cuenta con médico de medicina general de lunes a viernes (tra¬ 
bajan en el centro un total de 5 médicos), siendo pediatra uno de ellos, estando a cargo 
del seguimiento de los niños residentes en la unidad. También hay enfermería las 24 horas 
(4 enfermeros y 1 nurse) y, acude un odontólogo. Dicho plantel cubre a la totalidad de 
la Unidad, asistiendo a 323 personas privadas de libertad. El servicio de salud no cuenta 
con psicólogo ni psiquiatra, ni algún otro especialista. En caso de que la reclusa requiera 
alguno, o necesite hacerse estudios específicos, debe coordinarse fecha con el hospital de 
la capital departamental. A su vez, el día acordado debe estar disponible algún móvil (ade¬ 
más de funcionarios policiales) para realizar el traslado correspondiente. En este sentido, 
se menciona como problemática dicha disponibilidad, habiendo en muchos casos perdido 
las fechas de estudios o especialistas por falta de móviles que realizaran los traslados corres¬ 
pondientes. Por otra parte, existe tratamiento de Alcohólicos Anónimos para las reclusas 
femeninas con problemas de consumo de alcohol; no así para problemáticas relativas a 
otras sustancias psicoactivas. Hay actualmente alojada una reclusa que cursa un embarazo, 
la cual es atendida por el equipo médico de la Unidad, que realiza un seguimiento semanal 
de la gestación, y realiza los traslados necesarios para ser atendida por una ginecóloga del 
hospital de Salto. 

El acceso al agua es fuertemente restringido. Para todo el establecimiento penitencia¬ 
rio hay únicamente 4 grifos con agua potable, contando el resto de las instalaciones con 
pozos semisurgentes para abastecerse. Por esto, las reclusas deben varias veces al día trasla- 


26 http:// plandelectura.mec.gub.uy/ innovaportal/v/34683/44/mecweb/objetivos ?3colid=34671 &breadid 
=34671 



darse hasta uno de los grifos para extraer agua potable, ya sea para el aseo o la cocina. Tras¬ 
ladan bidones en carretillas, a fin de cubrir las necesidades diarias. El agua extraída de las 
perforaciones semisurgentes, que se utiliza para el aseo, riego y las instalaciones sanitarias, 
es cortada a las 22:30 horas. Los artículos de higiene (tanto personal como locativa) son 
provistos por la visita de las reclusas. En cuanto a la alimentación, se brindan las cuatro co¬ 
midas diarias, que son elaboradas por las propias reclusas, en la cocina de la Unidad destina 
(“La Casona”). El menú es variado (dependiendo de la disponibilidad de los alimentos que 
son suministrados por el HEIK mensualmente y la quinta que posee la Unidad), y se elabora 
uno diferenciado para los niños alojados en el establecimiento (el cual es confeccionado 
por una nutricionista). Según manifiestan las reclusas, ha habido un recorte en alimentos 
de vital importancia en la dieta principalmente de los niños, como ser fruta (de la que no 
han provisto a la Unidad en los últimos meses) y carne. Una reclusa recibe canasta especial 
por ser portadora de lEffl. 

Trabajo: Ninguna de las reclusas se encuentra actualmente trabajando. Solamente dos 
de ellas poseen medios peculios (percibiendo mensualmente un aproximado de 2000 pe¬ 
sos). 

Comunicación con el exterior. Se encuentra estipulada la visita los días sábado y do¬ 
mingo desde las 9 hasta las 17 horas. Tienen permitido el ingreso de alimentos y vestimen¬ 
ta, que es revisado por funcionarios penitenciarios, pero donde, en caso de registrarse algún 
problema en el ingreso de artículos, los operadores intentan hallar una solución que permi¬ 
ta sortear el inconveniente. Tienen acceso a una visita íntima cada 15 días, que es pedida y 
coordinada con las operadoras. Existen sólo 3 piezas conyugales para todo el establecimien¬ 
to (que, recordemos, se comparte con la Unidad masculina). Se permite el uso de celulares 
todos los días, dos horas en la mañana y dos horas en la tarde, y cuentan con televisión. No 
cuentan con acceso a Internet. Estaría previsto, según las autoridades, instalar en la Sala un 
Infocentro que contaría con dicho servicio. 

Seguridad y garantías-. Más allá de los protocolos vigentes de BEIIEI, el establecimiento 
cuenta con reglamentos referentes a cuestiones disciplinarias (horarios, normas de convi¬ 
vencia). Para ningún caso se prevén sanciones que signifiquen la suspensión de las activida¬ 
des educativas. Aquellas calificadas como graves o gravísimas pueden implicar suspender la 
visita. Las sanciones son determinadas por la Junta de Disciplina, e informada y notificada 
a la reclusa, tanto el motivo como el tipo de castigo definido. No existen celdas de castigo 
para las mujeres. En los traslados fuera del establecimiento, las medidas de seguridad son 
definidas por las Fuerzas Policiales, pudiendo utilizar grilletes y/o esposas hacia atrás o 
hacia delante. Los niños que se encuentran alojados en la Unidad asisten al Caif ubicado 
a dos cuadras, acompañados por las madres y una Funcionaría Policial. Realizan dicha tra¬ 
yectoria sin esposas ni grilletes. Uno de los niños asiste a la Escuela, y es trasladado en móvil 
policial, sin la compañía de su madre. 


165 


SEGURIDAD DEMOCRÁTICA Y DERECHOS HUMANOS 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


Unidad N° 9 / Montevideo 


Infraestructura: El Centro se destina para mujeres con hijos a cargo. El Molino tiene 
una capacidad para 28 mujeres, y actualmente cuenta con 20 reclusas y 23 niños. Se alo¬ 
jan dos madres por habitación. En cuanto a la distribución etaria, no hay alojadas mujeres 
mayores a 35 años, y el rango oscila entre 20 y 35 años de edad. Los niños tienen hasta 4 
años de edad. Ocho de las reclusas están penadas, estando las 12 restantes procesadas. Una 
reclusa es de origen paraguaya. No existe una clasificación establecida para la población 
del establecimiento, ya que la condición para ingresar en el mismo es contar con un niño a 
cargo, y con un informe técnico que lo avale. El establecimiento consta de habitaciones con 
ventilación y baño privado, distribuidas a lo largo de un pasillo. Esta zona tiene también un 
comedor diario y patio. Dentro de los espacios delimitados, las reclusas tienen libre circula¬ 
ción en los pasillos y espacios comunes hasta las 20 horas, cuando trancan las habitaciones. 
Tienen trato directo con operadoras y con funcionarias policiales. 

Las reclusas que ingresan a la Unidad son trasladadas desde ffllE. Allí tienen una en¬ 
trevista de trayectoria previa donde se profundizan cuestiones psicosociales, y se les ofrece 
la posibilidad de integrarse a alguna actividad laboral y/o educativa. Le explican el regla¬ 
mento, y le entregan las reglas de convivencia básicas establecidas en la Unidad. El centro 
no cuenta con equipo técnico; la encargada del área es la Subdirectora Técnica, quien es 
asistente social. 

Educación: En el Área Educativa, el curso formal de educación se limita a Secundaria 
(ya que ninguna asiste actualmente a Primaria), participando 8 reclusas de dicho nivel. Se 
brinda un también taller de Flor del Ceibo. 27 No existen cursos de educación no formal que 
166 se dicten dentro del establecimiento. Se realizan talleres de Yoga y apoyo psicológico, sien¬ 
do actividades recreativas. Trabaja dentro del recinto Uruguay Crece Contigo, apoyando el 
desarrollo de la temprana infancia, y a las madres en dicho proceso. Por otra parte, la 
El Abrojo se encuentra desde hace 3 años realizando talleres y trabajos con las reclusas y 
sus familias, principalmente en el preegreso y egreso de las mismas. Todas de reclusas que 
reciben educación formal redimen pena por actividad educativa. 

Alimentación y Salud: Los servicios de salud constan de una médica de familia que se 
encuentra de lunes a viernes 8 horas diarias, y enfermería las 24 horas. La Unidad no cuenta 
con pediatra, debiendo coordinarse con centros de asistencia de la ciudad y realizar el tras¬ 
lado correspondiente en caso necesario. Si bien K HXMXI realiza talleres de psicología grupales, 
no cuenta con una especialista de esta disciplina que atienda de forma individual a las reclu¬ 
sas. En oportunidades puntuales ha ido un ginecólogo de lEfflE a la Unidad. Según los datos 
del servicio médico, se encuentran alojadas una reclusa con [Effl y una persona epiléptica. 
En el establecimiento varias mujeres (no se supo especificar cuántas) poseen problemas de 
consumo problemático, sin contar con un tratamiento específico. La mayoría de las reclusas 


27 


http:// www.Sordeceibo.edu.uy/ node/18 



toman psicofármacos. El acceso al agua está garantizado, y todas las habitaciones cuentan 
con pileta y ducha. El agua es potable, y se calienta a partir de paneles solares, estando tem¬ 
porizado el consumo de agua caliente para determinadas horas del día (un total de 4 horas 
diarias aproximadamente), a fin de hacer más eficiente el consumo. Los artículos de higiene 
(tanto personal como locativa) son provistos por la visita de las reclusas. En el caso de los 
pañales, la institución cuenta con donaciones de diversas empresas, que cubren las nece¬ 
sidades de los niños allí alojados. En materia alimenticia, las reclusas acceden a las cuatro 
comidas diarias, con un menú elegido por ellas mismas. Los alimentos son provistos por 
Almacén Central de BEIKI, recibiendo donaciones de algunas empresas para complementar 
los insumos. Se menciona por parte de las autoridades la existencia de una dieta variada. 
Asimismo, detallaron que el contrato que tenían con el Mercado Agrícola para el suminis¬ 
tro de fruta se había vencido desde hace un mes. Los niños tienen una dieta establecida, que 
es fijada por una nutricionista. Anteriormente contaban con tres comidas diarias, a la que 
les adicionó una “merienda saludable”. 

Trabajo: En la actualidad existen 10 peculios remunerados. En el momento en que la 
institución visitó el establecimiento, varias de ellas se encontraban sancionadas, por lo que 
no estaban accediendo a la remuneración correspondiente. La misma consta de uno 2000 
pesos mensuales, por 8 horas de trabajo diario. Por actividad laboral redimen pena. 

Comunicación con el exterior. Las reclusas tienen fijada la visita por número de ha¬ 
bitación: de la número 1 a la 8, tienen visita los miércoles y sábado, mientras que, desde la 
habitación 8 a la 14, los días jueves y domingo. No existe restricción en cantidad de gente 
y está permitida la visita de niños. Tienen permitido el ingreso de algunos alimentos y ar¬ 
tículos de higiene. En el caso de los niños a cargo, los mismos tienen autorizadas salidas en 
vacaciones y/o fines de semana largos con familiares directos, con previa autorización de las 
madres. En lo que a las visitas íntimas respecta, la reclusa debe solicitarla, y se arma un cro- 
nograma en función de las peticiones. Existe una única pieza conyugal y se puede solicitar 
hasta dos veces por mes. En el caso de visitas intercarcelarias, las mismas se coordinan para 
una vez por mes. Los servicios de salud brindan los métodos anticonceptivos. También 
tienen permitido el uso de teléfonos celulares todo el día, con la única restricción de que los 
mismos sean sin cámara. Existe teléfono tarjetero en caso de que alguna reclusa lo necesite. 
Hay un televisor en el comedor y uno por cada habitación del establecimiento. No hay ac¬ 
ceso a Internet, problema que afecta no sólo a las reclusas sino a todo el establecimiento. 

Seguridad y garantías-. Como reglamentaciones específicas de la Unidad, se destaca la 
existente para los niños, que regula entre otras cuestiones las salidas que los mismos pue¬ 
den realizar con tutores y las actividades dentro del centro. El incumplimiento con alguna 
normativa implica sanción, definida gradualmente, pudiendo ser leve, grave o gravísima. 
Las sanciones son individuales, y pueden implicar castigos que van desde la suspensión en 
la utilización del celular, hasta la no remuneración de las tareas laborales. No está definida 
en una sanción la suspensión de las actividades educativas. La definición del castigo es rea- 


167 


SEGURIDAD DEMOCRÁTICA Y DERECHOS HUMANOS 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


168 


lizada por la Junta de Disciplina, y notificada a la reclusa. En cuanto a los traslados, en pre¬ 
sencia de los niños son realizados sin esposas, con funcionarias policiales que acompañan a 
las reclusas. En caso de trasladarse fuera del recinto, se le colocan esposas hacia delante. No 
se prevé la utilización de grilletes. 


Unidad N° 12/ Rivera 

Infraestructura: Las mujeres están alojadas en la antigua cárcel departamental. Las 
condiciones de edificio son aceptables. Hay un patio interno y una sala que se utiliza para 
la visita y para realizar talleres. No existen problemas de humedad y los baños están en 
condiciones aceptables. Tienen agua potable y agua caliente. Al momento de la visita es¬ 
taban recluidas 22 mujeres, 2 de ellas con prisión domiciliaria. Del total, tres son penadas 
y el resto procesadas. La clasificación se establece por primarias y reincidentes. Existen 4 
dormitorios, separados por pasillos contiguos. También existe lugar para la visita íntima en 
buenas condiciones. No cuentan con camas parar los niños; las madres duermen en colecho 
con sus hijos. La administración de la vida en el encierro es llevada adelante por operadoras, 
y solo existe un funcionario penitenciario masculino. La directora y mando intermedio son 
funcionarias penitenciarias. 

Alimentación y Salud: La alimentación es buena. No hay alimentación diferencial 
para los niños. Tienen visita médica una vez por semana. No existe psicólogo, ni psiquiatra. 
En caso de haber derivaciones del médico general, se solicita hora y especialista al hospital 
departamental. Sin embargo, al no contar el establecimiento con locomoción, depende de 
la disponibilidad de la locomoción asignada a la cárcel de Carancho, lo cual hace muy di¬ 
fícil el traslado de las reclusas. El establecimiento provee los pañales a los niños. También 
hace lo mismo con los productos para la higiene personal y de la habitación, como los anti¬ 
conceptivos. No existe programa para consumo problemático. 

Educación: No existe oferta educativa formal y muy escasa la oferta no formal. Cabe 
aclarar que Primaria no existe porque todas tienen dicho nivel finalizado. Estarían en con¬ 
diciones de cursar Secundaria o lEffl, pero no existe la oferta. Existen talleres de Yoga y 
Teatro llevado a cabo por Primaria. Por eso, podemos concluir que la oferta es nula. Con 
respecto a los niños, la situación es muy preocupante, porque no acceden al jardín o centro 
educativo alguno. Se realizó un convenio con pero al no disponer de móvil para tras¬ 
ladarlo, los niños pasan encerrados las 24 horas con su madre. Hay un niño que -ingresó 
hace 2 años- nunca ha salido al mundo exterior. 

Trabajo: No existe trabajo remunerado. Y solamente existen 2 peculios. Por las demás 
actividades no reciben remuneración, solamente descuentan pena (aproximadamente 15). 

Comunicación con el exterior: La unidad cuenta con un televisor para el conjunto de 
la población y se permiten radios. No se les permite el uso del celular. Tienen visitas una vez 
a la semana. Las visitas íntimas se cumplen como lo estipula lo norma. 



Segundad y garantías-. No existen lugares destinados a la seguridad de las reclusas. Los 
traslados se realizan boca abajo, con grilletes y esposas. Según las reclusas, los traslados son 
muy violentos. Inclusive evitan solicitar diversas salidas (médico, etc.), para no tener que 
soportar el trato del mismo. Además se observó que el trato de operadoras y funcionarlas no 
se corresponde con los tratos observados en otros establecimientos. Desde la Dirección de 
la cárcel se tiene una mirada muy custodial. Prevalece un enfoque matriarcal e inquisitivo. 
Por eso es que encontramos una de las mejores cárceles en términos de recursos materiales, 
pero cuya gestión del encierro receja las clásicas estrategias de disciplinamiento. Además de 
ocio compulsivo y tratamiento acorde a su “condición de mujer”. 


Algunas consideraciones finales 

Dos cambios fundamentales se pusieron en marcha con la reforma penitenciaria: el 
ingreso de operadores civiles, y la generación de una estructura técnica y no técnica de 
gestión de la vida en el encierro. Con la incorporación de operadores civiles para el trato 
directo se pretendió introducir una nueva dinámica. Formados y capacitados en otro pa¬ 
radigma al pre-existente, se visibiliza un cambio en el relacionamiento con las reclusas. Si 
bien esto tiene variaciones, en general el trato es diferente al practicado por funcionarios 
penitenciarios. Dos variables son fundamentales para que el operador pueda desarrollar 
otra construcción de la reclusa. Una variable depende de la conducción de la cárcel; es de¬ 
cir, las probabilidades que los operadores puedan desarrollar otra perspectiva depende del 
modelo de conducción que se practique. En las visitas se encontraron operadores con una 
mirada sumamente integral, y otros con una mirada sumamente custodial. La otra variable 
depende del nivel educativo. Los operadores con mayor nivel educativo, sobre todo los 
capacitados en la temática, tienen más herramientas para comprender las complejidades 
de las situaciones que se les presentan. Tratan de encontrar soluciones a los convictos, sin 
limitar o anular los derechos de las presas. Desde el mismo marco de intervención realizan 
una interpretación que coloque a la otra como sujeto y no como objeto de intervención. 
Este enfoque lo registramos en la cárcel de Salto. 

El otro cambio significativo se encuentra en la instalación de “Juntas” que gestionan la 
vida en la cárcel. Lo interesante de este cambio es que las decisiones son colectivas y grupa- 
les. La herramienta puede permitir limitar la discrecionalidad que opera constantemente 
en la privación de libertad. Aunque todavía -una gestión acorde a las necesidades reales de 
las reclusas- como respuesta estatal sigue estando sujeta a inercias y dinámicas aleatorias y 
fragmentarias para acceder a sus derechos. 

A nuestro entender, se debe trabajar sobre la socialización del control, producto de 
la estratificación y diversificación de tareas, puesto que el control se vuelve más invisible y 
blando, pero retorna cuando es necesario, de una forma institucional dura y visible. Esto 
puede desembocar en una profundización del enfoque binario premio/castigo, aumentan- 


169 


SEGURIDAD DEMOCRÁTICA Y DERECHOS HUMANOS 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


do los extremos del orden simbólico. Generando brechas de desigualdad entre las reclusas, 
instalando una política de reducción de daños y no una política sistémica de limitar los 
factores de riesgo, y las vulneraciones, productos de la privación de libertad. 

En síntesis, el sistema continúa en esa confrontación intervención versus derechos. El 
abordaje y el tratamiento de las personas privadas de libertad no pueden establecerse en 
limitar derechos como forma de modificar algo en la persona. Hay una gran oportunidad 
de profundizar cambios en el sistema, con direcciones y operadores despojados de cultura 
custodial. 

Asimismo aún no evidenciamos un abordaje específico y transversal en género, en rela¬ 
ción a la planificación de espacios destinados especialmente para ellas, como una construc¬ 
ción de la gestión cotidiana del encierro sujeta a un enfoque de derechos. 


170 



Tienen la palabra 


Ante los rumores que existen en BEIKI y las áreas vinculadas al sistema penal, las reclusas 
el día 10 de agosto de 2015 elevaron una nota hacia el director de la institución menciona¬ 
da, Insp. Mendoza. La misma dice lo siguiente: 

“Sra Directora: 

Nos dirigimos a usted a los efectos de dar a conocer nuestras preocupaciones por el hecho 
del posible traslado a la Unidad N°5 cmrf, ya que todas estamos conscientes de que la forma 
de rehabilitación no es la misma, cada una de nosotras tenemos a nuestros hijos de diferentes 
edades, que al ver el aspecto tanto en los psicológico o como método de progresar no es el mismo. 
No contaríamos con ciertas necesidades básicas, como ser el alimento saludable de ellos, la en¬ 
fermería a disposición las 24 hs, el reglamento del patio no sería el mismo, la visita, la cualpara 
el niño cambia al ver rejas, militares, gritos, etc. Más allá de que acá, ya tenemos establecido el 
vínculo con lasfuncionarías, y a su vez ellas con nuestros hijos. 

Queremos destacar que no se trata de un método de negación sino de mejora, pensando 
siempre en nuestros hijos. El ambiente de una cárcelpenalista de mujeres no es el lugar adecua¬ 
do para estar con ellos. 

Agregando que si pensamos en un cambio positivo, un lugar que sea nuestro y con la cali¬ 
dad de que la prioridad sea de nuestros hijos. 

Pedimos que usted se encargue de elevar esta carta al director de cárceles Sr. Mendoza. 

Sin otro particular, saludan atentamente.” 


171 


SEGURIDAD DEMOCRÁTICA Y DERECHOS HUMANOS 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


La izquierda en el gobierno, el sentido común 
punitivo y una oportunidad perdida 


Aníbal Corti 1 2 


El lenguaje de los derechos humanos 

El más fundamental de todos los derechos humanos es el de la inviolabilidad del cuer¬ 
po. La tradición liberal propietarista, que tiene su origen en el pensamiento de John Locke, 
interpreta este derecho fundamental en los términos de un derecho de propiedad: la pro¬ 
piedad del cuerpo propio o la propiedad de uno mismo. Desde este punto de vista, nuestro 
cuerpo es nuestra primera propiedad, en un sentido cronológico, porque es lo primero que 
poseemos, pero también en un sentido jerárquico, porque es nuestra propiedad más impor¬ 
tante, en la medida en que el disfrute de todas las demás propiedades y de todos los demás 
derechos está subordinado, como condición de posibilidad, a tener un cuerpo y a que su 
integridad no se vea amenazada. 

La propiedad de uno mismo es la idea de que la persona ejerce legítimamente una 
soberanía absoluta sobre su cuerpo. En la medida en que somos los únicos propietarios de 
nuestro cuerpo, somos los únicos que podemos decidir legítimamente qué hacer con él. 
Y el primer interés de todo ser que posee un cuerpo es mantener su integridad y la plena 
soberanía sobre él. Cualquier uso de nuestro cuerpo para fines que no sean los que nosotros 
172 mismos nos hemos dado constituye alguna forma de violencia. Cualquier uso de nuestro 
cuerpo por períodos prolongados que no sea conforme a nuestros intereses o deseos cons¬ 
tituye algún tipo de reducción a la esclavitud. 

Incluso quienes no comulgamos con la tradición liberal propietarista podemos admi¬ 
tir de buena gana que el derecho a la integridad del propio cuerpo es el primer derecho y 
que es condición de posibilidad del disfrute de todos los demás. “Atentar contra el cuerpo 
es violar de una vez todos los derechos del ciudadano”, decía J. G. Fichte, “porque el uso de 
todos sus derechos está condicionado por la libertad de su cuerpo”. 1 El encierro en condiciones 
degradantes o en circunstancias ilegítimas, así como la tortura, el trabajo esclavo y demás 
formas de atentar contra la integridad física de las personas (lo que incluye, desde luego, 
su propia muerte) constituyen, pues, las violaciones más fundamentales de los derechos 
humanos, aunque desde luego no las únicas. 


1 Docente de Filosofía en el Instituto de Profesores Artigas. Periodista. 

2 Citado por Jacinto Rivera en “La reflexión trascendental sobre el cuerpo propio. Kant, Fichte y Schelling”, 
incluido en Jacinto Rivera y Ma. del Carmen López (eds.), El cuerpo. Perspectivas filosóficas, Madrid, UNED, 
2013, p. 51, n. 75. 



No puede resultar sorprendente, entonces, que una de las más antiguas instituciones 
jurídicas que tienen por objeto velar por la protección de los derechos humanos, el recurso 
de “babeas corpas”, tenga la función de intimar, precisamente, a la autoridad que practicó la 
detención a presentar el cuerpo del reo antes el juez competente, para que éste, en primer 
lugar, pueda constatar que la integridad física de la persona ha sido respetada. Un informe 
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (fMfl) del 28 de junio de 1976 
referido a la situación de los derechos humanos en Chile, que luego es citado en otros in¬ 
formes de la propia ffflfl, sostiene a este respecto: 

“En buena doctrina constitucional, ninguna forma de detención arbitraria (irregular, 
abusiva, contraria a derecho) está excluida del control de regularidad jurídica que supone el 
babeas corpas. Y es innecesario demostrar que ese vicio de arbitrariedad tanto se puede presen¬ 
tar en el caso de una privación dispuesta por un modesto agente de policía como por el Presiden¬ 
te de la República o por quien haya recibido de él, en virtud de una delegación de competencia 
(regular o no), tan excepcional potestad. Claro es que el Juez no podrá discutir el mérito de la 
decisión, no podrá discutir si las exigencias del mantenimiento del orden público hacen nece¬ 
sario o no que el ciudadano Xsea detenido preventivamente; pero podrá, en cambio, reclamar 
que el cuerpo del detenido sea traído a su presencia (“babeas corpus”), lo que le permitirá ve¬ 
rificar si vive o no, si está físicamente íntegro o no, si presenta o no signos de malos tratos o de 
torturas; le permitirá saber dónde se encuentra y si tiene o no quien le preste asistencia letrada; 
podrá decidir si la orden de detención ha provenido o no de autoridad competente y si reúne 
o no los requisitosformales indispensables; podrá comprobar si el detenido lo está en un lugar 
adecuado, o mezclado en una cárcel con delincuentes comunes, etc. Esa es la enorme, la trascen¬ 
dental significación que posee el recurso de “babeas corpus” en estos casos excepcionales:” 3 

Como ha señalado Vania Markarian, 4 la mayoría de la izquierda latinoamericana de 
los años sesenta había visto en la idea misma de los derechos humanos -hasta que se pro¬ 
dujo la ola de dictaduras en el continente de los años setenta- una mera forma de extender 
la influencia del modelo filosófico, político, económico, social y cultural del liberalismo: 
un discurso anticomunista propio de la “guerra fría” y bastante alejado de las coordenadas 
ideológicas de la izquierda revolucionaria. La concepción del mundo de esa izquierda se 
caracterizaba, entre otras cosas, por estar basada en una épica sacrificial en que el martirio 
propio, pero también el sacrifico ajeno, eran necesarios para provocar el advenimiento de 
una sociedad nueva. Los exiliados de esas dictaduras, sin embargo, pronto incorporaron el 
lenguaje de los derechos humanos en sus denuncias ante organismos internacionales de la 
situación política en sus países de origen. Más tarde esos mismos exiliados incorporaron 


3 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Segundo informe sobre la situación de los derechos huma¬ 
nos en Chile”, OEA/Ser.L/V/II.37, doc. 19, corr. 1, 28 de junio de 1976. 

4 Véase Vania Markarian, Idos y recién llegados. La izquierda uruguaya en el exilio y las redes transnacionales de 
derechos humanos (1967-19S4), México (DF), Correo del Maestro/La Vasija-CEIU, 2006. O en su defecto, de 
la misma autora, “De la lógica revolucionaria a las razones humanitarias: la izquierda uruguaya en el exilio y las 
redes transnacionales de derechos humanos (1972-1976)”, Cuadernos del CLAEH n. 89 (2004), pp. 85-108. 


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SEGURIDAD DEMOCRÁTICA Y DERECHOS HUMANOS 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


también la filosofía de los derechos humanos al marco general de su acción política. Este 
fue, como sostiene Markarian, uno de los procesos políticos e ideológicos que más afectó a 
la izquierda latinoamericana en las últimas tres décadas de siglo EEH. La izquierda uruguaya 
no fue ajena de modo alguno a ese proceso. Hace 40 años que su identidad ideológica se 
encuentra atravesada por el discurso de los derechos humanos. Ese lenguaje político se ha 
convertido, en el correr de los años, en un marco general de comprensión del mundo. Por 
esta razón, el discurso de los derechos humanos resulta fuertemente interpelante para una 
izquierda que hace más de dos lustros que ha llegado al gobierno en Uruguay. 

Serpaj me ha hecho el honor de pedirme una reflexión a propósito de la situación de 
los derechos humanos en las administraciones del Frente Amplio. Me resulta imposible 
cubrir la totalidad de la temática -que, como se comprende, es muy vasta- en esta breve 
reflexión. Voy a centrarme en el derecho a la inviolabilidad de la persona, en el derecho a la 
integridad física del cuerpo, por la importancia fundamental que, como fue señalado más 
arriba, ese derecho tiene. Y voy a ocuparme específicamente del tema de las cárceles, por 
ser el ámbito en que ese derecho, en el Uruguay de hoy, se viola de manera más sistemática 
y cruel. No voy a hacer un balance acerca de las políticas penitenciarias (otros artículos de 
este informe, escritos por personas mucho más idóneas que yo en la materia, ya se ocupan 
de esa cuestión). Mi reflexión apunta sobre todo a señalar la gran oportunidad, hasta ahora 
completamente desaprovechada, de poner en cuestión los fundamentos mismos del castigo 
carcelario y de promover alternativas al encierro como mecanismo de reproche del delito 
que supuso el acceso de la izquierda al gobierno. 


174 Una fuente inagotable de violaciones de los derechos de las personas 

A principios de la década del sesenta la población de Uruguay era de poco más de 
2.500.000 habitantes y los presos eran aproximadamente 1.500. El país tenía entonces una 
tasa de encarcelamiento de unas 60 personas cada 100.000 habitantes. Hoy somos aproxi¬ 
madamente 3.500.000 habitantes y tenemos unos 10.000 presos 5 . El país tiene hoy una tasa 
de encarcelamiento de aproximadamente 286 personas cada 100.000 habitantes. 

Los registros estadísticos del delito en Uruguay han sido históricamente un problema. 
Cuanto más se retrocede en el tiempo, menos confiables son los datos. Ello no obstante, el 
aumento brutal de las tasas de encarcelamiento parece ser (hasta donde sabemos) una con¬ 
secuencia del hecho de que el delito (especialmente el delito contra la propiedad) ha venido 
aumentado ininterrumpidamente en el país tanto en épocas de bonanza como en tiempos 
de vacas Klacas, tanto en democracia como en dictadura. Pero el aumento de las tasas de en¬ 
carcelamiento es también el resultado de un consenso social, de la existencia de un sentido 
común punitivo que ha elegido combatir el delito y la violencia a través del encierro, aun- 


5 Según datos del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), al 30 de junio de 2015 la población reclusa a 
nivel nacional era de 9.812 personas. 



que esa estrategia aparentemente no haya conducido a grandes logros, porque las cárceles 
están cada vez más llenas, pero no por ello hay menos delito ni menos violencia. 

No podemos saber a ciencia cierta qué hubiera pasado si el país hubiera optado por 
censurar las conductas delictivas encarcelando menos y apelando más a medidas alternati¬ 
vas a la prisión. Podría haber más delito (como sostienen quienes piensan que la cárcel tiene 
un efecto disuasorio), pero también podría haber menos (si se admite que el encierro, sobre 
todo en las condiciones concretas de nuestras cárceles, reafirma y amplifica las conductas 
delictivas). En cualquier caso, dado que el resultado que estamos obteniendo es bastante 
menos que óptimo (no ahora, no durante este período, sino durante los últimos cuarenta o 
cincuenta años), podría pensarse que vale la pena estudiar la aplicación en el país de algunas 
de las formas de castigo penal alternativas a la prisión que ya existen en el mundo. 

Sin embargo, esta discusión de hecho nunca se ha dado. En los últimos años el país 
hizo un gran esfuerzo, sobre todo económico, para erradicar el hacinamiento en las cárce¬ 
les. Ese objetivo hoy se ha cumplido parcialmente, ya que todavía existen niveles de haci¬ 
namiento importantes en muchas unidades. Ahora hay muchas más plazas, pero también 
hay muchos más presos. Cuando el Frente Amplio llegó al gobierno, en 2005, había unos 
7.000 presos y ahora, diez años más tarde, hay cerca de 10.000. La izquierda gobernante no 
pudo o no quiso poner en cuestión la cárcel como instrumento. Inmovilizada quizás por 
los discursos conservadores sobre la seguridad, no supo cómo o no quiso invitar a pensar 
la justicia más allá o al margen del encierro penitenciario. Ello pudo deberse al mero opor¬ 
tunismo político, pero también a la falta de imaginación. ¿Por qué la izquierda no habría 
podido imaginarse ni proponerle al país el desafío de pensar formas de hacer justicia al 
margen del encierro ? Es posible aventurar una hipótesis. Tras muchos años de pedir juicio 
y castigo para los represores de la última dictadura, en el imaginario de la izquierda social y 
política la justicia, la cárcel y el castigo llegaron a conformaron una amalgama fuertemente 
unida. La idea que parece haberse impuesto durante ese proceso es que la ausencia de cárcel 
significa ausencia de castigo y en definitiva ausencia de justicia o impunidad. 

Puede decirse que todos o casi todos nosotros tenemos la intuición de que la ausencia 
de castigo (el no retribuir al ofensor por sus actos) no es deseable, no por simples motivos 
utilitaristas (no porque ello pueda alentar, por ejemplo, la reincidencia del ofensor) sino 
por motivos estrictamente morales. El castigo pensado en forma retributiva viene a reequi¬ 
librar un balance que se ha visto alterado por la ofensa. La metáfora de un equilibrio que se 
ha roto es muy habitual en la literatura filosófica, pero sus defensores han tenido grandes 
dificultades a la hora de explicar qué es exactamente lo que se vuelve a poner en equilibrio: 
dónde está el desbalance. Una respuesta a este problema, que fue popular durante algún 
tiempo, es que el delito le permite al delincuente tomar una ventaja injusta sobre aquellos 
ciudadanos (la abrumadora mayoría) que son respetuosos de la ley. El castigo vendría a 
eliminar esa ventaja, volviendo a equilibrar la situación. Esta idea es muy problemática, 
porque es bastante claro que no todo acto delictivo tiene como consecuencia la adquisición 


175 


SEGURIDAD DEMOCRÁTICA Y DERECHOS HUMANOS 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


de algún tipo de ventaja por parte del delincuente. Incluso si ese fuera el caso, nuestras 
intuiciones parecen indicar que el castigo se justifica no por la ventaja obtenida, sino por la 
ofensa que ha sufrido la víctima. Ello sugiere otra posible respuesta al problema: considerar 
que el desbalance específico que habría que reequilibrar es de naturaleza moral. En este 
sentido, el castigo podría ser entendido como una forma de reparación moral de la víctima. 
La víctima ha sido ofendida y con ello se le ha provocado un daño, así como a sus seres que¬ 
ridos. El castigo vendría entonces a reparar (al menos en parte) el dolor que le ha provocado 
la ofensa, vendría a mitigarlo en alguna medida. 

En el Post Scriptum de su libro Eichmann en Jerusalén, Hannah Arendt saludó la sen¬ 
tencia de muerte del tribunal que condenó a Adolf Eichmann, y sobre todo el fundamento 
esgrimido por los jueces para la misma, en los siguientes términos: 

“Habida cuenta de la confusión imperante en los círculos jurídicos acerca de la naturaleza 
y utilidad del castigo, me alegró que la sentencia recogiera una afirmación de Grocio, quien, 
citando a un autor todavía más antiguo, explicó que el castigo es necesario “’para defender el 
honor y la autoridad de aquel a quien el delito ha lesionado, para que la ausencia de castigo no 
le genere todavía más dolor’.” 6 

La impunidad de los represores de la última dictadura, sólo atenuada relativamente en 
tiempos recientes, puede haber contribuido, como fue señalado más arriba, a que la izquier¬ 
da social y política, a partir de un justo reclamo de justicia, llegara a concebir justicia, cárcel 
y castigo como una especie de unidad indivisible. Cualquiera sea la explicación correcta del 
fenómeno, es un hecho que pensar la justicia al margen de la cárcel es hoy, para la izquierda 
uruguaya, una tarea ciertamente tan difícil como lo es para la derecha. Los aproximadamen- 
176 te 10.000 presos que albergan los establecimientos penitenciarios de nuestro país son el 
testimonio de una larga relación de amor: la de los uruguayos y la cárcel. La idea de que los 
delitos pueden ser castigados de otra manera que no sea con encierro y sufrimiento parece 
resultarle a la inmensa mayoría de los uruguayos una excentricidad nórdica. Mientras tanto, 
hay cada vez más presos y tampoco hay más seguridad. 


¿Y quién se preocupa por las víctimas? 

Un reproche habitual a los criminólogos críticos y a los defensores de los derechos 
humanos es que no se preocupan por las víctimas del delito, sólo por los victimarios. Es 
un hecho que el dolor y las necesidades de las víctimas no son atendidos por el sistema de 
administración de justicia que impera en la actualidad. Ni la criminología crítica ni los 
defensores de los derechos humanos son en absoluto responsables de esa situación. Sin em¬ 
bargo, es necesario que unos y otros manifiesten con la mayor claridad y contundencia la 


6 Hannah Arendt, Eichmann en Jerusalén, Barcelona, Debolsillo, 2004, p. 417. 



preocupación y el interés por la situación de las víctimas del delito. Cosa que ya se hace, 
pero hay que insistir en ello. 

En dos trabajos que hicieron época y que fueron inmensamente incluyentes , 7 el crimi- 
nólogo noruego Nils Christie defendió la eliminación progresiva del concepto de crimen 
de nuestro vocabulario: deberíamos pensar las ofensas no como crímenes, sostuvo, sino 
como convictos interpersonales. El concepto mismo de crimen parece suponer el castigo 
como la única respuesta adecuada y en eso consiste el error. En la perspectiva de Christie, 
en lugar de tomar la ofensa como el centro de nuestra atención, deberíamos enfocarnos en 
sus consecuencias, en el daño que la ofensa ha provocado a la víctima, y en la forma en que 
ese daño podría ser reparado. Nuestra respuesta a los convictos interpersonales no debería 
ser el castigo, sino un proceso de mediación entre la víctima y el ofensor que apunte a una 
reparación del agravio. La idea central es que la existencia de un daño hace necesaria su 
reparación y que esto se logra no a través de un proceso penal y un castigo ulterior, sino a 
través de programas de mediación o reconciliación que reúnan a la víctima, al ofensor y a 
otras partes interesadas para discutir lo que pasó y cómo enfrentar las consecuencias. 

Esta justicia basada en la reparación o la restauración se presenta como una alternativa 
a la justicia retributiva tradicional. Es cierto que las prácticas y los programas restaurati¬ 
vos juegan un papel cada día más importante, aunque todavía bastante marginal, en los 
procesos ordinarios de administración de justicia que existen en el mundo hoy en día. La 
idea original, sin embargo, era que ese enfoque podía desarrollarse hasta convertirse en una 
alternativa global a la justicia entendida en términos retributivos y al castigo penal como 
respuesta al delito. 

Christie sostuvo que el proceso penal tal como lo conocemos expropia a las partes su 
convicto y lo entrega a un aparato burocrático y despersonalizado. En un juicio penal mo¬ 
derno dos cosas importantes y lamentables han sucedido, desde su punto de vista. En pri¬ 
mer lugar, que las partes están siendo representadas: el ofensor por su abogado y la víctima 
por un fiscal. En segundo lugar, que la víctima es representada de modo tal que, a casi todos 
los efectos prácticos, es empujada completamente fuera del escenario y reducida al papel 
de mero origen causal de un proceso que transcurre con total independencia de sus deseos 
y de sus necesidades y sobre el cual carece en absoluto de todo control. En esta situación, 
la víctima es la gran perdedora. No sólo ha sido lastimada, humillada, maltratada y quizás 
despojada materialmente, sino que además ha perdido el derecho a ser una parte activa en 
su propio convicto. Algo que le pertenecía le ha sido arrebatado. La víctima se encuentra 
tan completamente fuera del foco de la justicia penal que probablemente jamás tendrá la 
oportunidad de llegar a conocer cara a cara a quien la ha ofendido. Probablemente nunca 
podrá manifestarle a esa persona sus sentimientos, así como tampoco podrá observar sus 


7 Nils Christie, j Conflicts aspropertv” . British Journal of Criminology 17 (1977), pp. 1-15, y Limits to Pain, 
Oslo, Universitetsforlaget, 1981, publicado en español bajo el título de Los límites del dolor, México (DF), 
Fondo de Cultura Económica, 1984. 


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SEGURIDAD DEMOCRÁTICA Y DERECHOS HUMANOS 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


178 


reacciones ni escuchar quizás sus disculpas o sus descargos. La víctima tiene la necesidad de 
comprender lo que le ha pasado, pero las instancias donde podría confrontar a su ofensor 
le son escrupulosamente negadas. Por supuesto, dice Christie, escapará más asustada y más 
necesitada que nunca de una descripción de los delincuentes como seres no-humanos. 

Si la víctima pudiera confrontar a su ofensor, quizás su situación no resultara tan 
humillante. Si se le permitiera involucrarse en su propio caso, seguramente se le prestaría 
mayor atención al daño que ha sufrido y ello conduciría naturalmente a la búsqueda de 
mecanismos para atenuar su dolor y reparar sus pérdidas. Una justicia que apuntara a la 
restauración y no a la retribución podría, además, reducir significativamente los niveles de 
dolor que administra el sistema penal, porque su objetivo no sería castigar sino reparar. 

Los procesos de justicia restaurativa que en las últimas décadas se han ensayado en 
el mundo (usualmente no como alternativas sino más bien como un complemento de la 
justicia tradicional) incorporan típicamente instancias de mediación entre la víctima y el 
ofensor. Estas instancias están orientadas a la reparación simbólica del daño provocado, 
pero también sirven para acordar, llegado el caso, mecanismos de reparación económica 
y material. Existen cientos de programas de este tipo en el mundo. La justicia restaurativa 
también contempla la existencia de programas de asistencia a las víctimas, que apuntan 
sobre todo a la recuperación de las lesiones físicas y psicológicas que deja el delito y su 
reintegración en la sociedad, así como programas de asistencia a los ofensores y otros meca¬ 
nismos de reparación y restauración. En lo que respecta a estos últimos mecanismos, puede 
darse el caso de que se exija al ofensor un pago a la víctima ya sea en dinero, en servicios o 
en especie para resarcir el daño causado. Del mismo modo, al ofensor puede exigírsele que 
repare el daño que ha causado a la comunidad mediante la realización de trabajos benéficos 
o sociales. La reparación de la víctima y el servicio comunitario son más bien el resultado 
del proceso, pero son aspectos importantes de la noción de justicia restaurativa, en la medi¬ 
da en que vienen a cubrir demandas y necesidades que la vieja justicia retributiva no cubre 
ni contempla. 

Los programas de justicia restaurativa toman en cuenta a las víctimas y a sus familiares 
(así como a otros actores de la comunidad) y ayudan a disminuir los costos y síntomas del 
estrés postraumático, la sensación de injusticia e insatisfacción, el deseo de venganza, entre 
otras cosas. Este aspecto es particularmente interesante, ya que permite ofrecer una alterna¬ 
tiva no punitiva en la que las víctimas, los familiares y el resto de la ciudadanía perciben que 
su voz y sus preocupaciones son tomadas en cuenta. 


El castigo como acto comunicativo 

Los partidarios de una justicia restaurativa nos invitan, pues, a eliminar el concepto de 
crimen del vocabulario social; nos invitan a pensar las ofensas no como crímenes sino como 
meros convictos interpersonales. La idea de crimen parece entrañar la idea de castigo y los 



partidarios de este punto de vista quieren abolir los castigos en beneficio de mecanismos 
de justicia no retributivos sino reparadores. Piensan que los sistemas penales retributivos 
se apropian indebidamente de los convictos de las personas y que, en lugar de ayudarlas a 
resolver sus convictos, los trasladan al contexto profesionalizado de un sistema de justicia 
penal en cuyo marco ni la víctima ni el ofensor tienen un papel protagónico. La respuesta 
social a las conductas que normalmente tipificamos como crimen, alegan, no debería ser el 
castigo sino un proceso de mediación y reparación entre la víctima y el ofensor. 

Antony DuKI, uno de los más destacados filósofos contemporáneos del derecho, ha 
criticado esta concepción y la idea de justicia que se deriva de ella. Para DuH, el crimen es 
un agravio público y por ello el ofensor debe responder a la totalidad de la comunidad a 
través de los tribunales penales. El crimen se ha perpetrado contra toda la comunidad, no 
sólo porque nos identificamos con la víctima como ciudadanos y prójimos, sino porque el 
atacante lesionó los valores que regulan y hacen posible la vida en común y con ello produjo 
un agravio colectivo. Dice DuH: 

“Ante, por ejemplo, la pugna persistente de dos vecinos enemistados que se acusan mutua¬ 
mente de acciones censurables pero triviales, podría ser de hecho apropiado sugerir que deberían 
dejar de condenarse el uno al otro y buscar una manera conveniente de resolver su conflicto. 
Sin embargo, frente a un violador y a la persona que violó, o frente a un marido violento y a la 
esposa que ha sido golpeada, sería una traición tanto a la víctima como a los valores con los que 
supuestamente estamos comprometidos el presentar la situación como un mero “conflicto” que 
las partes deben tratar de resolver: amén de cualquier otra cosa que podamos hacer, debemos 
reconocer y declarar que hay una víctima que se ha visto seriamente agraviada y debemos estar 
colectivamente dispuestos a censurar la acción del ofensor .” 8 

De lo anterior se concluye que la concepción de los delitos como convictos interper¬ 
sonales, que está en el fundamento del planteo de una justicia restaurativa como alternativa 
a la justicia tradicional, no se corresponde con algunas de nuestras intuiciones morales más 
fundamentales. DuH ha desarrollado en las últimas dos décadas una concepción comuni¬ 
cativa del castigo que, aunque tiene una inspiración claramente dialógica, se aparta de la 
justicia restaurativa fundamentalmente en el hecho de que sostiene que el daño inferido 
por el delito es público y que, por lo tanto, el delincuente debe ser llamado a rendir cuentas 
públicamente: al castigar, sostiene DuKI, la comunidad entabla un diálogo con el ofensor y 
le comunica una censura moral por sus actos. 

Una causa penal es, desde el punto de vista de DuKI, un asunto que se establece entre 
la comunidad política en su conjunto (el Estado o el pueblo) y el acusado. Debemos ver 
el daño que ha producido el delito como algo que nos concierne a todos. El delincuente 
ha agredido a la comunidad toda, pues en la persona de su víctima ha agredido los valores 

8 Antony DuH, “Legal punishment”, en Edward N. Zalta (ed.), Lije StanfordEnciclopedia of Philosophy, edi¬ 
ción del verano boreal de 2013, Internet: <http://plato.stanford.edu/archives/sum2013/entries/legal-punish- 
ment/>. 


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que sustentan y hacen posible la vida en conjunto. Debe responder, por ello, no sólo ante 
la víctima individualmente, sino ante toda la comunidad política a través de sus tribunales 
penales. Llevar a cabo un juicio penal supone llamar a un acusado a rendir cuentas. Según la 
concepción comunicativa del castigo, la pena que llegado el caso se imponga sobre el delin¬ 
cuente debe ser vista como una forma de comunicación moral, es decir, como una expresión 
del repudio de la comunidad agredida. Es mediante el castigo que la comunidad transmite 
y reafirma sus valores. Pero es también mediante el castigo que la comunidad se comunica 
con el agresor. Un acto comunicativo difiere de un acto puramente expresivo, en el hecho 
de que el primero busca modificar de algún modo la conducta del receptor del mensaje, 
mientras que el segundo no. Al castigar la comunidad no sólo se expresa, sino que también 
comunica, un repudio y busca de algún modo incidir sobre el individuo cuya conducta está 
siendo repudiada. Debemos el juicio a la víctima del crimen, para mostrarle, al llamar a su 
agresor a rendir cuentas, que nos tomamos en serio la ofensa y el daño que ha sufrido. Pero 
llamar al propio ofensor a rendir cuentas supone también tomárselo en serio, porque al 
llamarlo a responder por sus actos se lo está tratando como a un agente moral, ya que sólo 
los agentes morales pueden -y deben responder- por sus actos. Se lo está tratando, además, 
como parte de la propia comunidad y no como un paria o un descastado. 

Al hablar de comunicación en vez de hablar de mera expresión, DuKI quiere hacer 
énfasis en la idea de que el castigo debe ser no un mero proceso unidireccional en que algo 
es expresado a alguien, sino un proceso bidireccional que apunta a provocar una respuesta 
apropiada en el receptor del mensaje. En este sentido, el castigo apunta a producir una 
cierta reacción en el ofensor: de comprensión e (idealmente) de aceptación de la culpa y 
arrepentimiento por sus actos. El castigo que recibe el ofensor (multa, libertad provisional, 
180 servicio comunitario o encarcelamiento, aunque el encarcelamiento resulta problemático 
desde el punto de vista comunicativo) da a la condena moral, piensa DuKI, una forma sim¬ 
bólica más efectiva. 

Una cuestión importante acerca del castigo en la perspectiva de DuKI es que la pena tie¬ 
ne un espíritu incluyente. Al castigar se trata al delincuente como un miembro de nuestra 
comunidad. Sin embargo, gran parte del castigo actual, observa DuKI, es excluyente, tanto 
en su significado como en sus efectos: su mensaje hacia el delincuente es que, a través de 
la condena, ha sido excluido de la comunidad (lo cual es especialmente cierto, aunque no 
exclusivamente, en el caso de los castigos carcelarios); por otra parte, sus efectos a menudo 
le causan una exclusión económica, social y política después de haber cumplido la pena. Al 
sostener que el castigo debe tener un espíritu incluyente, DuK no pretende negar el carácter 
evidentemente excluyente de los sistemas actuales de justicia penal, sino más bien ofrecer 
una alternativa a partir de la cual podamos valorar y enjuiciar críticamente las prácticas 
punitivas realmente existentes. 

Desde esta perspectiva ideal, los castigos carcelarios resultan ser los más difícilmente 
justificables, aunque es verdad que DulEI los admite como penas particularmente gravosas 



para delitos particularmente serios. DuE no rechaza de plano la idea de que la pena puede 
ser vista (incluso desde un punto de vista comunicativo) como una forma de reparación 
moral. En ese sentido, la pena carcelaria podría ser entendida como una carga pesada que el 
ofensor debe soportar como una expresión formal de la disculpa que le debe a su víctima. 
No obstante lo cual, las penas que mejor se ajustan al modelo comunicativo de DuE son la 
libertad provisional y -sobre todo- los trabajos comunitarios. Estos últimos, justamente 
por demandar una participación activa de la persona que delinquió, se alejan especialmente 
del modelo de la pena como algo que se sufre pasivamente y se amoldan de mejor manera 
al modelo comunicativo. 9 


Una oportunidad perdida 

La amalgama entre justicia, cárcel y castigo no es inevitable. Incluso quienes, como 
DuE, defienden la idea de castigo -frente a quienes, como Christie, proponen su aboli¬ 
ción- entienden que cárcel y castigo no deben entenderse como sinónimos. Existen mu¬ 
chas formas de pensar la justicia y el castigo penal al margen de la cárcel. 

Muchos uruguayos, tanto de izquierda como de derecha, parecen creer que hacer jus¬ 
ticia es sinónimo de inferir la cantidad necesaria de padecimientos al perpetrador de una 
ofensa para que se reestablezca algo así como un equilibrio cósmico de placeres y dolores. 
“Que se pudra en la cárcel”; “¿Por qué no lo mandan al Comearé”-, “¿Cómo puede ser que no 
haya pasado ni un día encerrado?”-, “¡Qué rápido que lo dejaron salir!” Pero no es una buena 
idea ver la justicia de ese modo. Es más razonable entenderla, tal como propone DuE, como 
la comunicación de una censura moral. Ver la justicia de esta otra manera supone tratar al 
ofensor como un agente moral y no como un menor de edad o como alguien mentalmente 
incapacitado para entender razones o como un psicópata o como un descastado, o como 
una mera basura. Comunicar una censura moral frente a una ofensa supone, además, ex¬ 
presar pública y formalmente nuestra solidaridad con la víctima. Por solidaridad con la 
víctima y por una cuestión de respeto al propio ofensor, es necesario tomarse la ofensa en 
serio y castigarla. 

Existen concepciones muy diferentes del castigo entre los filósofos que han reflexiona¬ 
do sobre la naturaleza y la función de la pena. Pero hay de hecho en la literatura filosófica 
muy pocas defensas de la pena bruta, del encierro prolongado, de la exclusión social del 
ofensor, del castigo como mera imposición de sufrimientos. Hay buenas razones para en¬ 
sayar castigos alternativos o alternativas al castigo. Un primer paso, extraordinariamente 
importante, sería dejar de equiparar el reproche del delito (la comunicación de una censura 
moral) al encierro carcelario. Ya con eso habríamos avanzado notablemente hacia una so¬ 
ciedad más humana, más democrática y más justa. 


9 El texto clásico de DuB, donde se puede profundizar en su concepción comunicativa de la pena, es Punish- 
ment, Communication, and, Community, Oxford, Oxford University Press, 2001. 


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La izquierda en el gobierno viene desaprovechando sistemáticamente desde hace diez 
años la oportunidad de proponerle a la sociedad pensar el castigo penal de otra manera. El 
Frente Amplio surgió en 1971 como una fuerza destinada a cambiar la política y la socie¬ 
dad. En esta materia el partido de gobierno no nos está invitando precisamente a cambiar, 
sino más bien a dejar todo más o menos como está. La izquierda parece haber entendido 
que el principal desafío en materia de derechos humanos en lo que hace a los asuntos pe¬ 
nales está localizado en la órbita de la política penitenciaria y concierne sobre todo a las 
condiciones de encierro. En ese sentido se ha trabajado y se ha conseguido bastante. Las 
autoridades del gobierno creen que han hecho una revolución penitenciaria. El ministro 
del Interior, Eduardo Bonomi, le dijo al diario El Telégrafo el año pasado: 

[Poco después de asumir] “...formamos una comisión interpartidaria de seguridad con 
legisladores y asesores de los cuatro partidos políticos con representación parlamentaria, que 
tuvo un acuerdo de consenso donde se partía de la base de que se precisaban políticas de Estado. 
[...] En ese entonces estábamos trabajando con el informe Novak de las Naciones Unidas sobre 
hacinamiento carcelario, [...] nosotros estábamos muy por arriba [del límite crítico] y de hecho 
había violación de los derechos humanos. Y además queríamos devolverle a la cárcel su papel 
de rehabilitación de las personas privadas de libertad. Eso era imposible si no bajábamos el 
hacinamiento, e hicimos un proyecto basado en el documento de consenso que planteaba que 
había que sacar las cárceles de la Policía dentro del Ministerio [del Interior]y luego en una se¬ 
gunda etapa sacarlas del Ministerio y crear un servicio descentralizado. Nosotros priorizamos 
ese proyecto, e hicimos una revolución en cárceles !’ 10 

Previamente, el 28 de noviembre de 2013, el gobierno había presentado, en un acto 
público en las instalaciones del Elotel ffl Columbia, los resultados de la reforma peniten¬ 
ciaria operada en el período 2010-2013. El propio ministro Bonomi, conjuntamente con 
los ministros de Trabajo, Eduardo Brenta, de Economía, Fernando Lorenzo, de Educación, 
Ricardo Ehrlich, y de Desarrollo Social, Daniel Olesker, confirmó que la apuesta del go¬ 
bierno pasa por mejorar las cárceles, pero no por la crítica de su uso extendidísimo en el 
país ni por la generación de alternativas. Bonomi se permitió en la ocasión una metáfora 
naturalista: “La situación del sistema penitenciario hoy, cuatro años después, es la imagen de 
un gran germinador, se ha sembrado intensamente y, al igual que la naturaleza, en esta época 
algunos resultados están a la vista ”} 1 

A su juicio, según recogió la prensa al día siguiente, la superación del hacinamiento 
carcelario había sido clave “para el ordenamiento del sistema y el despliegue de los proyec¬ 
tos” y para “ dignificar las condiciones de internación en el marco del respeto por los derechos 
humanos”. El ministro Olesker sostuvo, por su parte, que “el concepto de rehabilitación está 
asociado al trabajo que hay que hacer dentro yfuera, en personas que viven situaciones que son 
anormales en términos de la convivencia práctica”. El ministro Ehrlich mencionó el esfuerzo 


10 El Telégrafo (Paysandú), 20-IX-2014. En: <http://www.eltelegrafo.com/index.php?id=9l658>. 

11 La República , 29-XI-2013. 



desarrollado para “impulsar diversos programas que permitan a los reclusos terminar sus ciclos 
educativos”. El titular de Economía hizo hincapié en “el liderazgo”, en “la fuerza” y en “las ca¬ 
pacidades de diseño y planificación de todos los actores, como pilaresfundamentales para lograr 
que el sistema funcionara”. El ministro Brenta mencionó la labor realizada durante los años 
2011y2012enlaej ecución de programas de “capacitación, gestión y competencias transver¬ 
sales para micro emprendedores en el centro de rehabilitación ‘El Campanero’ de Lavalleja 
-destinado a mujeres privadas de libertad- en el que todas culminaron la capacitación ”} 1 

Todo indica que las autoridades del gobierno anterior (y del actual, porque Bonomi 
continúa en su cargo) estaban orgullosas de sus logros en materia penitenciaria. Las cárceles 
en la era progresista probablemente se hayan convertido en un lugar ligeramente menos re¬ 
pugnante que hace una década. Parece un logro excesivamente escaso para una fuerza que se 
propuso nada menos que cambiar la sociedad. Nadie le pide al gobierno del Frente Amplio 
que haga tonterías como cerrar un buen día las cárceles y liberar a todos los presos. Nadie 
le pide que tenga una concepción romántica de los delincuentes, ni siquiera que renuncie 
a la idea de la necesidad social y moral del castigo. Pero la idea misma de castigo no tiene 
por qué ir unida al encierro carcelario. Hay otras formas de castigo y la izquierda ni siquiera 
se ha propuesto poner el tema en el orden del día. Lo dicho: es demasiado poco para una 
fuerza que se propuso nada menos que el desafío de cambiar la sociedad en su conjunto. 


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12 Ibid. Más información referida a esta presentación puede ser consultada en: <http://presidencia.gub.uy/ 
comunicacion/comunicacionnoticias/reforma-penitenciaria-avances-publicacion-buenas-practicas-sistema- 
penitenciario >. 


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Los cuerpos se siguen quemando 

5 años del incendio en la cárcel de Rocha 


“No existen ideas políticas sin espacio 
al cual sean referibles, ni espacios o principios 
espaciales a los que no correspondan ideas políticas." 

Cari Schmitt 


131 cuerpos hacinados, en una cárcel que solo tenía capacidad para albergar a 65 per¬ 
sonas privadas de libertad, y que había sido creada para albergar caballos. 7 cuadras (pa¬ 
bellones) dividían el lugar. 6 cuadras destinadas a los hombres y una para las mujeres. 2 
celdas de castigo individuales. Humedad, moho, desagües tapados, agujeros como baños, 
filtraciones en las paredes, oscuridad, y ninguna medida de seguridad, era el estado del esta¬ 
blecimiento carcelario de Rocha en el año 2010. 

Seis años antes, Serpaj había denunciado la situación: “Se trata de un edificio que fue 
construido en el año 1878por lo que sus condiciones de conservación son deficitarias, sus espa¬ 
cios resultan insuficientes ya que tiene capacidad para albergar entre 55 y 60 reclusos (...) se 
evidencia un importante hacinamiento y las condiciones de vida de los y las reclusas violan en 
184 forma flagrante los derechos humanos de los privados de libertad (...) Es urgente la construc¬ 

ción de un nuevo establecimiento”. 

El enfoque custodial e inquisitivo se mostraba en su forma más cruel e inhumana. Los 
cuerpos se apilaban por cuadras, bajo cientos de frazadas atadas al techo y a tabiques de 
madera que, simbólicamente, delimitaban un espacio privado. Decenas de ladrillos con re¬ 
sistencias, daban calor y proporcionaban lo más vivo que se podía encontrar en esas tumbas 
abiertas. 

El desenlace en este escenario, no podía ser otro. El 8 de julio del 2010, se incendiaba 
la cuadra 2, donde se alojaban 20 hombres. El saldo, 12 personas muertas y 8 con quemadu¬ 
ras en sus cuerpos, entre el 20 y el 40%.' La causa de muerte fue la asfixia. Murieron como 
vivían, apilados unos sobre otros, buscando que el fuego no los atrapara. 

Más allá de las versiones encontradas, sobre el accionar de los funcionarios peniten¬ 
ciarios en esta situación, el Estado es responsable de garantizar los derechos de las personas 
privadas de libertad. Estas 12 muertes en democracia, se dieron en un lugar que nunca 


1 http:// www.espectador.com/documentos/info rme_rocha.pdf 




podía haber sido utilizado para alojar a personas que estaban cumpliendo con una medida 
penal. Desde el Ministerio, a través de su jerarca máximo, se afirmó que los policías no 
tuvieron que ver en el hecho, y asimismo, la Justicia, tampoco encontró pruebas suficientes 
para dictaminar una sentencia. 

En 2011, Serpaj exigía al Estado, respuestas ante lo sucedido. También llevó el caso 
ante organismos internacionales. En reuniones de mediación, entre Serpaj e BEIKI, se nos 
mencionó que se intentó buscar otros edificios en Rocha para utilizar como cárcel, pero no 
se habían encontrado. Con respecto, a la habilitación de bomberos que no tenía la cárcel, 
se nos comunicó que ninguna tenía. 

Casi 4 años después del incendio, el HKP, inauguraba la nueva cárcel de Rocha. Tam¬ 
bién sin habilitación de bomberos, situación que al presente todavía no se ha modificado. 


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Mauro Tomasini 


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Sonríe, te estamos controlando: 

la videovigilancia en el espacio público 

Laura Bálsamo 1 

“Si la tecnología es una droga, y se siente como una droga, entonces, 
¿cuáles son los efectos secundarios?” 

(Charlie Brooker, creador de la serie británica Black Mirror, 2011) 


“Espías modernos, sin lupa y con tablets, 
en cada rincón se sabrá lo que hables... 

Cuidado, cuidiido, 
con la sensación de sentirte espiado” 

(Murga La Gran Muñeca, Carnaval 2014) 


1 Lie. en Bibliotecología. Trabaja en el Centro de Documentación del Servicio Paz y Justicia - Uruguay y 
en el Depto. de Documentación y Biblioteca de la Facultad de Arquitectura de la UDELAR. Es miembro del 
Servicio Paz y Justicia (Serpaj-Uruguay). 



El 23 de diciembre de 2013 se produjo un acontecimiento en la sociedad uruguaya 
que provocaría una serie de cambios importantes y visibles por un lado y también otros no 
tan manifiestos y algo más soterrados. Se trató de la implementación por parte del Minis¬ 
terio del Interior, del Programa de Video vigilancia por Saturación Ciudad Vieja Segura. 
Comenzó con la instalación de más de 300 cámaras de videovigilancia y de un centro de 
monitoreo que tenían como cometido “favorecer la seguridad, accesibilidad, sostenibilidad 
y generación de integración urbana” según informó el Ministerio. 

La posibilidad de monitorear el espacio público con cámaras durante las 24 horas de 
los 365 días del año, en tiempo real, era un mojón de cuya importancia el Ministerio del 
Interior era perfectamente consciente, y así lo expresó en su página web “Porprimera vez en 
la historia de la seguridad en Uruguay, decenas de policías tenían la posibilidad de observar 
-sin estar presentes- como discurre la vida ciudadana en las calles y espacios públicos”? 

El fenómeno de la videovigilancia, como tantos otros, proviene de los países de pri¬ 
mer mundo, donde lleva años desarrollándose. Un ejemplo paradigmático es el del Rei¬ 
no Unido, -curiosamente (o no) el lugar donde vivió George Orwell, autor de la novela 
“1984”- que tiene más de 6 millones de cámaras de vigilancia (entre públicas y privadas). 
Londres ostenta el título de la ciudad con más cámaras de vigilancia del mundo, con aproxi¬ 
madamente 1 millón de cámaras. Elay sin embargo, algunas voces preocupadas, como Tony 
Porter, el Comisionado de las Cámaras de Vigilancia en Inglaterra, que advierte del riesgo 
de convertirse en una “sociedad videovigilada”. 2 3 

La incorporación de las cámaras de vigilancia con fin de prevenir y combatir los delitos 
no solo es posible gracias al avance tecnológico de las cámaras y los sistemas de soKIware 
asociados sino porque el miedo, y la sensación de peligrosidad de los espacios públicos que 
prevalece en nuestra sociedad ha reconfigurado la vida en las ciudades uruguayas. 

La videovigilancia se ha convertido en un dispositivo de disciplinamiento y control en 
el espacio público, que opera con la lógica de panóptico, clasificando, reforzando el miedo 
al otro. 

Las fronteras entre el espacio público y el privado se diluyen, puesto que el escrutinio 
y la vigilancia lo abarca todo. Según José Miguel Cortés “los sistemas de vigilancia han con¬ 
vertido el sentido de la visión en la forma más importante de socialización; de este modo, el ojo 
como medio de control social se ha puesto al servicio de la lógica del poder y de su instrumentali- 


2 Fuente: Ministerio del Interior. 13 de octubre de 2014. https://www.minterior.gub.uy/index.php/docu- 
mentos-y-legislacion/78-noticias/ultimas-noticias/2253-video-vigilancia-un-instrumento-que-aporta-seguri- 
dad. 

3 Fuente: http://www.telegraph.co.uk/ news/politics/11369485/Too-many-useless-and-ine^ective-CCTV- 
cameras-in-Britain-says-surveillance-commissioner.html. 26 de enero de 2015. 


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zación política. Es la época del video y de los programas por satélite, de la tecnología cibernética 
y de internet, el turno óptico, de una sociedad guiada, cada vez más por las imágenes!’ A 

Existe un alto grado de consenso generado en la sociedad uruguaya en la aceptación de 
las cámaras como dispositivo de control del delito. Para lograr esto el Ministerio ha usado 
no solo sus canales propios de difusión y los medios de comunicación en general sino que 
ha participado de eventos tales como festivales de literatura “negra” o policial (en Montevi¬ 
deo y en San José), donde se realizan actividades culturales como el cine, pintura, fotogra¬ 
fía, música, teatro, intervenciones artísticas. Allí han presentado desde un patrullero móvil 
inteligente -dotado de una computadora a bordo-, el dron “Colibrí”, un laboratorio móvil 
de Policía Científica, y han realizado visitas guiadas al móvil del Centro de Comando Mó¬ 
vil encargado de la videovigilancia mediante cámaras en toda la ciudad donde se le explicó 
al público los avances, las repercusiones y ventajas del sistema. 4 5 

La legitimidad discursiva de la incorporación de las cámaras se produjo no sin cierta 
resistencia, en sus comienzos, de parte de integrantes del Poder Judicial. 

La polémica fue pública y mediática. Lúe el mismo Ministro del Interior quien expresó 
ante los medios de comunicación su malestar debido a que según su parecer, las imágenes 
de las personas cometiendo un delito, no eran tenidas en cuenta por los jueces penales 
como prueba para realizar procesamientos. Se reunió con la Suprema Corte de Justicia 
para indicar su postura crítica respecto de los jueces. Asimismo mantuvo una reunión con 
el Piscal de Corte para presentarle el sistema de cámaras de videovigilancia instalado. 6 

Ante dichas declaraciones, las respuestas de la Suprema Corte fue que la falta de ni¬ 
tidez de las cámaras para identificar eficientemente el rostro de los presuntos delincuentes 
motivaba que los jueces -actuando con criterios garantistas de derechos- descartaran di¬ 
chas imágenes. Esta postura fue respondida mediante la sobreexposición del Ministro y su 
insistencia en que las imágenes eran apropiadas y que ni siquiera se consultaban. 

La posición del Poder Judicial también fue clara; en declaraciones al programa perio¬ 
dístico “En la mira” de ffllE, el Ministro de la Suprema Corte, Dr. Ricardo Pérez Manrique 
afirmó que “Las cámaras [de video] no sustituyen a la Justicia, el día que lo hagan dejamos de 
vivir en un Estado de Derecho”. Asimismo Pérez Manrique recalcó que el proceso judicial es 
de naturaleza garantista, señalando que la labor de los jueces es “determinar la verdad desde 


4 Cortés, José Miguel G., “La ciucLid cautiva: control y vigilancia en el espacio urbano”, Madrid, Akal, 2010, 
p.157. 

5 Fuente: Ministerio del Interior. 14 de setiembre de 2015. https://www.minterior.gub.uy/index.php/com- 
ponent/content/article/78-noticias/ultimas-noticias/3135-negra-en-san-jose. 

6 Fuente: http://www.elpais.com.uy/informacion/corte-bonomi-cara-cara-camaras.html. 12 de junio de 
2014. Ver también: http://www.espectador.eom/politica/294200/bonomi-presento-sistema-de-videovigilan- 
cia-al-fiscal-diaz. 27 de junio de 2014. 



el punto de vista procesal”, mientras que la policía opera como auxiliar de la Justicia y “puede 
tener su opinión -y es muy respetable que la tenga- pero el que tiene que decidir es eljuez”. 7 

Actualmente, en Montevideo existen 900 cámaras, las zonas monitoreadas (hasta oc¬ 
tubre de 2014) son Ciudad Vieja, Centro, Unión, Gral. Flores y Paso Molino. El régimen 
de adquisición se hizo a través del arrendamiento mensual a la empresa Sonda. 8 

Es necesario destacar que se prevé la incorporación de nuevas cámaras en otras zonas 
de Montevideo y en más ciudades del interior del país. En lo que respecta a esto último, el 
Ministerio del Interior promueve la incorporación de las cámaras, estipulando que el Cen¬ 
tro de Comando Unificado (fflKI) de esa Secretaría de Estado trabaje en conjunto con las 
Jefaturas de Policía y las Intendencias departamentales para lograr que cada ciudad cuente 
con su propio sistema de videovigilancia. 9 

Los departamentos y/o ciudades que ya cuentan con este sistema operativo son: Mal- 
donado, Treinta y Tres, Lavalleja, Rivera, Salto, Colonia, Las Piedras, San José, Durazno, 
Sarandí Grande y Tacuarembó. 10 

Como se expresa en la página web del Ministerio del Interior, “que la video vigilancia 
vino para quedarse ya no es una novedad”} 1 

Los datos estadísticos son en principio favorables, por ejemplo en “Ciudad Vieja, el 
primero de los barrios en los que se instaló el Programa Ciudad Segura, se volvió en 2014 el 
barrio más seguro de la ciudad, con un descenso de las rapiñas de 67% en un año. Además, 
unas 115 personas fueron procesadas en ese año tomando como pruebas las imágenes de las 
cámaras.” 12 

Una de las razones que se esgrime para instalación de las cámaras es su efecto disuasivo, 
sin embargo, según el Director del Centro de Comando Unificado del IE ^ Crio. Insp. Ro- 
bert Taroco, los delincuentes no se inhiben debido a las cámaras, ya que hay más procesados 
en los lugares donde hay videovigilancia. Se lo atribuye a que existe “una mayor efectividad 
y un mejor resultado del trabajo realizado”P 


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7 http://www.poderjudicial.gub.uy/historico-de-noticias/1200-perez-manrique-las-videocama- 
ras-no-puede-sustituir-a-la-justicia.html. 9 de abril de 2015. Ver además: https://www.youtube.com/ 
watch?v=19bvuL33250. 

8 Op. cit. Ver nota 2. 

9 Fuente: Ministerio del Interior. 8 de julio de 2015. https://www.minterior.gub.uy/index.php/component/ 
content/article/78-noticias/ultimas-noticias/2949-mas-camaras-menos-delitso. 

10 Idem. 

11 Op. cit. Ver nota 2. 

12 Fuente: El Observador. 30 de mayo de 2015. http://www.elobservador.com.uy/el-boom-las-camaras-vigi- 
lancia-n650754. 

13 Op. cit. Ver nota 7. 



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El Ministerio del Interior no solamente dispone de cámaras de circuito cerrado de te¬ 
levisión sino de otros dispositivos tecnológicos de vigilancia, como las cámaras personales 
y los drones. 

En una entrevista difundida por la Unidad de Comunicación del 313al Jefe de Zona 
Operacional 5 de Jefatura de Policía de Montevideo, Crio. Insp. Alfredo Clavijo, éste ma¬ 
nifestó que el uso de las cámaras personales adosadas al cuerpo del personal policial en 
diversos operativos e investigaciones había comenzado el año 2013 con una cantidad de 
50 cámaras. 14 

El Ministerio además encargó a una empresa privada la realización de un mode¬ 
lo de dron con determinadas especificaciones para ser utilizado por las fuerzas policiales 
en diversas operaciones. Se creó la Unidad Nacional de Vehículos Aéreos No Tripulados, 
(IKI.fflMIELIEIM), dependiente del Ministerio del Interior con el objetivo de colaborar con 
la seguridad ciudadana desde el aire. Cuenta actualmente con dos modelos de drones los 
cuales fueron denominados “Colibrí’, (de alrededor 8 kilos) y uno más pequeño llamado 
“Mangangá”P 

Están equipados con cámaras de filmación de alta definición que graban en formato 
full 33 y en visión nocturna. En el caso del modelo Mangangá está equipado con una cᬠ
mara Go Pro angular. Según el 13 3se utilizarán para diferentes propósitos como por ejem¬ 
plo operativos grandes de seguridad, allanamientos, etc. 16 

Dado los números que se obtuvieron en el Programa de Videovigilancia de la Ciudad 
Vieja, seguramente se considere el sistema de cámaras como una de las herramientas favori¬ 
tas para cumplir con la promesa electoral del presidente Tabaré Vázquez de disminuir en un 
30% los hurtos y las rapiñas en el quinquenio. El Ministro del Interior, Edgardo Bonomi se 
refirió al respecto mencionando una batería de medidas incorporadas en el proyecto de ley 
del presupuesto: “hay que incrementar la videovigilancia, hay que incorporar la vigilancia 
aérea -ver las cosas desde otra dimensión-”} 1 

Si bien, los números en cuanto a la disminución de rapiñas en la Ciudad Vieja (donde 
se iniciara el Programa) de momento parecen ser contundentes, cabe preguntarse si lo que 
se ha producido no es tan solo un desplazamiento de las personas que cometen dichas con¬ 
ductas hacia otras zonas o barrios que no tienen cámaras. 


14 Fuente: Ministerio del Interior. UNICOM TV. 8 de octubre de 2015. https://www.youtube.com/ 
watch ? v= 5 1 1 QGKK-mss. 

15 Si bien la DINACIA reglamentó el uso de los drones (Resolución 291/014) para la población en general, 
no queda claro si existe un protocolo para su utilización por parte del Ministerio del Interior. 

16 Ministerio del Interior. 12 de agosto de 2015. https://www.minterior.gub.uy/index.php ?option=com_ 
content&view=article&id=3044 

17 Fuente: Ministerio del Interior. 18 de setiembre de 2015. https://www.minterior.gub.uy/index.php/com- 
ponent/content/article/78-noticias/ultimas-noticias/3151-unicom-tv-inauguro-estudio. 



Es necesario tener en cuenta que la presencia abrumadora de las cámaras puede produ¬ 
cir una intromisión en la intimidad de los que no están cometiendo delitos, puede conllevar 
pérdida de anonimato, la eliminación de cualquier conducta espontánea, la criminaliza- 
ción de todas las conductas y la convicción de que cualquier zona sin cámaras es un lugar 
inseguro, esto es, la cámara se convierte en una panacea. A todo ello debería sumarse la 
pregunta: uién vigila al vigilante? 

“1984” es una novela distópica escrita por George Orwell y publicada en 1949. En 
ella se describe a una sociedad donde el estado recurre a la vigilancia masiva a través de 
unas “telepantallas” dispuestas en el ámbito público y privado para dominar a su población, 
donde la manipulación de la información está institucionalizada, así como la propaganda 
alienante y asimismo donde la feroz represión de los que piensan o manifiestan una con¬ 
ducta disidente es una práctica cotidiana. Hay un guardián de la sociedad denominado 
“Gran Hermano”, que es omnipresente y encarna los ideales del Partido Único. La obra se 
interpreta como una lúcida crítica a los regímenes totalitarios. 

El nombre de uno de los personajes principales y el concepto de vigilancia permanente 
en un ámbito cerrado a una serie de personas, fueron además aplicadas a un programa de 
televisión de tipo reality show denominado “Gran Hermano”o “BigBrother”, que comenzó 
inicialmente en Holanda y posteriormente fue adoptado con éxito en más de 70 países. 

Teniendo en cuenta lo que sucede actualmente en el mundo, con el apogeo del “ojo del 
poder” y el uso de los más diversos dispositivos de vigilancia, alguien podría aventurar que 
la creación de Orwell, no solo es una obra de ficción con críticas al poder absoluto, sino que 
también es el relato de un demiurgo sobre una profecía autocumplida. 


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DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


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Día Internacional de los Derechos Humanos - 

Declaración conjunta: 

Vigilancia, seguridad y privacidad: llamamiento para que 
Uruguay adopte estándares de derechos humanos 

Montevideo, 10 de diciembre de 2014 

En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos 2014, las organizaciones 
firmantes de esta declaración queremos llamar la atención sobre la necesidad de que el Es¬ 
tado adopte estándares que garanticen el respeto a los derechos humanos, la transparencia 
y la rendición de cuentas frente a la implementación de sistemas de vigilancia en el marco 
de su política de seguridad. 

A nivel global la irrupción de las nuevas tecnologías de la comunicación y la informa¬ 
ción han creado un fuerte desafío en materia de derechos humanos. Por un lado, la masifi- 
cación de internet y del uso de la tecnología en la vida cotidiana ha contribuido a garantizar 
la libertad de expresión y el acceso a la información, el conocimiento y la cultura en formas 
antes no concebidas. 

En particular, Uruguay ha avanzado en el reconocimiento de nuevos derechos en los 
últimos años. En el plano de derechos y nuevas tecnologías, ha sancionado una ley de soKI- 
ware libre y formatos abiertos que promueve el acceso a la información y al conocimiento. 
También ha tomado medidas en respuesta a la vigilancia y el espionaje masivos de Estados 
Unidos, en especial con el decreto sobre ciberseguridad, que protege los datos de los ciuda¬ 
danos gestionados por el Estado respecto del espionaje de gobiernos extranjeros. En cuanto 
a los derechos de acceso a la cultura y al conocimiento, el parlamento uruguayo se encuen¬ 
tra estudiando un Proyecto Ley que prevé la despenalización de las descargas sin fines de 
lucro y sin intención de perjudicar al autor, conjuntamente con una serie de excepciones a 
los derechos de autor para educación y bibliotecas. Estas excepciones legitiman actividades 
relacionadas con la digitalización y distribución de obras para su preservación o puesta a 
disposición en colecciones digitales con fines de enseñanza, investigación y préstamo con¬ 
trolado. 

Sin embargo, tal como lo ha señalado recientemente el Alto Comisionado de las Na¬ 
ciones Unidas para los Derechos Humanos, “en la era digital, las tecnologías de la comuni¬ 
cación también han aumentado la capacidad de los gobiernos, las empresas y los particulares 
para realizar actividades de vigilancia, interceptación y recopilación de datos”} Esta circuns¬ 
tancia determina que “lasplataformas tecnológicas de las que depende crecientemente la vida 


1 A/HRC/27/37, párr.2 




política, económica y social a nivel mundial no solo son vulnerables a la vigilancia en masa, 
sino que en realidad pueden facilitarla.” 1 

Frente a la creciente preocupación mundial por resguardar los derechos humanos en 
la era digital, en diciembre de 2013 la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la 
resolución 68/167 sobre el derecho a la privacidad en la era digital. La resolución afirmó 
que los derechos de las personas también deben estar protegidos en Internet, y exhortó a 
todos los Estados a que respeten y protejan el derecho a la privacidad en las comunicaciones 
digitales. La resolución instó a todos los Estados a examinar sus procedimientos, prácticas y 
legislación relativos a la vigilancia y la intercepción de las comunicaciones y la recopilación 
de datos personales, haciendo hincapié en la necesidad de que los Estados velen por el pleno 
y efectivo cumplimiento de sus obligaciones en virtud del derecho internacional de los de¬ 
rechos humanos. Recientemente, en noviembre de 2014, retomando el pronunciamiento 
anterior, la Asamblea General de la ONU reafirmó mediante resolución 2 3 que los mismos 
derechos humanos que las personas tienen “fuera de línea” deben ser garantizados “en lí¬ 
nea”, incluyendo el derecho a la privacidad. 

Otros antecedentes relevantes de pronunciamientos que promueven estándares que 
garantizan la protección de los derechos humanos frente a la implementación de sistemas 
de vigilancia a nivel global han sido: 

“Declaración conjunta sobre programas de vigilancia y su impacto en la libertad de 
expresión ’ 4 , emitida por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión 
Interamericana de Derechos Elumanos de la OEA y la Relatoría Especial de las Naciones 
Unidas para la protección y promoción del derecho a la libertad de opinión y de expresión 
(2013). 

Conocidos como los principios de Tshwane, un conjunto de más de 500 expertos de 
todo el mundo acordaron promover una serie de Principios globales sobre seguridad nacio¬ 
nal y acceso a la información pública 5 (2013). 

Principios Internacionales sobre la Aplicación de los Derechos Humanos a la Vigilan¬ 
cia de las Comunicaciones 6 . Un grupo de expertos a nivel global elaboraron un documento 
que establece la necesidad de que dicha actividad se realice bajo condiciones de legalidad, 
necesidad y proporcionalidad. 


2 Ibídem. 

3 (A/C.3/69/L.26/Rev. 1) 

4 http://www.oas.org/ es/cidh/expresión/showarticle.asp ?artID=927 

5 http://www.opensocietyfoundations.org/ sites/default/files/global-principles-national-security- 

10232013.pdf 

6 https://es. necessaryandproportionate.org/text 


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SEGURIDAD DEMOCRÁTICA Y DERECHOS HUMANOS 




DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


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“El Guardián” 

Mientras estas acciones y pronunciamientos sucedían a nivel internacional y regional, 
el Gobierno de Uruguay, en línea con lo que ha venido ocurriendo en muchos otros países, 
avanzó en secreto en la compra del soKware de vigilancia “El Guardián”, sin ningún tipo de 
control parlamentario y prácticamente sin brindar casi ninguna información sobre la im- 
plementación del sistema que permitiría espiar llamadas telefónicas y correos electrónicos. 

El proceso de su adquisición tomó estado público a través del artículo difundido por 
el diario El País en junio de 2013 7 y muy poco se ha avanzado desde entonces en el acceso 
a información relevante para la sociedad respecto a las características del soKware y su im- 
plementación. 

A la falta de una política proactiva de información que permita conocer efectivamente 
a la ciudadanía las garantías que se han dispuesto, se suma la clasificación de toda informa¬ 
ción relativa al nuevo sistema. Las autoridades se han limitado a anunciar que El Guardián 
será utilizado sólo mediante autorización judicial, cuestión necesaria pero no suficiente en 
el marco de los estándares de fflIEIIE presentes en la materia. 

El estado de situación actual deja dudas acerca de cómo funcionará El Guardián y ofre¬ 
ce pocas certezas a la sociedad en cuanto a su manejo por parte de las autoridades. Existen 
preguntas clave a responder tales como: 

¿Cuándo comenzará efectivamente a operar “El Guardián"? 

¿Bajo qué marco regulatorio operará esta nueva herramienta? 

¿Quiénes serán los encargados de gestionar y controlar esta herramienta? 

¿Cómo se garantizan los derechos de las personas sujetas a vigilancia? 8 

En octubre de 2014 se hizo público a través de la prensa que desde el Ministerio del 
Interior se continuaría avanzando para la implementación del sistema en el mes de enero 
próximo. Asimismo se dio cuenta de la existencia de un decreto del Ministerio de Economía 
y Finanzas que establecería exoneraciones tributarias a efectos de que las empresas de teleco¬ 
municaciones adquirieran la tecnología necesaria para la implementación del soKIware. Dicho 
decreto habría sido declarado reservado e incluiría, según informó el diario El Observador 9 , 
un protocolo para instrumentar la operativa entre el Ministerio del Interior y las empresas de 
telecomunicaciones ante solicitudes de vigilancia autorizadas por el Poder Judicial. 


7 http:// www.elpais.com.uy/ información/ gobierno-compro-guardian-espiar-llamadas-correos.html 

8 Para ver una descripción del estado de situación actual en referencia a este tema puede consultarse el siguiente 
documento “En Penumbras: Vigilancia, Seguridad y Derechos Humanos en Uruguay” disponible en http://www. 
giswatch.org/en/country-report/communications-surveillance/uruguay (versión en inglés). Un post en español 
ha sido publicado en http://www.digitalrightslac.net/es/el-guardian-que-vigila-a-los-ciudadanos/ 

9 http://www.elobservador.com.uy/noticia/289757/el-guardian-espiara-desde-enero-mails-y-celulares/ 




En este marco, el 15 de octubre el Centro de Archivos y Acceso a la Información Públi¬ 
ca (CAinfo) presentó una solicitud de acceso a la información pública en el marco de la ley 
18.381 solicitando tanto al Ministerio de Economía como al del Interior, la entrega de una 
copia del referido decreto y del protocolo. Las solicitudes no han sido respondidas por ningu¬ 
no de los dos organismos, en contravención del procedimiento y de los plazos legales. 

Las organizaciones firmantes exhortamos al Ministerio del Interior y al Poder Ejecu¬ 
tivo a garantizar el acceso a la información por parte de la población sobre el nuevo siste¬ 
ma de vigilancia y a adecuar su implementación en el marco de los siguientes estándares 
internacionales: 10 

Los derechos a la privacidad y a la libre circulación del pensamiento e información se encuen¬ 
tran protegidos por el derecho internacional de los derechos humanos; éste prohíbe las injerencias 
arbitrarias o abusivas en la vida privada, incluidas las comunicaciones y por tanto, reconoce el dere¬ 
cho de las personas a obtener la protección del Estado contra este tipo de injerencias. 

Si bien de acuerdo a los estándares internacionales la protección de la seguridad na¬ 
cional puede justificar el uso excepcional de vigilancia en las comunicaciones privadas, este 
tipo de medidas puede constituir un acto particularmente invasivo que afecta seriamente el 
derecho a la privacidad y la libertad de pensamiento y expresión. En consecuencia, los Esta¬ 
dos deben garantizar que la intervención, recolección y uso de información personal estén 
claramente autorizadas por ley, a fin de proteger a las personas contra interferencias arbi¬ 
trarias. La ley deberá establecer límites respecto a la naturaleza, alcance y duración de este 
tipo de medidas; así como las razones para ordenarlas, las autoridades competentes para 
autorizarlas, ejecutarlas y supervisarlas y los mecanismos legales para su impugnación. 

Dada la importancia del ejercicio de los derechos enjuego para el sistema democrático, 
la ley debe autorizar el acceso a las comunicaciones y a datos personales sólo en las circuns¬ 
tancias más excepcionales definidas en la legislación y en base a los principios de necesidad 
y proporcionalidad. * 11 


10 En base a la Declaración Conjunta sobre Programas de Vigilancia y su impacto en la libertad de expresión, 
Relatoría Especial de las Naciones Unidas para la protección y promoción del derecho a la libertad de opinión 
y expresión y Relatoría Especial de la CIDH sobre Libertad de Expresión RELE. 

11 Al respecto, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los DDHH ha sostenido: “Para comenzar, toda 
limitación a los derechos a la privacidad reflejados en el artículo 1 7 debe estar prevista en la ley, y la ley debe ser lo 
suficientemente accesible, clara y precisa para que una persona pueda leerla y saber quién está autorizado a realizar 
actividades de vigilancia de datos y en qué circunstancias. La limitación debe ser necesaria para alcanzar un obje¬ 
tivo legítimo, así como proporcional al objetivo y la opción menos perturbadora de las disponibles. Por otra parte, 
debe demostrarse que la limitación impuesta al derecho (una injerencia en la vida privada, por ejemplo, con elfin de 
proteger la seguridiid nacional o el derecho a la vida de otras personas) tiene posibilidades de alcanzar ese objetivo. 
Es responsabilidad de las autoridades que deseen limitar el derecho demostrar que la limitación está relacionada 
con un objetivo legítimo. Además, las limitaciones al derecho a la privacidad no deben vaciar el derecho de su esen¬ 
cia y deben ser compatibles con otras normas de derechos humanos, incluida la prohibición de la discriminación. 
Si la limitación no cumple esos criterios, es ilegal y/o la injerencia en el derecho a la privacidad es arbitraria” (A/ 
HRC/27/37, párr. 23). 


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SEGURIDAD DEMOCRÁTICA Y DERECHOS HUMANOS 




DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


196 


Cuando se invoque la seguridad como razón para restringir otros derechos humanos, 
la ley deberá especificar claramente los criterios que deban aplicarse para determinar los 
casos en que este tipo de medidas resultan legítimas y sólo deberán autorizarse cuando 
exista un riesgo cierto respecto de los intereses protegidos, y cuando a la vez este daño sea 
superior al interés general de la sociedad en función de mantener el derecho a la privacidad 
y a la libertad de expresión del pensamiento y circulación de información. 

La entrega de la información debe ser monitoreada por un organismo de control inde¬ 
pendiente y contar con garantías suficientes de debido proceso y supervisión judicial. 

Las leyes deben asegurar que el público pueda acceder a información sobre los pro¬ 
gramas de vigilancia de comunicaciones privadas, su alcance y los controles existentes para 
garantizar que no puedan ser usados de manera arbitraria. En consecuencia, los Estados 
deben difundir, por lo menos, información relativa al marco regulatorio de los programas 
de vigilancia; los órganos encargados para implementar y supervisar dichos programas, los 
procedimientos de autorización, de selección de objetivos y manejo de datos, así como in¬ 
formación sobre el uso de estas técnicas, incluidos datos agregados sobre su alcance. Los 
Estados deben establecer mecanismos de control independientes capaces de asegurar trans¬ 
parencia y rendición de cuentas sobre estos programas. 

Bajo ninguna circunstancia, los periodistas, integrantes de medios de comunicación o 
miembros de la sociedad civil que tengan acceso y difundan información reservada sobre 
este tipo de programas de vigilancia, por considerarla de interés público, pueden ser some¬ 
tidos a sanciones ulteriores. 

Las organizaciones firmantes llamamos 12 al Estado uruguayo a establecer un diálogo 
que asegure la adopción de estos estándares por parte de todos los actores vinculados a la 
implementación de El Guardián. De igual forma instamos al Estado uruguayo a iniciar un 
diálogo para la construcción de mecanismos de gobernanza y control democrático de este 
tipo de herramientas que ayude a construir un Uruguay respetuoso de los derechos huma¬ 
nos en la era digital. 


12 Amnistía Internacional Sección Uruguay, Asociación de Bibliotecólogos del Uruguay, Centro de Archivos 
y Acceso a la Información Pública - CAinfo, Creative Commons Uruguay, Datos, Transparencia y Acceso a 
la Información - DATA Uruguay, Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay - IELSUR y Prodere¬ 
chos. 




“El Guardián” seguirá siendo secreto 1 

Montevideo, 23 de abril de 2015 

El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 5to Turno confirmó ayer la sentencia dictada 
en primera instancia por el Juzgado Letrado de lo Contencioso Administrativo de 1er Tur¬ 
no, la que rechazó la demanda presentada por la directora del Centro de Archivos y Acceso 
a la Información Pública (CAinfo) para acceder a una copia del protocolo elaborado por el 
Ministerio del Interior dirigido a las empresas de telecomunicaciones para la implementa- 
ción del sistema de vigilancia electrónica “El Guardián”. 

En su fallo, el Tribunal sostuvo que la información requerida se encuentra “claramente 
cubierta por el secreto". Según la Sala “parece obvio que el secreto de la operación de adquisición 
del sistema operativo “guardián", avalado por el Tribunal de Cuentas, radica no solamente en 
la compra en sí misma (que, incidentalmente, no fue oculta) sino que también alcanza a las 
características técnicas del producto adquirido, por simples razones de seguridad y protección 
de los derechos de todos los habitantes que se busca tutelar mediante la prevención y represión 
de ilícitos, a través del empleo de instrumentos como el adquirido”. Agregó: “Se trata de un 
instrumento para el combate del delito y la difusión pública de susfortalezas y debilidades po¬ 
dría frustrar el empleo de esa tarea, dejándola librada a la actividad de “hackers”y/o personas 
que ilegítimamente pretendan obstaculizar o impedir investigaciones o represiones sometidas 
a controljurisdiccional...”. 

Ante este nuevo pronunciamiento judicial, CAinfo y el Instituto de Estudios Legales y 
Sociales del Uruguay ( MMXMX1 IX1) desean expresar su preocupación por cuanto se confirma el 
rechazo a la demanda y con ello a la posibilidad de que el Protocolo solicitado tome estado 
público, sin que el Tribunal haya realizado un análisis de fondo respecto al carácter público 
o no de la copia del documento que fue peticionado a la luz del régimen estricto de excep¬ 
ciones de la ley 18.381 Derecho de acceso a la información pública. 

De ningún modo es admisible trasladar y extender el mecanismo de compra directa 
por excepción para mantener el secreto de la operación (Art. 8 del GEG3GE) a la implemen- 
tación de todo el sistema. 

La petición presentada en vía administrativa y la demanda judicial tuvieron como pre¬ 
tensión acceder al referido documento elaborado por el Ministerio del Interior: se pidió 
copia del documento. No se fue variando la pretensión de información como interpreta 
erróneamente el Tribunal. A efectos de ilustrar respecto a cuál es la importancia de acceder 
al Protocolo tanto en la demanda, como en la audiencia y en la apelación, se expusieron una 
serie de razones que recejan la relevancia de que el documento se haga público. Se plantea- 


1 http: / / www.cainfo.org.uy/ 2015/04/el-guardian-seguira-siendo -secreto/ 


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DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


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ron allí una serie de asuntos y preguntas sobre los cuales se entiende que es importante saber 
“qué se ha previsto en el protocolo respecto a estos temas”. Así fue exp licitado en los diferentes 
escritos, por lo cual, de ningún modo se comparte la afirmación del Tribunal. 2 

Nos permitimos retomar algunas de esas preguntas, las que más allá del fallo judicial 
que avala la posición sostenida por el Ministerio del Interior respecto a que el documento 
reclamado debe permanecer en secreto, entendemos requieren una respuesta por parte de 
la Secretaría de Estado antes de la puesta en funcionamiento del nuevo sistema: ¿IE ué obli¬ 
gaciones se han impuesto en el Protocolo a las empresas de telecomunicaciones que son 
las que poseen los datos sobre las comunicaciones de toda la población? ¿K ué naturaleza 
jurídica tiene el documento, es un decreto, es una resolución ministerial? ¿IE ué se ha pre¬ 
visto en el protocolo respecto a la custodia de la información que disponen las empresas de 
telecomunicaciones? ¿Se regula en el Protocolo la necesidad de conservar o retener datos 
de Klujo de comunicaciones? ¿Se regula quiénes tendrán acceso a las comunicaciones? 

Como hemos expresado antes, este litigio no busca de ninguna manera frustrar la im- 
plementación del sistema y no se pretende que el Ministerio del Interior brinde detalles 
técnicos que puedan tornarlo vulnerable. 

La solicitud de información fue presentada luego que el diario El Observador publi¬ 
cara en el mes de octubre del año pasado que El Guardián estaría próximo a ser empleado y 
que para ello el Ministerio del Interior había elaborado un Protocolo en el que se impusie¬ 
ron obligaciones a las empresas de telecomunicaciones. 

Se ha afirmado por parte del Ministerio del Interior que la utilización de El Guardián 
requerirá autorización judicial y que será empelado en el caso de una indagatoria. Se debe 
concluir entonces que sólo serán vigiladas las comunicaciones en caso de que exista una 
autorización judicial. Sin embargo se impone saber qué garantías tendremos todos los/ 
las ciudadanos/as respecto a la privacidad de nuestras comunicaciones, por cuanto no se 
ha explicitado qué ocurrirá con todas las personas que interactúen, que se comuniquen, 
con las personas indagadas. ¿Cómo se prevé proteger su derecho a la privacidad? ¿Podrán 
saber en algún momento que en el marco de una indagatoria han sido interceptadas sus 
comunicaciones ? 

El Guardián aumentará exponencialmente la capacidad de vigilancia del Estado sobre 
las personas. En el marco de un Estado Democrático de Derecho estos asuntos deben ser 
objeto de un amplio debate público y de marcos regulatorios robustos para prevenir arbi¬ 
trariedades y la vulneración de derechos. 

Estos temas vienen siendo debatidos ampliamente en el mundo y la región. Reclama¬ 
mos en Uruguay un debate informado. Para ello es necesario reducir las asimetrías natura¬ 
les de información entre el Estado y los particulares. Leyes como la 18.381 contribuyen a 

2 Esto puede ser corroborado en los Punto 1.3.7 de la demanda; párr. 15, 17, 18, 19, 20, 26 entre otros de la 
apelación, documentos que quedan a disposición de los interesados a través del correo: info@cainfo.org.uy 




democratizar la sociedad y a facilitar el acceso a la ciudadanía a información en poder del 
Estado. El documento cuya copia se ha solicitado es claramente un documento público. Si 
en él hubiera algún dato o informaciones que debieran ser “reservadas” por alguna causa 
legítima, entonces corresponde que el Ministerio del Interior realice una versión pública 
del mismo, pero de ningún modo es ajustado a derecho que se impida conocer todo el 
documento y con ello se evite que se conozcan y se puedan verificar las regulaciones y las 
garantías que se prevén para la protección de los derechos de todas las personas. Con esta 
convicción, CAinfo y el MMXMX1 N analizarán todas las alternativas posibles para darle conti¬ 
nuidad a este reclamo. 


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DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 



Wilson Silva 


200 


Hacia un modelo con control civil de las armas de 
fuego en el Uruguay 

Ignacio Salamano 1 


“(laprimera vez que vi un arma)fue cuando tenía 11 años, con mi viejo..., 
cansiido (él) de que lo robaran en la farmacia lo acompañé hasta la comisaría del 
barrio y preguntó cómo hacer para tener un arma (defuego)... Quedé de cara..., 
el comisario le dijo ‘pase’, fuimos a su oficina y le mostró un arsenal de armas 
de todo tamaño y color..., le explicó lasfunciones de cada una, 
le preguntó para que la quería, y le recomendó llevarse una..., 
ni me acuerdo cual... Y fue ahí, que la compró y la dejó en la farmacia” 

(Entrevista realizada en el marco de una investigación llevada adelante por el 
equipo del Observatorio piloto de Impacto de Armas de Fuego-IELSUR) 


Dicho testimonio, evoca el recuerdo de una situación vivida por una persona hace ya 
casi 30 años en la ciudad de Montevideo. Bien podría tratarse de una anécdota puntual 


1 Coordinador del Observatorio de impacto de armas de fuego- Instituto de Estudios Legales y Sociales de 
Uruguay/IELSUR 


ante un hecho aislado y tal vez fortuito. O también ser testimonio de parte de un cuadro de 
fenómenos caracterizadores de los primeros y siguientes años a la restauración democrática. 
Sin embargo, lejos de constituir un hecho puntual, son múltiples -y también recientes- 
los sucesos que han tomado notoria transcendencia pública y han evidenciado al actual 
sistema nacional de control de las armas de fuego como una caja negra donde confuyen 
diversos intereses que pugnan por su espacio. El caso del joven Sergio Lemos en el Barrio 
Santa Catalina es quizás el ejemplo reciente más paradigmático, aunque probablemente 
por la gran visibilidad pública que tomó el triste hecho acontecido en Noviembre del 2013. 
El asesinato de este joven a manos de la policía, en uno de los tantos y conocidos procedi¬ 
mientos donde el abuso y la desproporción configuran la marca distintiva de estas acciones, 
la policía implanta un arma de fuego calibre 38 en la escena del crimen. Del auto de pro¬ 
cesamiento dictado por la jueza penal María Elena Maynard se señalaba que: “del informe 
de balística resulta que el arma hallada tenía la numeración limada y se trata de un revólver 
marca “Llama”, y que no se pudo determinar indicios residuales de disparos debido a las con¬ 
diciones en que se encontraba. Del análisis surge, que esa arma fue implantada Sobre el 

nefasto hecho marcado por la desproporción y abuso, resta preguntarse el origen del arma 
-ilegal- plantada y así mismo las razones por las cuáles ésta se encontraba en poder de los 
agentes policiales. 

Los ejemplos públicos sobre irregularidades en el control y tráfico de armas de fue¬ 
go en el Uruguay son múltiples. Basta citar el acontecido a mediados de 2015, cuando la 
justicia procesa a dos funcionarios policiales por el tráfico de armas de fuego hacia Brasil. 
De acuerdo al auto de procesamiento dictado por el Juez Letrado de Primera Instancia en 
lo Penal Especializado en Crimen Organizado de I o Turno, Dr. Néstor Valetti, éstas eran 
compradas en forma legal en armerías de Uruguay y “muchas de ellas, eran comercializadas e 
ingresadas clandestinamente a territorio del vecino país de Brasil, teniendo como destinatario 
último organizaciones del crimen organizado de dicho Estado”. 

A dichos eventos que han ocupado espacio en la agenda mediática debe sumarse la 
evidencia empírica emergente de recientes investigaciones sobre la temática. Por un lado, y 
de acuerdo a datos provenientes de un censo realizado por el Observatorio de Impacto de 
Armas de Fuego-BEMXM^I sobre “conocimiento, acceso y tenencia de armas dejóvenes recluidos 
en Centros de Privación de Libertad en Montevideo y Canelones”, del total de jóvenes que 
declaraban haber accedido a un arma de fuego -en al menos una oportunidad en su vida-, 
una importante proporción indicaba que el medio de acceso había sido la compra a un 
funcionario policial ( LIKMXKl ET inédito). 

Por otra parte, y de acuerdo a información a la que accede MKMXM Kl en 2013, resulta 
preocupante la inconsistencia entre el número de armas incautadas por la policía y notifi¬ 
cadas por pedido de información al Registro Nacional de Armas del Ministerio de Defensa 
al momento de su incautación: el número de armas de fuego que terminan arribando a los 
depósitos del Kl-Klffl es sensiblemente inferior ( MKMXM lXl: inédito). 


201 


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DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


202 


El siguiente apartado realiza un breve diagnóstico sobre las principales tendencias so¬ 
bre la situación, evolución en el acceso así como cantidad de armas de fuego existentes en 
Uruguay. Seguidamente, analiza los avances que se han desarrollado en el país en materia 
de los compromisos internacionales asumidos en la materia, así como la aprobación de la 
reciente ley sobre control y tráfico de armas de fuego. Finalmente, expone algunas conside¬ 
raciones en el marco de avanzar hacia un modelo con participación civil en el control de las 
armas de fuego en el país. 


Cantidad, evolución en el acceso a las armas de fuego y su impacto en la vida 
cotidiana: tendencias contemporáneas 

Según datos oficiales del Registro Nacional de Armas -Servicio de Materiales y Arma¬ 
mento del Ejército Nacional del Uruguay- Ministerio de Defensa (KK&ffl Kl), a diciembre 
del 2014, y según registro que data del año 1944, el número de armas de fuego registradas 
asciende a un total de 605.000.De acuerdo a datos poblacionales del último Censo Nacio¬ 
nal realizado en 2011 2 (BBS), dichas cifras arrojarían un promedio de un arma de fuego 
registrada cada seis uruguayos, o cada dos hogares. 

A las cifras oficiales, debe sumarse la cantidad de armas de fuego en el mercado clan¬ 
destino que, si bien es un aspecto que revierte suma complejidad en su estimación, estudios 
internacionales -Small Arms Survey 3 - sostenían a 2007, que la denominada “cifra negra” 
en el Uruguay ascendería a un arma ilegal por cada una de las reglamentariamente regis¬ 
tradas. De acuerdo a datos relevados por el Observatorio de Impacto de Armas de Fuego, 
DftMxm K, este último aspecto se podría estar constatando a partir del análisis de la situación 
legal de las armas incautadas en eventos policiales 4 . En este marco, y de acuerdo a datos ofi¬ 
ciales delEEIffl-ffl Id, entre 2005 y 2012 fueron incautadas un total de 9072 armas de fuego 
en diversos eventos policiales -un promedio de 1134 para cada uno de los años del inter¬ 
valo-. Del total, el 51% carecía de registro legal. Así mismo, aunque con leves variaciones, 
dicha tendencia se constataba para cada uno de los años del ciclo considerado. 

Paralelamente, y según información de la misma fuente, del conjunto de armas de 
fuego registradas, solo un 11% pertenece a policías y militares (8,34%), y coleccionistas 5 
(2.86%). El restante 89%, está en manos de la población civil (personas físicas o jurídicas). 
Por su parte, de cada 20 registradas, 18 propietarios son hombres y solo 2 son mujeres. De 
acuerdo a las mismas fuentes, el 55% de las armas registradas se encuentran en manos de 
sus propietarios originales (332.750), pero del restante 45% (272.250) se desconoce su 

2 Población Nacional de 3.286.314 y 1.136.564 hogares. 

3 Karp, Aaron. SurplusArms in South America. A survey. Small Arms Survey, 2007. 

4 Si bien las armas incautadas provienen de eventos policiales que per sé tienen su propias características, para 
el presente trabajo asumimos que dicha proporción podría configurar una muestra proxy del número de armas 
ilegales en el país. 

5 A diciembre de 2013 un total se contabilizaban un total de 1494 coleccionistas registrados. 



paradero: o fueron heredadas, vendidas o robadas. De las que se conoce su paradero (55%), 
Montevideo es el departamento que concentra la mayor cantidad de armas de fuego en el 
país, ya sea en números absolutos (más de la mitad) como en la relación cada 1000 habitan¬ 
tes. En cuanto al tipo de armas, en el país existe una leve preponderancia de armas cortas 
sobre largas: 6 de cada 10 armas son cortas -revólveres o pistolas-, mientras 4 de cada 10 
son armas largas -escopetas, rieles, entre otros-. 

Por su parte, la mirada al interior de los diferentes departamentos del país permite 
visualizar algunas tendencias. En primer lugar, en los departamentos del litoral, existe una 
preponderancia de armas largas -excepto Salto donde existe paridad con armas cortas-, las 
cuales son utilizadas fundamentalmente para actividades lúdicas o recreativas como la caza. 
En segundo lugar, el área sur-este, se caracteriza por contar -en términos proporcionales- 
con una mayor cantidad de armas cortas sobre las largas, armas tradicionalmente utilizadas 
para defensa ( NKtXMXI KI: inédito,). 

A las robustas cifras, corresponde en la actualidad una propensión de los uruguayos a 
adquirir un arma de fuego con mayor frecuencia. El sostenido incremento que ha tenido 
la emisión de guías en los últimos 6 años 6 , el volumen de importaciones (en unidades 7 y 
dólares corrientes) constatados en el último decenio, el crecimiento de la oferta y demanda 
de la seguridad privada 8 , y las consiguientes armas registradas en dichas empresas, permiten 
sostener esta última apreciación. 

A ellos debe sumarse el impacto que su uso tiene sobre la vida cotidiana. De acuerdo a 
datos del 2010 del Ministerio de Salud Pública (§ ffl), un 6.6% de los fallecimientos acon¬ 
tecidos en el Uruguay fueron por causas externas, ya sea accidentes de tránsito, agresiones, 
accidentes domésticos de diversa índole, lesiones -auto infligidas o provocadas- con armas 
de fuego o cortantes, entre otras. Entre ellos, y para el período 2007 y 2012, la primera cau¬ 
sa de deceso la constituyeron los accidentes de tránsito: 26% del total. En segundo lugar, 
por disparo de arma de fuego (homicidios y suicidios): al menos un 15% 9 falleció por dicho 
motivo. Sólo en 2012 se registraron un total de 355 decesos por disparo de arma de fuego, 
un promedio de 1 fallecido por día. 

Paralelamente y a nivel nacional, entre el I o de Julio del 2012 y el 30 de Junio de 2013 
se registraron un total de 834 eventos donde existieron heridos o lesionados por uso de 


6 En 2007, se emitían 6 guías nuevas de propiedad por día, a 2012 esta relación asciende a 15. 

7 En decenio comprendido entre 2003 y 2013 experimentó un crecimiento de importaciones de armas lige¬ 
ras y pequeñas de 1800%, pasando de 384 unidades para el primer año a 7000 para octubre del 2013. 

8 De acuerdo a datos de oficiales de RENAEMSE (Registro Nacional de Empresas de Seguridad), entre 
2008 y 2012 el número de funcionarios habilitados en dichas empresas pasó de 12.998 a 21.699. Entre ellos, 
el número de armas registradas en dichas empresas para uso de los funcionarios ascendió de 3.209 a 8.293 (un 
258% de crecimiento en el período). 

9 Debe señalarse que por no disponer de datos para toda la serie no se incluyen los accidentes por disparo 
de arma de fuego con resultado letal. No obstante ello, para 2009 y según datos oficiales del MSP, el total de 
accidentes con deceso final ascendió a 60 para todo el país. 


203 


SEGURIDAD DEMOCRÁTICA Y DERECHOS HUMANOS 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


arma de fuego. Estos últimos aspectos impactan en la calidad de vida de la persona y su 
familia, en el lucro cesante que deja de percibir, generando asimismo altos costos para el 
sistema sanitario en su conjunto. 

Por su parte, en contextos de violencia basada en género, la disponibilidad de las armas 
de fuego representa en la mayoría de los casos un elemento que aumenta exponencialmente 
el riesgo de un desenlace fatal. 


El control de las armas de fuego en el Uruguay 

Uruguay es un país pionero en políticas de control de armas en la región a tal punto 
que su legislación data de la década de 1940. De acuerdo a la legislación vigente, el sistema 
que regula la tenencia, porte y comercialización de las armas de fuego se asienta en un sis¬ 
tema de doble competencia que integra tanto al Ministerio de Defensa Nacional como al 
Ministerio del Interior. 

El Registro Nacional de Armas (ISEIE) del Servicio de Material y Armamento (ffl IE) 
del Ministerio de Defensa tiene, en el marco de sus tareas sobre el control de las armas de 
fuego, el de llevar el registro general sobre la cantidad de armas de fuego existentes en el 
Uruguay, así como la de gestionar y emitir las nuevas guías de propiedad de cada una de 
las armas de fuego que son adquiridas -en forma legal- en el mercado. Este último docu¬ 
mento se emite por cada arma registrada y detalla los datos identificatorios del propietario 
así como el tipo y calibre de la misma. Dentro de sus obligaciones, dicha dependencia debe 
remitir al Ministerio del Interior la información relativa a los datos regístrales de las armas 
204 de fuego -incautadas en diversos eventos policiales- así como aquella relativa a la identifi¬ 
cación de su propietario. 

Por su parte, el Ministerio del Interior es la dependencia encargada de emitir los per¬ 
misos para su tenencia y porte. El trámite puede ser realizado en las diferentes jefaturas 
departamentales, y para obtener el Título de Habilitación para la Adquisición y Tenencia 
de Armas de Fuego (IXHX UXMXl ), la normativa vigente exige: ser mayor de 18 años, certificado 
de antecedentes judiciales, un certificado emitido por un profesional de la salud habilitada 
que deje constancia que la persona se encuentra apta para poseer un arma de fuego y, por 
último, un certificado de idoneidad de conocimientos básicos sobre manejo de armas de 
fuego. 

La postura del país respecto a los compromisos internacionales en la temática, ha sido 
históricamente de fuerte apego y ha apostado llevar adelante cada uno de los acuerdos reali¬ 
zados en el marco de Naciones Unidas como de laKIKIEl 10 ( DMXIXKI IXI: inédito). En este marco, 
es que en el país se han realizado esfuerzos por acompasar la normativa interna a los están¬ 
dares internacionales. Desde ir generando normativa (decretos, resoluciones u órdenes de 


10 


A modo de ejemplo, UNPoa y CIFTA 



servicio) hasta acciones de sensibilización como las de destrucción de armas de fuego en 
diversos eventos públicos. Paralelamente, debe señalarse la constitución de una Comisión 
Interministerial con el cometido de llevar adelante los compromisos asumidos en el marco 
del Plan de Acción de Naciones Unidas, así como el destacable rol que tuvo el Uruguay en 
la negociación del 11 en Naciones Unidas en el año 2013. 

En Octubre de 2013, muestro país da un paso importante en el camino del control 
y regulación de las armas de fuego. A partir de la aprobación del proyecto de ley sobre 
“Tenencia, porte, comercialización y Tráfico de armas defuego, municiones, explosivos y otros 
materiales relacionados” se consagra una herramienta legislativa para el control del tráfico, 
así como regulación del porte y tenencia de las armas de fuego en la población civil. 

A pesar de contar con dicho avance y a un año de su sanción, el proyecto de ley apro¬ 
bado aún carece de reglamentación. Así mismo, no aborda algunas cuestiones centrales que 
se pasan a detallar. En primer lugar debe señalarse que si bien en el proyecto se establecen 
obligaciones al Ministerio de Defensa Nacional en el remito de información al Ministerio 
del Interior, relativa a las características del arma así como datos de su propietario en un 
plazo no mayor a 48 horas, no se establecen obligaciones a éste último, así como al Poder 
Judicial en lo referente al remito de información de forma expeditiva sobre las armas incau¬ 
tadas por la policía. 

En segundo lugar, si bien el proyecto establece un período de entrega voluntaria de 
armas de fuego en manos de la población civil, haciéndose mención a que dicho proceso 
no deberá justificarse su procedencia, éste carece de una mención expresa a que, en caso de 
investigación, la misma no tendrá efectos para quien realice la entrega. Así mismo, no prevé 
su inutilización en el mismo acto de entrega. Finalmente, debe señalarse que el proyecto no 
aborda ningún aspecto relativo a la participación civil en el control del sistema nacional de 
armas de fuego. 


Hacia un modelo con control civil 

Tanto la evidencia expuesta como la experiencia internacional 12 , indican la necesidad 
de avanzar en términos de institucionalidad en materia de control y desarme de armas de 
fuego. Nuestro país cuenta con una importante experiencia acumulada que debe fortalecer¬ 
se incorporando la mirada civil a estos procesos. Se debe generar una política de control de 
las armas de fuego -como parte de una política pública de desarme y seguridad- que reco¬ 
nozca la complejidad de la temática, así como la necesidad de una respuesta integral. Resul¬ 
ta necesario avanzar en la implementación de un Plan de Entrega Voluntaria de Armas con 
recursos suficientes para su sostenimiento y concientización de la población. Así mismo, en 

11 Tratado de regulación de transferencias de armas de fuego entre los países. 

12 A modo de ejemplo puede citarse la reciente aprobación del proyecto de ley en Argentina que crea la Agen¬ 
cia Nacional de Materiales Controlados. 


205 


SEGURIDAD DEMOCRÁTICA Y DERECHOS HUMANOS 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


la incorporación de la mirada civil en el diseño y ejecución de dichos planes y como meca¬ 
nismo de contralor político del sistema nacional de control de las armas de fuego. 

En el marco de avanzar hacia una nueva institucionalidad que de transparencia al siste¬ 
ma de control de las armas de fuego del país, la integración de estos últimos aspectos resulta 
necesaria e imprescindible. 

Tal desafío se vuelve inminente frente a la coyuntura actual en la que un “exacerbado 
estado de inseguridad” ha puesto sobre la mesa el cuestionamiento fuerte a la política de 
seguridad, planteando en términos preocupantes algunas cuestiones como el aumento de 
la seguridad privada, la propensión de los uruguayos a adquirir un arma de fuego por “segu¬ 
ridad personal” y con mayor frecuencia, las diversas irregularidades expuestas y constatadas 
en torno al tráfico interno y externo, y la preocupación del sistema político de dar señales 
mediante el endurecimiento del aparato represivo como única respuesta. 


206 



Informe de la Institución Nacional de Derechos 
Humanos sobre piso cinco de Unidad de 
Diagnóstico y Derivación 1 2 

El día 7 de setiembre de 2015 la Institución Nacional de Derechos Humanos (HKIffl - 
IEIE) publicó un informe referente a la Unidad de Diagnóstico y Derivación de la Zona 
Metropolitana (ubicada en la Ex-Cárcel Central, sobre la calle San José 1267), a fin de 
relevar las condiciones materiales de reclusión, así como los diagnósticos psicosociales y de 
derivación que los equipos técnicos de dicha Unidad realizan. 

Las visitas fueron efectuadas por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura 
en los días 22 de mayo y 22 de julio, adicionando dos visitas especiales el 6 y el 24 de julio. 

El documento presta especial atención a la adjudicación desde el 17 de junio de un 
piso específico para la internación de personas vinculadas al delito de secuestro, que queda 
a cargo del Coordinador del Área Metropolitana Lie. Rolando Arbesún. Sin embargo, se 
constató “que algunas de las personas allí alojadas no se encontraban encausadas por dicho 
delito y tampoco habían tenido relación con los mismos” 1 . 

LaHEIfflIEIIE sostiene en su relatoría que las 14 personas internadas hasta el 22 de julio 
en el quinto piso se encontraban bajo un régimen de “aislamiento especial”-, consistiendo el 
mismo en no mantener contacto entre ellos, permanecer 24 horas dentro de la celda, y co¬ 
municarse solamente con el personal de custodia en caso de necesitar utilizar las instalacio¬ 
nes sanitarias. Únicamente 5 personas recluidas del total habían obtenido la autorización 
para recibir visita durante una hora, y una misma cantidad había podido salir una hora al 
patio, en solitario, y con medidas de seguridad. 

Por su parte, las celdas en las cuales se encuentran recluidos violan para el HEIKIKIKIK las 
normativas internacionales vigentes por el Comité Internacional de la Cruz Roja, siendo 
las habitaciones menores a 2 metros cuadrados por persona, agudizando la situación de 
encierro y condiciones de vida de los reclusos 3 . A la problemática inherente al espacio de re¬ 
clusión, se suman falencias en las condiciones edilicias generales, como falta de luz eléctrica 


1 Informe de Visitas Realizadas en la Unidad de Ingreso, Diagnóstico y Derivación de la Zona Metropoli¬ 
tana N° 047/MNP/2015 (7/09/2015). Informe completo disponible en http://inddhh.gub.uy/wp-content/ 
uploads/2015/09/Unidad-de-Ingreso-Diagn%C3%B3stico-y-Derivaci%C3%B3n-ZM.pdf 

2 Informe de Visitas Realizadas en la Unidad de Ingreso, Diagnóstico y Derivación de la Zona Metropolitana 
(7/09/2015), p. 7. 

3 “Incluso en situaciones excepcionales de crisis, el área de suelo en celdas y dormitorios no debe ser menor a 2 
m2/persona”. CIRC (2011): “Agua, saneamiento higiene y hábitat en las cárceles”, p. 21, en Informe N° 047/ 
MNP/2015. 


207 


SEGURIDAD DEMOCRÁTICA Y DERECHOS HUMANOS 




DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


208 


en algunas áreas y ventanas sin vidrios. La Unidad en su conjunto carece de área educativa 
y, en particular para el piso cinco, de área laboral. 

Ante la situación previamente descrita, el informe remata que “entre las consecuencias 
físicas más notorias de la reclusión en espacios reducidos se encuentran las alteraciones senso¬ 
riales de la visión, la audición, el gusto y el olfato, alteraciones de la imagen corporal y aga¬ 
rrotamiento muscular” 4 . En adición a las físicas, la situación de aislamiento y condiciones 
materiales de la reclusión genera graves distorsiones psicosociales, tales como “alteraciones 
de la afectividad, exageración de situaciones, ansiedad permanente, perdida de vínculos fa¬ 
miliares y despersonalización”, las que pueden causar “episodios de auto y hetero agresividad, 
pudiendo llegar al suicidio” 5 . 


4 ídem, p. 13. 

5 Idem. 





Mauro Tomasini 


La Seguridad Ciudadana y sus secuelas 


Rafael Bayce 1 


209 


El trabajo intentará abordar los siguientes puntos; 1) La Ley de Seguridad Ciudadana 
(16.707, 1995) es, en parte, el final de un proceso sociopolítico y cultural y, en parte, el 
comienzo de una etapa que aun estamos recorriendo hoy. 2) Expresa las creencias y vo¬ 
luntad política de una parte del electorado y de la clase política uruguaya, parte variable 
y creciente en el tiempo. 3) Será, en parte, continuada por la legislación de los últimos 
10 años, y, en parte, enfrentada por disposiciones legales de pedigrí político-ideológico 
diverso. La enorme y ascendente visibilidad de la temática termina conformando dos polos 
conceptuales, dicotomía que se mantendrá en la normativa legislativa hasta hoy y que se 
expresará en el discurso y la acción. La acción consistió en medidas ejecutivas más acordes 
con una ideología de centro-derecha, polo A, que de izquierda progresista, polo B. 4) Esa 
dicotomía conceptual y eventualmente ejecutiva no solo se encuentra en la opinión pública 
y en el total del espectro político sino también al interior de la coalición político-electoral 
gobernante desde 2005 y de la normativa producida por esos gobiernos. 5) Los 20 años que 


Ph. D. en Sociología y Ciencia Política. Profesor Titular en FCS, Udelar. 


SEGURIDAD DEMOCRÁTICA Y DERECHOS HUMANOS 





DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


210 


siguen a la Ley muestran la cooptación, por el centro-derecha y la racionalidad policial, 
de lo que podría describirse como ‘ideología de izquierda de la seguridad’, que se corre de 
modo aparentemente imparable hacia el centro-derecha, en una maniobra político-ideoló¬ 
gica suicida en el largo plazo aunque electoralmente redituable en el corto plazo. Aunque 
en otros órdenes de la materia penal (drogas, género, orientación sexual) ha predominado 
una izquierda joven liberal que es un polo de la dicotomía que se da en la opinión pública, el 
orden político y la coalición actualmente gobernante. Intentaremos explicar esta aparente 
anomalía, ya ocurrida en el mundo antes que entre nosotros. 


Ley de Seguridad Ciudadana, fin de un proceso sociopolítico y comienzo de otro 

Pudo haber marcado el fin de un tiempo en el que ‘seguridad’ significaba un conjunto 
de cosas que deja de significar claramente de ahí en adelante. Se podría hablar entonces de 
un ‘desplazamiento semántico’ por el cual cambian los contenidos del significado de las 
palabras ‘seguridad’ e ‘inseguridad’. De acuerdo a relevamientos de opinión pública desde 
mediados de los años 60 en el Uruguay 2 , la pregunta por ‘seguridad’ refiere a la estabilidad 
y nivel suficiente de empleo, ingreso y salud. En los 80 la pregunta por ‘seguridad’ comien¬ 
za a abarcar los miedos a la victimización criminal, proceso que en los 90 se consolida, 
sustituyéndose, en el imaginario colectivo, la seguridad con dimensiones laboral, salarial y 
sanitaria por una seguridad con dimensiones criminales. La Ley podría marcar el límite fi¬ 
nal de la antigua conceptualización de la seguridad y el límite inicial de los nuevos tiempos 
semánticos. 

Ello tiene pesadas implicancias en la conceptualización del diagnóstico de la inseguri¬ 
dad y de las posibles terapias para ella; la policía se vuelve el superhombre salvador, en línea 
con la sustitución de los militares por las policías para la implementación de las geopolíti¬ 
cas neoimperiales norteamericanas, que ya no confían más en los lineamientos de la política 
de la seguridad nacional de la cual la guerra fría y el Plan Cóndor son mojones importantes. 
Ahora se enfatizará en intervenciones externas e internas con la excusa de convictos de baja 
intensidad como pandemias sanitarias (sida, etc.), criminalidad, infraccionalidad de me¬ 
nores, narcotráfico, narcoguerrilla, etc., todas ellas excusas de intervención ancladas ahora 
en las policías y guardias nacionales en relevo de los desprestigiados militares golpistas y 
gobernantes que los representaron desde principios de los 70 hasta mediados de los 80. 
Policías y guardias nacionales intervienen endógenamente, aunque bien financiados desde 
el exterior y con el beneplácito de gobiernos nacionales que coinciden con los neoimperios 
en la focalización de pequeños convictos, en el caso de los gobiernos nacionales funcionales 
para la relegitimación de Estados de bienestar en crisis de legitimidad, gobernabilidad y 
confianza. 


2 Bayce, Rafael. “Una guía reflexiva para elJuez sobre la opinión pública respecto délas Justicia y délos Jueces”. 
CEJU/PNUD. Montevideo. Uruguay. 1995. 



Ese desplazamiento semántico 3 4 , en buena medida provocado por un cambio en la 
estrategia geopolítica neoimperial coincidente con necesidades de legitimación, también 
puede ser antropológicamente conceptualizado como un “símbolo de condensación”' 1 : un 
conjunto de creencias y rituales que expresa sintéticamente variados contenidos cognitivos 
y emocionales. En el caso de la seguridad, la concentración en la criminalidad como factó¬ 
tum de la inseguridad opera como un símbolo que condensa en una sola la enorme variedad 
de las causas de la producción de inseguridad en las sociedades contemporáneas (estruc¬ 
turales, de velocidad y ámbitos de cambio, de costumbres y valores, de ritmo urbano, de 
imposibilidad de controlar intereses y personas, de vulnerabilidad a accidentes y catástro¬ 
fes, de incertidumbre por el futuro) simplificando sus causas, reduciendo los diagnósticos 
y simplificando las terapias, claro que aumentando el margen de error en los diagnósticos 
y en las terapias propuestas. Siendo la inseguridad una sensación proveniente de diversas 
fuentes -y atacable desde ángulos y actores plurales y complejos- en lugar de pensarse en 
la multiplicidad de sus orígenes, que parecerían aconsejar un abordaje multidisciplinario, 
multiinstitucional, multiministerial de la problemática, sea en su génesis causal como en sus 
efectos materiales cotidianos. Se prefiere focalizar un solo efecto (inseguridad por miedo a 
la victimización delictiva), imaginar un superhombre mágicamente salvador (policías más 
equipadas material y legalmente), y en segundo lugar legislación más dura y justicia judicial 
más condenatoria, sin enfatizar lo que debiera ser el ataque a las causas de la producción de 
sensación de inseguridad, como forma no solamente de baldear el agua derramada por la 
criminalidad, sino de buscar cerrar la canilla que derrama el agua que es inútil buscar elimi¬ 
nar con solo buscar los mejores modos de baldear el agua ya vertida por la canilla. 

Es increíble la aceptación que concita la tesis policial de que si se les diera medios 
materiales y atribuciones legales mayores a los actuales, pondrían entre rejas a los Y malan- 
dros (adultos y menores) que actualmente delinquen y terminarían así con la criminalidad 
y la inseguridad consiguiente. Lamentablemente es una visión estática y simploria de la 
criminalidad y de la inseguridad, que olvida que la permanencia de las causas de la crimi¬ 
nalidad hará que surjan nuevos malandros adultos y menores, aunque se encerrara a todos 
los actuales. Esa pobre ficción policial también olvida que la sensación de inseguridad que 
sufren las poblaciones no solo se debe a fenómenos sociales concretos (desplazados y con- 
densados, como vimos) sino, más que nada, a un operativo comandado en todo el mundo 
por los siguientes actores 5 : a) las fuerzas de seguridad del Estado por motivos imperiales y 
de legitimación; b) la prensa que busca lucro comercial y la defensa editorial de la ideolo¬ 
gía y los intereses de sus dueños; c) una mayoría de políticos electoralistas y poco audaces 
para pensar la realidad; d) muchos más que también lucran con la inseguridad (seguridad 


3 Bayce, Rafael. “Seguridad ciudadana” En: Cuadermos de la Facultad de Derecho. Tercera Serie. No. 7. 
FCU. Montevideo. Uruguay. 2003. 

4 Vide supra 2. 

5 Bayce, Rafael. Creando inseguridad: modelo para la construcción social de la desmesura. En: Mallo, S., Vis- 
cardi (coord.). N. Seguridad y miedos. Udelar-Fcs-Csic. AA Impresos. Montevideo. Uruguay. 2010. 


211 


SEGURIDAD DEMOCRÁTICA Y DERECHOS HUMANOS 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


212 


privada, venta comercial de alarmas, sprays, rejas, animales domésticos, armas, defensa per¬ 
sonal, seguros); e) encuestadores de opinión pública que la construyen en realidad, más que 
encontrarla. 

Se oscurece entonces todo el diagnóstico y terapias de las causas de la criminalidad 
y de la inseguridad (desigualdad, injusticia, consumo, espectáculo, deprivación relativa, 
convictos mal resueltos por falta herramental e instancias de consideración y resolución 
comunitaria extrajudicial, multiformas de inseguridad vistas más arriba), y se construyen 
chivos expiatorios y fetiches salvadores que solo simplifican y empobrecen el enfoque de 
la problemática y su enfrentamiento con posibilidades mínimas de éxito. K uizá uno de 
los mejores ejemplos de este multierror crecientemente mayoritario se puede ver cuando 
se buscan, se ofrecen y piden soluciones “ya” y sin excepciones para efectos que tienen una 
compleja historia y que jamás podrían “erradicarse” (arrancar de raíz) y menos inmediata¬ 
mente; el reclamo de delito cero y ya, que crece en el imaginario colectivo alucinado hege- 
mónico, no solo es una imposibilidad que no puede marcar un horizonte de objetivos, sino 
que es un obstáculo y una fuente de frustración y deslegitimación de Estados, gobiernos e 
instituciones específicas. Porque ni los problemas ni las soluciones son realistas; solo pue¬ 
den, entonces, reproducir alucinaciones, miedos irracionales, reclamos histéricos y metas 
inalcanzables por falsos mesías laicos que ampliarán las desilusiones y frustraciones. Aun¬ 
que probablemente alimentan los intereses de quienes lucran económica y políticamente 
con la inseguridad porque siguen proponiéndose como solución y pidiendo más dinero, 
facilidades materiales y prerrogativas legales para, ahora y de ese modo sí, erradicar ya la 
criminalidad y la infraccionalidad y, por ende, la inseguridad. Las periódicas iniciativas de 
someter a los menores a la jurisdicción y procesos penales adultos 6 son buenos ejemplos 
de la construcción irracional de chivos expiatorios (los menores son menos del 10% de las 
sentencias penales condenatorias, de los juicios iniciados desde memos policiales, y de los 
reclusos judiciales), que por su intermedio exorcizan las culpas adultas por la organización 
de una sociedad crecientemente criminógena, policial-penal y de construcción y explota¬ 
ción autoritaria de miedos (la paranoia de la inseguridad y la hipocondría de la salud son 
los más destructivos culturalmente). 

La tan mal entendida distinción entre “temperatura de inseguridad” y “sensación tér¬ 
mica de inseguridad” (acuñada por el ex-ministro del Interior Dr. Juan A. Ramírez) ejem¬ 
plifica bien los errores que se cometen en esta segunda etapa de la vivencia de la inseguridad 
que sigue a la ley de Seguridad Ciudadana. La “temperatura” es un índice objetivo, mecᬠ
nicamente mensurable, independiente de los sujetos que puedan sufrirla, mientras que la 
“sensación térmica” tiene un componente subjetivo de distancia de la temperatura sentida 
subjetivamente con la temperatura objetiva medida artefactualmente. Lo que se dice con 
la distinción no es que la criminalidad no existe realmente y que sólo existe una sensación 
térmica de criminalidad que nos la hace creer como real. La temperatura y la criminalidad 


6 Moras, Luis E. Los hijos del Estado. Serpaj-DS/FCS-Udelar. Montevideo. Uruguay. 1992. 



son ambas reales, pero la sensación de inseguridad y la térmica son también realidades, 
aunque diferentes, de la criminalidad material y objetiva; la sensación de inseguridad no es 
un invento: es producto de la magnificación cuantitativa y de la dramatización cualitativa 
de la criminalidad y de la infraccionalidad mutuamente potenciadas en su desmesura para 
producir finalmente una patologización del cotidiano y una normalización de las patolo¬ 
gías, fundantes del miedo obsesivo característico de las urbes contemporáneas, miedos tan 
funcionales a los proyectos de imposición autoritaria, minimizadores de libertades, garan¬ 
tías y derechos liberales y de centro izquierda 7 . Los actores arriba nombrados son los funda¬ 
mentalmente responsables del círculo vicioso de construcción social de la desmesura y del 
predominio de las sensaciones térmicas fomentadas por sobre las temperaturas objetivas 
ocurrentes sin la participación de los actores perversos coordinados o coincidentes en la 
creación y explotación de los miedos y desmesuras cotidianas. 

Esta es la conceptualización que sigue a la Ley de Seguridad Ciudadana, que con¬ 
tiene una semilla de conceptualización equivocada e infecciosa sobre la inseguridad y sus 
orígenes, y que será básicamente continuada por gobiernos “izquierdistas”, “progresistas” 
o “socialdemócratas” que, hasta dicha ley, se oponían a esos conceptos y prácticas. Luego 
entusiastamente las defenderán e implementarán cuando devengan en gobierno y abando¬ 
nen el lugar retórico de la oposición político-partidaria, dejando de lado así su clásico papel 
utópico de oposición y propuesta radicales para adoptar un ucrónico lugar de servilismo 
electorero, carismático y populista, en una democracia de masas, cada vez más alucinada 
respecto a la realidad, cada vez más alienada y, sin embargo, acariciada por poco formados 
políticos empoderados y engreídos por ello. 

Expresión de una parte creciente de la opinión pública y del espectro político-electoral 

La concepción sobre la seguridad gruesamente esbozada antes, pese a su fragilidad teó¬ 
rica, o quizás precisamente por esa misma falaz facilidad, gana adeptos en los más variados 
segmentos de la población, en los que ya tenía partidarios embrionarios, aun antes de que la 
mayor visibilidad de los problemas de seguridad produjera un mayor debate y circulación 
social de ideas al respecto. Aunque vale la pena señalar que esa mayor presencia cotidiana 
de los problemas en la agenda pública y en la conversación interpersonal no produce un 
mejor debate de los temas, ya que la nueva y creciente concepción sobre la seguridad es 
hegemónica, dominante y mayoritaria entre los medios de comunicación, los mediadores 
conformadores de opinión y las instancias relevantes para la generación de pensamiento y 
acción respecto de la seguridad y temas vinculados. Aquí se equivoca otra vez un gobierno 
muy chapucero en materia de comunicación, que solo pensaba que buenos comunicadores 
espontáneos en los altos escalones gubernamentales (i.e. Tabaré Vázquez, José Mujica) ga- 

7 Bayce, Rafael. Medidas contra menores, parte del vasto complot contra ellos. En: Serpaj. Informe 2011. Dere¬ 
chos humanos en el Uruguay. Montevideo. Uruguay. 2011. 


SEGURIDAD DEMOCRÁTICA Y DERECHOS HUMANOS 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


rantizarían un buen y enriquecedor intercambio y circulación de ideas novedosas y densas. 
Tirando un tema sobre el tapete del debate público no se consigue, ni consiguió ni se con¬ 
seguirá eso nunca en el siglo IXHIE Lo único que puede obtenerse es una avalancha perio¬ 
dística básicamente coincidente que invadirá y colonizará las mentes del público neófito. 
Absolutamente incapaz de acceder a visiones alternativas, y mucho menos de balancear las 
alternativas minoritarias a las que pudiera acceder con la visión dominante difundida por la 
prensa de mayor circulación (incluyendo la ahora accesible vía Internet), los comunicado- 
res formadores de opinión, los pequeños reproductores de opinión (i.e. periodistas depor¬ 
tivos), la clase política temerosa de contradecir a la mayoría silenciosa y a los poderosos por 
motivos electorales, y los múltiples beneficiarios económicos y políticos de la sensación de 
inseguridad (policía, militares, políticos rotativos, prensa, aseguradores, seguridad privada, 
comercialización de objetos para la seguridad, etc.). 

La posición teórica fundada a partir de la relevancia dada, el tema por la Ley de Segu¬ 
ridad Ciudadana y sus contenidos de mayor dureza penal se difunde en toda la población, 
tanto entre la audiencia neófita como entre aquéllos vinculados personal o institucional¬ 
mente a la legislación o ejecución de la legislación (ejecutivo, judicial). Si bien la Ley, re¬ 
trospectivamente leída hoy, no impresiona particularmente ya que su dureza incipiente será 
largamente superada luego, debemos leerla en clave histórica y justificar la alarma que creó 
en su momento entre los más lúcidos y formados intérpretes, que veían con preocupación 
la instalación de un tema ya con sus interpretaciones y connotaciones sesgadas incluidas, no 
en el sentido de facilitar una circulación plural de ideas para el debate público, sino más bien 
para clausurar toda posibilidad de acceso o afiliación de la audiencia general o especializada 
en ideas alternativas a las dominantes, mayoritarias y hegemónicas. El recurso más sofistica- 
214 ¿o para la reproducción de eso mismo es el montaje de mesas y eventos pseudo-plurales, en 
que está desbalanceada la participación de los invitados en favor de la opinión que se desea 
afirmar, supuestamente discutida por alguien alternativo; pero éste último, en inferioridad 
numérica, nunca podrá responder a sus más numerosos oponentes, que podrán multirres- 
ponderle sin poder responder a su vez a sus multicuestionadores. Si fuera necesario, los 
conductores de los espacios manejarán desigualmente los tiempos de exposición de cada 
uno, intervendrán en favor de quien deseen y podrán hasta urgir cortes publicitarios que 
fragmenten el discurso indeseable minoritario si éste es expuesto con elocuencia y versación 
tales que pongan en peligro el balance que se produzca en las mentes y corazones de la tele o 
radioaudiencia. Entiéndase que uno de los objetivos centrales de la comunicación político- 
ideológica es la persuasión cognitiva (retórica) y la seducción emocional (poética) de las 
audiencias que permitan que el rumor cotidiano reproduzca y solidifique convicciones y 
emociones, ya que solo cuando la mayoría silenciosa internaliza los discursos y los encarna 
como propios es cuando el triunfo del discurso es claro y contundente 8 . De todos modos, 
el debate mediático y la discusión política, en especial la suscitada con motivo de iniciativas 


8 Bayce, Rafael. Ley de procedimiento policial en chive sociopolítica. En: Revista de Derecho Penal. N° 18. 
FCU. Montevideo. Uruguay. 2009. 



legislativas en torno a temas de interés público, auténtico o mediáticamente inducido, ter¬ 
minan produciendo una dicotomía ideológica en la población, en la prensa y hasta en los 
elencos gobernantes que retroalimentará los posicionamientos y terminará construyendo 
una dicotomía que se recejará en la legislación y en la ejecución políticas, y hasta de modo 
aparentemente paradojal e inesperado, en el seno de la propia coalición antiguamente opo¬ 
sitora y ahora gobernante, tema que nos ocupará seguidamente. 


Es continuada por normas y acciones que expresan una honda dicotomía nacional 

Aunque se conforma una opinión pública y política favorable a una intencionalidad 
represiva, penalizadora, conservadora, políticamente de derecha y centro-derecha, no es 
menos cierto que también se construye una opinión que, aunque minoritaria pública y 
políticamente, consigue acompañar acciones ejecutivas, normas legislativas y decisiones 
judiciales con posicionamientos y acciones que no permiten la libre vida de la tendencia 
dominante y hegemónica. Los sondeos de opinión registran la consolidación de dos opi¬ 
niones cristalizadas: una mayoritaria y otra minoritaria, ambas enfrentadas. La minoritaria 
está integrada: a) por fracciones políticas que han quedado como ultras o radicales, en rea¬ 
lidad más por la fuga hacia el centro de la coalición de izquierda gobernante que por la no¬ 
vedosa radicalidad de sus planteos; b) buena parte de la academia que no ‘hace la plancha’ 
esperando migajas y proyectos del gobierno; c) organizaciones no gubernamentales que 
tematizan derechos humanos y trabajo con niños, adolescentes, cárceles, infraccionalidad, 
género y población en contextos de alta vulnerabilidad, justamente las condicionantes ma- 
cro sociales y estructurales que son ignoradas o secundarizadas por las políticas y legislación 
crecientemente impuestas desde la coalición gobernante, por increíble que parezca en una 
coalición de izquierdas, que se autodefine como progresista y hasta de socialdemócrata, 
y que es visualizada como tal en el espectro político-ideológico internacional y regional¬ 
mente consensuado. El tema que sigue es el de los productos legislativos y ejecutivos que 
surgen del balance entre esas posiciones dicotómicas, que se observa también al interior de 
la fuerza política gobernante, y que ocurren en estos veinte años que siguen a la referida Ley 
de Seguridad Ciudadana de 1995. 


Esa dicotomía también habita en la coalición gobernante desde 2005 

En efecto, y a pesar de que no es posible en este espacio revisar toda la legislación 
en dos grupos de normas legislativas y de acciones ejecutivas emprendidas, aquellas que 
podrían representar bien a la orientación dominante en materia de seguridad y aquellas 
que podrían representar la orientación secundaria cuantitativamente. De cualquier modo, 
podemos señalar algunas normas y acciones que documenten la oscilante predominancia, 
la simultaneidad de las normas algunas veces, o los intentos de fusión consensuada entre 


215 


SEGURIDAD DEMOCRÁTICA Y DERECHOS HUMANOS 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


216 


ambas en la coalición gobernante, que representa aproximadamente también el balance 
entre las orientaciones contrastantes en materia de seguridad vistas más arriba. 

En línea con la tendencia inaugurada por la Ley de Seguridad Ciudadana, aunque más 
radicalmente conservadoras que ella, podemos listar a la Ley de Procedimiento Policial 
(18.315, 2008), la Ley de Paltas (19.120, 2013) y la novel Ley de Tolerancia Cero de alco¬ 
hol para la conducción de vehículos (2015). En línea con la tendencia opuesta podemos 
anotar a la Ley de Humanización Carcelaria (17.897, 2005), a la Ley que regula estatal¬ 
mente todo el ciclo del cannabis (19.172, 2013) y lo despenaliza básicamente, la Ley de 
Matrimonio Igualitario (19.075, 2013) y la de Derecho a la Salud sexual y reproductiva 
(18.426, 2008). 

Como curiosidad, analizaremos las 15 Medidas para la Seguridad y la Convivencia ex¬ 
puestas por el Gabinete de Seguridad al Parlamento en 2012, porque ellas representan una 
tentativa de equilibrio entre las orientaciones que consiguieron la aprobación de leyes de 
orientación diversa, pero que fueron votadas por las mismas mayorías relativas, mostrando 
que la tendencia radicalizadora de la Ley de Seguridad Ciudadana, expresada brutalmente 
en la de Procedimiento Policial, en la de Paltas y en la Tolerancia Cero al alcohol, se expresa 
también en otras normas que no hay espacio para focalizar aquí, mientras que las de Huma¬ 
nización Carcelaria (Libertad provisional y anticipada), la de Regulación estatal del ciclo 
del Cannabis, la del Matrimonio Igualitario y la de Salud Reproductiva expresan una opi¬ 
nión adversa y secundaria, ancladas éstas últimas en la fidelidad a la histórica ortodoxia de 
la izquierda en el tema ‘seguridad’ (Humanización Carcelaria) y en la presencia de un grupo 
de legisladores jóvenes, de tendencia izquierdista liberal, que sufrieron como adolescentes y 
jóvenes la dictadura y la persecución homofóbica, efebofóbica, drogofóbica y el machismo 
(Salud Reproductiva, Cannabis, Matrimonio Igualitario) y quieren contribuir ahora, como 
adultos institucionalmente empoderados, a superar para el futuro. 

Paralelamente, mencionaremos algunas políticas ejecutivas, que siempre estarán ali¬ 
neadas con la tendencia represiva, penalizadora y paternalista dominante y hegemónica 
en el mundo, y de manera aparentemente paradójica también en la coalición uruguaya de 
izquierdas. 

Para decir algo respecto de las leyes que hemos usado para tipificar el polo ideológico 
hegemónico y dominante en materia de seguridad y el polo dominado, secundario, diga¬ 
mos algo de ellas. 

Desde nuestro acotado ángulo de interés, la Ley de Seguridad Ciudadana no hizo mu¬ 
cho más que crear figuras delictivas muy dudosamente necesarias habida cuenta de ade¬ 
cuación suficiente de las ya vigentes (i.e. receptación, copamiento) y un endurecimiento 
general de las penas para adultos y para menores; todas más que nada de valor simbólico 
y retórico (como la propuesta actual de un homicidio especialmente calificado como ‘fe- 
minicidio’) para indicarle a la población la coincidencia del gobierno con las alucinadas 
preocupaciones introyectadas en la población mundial y también en la uruguaya por ac- 



tores interesados económica y políticamente en la inseguridad y el miedo legitimador de 
conculcaciones a libertades, derechos y garantías, que es lo deseado por todo el movimiento 
mundial del cual el Uruguay es parte a través de las multinacionales del miedo. El énfasis 
en el tema seguridad visto a través de falsos diagnósticos y falaces terapias, tema fogoneado 
por actores permanentemente activos en la construcción de la opinión pública y en su na¬ 
turalización como auténticamente producida por el pueblo soberano, es una mistificación 
que permitirá apoyar esta concepción especularmente generada con ademán populista y 
electorero. 

Pues bien, el comienzo del gobierno frenteamplista, en 2005, presenció la sanción y 
promulgación de la Ley de Humanización Carcelaria, que intentó varias cosas, en línea 
con orientaciones ideológicas históricamente clásicas en las izquierdas internacionales y 
nacionales: la reducción del hacinamiento carcelario; la redención parcial de las penas por 
el estudio y el trabajo, importantes tanto como terapia de rehabilitación, como inyección 
de convivialidad y como mínima calificación para la reinserción social del liberado y la 
evitación de reincidencias; las libertades provisional, anticipada, condicional y las salidas 
transitorias se privilegian, así como los rudimentos de la atención a las víctimas que la vi¬ 
gente victimología criminológica reclamaba. El Dr. José Díaz, ministro del Interior en ese 
entonces, fue ásperamente criticado porque disminuía penas y devolvía a la circulación pú¬ 
blica a sujetos riesgosos; aumentos criminales y hasta episodios espectaculares y puntuales 
son atribuidos a los efectos de la ley. La tarea conjunta de una oposición que se unía a 
una prensa hegemónica conservadora, nutriente de una opinión pública miedosa y corrida 
con el poncho, acusan de irresponsable benignidad al ministro, que inhábil difusor de sus 
correctas y ortodoxas ideas desde una visión de izquierda, tuvo pronto que renunciar. La 
lucha perdida por el ministerio de José Díaz es una lucha perdida por la izquierda en su co¬ 
herente intento de no llevar a cabo, como gobierno, lo que criticaron a los gobernantes de 
derecha. Y a la vez no incurrir en facilismos populistas inconducentes en la lucha contra el 
delito y por el orden y seguridad pública, o ciudadanas. Ernest Burgess, uno de los grandes 
de la I a Escuela Sociológica de Chicago 9 , inventor de las libertades condicionada y asisti¬ 
da, se quejaba de que los éxitos progresivos de ambas experiencias eran constantemente 
bombardeados por una prensa que no reconocía los éxitos crecientes de las experiencias y 
su mejorabilidad en uso, para subrayar cada escape o reincidencia, solo aceptando el 100% 
del éxito y el 0% de fracasos para hablar bien de algo; Burgess decía que con esas exigencias 
es imposible innovar y añadía que los reformadores sociales deberían disponer de espacios 
mediáticos para defender sus decisiones. Díaz reitera lo sufrido 90 años antes por Burgess 
cuando se intentaban reformas progresistas; la diferencia está en que Burgess impuso sus 
reformas, pese a las exigencias insensatas de la prensa, y Díaz no; mala suerte para el Uru¬ 
guay. La secuela de su fracaso político llevó a que la futura legislación gubernamental fuera 
tiroteada desde los más variados ángulos y desmerecida e injusticiada al punto de colocar 

9 Burgess, Ernest (circa 1917-1925). On community, familiy and delinquency. O e University of Chicago 
Press. Chicago, 111. US. 1973. 


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SEGURIDAD DEMOCRÁTICA Y DERECHOS HUMANOS 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


a los gobernantes en una difícil e incómoda posición frente a la opinión pública, y a la 
prensa, esos dos enemigos contemporáneos de cualquier progresismo humano. Y también 
se le facilitaba el trabajo a la oposición político-partidaria. Los legisladores progresistas son 
llevados a votar endurecimiento de penas para todos pero especialmente para los menores, 
chivo expiatorio preferido de una sociedad vieja y envejeciéndose, que se venga del disfru¬ 
te de la vida por los más jóvenes y los hace responsables de lo que es de autoría adulta: la 
estructura y organización crecientemente criminógenas de la sociedad. El miedo electoral 
de los legisladores progre en retroceso llegó al punto de que un legislador con mucha for¬ 
mación y experiencia sociopolítica apoyara un proyecto que aumentaba los mínimos de re¬ 
clusión con medidas de seguridad para menores con el argumento de que así se dispondría 
de mayor tiempo de rehabilitación!!! Los Reyes Magos en todo su esplendor: las medidas 
de seguridad son buenas para rehabilitar menores, choque frontal con toda la bibliografía y 
experiencia nacional e internacional. 

En la línea ideológica de la Ley de Seguridad Ciudadana y radicalizando su tendencia 
autoritaria y reacia al garantismo se promulga en 2008 la Ley de Procedimiento Policial, 
una de las peores leyes que el país haya producido en democracia, un auténtico Frankens- 
tein. “Ni a nosotros, ni creemos que a nadie, se le escapa que las instituciones que cumplen 
tareas específicas, enmarcadas constitucional, legal y reglamentariamente para cumplir roles y 
funciones importantes en el funcionamiento de la sociedad, como es el caso de la policía, deben 
disfrutar de cierta discrecionalidad técnica, que deben poseer por experiencia, preparación, ha¬ 
bilidades, capacidades, conocimientos y cierta dureza actitudinal muchas veces necesaria para 
su actuación. De modo que la existencia de una normativa orientadora de una institución 
importante y con delicados contactos con la población y sus bienes quizá sea una necesidad. 

218 Pero, en el caso de la normativa innecesariamente elevada al rango de ley, -18.315, 2008- la 
discrecionalidad técnica requerida casi se convierte en arbitrariedad incontrolada porque no 
provee de garantías externas para el control del cumplimiento de los criterios pregonados en la 
normativa, ni el eventual castigo de los implicados en su transgresión, omisión, error o abuso 
en el curso de la acción concreta. De tal modo, en la búsqueda de seguridad, la población po¬ 
dría quedar más insegura e indefensa frente a esa discrecionalidad cuando fuera excesiva, sin 
mecanismos claros de individualización e imputación de lo anterior, y con discrecionalidad 
autosuficiente y autorreferida, sin controles externos adecuados a la misma. Y no es solo porque 
sea la policía, cuyo accionar toca sensibilidades sociales muy delicadas. 

Cualquierfunción pública con poder y autoridad debe poder ser controlada externamente 
por otros. Hasta los Poderes del Estado se controlan entre sí mediante mecanismos más o menos 
claros, conceptual y procesalmente, si no, como en el caso de la presente ley, se arriesga un descae¬ 
cimiento del Estado de Derecho, mediante un mero manual de intenciones y jerarquía de va¬ 
lores sin contralor efectivo. La solución va por el lado del garantismo con discrecionalidad téc¬ 
nica y controles externos, pero con sentido común popular, administrativo y judicial para saber 
cuándo tolerar y comprender situaciones en que no se pueden calibrar ideales en defensa propia 
y de terceros mientras se encarna la protección social y los roles, funciones y deberes constitucio- 



nales. Se le suma, a esos déficit, su conflictividad sustantiva con la Constitución, Códigos más 
específicos y normas dejerarquía superior en diversos temas. Añadamos exposiciones de motivos 
absolutamente reñidos con los contenidos sustantivos de la ley. La ley secundariza al Poder 
Judicial y a las partes procesales frente a la policía en el crucial comienzo del proceso penal, 
ejecutivizando, desjudicializando y policializando tal proceso en conflicto con la normativa 
constitucional, otros códigos como el cpp y la normativa internacional vigente en el Uruguay. 
Secundarizando más aún al PoderJudicial en el equilibrio de poderes, aunque sí recargándolo 
a través de lajudicialización de la política. La normativa supone un cambio por medio del cual 
un gobierno de izquierda adopta normativas, racionalidades y actitudes, no solo contrarias a 
las criminologías que históricamente defendió, sino acordes a las políticas criminales de los 
países que menos éxito y mayores costos han cosechado con ellas. Paradójicamente, en desmedro 
de las experiencias de los países más exitosos; y con políticas criminales y doctrinas criminoló¬ 
gicas mucho mejor alineadas ideológicamente con la auto y hétero ubicación del gobierno en el 
espectro político-ideológico. Razones político-electorales explican pero no alcanzan a justificar 
normativas que, como ésta, nos acercan a la más peligrosa teoría criminológica: la Teoría Penal 
del Enemigo, del alemán Gunther Jakobs, fundamentadora de las leyes antiterroristas y de su 
extensión a otros asuntos....” 10 . 

La Ley de Faltas (19.120, 2013) implica un endurecimiento del control del cotidiano 
público, mediante la reinstauración de las faltas que habían sido eliminadas de la codifica¬ 
ción y proceso penales. Se agregan faltas al Libro III, Título I del Código Penal, en especial 
al Capítulo VI relativo a los espacios públicos. Como veremos luego, la invención de nue¬ 
vas faltas y el especial énfasis en los actos y cuidado determinados por los espacios públicos 
tiene un claro pedigrí, como muchas otras normas y acciones del gobierno progresista, en 
las más conservadoras, derechistas y radicales teorías criminológicas acuñadas durante y 
luego de los gobiernos de Ronald Reagan en los Estados Unidos y Margaret E3 atcher en 
Inglaterra (casi podría calificarlas como ‘chetas’, pitucas, groseramente clasistas). Es impor¬ 
tante recordar que el Ministerio del Interior, en el curso de su impulso al endurecimiento 
de las sanciones a la inconducta pública y al uso por parte de personas circunstancial o per¬ 
manentemente sin hogar de plazas, parques y espacios públicos, ejemplarmente conserva¬ 
dor y cruel, sometió la iniciativa a la consulta de 5 facultades de Udelar (Ciencias Sociales, 
Derecho, Humanidades y Ciencias de la Educación, Arquitectura, Medicina) obteniendo 
unánime rechazo de la iniciativa por parte de los delegados de las distintas facultades, que 
ni siquiera lo consultaron entre ellas, en sólida prueba de la inhumanidad campeante, al 
menos en el Ministerio del Interior progresista. Rechazado el proyecto aislado, se impone 
introduciéndolo como parte de la Ley de Faltas. Varias teorías criminológicas y prácticas 
policiales norteamericanas y británicas son copiadas por el Uruguay actual, en clara mues¬ 
tra de que se siguen copiando los modelos de doctrina y práctica menos exitosos, costosos 
y más injustos del mundo, y siguen ignorándose experiencias exitosas puntuales europeas 
y más orgánicas de las sociedades nórdicas. He aquí una somera lista de teorías criminoló- 

10 Yide supra 6. 


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SEGURIDAD DEMOCRÁTICA Y DERECHOS HUMANOS 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


gicas y prácticas policiales importadas por el Uruguay: las prácticas del gobernador Ralph 
Giuliani y del jefe de policía Anthony Bratton, ambos neoyorquinos, de ‘tolerancia cero’ al 
desorden y a la transgresión, adoptadas hoy por la práctica policial -al menos montevidea- 
na- en plazas, parques y espacios públicos. La teoría de Di Iulio sobre la responsabilización 
a la patria potestad por las consecuencias del descaecimiento de valores. La atención de 
James Wilson a la alta cifra negra del delito, a la ineficacia preventiva y a la insuficiente 
penalización para favorecer prácticas represivas mayores. La postulación de la conveniencia 
económica de disuadir frente a rehabilitar (Van der Haag). El insumo teórico y empírico 
para la teoría policial de que se pueden combatir la infraccionalidad, la criminalidad y la in¬ 
seguridad simplemente prendiendo a todos los actualmente conocidos como delincuentes, 
simplismo que supone que prendiendo a los actualmente activos criminalmente no conti¬ 
nuarán las causas que podrían y deberían re-producir infractores y delincuentes (Wólfgang, 
Sellin, Herrenstein). 

Una nueva advertencia sobre la insuficiencia de la prevención (Von Hirsch, Zimrin- 
Hawkins, Morris-Hawkins). La teoría de las ventanas rotas, fundamento de las tolerancias 
cero, que sostiene que es mejor detener más que menos, por ser los falsos positivos menos 
peligrosos para la sociedad que los falsos negativos, y porque dicen que impedir el micro 
daño o lesión, o el incipiente en niñez o adolescencia, impide la factibilidad de los macro 
futuros (Wilson-Kelling, Kelling-Cohen). Se llega al extremo de propugnar una incapa¬ 
citación selectiva y la aplicación de penas más duras a aquéllos que tengan características 
predictoras de delito e infraccionalidad (antecedentes y predictores maximizarían penas, 
sanción de “delitos de peligro ”, penalización de responsabilidad objetiva por riesgos estadísti¬ 
camente probables). Añadamos la teoría penal del enemigo de Jakobs y las campañas de ley 
220 y orden inglesas propuestas por Ralph Dahrendorf al implementar la tercera vía de Blair, el 
“realismo criminológico de izquierda”y una lectura de sesgo derechista del “rational choicé” 
para tener el espectro casi completo de las teorías y prácticas originadas por los gobiernos 
neoliberales muy lógica y sádicamente preocupados por la contención de los perjudicados 
por el debilitamiento de las políticas sociales en los Estados de bienestar y sociales en crisis. 
Con ello se fundan, en buena parte en sustitución de Estados sociales o de bienestar, los es¬ 
tados policial-penales 11 a los que terminará afiliándose, paradojalmente, nuestro gobierno 
de izquierda, progresista y socialdemócrata, si mantiene la legislación predominante y las 
prácticas policiales que ha llevado a cabo hasta hoy, en especial desde que los ministros del 
interior dejaron de ser José Díaz, el más ortodoxo de izquierda, y Daisy Tourné; el actual de 
Eduardo Bonomi, que repite en la segunda administración Vázquez lo que empezó a hacer 
en al administración Mujica, es el más representativo de la temible tendencia legislativa y 
ejecutiva hegemónica y dominante en los gobiernos frenteamplistas. 


11 Bourdieu, Pierr c. De l'État social a l’Étatpénal. Actes de la recherche en Sciences sociales. No. 124. Éditions 
du Seuil. París. France. 1998. 



La casi pronta Ley de Tolerancia Cero a la presencia de alcohol en la sangre de los 
conductores de vehículos es una nueva manifestación de la misma actitud ideológica fun- 
damentalista. La aparente racionalidad de la ley se cae si se observan nada más que dos 
enormes críticas a ese fundamentalismo recaudador (la más discernible racionalidad de la 
medida). Uno. La lucha contra los accidentes de tránsito tiene dos sustentos: a) la lucha 
contra la siniestralidad, la accidentalidad, que focaliza la producción de los accidentes que 
luego provocarán daños, lesiones y muertes; b) la lucha contra las consecuencias de los 
siniestros o accidentes. La primera es mucho más importante que la segunda porque es una 
causa más general y previa a la segunda; cualquier preocupación por la reducción de los 
daños, las lesiones y las muertes es muy poco útil si no se trabaja fundamentalmente en la 
reducción de los accidentes, sin la cual la reducción de sus consecuencias sería, de nuevo, 
como preocuparse por baldear el exceso de agua (daños, lesiones, muertes) sin preocuparse 
de cerrar la canilla (accidentes); los daños, lesiones y muertes, aún disminuyendo los daños, 
lesiones y muertes producido por cada accidente (frecuencias relativas) seguirán aumentan¬ 
do en cantidades absolutas si no reduce la accidentalidad. Entonces, políticas que focalizan 
la reducción de las frecuencias relativas de las consecuencias de los accidentes sin focalizar 
antes la reducción de la cantidad de accidentes, no conseguirán disminuir daños, lesiones y 
muertes. En el Uruguay y en el mundo no se prioriza la lucha contra la accidentalidad y sus 
causas profundas: aumento del parque vehicular; aumento de la variedad interactiva de los 
tipos de vehículos en las vías de circulación (i.e. motos y autos); aumento de la velocidad 
de los vehículos; aumento mayor de la aceleración: aumento mayor de la velocidad y la 
aceleración que de la inercia de masa de la desaceleración y el frenaje; aumento de la velo¬ 
cidad permitida en vías seleccionadas de circulación; insuficiente construcción de puentes 
de cruce peatonal de vías rápidas y de múltiples vías; insuficiente distancia de los carteles 
señalizadores de frenos, desvíos, etc. Respecto de la velocidad creciente de los vehículos; 
frecuente carácter distractivo de la señalización, si no son francamente obstáculos; en las 
ciudades, los árboles del ornato público y los vehículos mal estacionados impiden ver las 
señalizaciones, tantas veces deterioradas o carentes de reactividad nocturna; alto estatus 
cultural de la velocidad, la aceleración, el desafío a los riesgos, como formas secundarias 
del prestigio hedonista y consumista dominante; imposibilidad de multar a todos los que 
exceden velocidad si son casi todos, como es el caso del recorrido Montevideo-balnearios 
del Este, por ejemplo. Si todos esos factores del incremento de la accidentalidad, cintos, 
cascos, kits de emergencia, móviles cercanos y helicópteros panópticos no podrán reducir 
daños, lesiones y muertes, aunque las reduzcan para cada accidente, porque el aumento de 
los accidentes excederá el descenso de las consecuencias peores de cada uno de ellos. Pue¬ 
den los lectores tener la más absoluta seguridad de las cifras de daños, lesiones y muertes 
seguirá aumentando mientras se focalice solo la reducción relativa de los mismos y no su 
reducción relativa por la vía de la reducción de la causas de la accidentalidad. Podrán enar¬ 
bolarse retóricamente cifras que muestren la reducción relativa de daños, lesiones y muertes 
por accidente, pero nunca podrán así disminuir la siniestralidad ni el monto absoluto de 
daños, lesiones y muertes. 


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SEGURIDAD DEMOCRÁTICA Y DERECHOS HUMANOS 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


Dos. La irracionalidad más directa es en la bajísima incidencia o culpabilidad probada 
por los positivos de alcohol, peor aún en el caso de la utilidad posible que pudiera tener la 
reducción de la tolerancia de 0.3 gramos por litro de sangre a cero. En primer lugar, muchos 
países con tolerancia mayor, no solo a cero sino a 0.3 muestran menor accidentalidad y 
consecuencias indeseables que el Uruguay, que reduce la tolerancia sin que haya consenso 
mundial en que esa reducción redunda, por sí sola, en reducción de accidentalidad, daños, 
lesiones y muertes. En segundo lugar, cuando, en el Uruguay, se ha hecho espirometrías 
a los involucrados en accidentes de tránsito, el 93.4% dio negativo, lo que muestra que la 
presencia de alcohol en sangre es un factor muy poco significativamente incidente en la 
accidentalidad y sus consecuencias. Además, del 5.8% de los accidentados que dio positivo 
en las espirometrías, solo el 0.9% marcó menos de 0.3. 

En suma, en el mejor de los casos la molestísima, eventualmente carísima consecuencia 
de manejar habiendo tomado un vaso de vino, de cerveza o whisky, no reduciría más que un 
5% de la accidentalidad o de sus consecuencias; y para eso se obliga a la población a hacer 
complicadísimos arreglos para que maneje algún santo o santa abstemios; o arriesgar mul¬ 
tas, incautación de libretas de conducir, etc. En tercer lugar, las cifras de 5.8% de positivos 
involucrados en accidentes con más de 0.3% y de 0.9% de involucrados con menos de 0.3 ni 
siquiera muestra la responsabilidad o culpa de los que bebieron tan poco en los accidentes o 
la gravedad de sus consecuencias; porque el solo hecho de tener alcohol en sangre no vuelva 
a la persona responsable o culpable del accidente y de sus consecuencias; estos tenores de 
alcohol pueden ser perfectamente irrelevantes para la producción de los accidentes y de sus 
consecuencias, que habría que probar. Conservadoramente, podríamos decir que sólo el 
3% de los que registran más de 0.3 tendría incidencia responsable o culpable, y solo el 0.5% 
222 de los que registran entre 0.3 y 0 serían peligrosos. Si sólo uno de cada 30 que tomaron 0.3 
o más pueden preverse como culpables de accidentes y consecuencias; si solo uno de cada 
200 conductores que tomaron menos de 0.3 inquiría en ello, ¿para qué tanta bulla con las 
tolerancias ? Llágase una encuesta entre conductores y se verá que casi ninguno cree que la 
tolerancia cero consiga nada, ni tampoco tests bajos. Solo los que no conducen o descono¬ 
cen las causas de la accidentalidad pueden creer en su utilidad; pero son funcionales a la 
recaudación gubernamental y a la mistificación ante la población desinformada de que sus 
autores son heroicos supermanes protectores. 

Veamos someramente la racionalidad perversa de esas medidas de tolerancia baja o 
cero. Uno. Todas las medidas que se deberían tomar para reducir la accidentalidad son 
muy caras para Estados y gobiernos; en cambio, todas las medidas de disminución de las 
consecuencias de la accidentalidad recaen en los conductores y redundan en multas que 
son recaudación para los gobiernos e ingresos extrapresupuestales para los inspectores de 
las disposiciones. Dos. Las relativamente inocuas medidas contra las consecuencias de la 
accidentalidad no chocan intereses industriales ni comerciales de las industrias de vehí¬ 
culos, combustibles, emergencias sanitarias y seguros; las que atacaran la accidentalidad sí 
lo harían. Y ni qué hablar del enfrentamiento a gustos, placeres, y símbolos de estatus que 



supondrían una guerra real contra las consecuencias, que es la de enfrentar las causas de la 
accidentalidad. Como en el caso de las medidas que se toman contra la inseguridad, la cri¬ 
minalidad y la infraccionalidad, se baldea sin cerrar la canilla, se focalizan las consecuencias 
y no las causas. Y eso no solo es técnicamente equivocado sino hasta moralmente criticable, 
sin contar lo que significa ideológicamente. 

En cambio, tanto la ley de Humanización Carcelaria, en línea con las criminologías 
de izquierda y la perspectiva ideológica de las izquierdas históricas en el mundo y en el 
Uruguay, como las leyes de salud sexual y reproductiva, de matrimonio igualitario y de re¬ 
glamentación estatal del ciclo del cannabis están en línea con un insumo joven y liberal en 
las izquierdas, insumo que esta población -hoy gobernante- ha adoptado probablemente 
porque sufrieron vulneraciones a libertades, garantías y derechos durante sus infancias y 
adolescencias, especialmente en los rubros en los que legislaron (género, drogas, sexualidad, 
orientación sexual), lo que los lleva, ahora adultos empoderados, a intentar que otros no 
sufran en el futuro lo que ellos sufrieron por malas razones, causas y motivos en el pasado. 

Hay, por lo tanto, en la legislación que sigue durante 20 años a la Ley de Seguridad 
Ciudadana, una dicotomía de polos de discurso y creencias, especialmente a partir del 2005 
cuando el Frente Amplio tomó el gobierno y las mayorías legislativas: por un lado, un en¬ 
durecimiento de las leyes y prácticas relativas a la criminalidad y a la infraccionalidad como 
causas de inseguridad que contradice toda la ideología de izquierda y las criminologías do¬ 
minantes en el siglo ffl, pero concuerda con los modus operandi de las policías y se alinea 
con las criminologías producidas en el marco de la represividad de los gobiernos que deben 
enfrentar las consecuencias de las redistribuciones negativas de transferencias de gobierno 
típicas del momento neoliberal en las políticas públicas. 

Un documento tan curioso como significativo para apreciar cómo esa dicotomía 
básica puede intentar superarse o sintetizarse en una esquizoidía política lo constituye el 
Documento que el Gabinete de Seguridad remitió al Parlamento en junio de 2012. Docu¬ 
mento de 20 páginas, incluyendo un análisis de buen nivel sociológico, que concluye en 15 
medidas sugeridas para el mutuo potenciamiento de la convivencia y la seguridad. Las de 
convivencia radican en el mejoramiento de facilidades para reunión, deportes y actividades 
culturales en áreas de alta conKIictividad, transgresión y vulnerabilidad socioeconómica y la 
elogiable iniciativa de la creación centros de mediación barrial y educativos, con formación 
de mediadores jóvenes en la educación media. En cuanto a la seguridad, luego de concordar 
en diagnóstico inesperadamente concluyente con la alucinación magnificada y dramatizada 
dominante, hay algo así como 3 rubros principales: a) El aumento de penas: a la corrupción 
policial y al tráfico de pasta base, que dice sin decir que los dos fenómenos están íntima¬ 
mente conectados, tal como la población toda lo sabe; a los niños y adolescentes, al narco- 
menudeo, al tránsito, focalización de faltas que afecten la seguridad (hay muchas que no la 
afectan para nada y son parte de la creencia en la teoría autoritaria de las “ventanas rotas”) y 
reinstalación de Juzgados de Faltas, todo en línea con el endurecimiento ya visto; b) insta- 


223 


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DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


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lación de sistemas de información: de violencia doméstica, para la mejor gestión policial; c) 
reparación de víctimas del delito, mejor atención a consumidores problemáticos de drogas 
y a sus entornos, educación vial, regulación estatal de la marihuana. 

El documento, complejo e interesante, configura un intento de poner juntas reivin¬ 
dicaciones y sugerencias de muy distinto pedigrí ideológico, sostenidas, en principio, por 
grupos opuestos a nivel de la población y de los poderes del Estado, que se intenta reunir 
en un solo documento y un solo conjunto de medidas, quizás sabiendo que muchas de las 
disposiciones sugeridas serían aceptadas por unos y rechazadas por otros; y viceversa. La 
esquizoidía ya vista de la legislación aprobada en los últimos 10 años ha sido el modo, insu¬ 
ficiente, de contemplar la dicotomía ideológica presente en la población, el sistema político 
y la coalición gobernante. ¿Será posible consensuar políticas que incluyen una diversidad 
ideológica tan enorme? En este caso las medidas en su conjunto no fueron consensuadas, 
pero varias de ellas fueron implementadas, soportadas alternativamente por la dicotomía; 
algunos legisladores fueron la bisagra cambiante que pudo consolidar esa esquizoidía legis¬ 
lativa que fue, al menos, un modo de preservar la unidad política, dándole a cada polo la 
posibilidad de impulsar sus intereses alternativamente. El resultado es curioso y perverso, 
pagando la sociedad el precio que la preservación de la unidad interna de la coalición pa¬ 
reció requerir. 

Las prácticas policiales han seguido mucho más el polo represor, conservador, de cen¬ 
tro-derecha, de las criminologías neoliberales y de la simplista y poco sofisticada teoría po¬ 
licial sobre la delincuencia, sus causas y su relación con la institución. Si bien es cierto que 
ni la Policía ni el Ministerio del Interior son responsables, en el organigrama del Estado y 
gobiernos, de atacar las causas, sino fundamentalmente los efectos de la delincuencia, parte 
del accionar preventivo, de vigilancia y disuasión debería tener en cuenta una causalidad a 
la que no deben contribuir y a la que contribuyen indirectamente generando resentimiento 
contra la institución por los enormes defectos y vicios de su intervención en la cotidianei- 
dad ciudadana. También debemos tener en cuenta, no para disculpar la posición sino para 
entenderla mínimamente, que cuando la izquierda era oposición, criticar la falta de ataque 
a las causas de la delincuencia implicaba una crítica a la organización general de la sociedad 
y a la gestión gubernamental de las causas de la delincuencia y en consecuencia de la inse¬ 
guridad. En cambio, cuando se es gobierno, focalizar las causas y su permanencia es, ahora, 
autocriticarse por la presencia de desigualdad, injusticia, inequidad, todas cosas que, de 
mencionarse, podrían ser autoacusaciones de falta de políticas sociales y de redistribución 
que alimentan criminalidad, infraccionalidad y más aspectos parciales de la inseguridad. 
Por lo tanto, prefieren, para no autoacusarse de no actuar sobre las causas como gobierno 
del modo como lo reclamaban como oposición, culpar a las víctimas de la desigualdad es¬ 
tructural injusta y a su supuesta creciente malignidad por su contribución a la inseguridad 
(decadencia de valores, falta de códigos, ajustes de cuentas, drogas, falta de autoridad de la 
patria potestad). Con lo cual contradicen su propia historia doctrinaria al respecto. Las víc¬ 
timas de la explotación, el espíritu de lucro, la plusvalía, la acumulación, los imperialismos, 



las transnacionales, son mucho más perseguidos que sus victimarios estructurales. Toda la 
burguesía es impunemente elogiada como santos trabajadores dedicados a sus familias y al 
bien común mientras que de sus víctimas siempre se ignora todo el historial de humillación 
y explotación que los llevó a la delincuencia, sin por ello creer nosotros que son santos ni 
esperable que lo fueran. Y la izquierda tolera eso, y desde el accionar y discurso del Minis¬ 
terio del Interior no se hace mucho por revertir esas equivocadas imágenes socialmente 
impuestas más que nada mediáticamente, contribuyendo con eso a la consolidación de es¬ 
tereotipos construidos cuando otras hegemonías políticas dominaban. 


Causas de la cooptación de la izquierda por el centro-derecha y la racionalidad policial 

Pueden enunciarse varias causas hipotetizables como contribuyentes a explicar por 
qué las políticas de seguridad de los gobiernos de izquierda difieren tan poco de las polí¬ 
ticas de gobiernos de centro o centro-derecha; porque la Ley de Procedimiento Policial 
es mucho más de derecha, conservadora, y de centro-derecha que la de Seguridad Ciuda¬ 
dana. Y los mínimos y las penas para adultos y para menores que están en vigencia hoy, y 
el exceso de procesados per cápita -de los mayores del mundo- durante el comienzo del 
tercer gobierno frenteamplista, son mucho mayores y duras que las vigentes durante los 
gobiernos democráticos post-dictadura de los partidos tradicionales; los procedimientos 
policiales cada vez distan más de ser los esperables para un gobierno de izquierda; el Minis¬ 
tro del Interior debe esforzarse para diferenciar las intervenciones policiales actuales con 
las peores intervenciones durante gobiernos democráticos de los partidos tradicionales (i.e. 
distinguir la intervención en el Hospital Filtro del gobierno de Lacalle con la intervención 
en el Codicen de 2015). 

¿Por qué pasa esto? Mencionemos explicaciones de sentido común a las que no adhe¬ 
rimos plenamente pero que deben mencionarse porque circulan públicamente y hasta en 
intercambios académicos informales y de izquierdistas desencantados y furiosos. 

Uno. El poder corrompe y endulza. Cuando se pasa para el otro lado del mostrador, 
cuando se tienen poder, ingresos, privilegios y servidumbres, el mimetismo con los privile¬ 
giados macrosociales aparecen, sumados al ‘gustito por choferes, servidores y alcahuetes. 

Dos. Son sufrientes del síndrome de Estocolmo, se enamoraron e hicieron transferen¬ 
cia con sus captores, guardianes, matadores y torturadores. Por algo están ahora encarama¬ 
dos en los Ministerios del Interior y de Defensa, y muy compinches con sus subordinados 
en sus razonamientos e intervenciones en el discurso y en la realidad cotidianas. 

Tres. Por la plata baila el mono. Deben haber sido untados por los poderosos locales, 
las multinacionales y los intereses geopolíticos neo imperiales como fueron untados los an¬ 
teriores por los anteriores poderosos. 


225 


SEGURIDAD DEMOCRÁTICA Y DERECHOS HUMANOS 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


Vayamos a causas más sutiles y basadas en análisis y teoría psico-sociopolítica. 

Uno. Están sobredeterminados por los intereses geopolíticos neoimperiales, como lo 
estuvieron los anteriores por el Plan Cóndor como rama latinoamericana de la Guerra Fría 
durante la vigencia de la doctrina de la seguridad nacional, para la cual la seguridad norte¬ 
americana se jugaba en todo tiempo y lugar y asequible al poder y dinero suyo. Del mismo 
modo, cuando los militares se desprestigiaron a raíz de las filtraciones sobre las responsa¬ 
bilidades últimas de los militares y de Estados Unidos en ellas, la doctrina de la seguridad 
nacional se vio sustituida por la de la intervención a partir de la magnificación y dramati- 
zación de convictos de baja intensidad, mucho menores que el comunismo, las guerrillas, 
la sedición y la subversión, pero que habilitaban a la intervención por medio de las poli¬ 
cías y guardias nacionales. Sida, infraccionalidad de menores, delincuencia adulta, drogas, 
son excusas para intervenir, fichar; época de razzias como excusa de intervención imperial. 
Ahora, después del 11/09/2001, vuelve la doctrina de seguridad nacional disfrazada de 
cruzada antiterrorista, unida ahora al fantasma de las drogas bajo la forma del narcoterro- 
rismo. Otra vez los militares son pieza clave; pero en países como el Uruguay, los convictos 
de baja intensidad siguen siendo las mejores coartadas y las policías potenciadas el mejor 
instrumento: hay que darles recursos, equipamiento y discrecionalidad legal; la izquierda lo 
ha hecho admirablemente; aceitados o no, los gobiernos nacionales siempre han terminado 
haciendo lo que fuera funcional a los imperios: golpes de Estado militares, anticomunistas 
y antiguerrillas durante la seguridad nacional; razzias policiales respecto de convictos de 
baja intensidad en la época de los convictos de baja intensidad; énfasis en la seguridad, 
la facilitación de las inversiones transnacionales y combate a los activistas ambientalistas 
porque la geopolítica de los accesos a recursos escasos lo necesita en esta nueva época de 
226 narcoterrorismo y búsqueda de accesos a recursos naturales prospectivamente escasos. La 
seguridad es ubicua y en los planes consolidados de las 16 agencias de seguridad norteame¬ 
ricanas ocupa un lugar especial la represión precoz de pequeños grupos subversivos que 
agitan banderas peligrosas para los mundialmente extendidos intereses de la neo-doctrina 
de la seguridad nacional en alerta frente al terrorismo, al narcoterrorismo y a la defensa de 
los recursos naturales locales o nacionales 12 . 

Dos. En línea con esos intereses geopolíticos neoimperiales, los temas que llamamos 
antes “convictos de baja intensidad” frente a la alta intensidad del comunismo y guerrillas, 
o sea sida, drogas, delincuencia, infraccionalidad, son instrumentos de re-legitimación de 
Estados y gobiernos en momentos de crisis de los Estados de bienestar y sociales erosiona¬ 
dos por la moda neoliberal. Pongamos una muestra banal pero gráfica de esto. Si los go¬ 
biernos tuvieran que enfrentar, por ejemplo en salud pública, demandas por los principales 
problemas reales que resultarían de un ránking de las causas de morbilidad y mortalidad, 
no podrían ofrecer satisfactores adecuados y legitimadores en el curso de un solo período 

12 Bayce, Rafael. Los trasfondos del imaginario sobre drogas’: valores culturales, geopolítica, intereses corporativos 
y hechos mediáticos. En. AAW, Aporte universitario al debate nacional sobre drogas. Colección Are. 2. Udelar- 
Csic. Montevideo. Uruguay. 2012. 



de gobierno. Les conviene entonces que se agite como alarmante algún pequeño proble¬ 
ma, que pueda ser atacado con un mínimo de éxito aparente, y que legitime a partir de 
una adecuada colección de ceños fruncidos, cejijuntas observaciones y barbas mecidas. El 
dengue, por ejemplo, es una buena herramienta, desde que no hay ni una víctima de él, ni 
tampoco son localizables ejemplares de ese feroz insecto cuyas fotos aumentadas generan 
absurdo terror en la gente. El éxito está al alcance de la mano; solo hay que tomar algunas 
medidas con recipientes y poco más, y, como no hay mosquitos ni infectados de dengue, la 
mantención del cero en el arco propio se producirá sin mayores gastos ni sobresaltos; y se 
recibirán para ello suculentos fondos internacionales destinados a los países que sí tienen 
mosquitos Aedes Aegypti, que sí tienen pacientes con dengue; es bueno entonces, fingir 
que es un peligro inminente para poder recibir esos fondos destinados a países realmen¬ 
te con dengue y riesgos epidémicos. La 100% segura lucha contra el dengue legitima, lo 
que no ocurriría del mismo modo si la gente pidiera y se publicitaran las necesidades de 
mejores combates al cáncer, a las dolencias cardíacas, a las respiratorias, a la de riñón, a las 
perinatales, a la diabetes, a los suicidios, a los accidentes de tránsito (a la accidentalidad, más 
que a sus consecuencias), a las crecientes dolencias psíquicas producto de la locura urbana, 
consumista y hedonista. 

El consumo problemático de drogas y el dengue acaparan los terrores, pero los reales 
son otros y los gobiernos se legitiman si se ocupan con mayor facilidad de falsas prioridades 
y se deslegitiman si aceptan focalizar los verdaderamente importantes. Téngase en cuenta 
que una buena receta maquiavélica para la tranquilidad gubernamental es impedir la sa¬ 
turación de demandas; para ello nada mejor que sugerir y mercadear las demandas que se 
desea que se hagan, como modo de evitar tanto la saturación incontroladas de demandas 
como la demanda de las más difíciles de satisfacer, o de las que no produzcan legitimidad 
con lucro político-electoral. La magnificación y dramatización de la inseguridad es fun¬ 
cional, tanto a la legitimación intranacional de estados y gobiernos, como a la geopolítica 
neoimperial, estén o no conectados entre sí los macro beneficiarios 13 & 14 . 

Tres. La afiliación de muchas leyes y procedimientos policiales a las teorías criminoló¬ 
gicas (vistas más arriba) y lógicas corporativas de definición de los problemas y acciones, se 
impone con facilidad en la prensa, la opinión pública y en buena parte del espectro políti¬ 
co porque son reiteradas hasta el cansancio, con la redundancia y la reiteración necesarias 
como para que puedan llegar a convertir cualquier falsedad en verdad creída, como recetó 
Gustave Le Bon, aplicaron Mussolini y Goebbels, y modernamente la publicidad comercial 
y política. Pero la primacía de las simplonas teorías criminológicas policiales en la legisla¬ 
ción y ejecución en materia de seguridad y afines pesa especialmente porque los Ministros 
del Interior son, generalmente, más personas de confianza de las cúpulas presidenciales que 

13 Bayce, Rafael. Legitimidad y crisis política. Microformasperversas de macrolegitimidad. En: Revista Urugua¬ 
ya de Ciencias Sociales. CLAEH. 2a. Serie. Año 22. No. 2-3. Montevideo. Uruguay. 1997. 

14 Bayce, Rafael . Microformas perversas de construcción de macrolegitimidad sociopolítica. Tesis de Doctorado 
en Ciencia Política. Iuperj. Río de Janeiro. Brasil. 1997. 


227 


SEGURIDAD DEMOCRÁTICA Y DERECHOS HUMANOS 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


especialistas en criminalidad y seguridad. Cuando asumen, se ven urgidos de actuar y opi¬ 
nar en tal catarata de eventos de relevancia pública y política que deben dejar en manos 
de la rutina policial la mayor parte de ellos. Entonces, por falta de preparación específica, 
los subordinados empiezan mandando a sus superordinados, de modo que el organigrama 
jerárquico y funcional se subvierte, y tanto la acción concreta como su planificación y legi¬ 
timación discursiva quedan en manos de la Policía. No sería nada si la policía tuviera pre¬ 
paración criminológica (la tiene en criminalística) como para planificar un ataque eficaz, 
eficiente y fundado a la delincuencia. Pero no es así; mi experiencia como profesor de crimi¬ 
nología del MMXM, posgrado policial para pasajes de grado jerárquicos, me hizo saber que no 
saben teoría criminológica, y que tampoco tiene el bagaje cultural mínimo para aprender 
las que son sofisticadas y realmente explicativas. Para peor, desde que hasta hace poco esta¬ 
ban muy mal pagos, solo apostaban a la profesión u oficio personas sin mejores horizontes 
y criados en una ética lumpen que luego se nota en su comportamiento en procedimientos 
e intervenciones. El Ministro del Interior tiene que ser auténticamente superordinado y 
responsable de la planificación suprapolicial, como reza en el organigrama del Estado y del 
propio Ministerio, pero para ello deben estar técnica y administrativamente preparados 
para la delicada función, y no solo gozar de la confianza presidencial. 

Resultado: los superordinados teóricamente en el organigrama del Estado son su¬ 
bordinados por sus subordinados teóricos, que los superordinan. Y los policías deben ser 
más instruidos para que puedan manejar teorías criminológicas ni simples ni obvias que 
los hagan actuar con mayor eficacia y equidad. La policía no está preparada para inter¬ 
pretar en público la realidad del orden y la seguridad ni para planificar en profundidad 
una política penal o criminal. Están capacitados para ejecutar operativos de prevención, 
228 vigilancia, disuasión y represión básicamente como auxiliares de la justicia. Y aun mejor 
pagos, aunque hayan mejorado, para que puedan reclutarse desde otros backgrounds y 
puedan desmentir la afirmación marxista de que son lumpenproletarios usados por la 
burguesía naciente para contener y reprimir a campesinos y proletarios (al respecto ver El 
18 Brumario de Luis Bonaparte, de 1848, por Karl Marx). Pero la prensa poco formada y 
la opinión pública -también poco preparada- les da crédito, sin hablar de los timoratos 
y oportunistas políticos. 15 

Cuatro. Claus C®e predice que ni los gobiernos de izquierda y progresistas resistirán 
la tentación de enfrentar la crisis del Estado social y de bienestar con represión. Porque la 
crisis fiscal de los Estados de bienestar y sus crisis de legitimidad, gobernabilidad y con¬ 
fianza los llevarán a ello, azuzados luego por la reducción de políticas sociales que opera el 
neoliberalismo, que levantará resistencias mayores aún en una cultura política de bienestar 
social. Además, oposiciones otrora elogiosas de los sindicatos y la resistencia popular, cuan¬ 
do actúan contra ellos como gobiernos, serán evaluados, o como ultras que obstaculizan la 


15 Marx, Karl (18 69). El 18 Brumario de Luis Bonaparte. En: Carlos Marx- Federico Engels. Obras escogidas 
en dos tomos. Tomo I. Ediciones en Lenguas Extranjeras. Moscú. URSS. 1972. 



marcha ortodoxa de los legitimados por el voto y/o el éxito concreto, o como saboteadores 
de la oposición de derecha o a sueldo de la derecha transnacional. Y entonces, mucho palo 
pa’ que aprendan 16 . 

Cinco. El miedo tiene varias consecuencias útiles para personas autoritarias o que ne¬ 
cesitan seguridad en la sumisión de la gente. El miedo, normalmente, aísla, genera agresi¬ 
vidad, e impide asociaciones por paranoia antisocial. Si se quiere fomentar la existencia 
de personas que se sientan impotentes frente a problemas dibujados como desmesurados 
e inatacables, esperando por ello en supermanes duros e implacables, los miedos a la in¬ 
seguridad y a la muerte o enfermedad serán muy instrumentales (paranoia de seguridad, 
hipocondría de la salud); los miedos hacen a la gente sentirse impotente y necesitada de 
redentores supermánicos. El miedo es la estrategia de dominación de fines del siglo EB y 
comienzos del E*BE3 Las inseguridades producen miedo, desconfianza en sí mismo y en las 
asociaciones con otros, confiándose entonces solo en supermanes y redentores espectacula¬ 
res. Los grandes poderes necesitan del miedo y desconfían de la autoconfianza y la solida¬ 
ridad creativa. Alguien con miedo abdica de sus derechos, garantías y libertades en aras de 
que el superman salvador pueda actuar a sus anchas para atacar a los monstruos fabricados 
para que la gente crea eso 17 . 

Seis. También puede recurrirse a la afirmación pionera de Karl Mannheim 18 a fines de 
los años 20 cuando, mostrando la progresiva des-radicalización de las utopías, arguía que 
todas las posiciones ideológicas y políticas se des-radicalizan cuando entran en el juego 
político institucional porque deben interactuar con otros, pactar e intercambiar favores 
para conseguir cosas, suavizar aristas para llegar a consensos, y contemplar incluso a los 
contrarios cuando se está en posiciones de poder, aunque éstas hayan sido conquistadas 
desde cierto mayor radicalismo y diferencia con ellas. También sabe un gobernante que 
representa a la minoría que está bajo su égida, aunque difieran grandemente. Claus C®e 
ampliará esto cuando narra cómo sufrió la izquierda radical al disciplinarse participando 
de la economía de mercado que aborrecía y de la democracia partidaria que también des¬ 
preciaba en puridad. 

Siete. Pero cuando los partidos de ideas, y más aún los de ideas radicales, descubren 
el indiscreto encanto de las masas democráticas, se enamoran de la soberanía popular, se 
olvidan de la falsa conciencia, de la alienación de las masas por los medios de comunicación 
comerciales y burgueses editorialmente, de que los códigos castigan más a las víctimas de 
la sociedad capitalista que a sus victimarios, y aspiran a la ebriedad del triunfo electoral 
adoptando la peregrina idea de que la soberanía popular implica servilismo a sus alienadas 
creencias, sabidamente mistificadas por la prensa y los mediadores de opinión. Por eso, 


16 Cffle, Claus (1983 ).A democracia partidaria e o Welfare State keynesiano:/atores de estabilidade e desorgani- 
zacao. Revista de Ciencias Sociais. Vol. 36. No. 1. Rio de Janeiro. Brasil, 1983. 

17 Allport, Gordon (1954). The nature ofprejudice. Addison-Wesley. New York, N.Y. US. 1958. 

18 Mannheim, Karl (1929 ). Ideology and Utopia. Harcourt, Brace & Co. New York. N.Y. US. 1936. 


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SEGURIDAD DEMOCRÁTICA Y DERECHOS HUMANOS 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


las medidas de seguridad y las leyes a su respecto se teme que se distancien de la sabiduría 
inefable del soberano, antes mayestático, ahora en alpargatas. Dado el grado de alienación, 
mistificación, conciencia falsa y violencia simbólica crecientemente presentes en la opinión 
pública y el sentido común, aspirar a mimetizar al pueblo y secundarizar el liderazgo es 
invertir totalmente los valores de la izquierda, que fue iluminista mientras fue oposición y 
se volvió populista, demagógica y carismática con la aceptación del mercado y del voto. Así 
le hacen el juego a las fuerzas que alienan, producen falsa conciencia y violencia simbólica. 
Trágica inversión dialéctica de los logros de las izquierdas gobernantes. 19 

Esperemos que no se hagan realidad las utopías negativas de tres filmes aterrorizado- 
ramente prospectivos: uno, Minority Report, de Steven Spielberg, que narra la historia de 
un escuadrón de policías dotados de pre-cogniciones capaces de identificar pre-criminales y 
pre-crímenes, y que están habilitados a neutralizar y hasta a eliminar físicamente a esos pre¬ 
criminales. Como vimos, algunas teorías criminológicas arriba vistas, autorizan la elimina¬ 
ción de los desviados y la aplicación de penas diversas por los mismos delitos si algunos son 
cometidos por gente que reúne características predictoras de criminalidad, un neo-lombro- 
sianismo sofisticado. También Dead Zone, de David Cronenberg, narra la historia de un 
héroe que, después de un accidente, adquiere dotes adivinatorias que lo llevan a matar a un 
político cuyo destino criminal ‘ve’ con claridad. El presidente preventivamente eliminado 
era uno que actuaría eliminando al presidente de un país árabe que cree usaría armas de 
destrucción masiva. S ejudge, filme con Sylvester Stallone, muestra a un juez montado en 
una moto de alta cilindrada y vestimenta negra y de cuero, lentes oscuros, gesto inmutable y 
cruel, que ejecuta sumariamente y sin proceso judicial alguno a los criminales en Sagrante o 
mera actitud sospechosa. ¿Serán los ídolos de nuestra policía y de los ministros del Interior 
230 frentistas ? Al menos desde la Ley de Seguridad Ciudadana vamos en ese camino, estricta¬ 
mente en el campo de la seguridad, porque en otros hemos hecho progresos, trasmisibles 
en parte a la materia penal. 


19 Bayce, Rafael. Hitos teóricos y empíricos para entender la ‘seguridad En: Paternain, R., Rico, A. Uruguay: 
Inseguridad, delito y Estado. Udelar-Csic. Trilce. Montevideo. Uruguay. 2012. 



No hablemos de tortura en democracia 


Leticia Pérez 1 


El 21 de agosto el juez Gustavo Iribarren dictó una sentencia sin precedentes en el 
Uruguay. Procesó con y sin prisión por el delito de tortura a 26 funcionarios del Sistema de 
Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa) 2 . Entre ellos se encuentra el dirigente sindical 
José Lorenzo López, presidente del Sindicato Unico de Trabajadores de Instituto del Niño 
y el Adolescente del Uruguay (Suinau), secretario general de la Confederación de Organi¬ 
zaciones de Funcionarios del Estado (Cofe) y exvicepresidente del P®LCE*fi La sentencia, 
sin duda un pequeño hito para las víctimas y para algunas organizaciones de derechos hu¬ 
manos que trabajan con niñas, niños y adolescentes, es una señal de que algo puede llegar 
a cambiar, pero es el diario del lunes con el que releer los relatos en negro sobre blanco y 
redistribuir responsabilidades. “Sin eximir de culpa a los culpables, existe una distinción entre 
culpables y responsables (...)” plantea Marcelo Viñar 3 tomando como eje “una idea central en 
elpensamiento de Hannah Arendt, quien propone pensar elproblema de la corresponsabilidad 
en la generación del espacio político ”. 

En ese sentido la sentencia interpela. ¿Por qué ocurre la tortura en centros de deten¬ 
ción de adolescentes ? ¿fl ué marco la posibilita y la habilita? 


El poder de esa imagen 

El video del Centro de Privación de Libertad (Ceprili) del Sirpa, que sirvió como 
prueba para la sentencia referida, logró en cuestión de días lo que no obtuvo durante años 
de denuncia por parte de la sociedad civil organizada, de instituciones de derechos huma¬ 
nos, nacionales e internacionales, de familiares, funcionarios y periodistas. Su impacto sirve 
para reflexionar sobre la crónica roja, porque las imágenes se reprodujeron en los medios 
igual que las del asesinato del trabajador de La Pasiva, por citar un ejemplo y salvando las 
distancias; ya que víctimas y ofensores se invierten. 


1 Periodista. 

2 Al cierre de la presente edición, se conocía la noticia sobre el traslado de 14 de los 16 funcionarios procesa¬ 
dos con prisión a su hogar, donde cumplirán prisión domiciliaria. Dicha resolución responde a un pedido que 
el Suinau hiciera a la Justicia, para otorgar como medida sustitutiva la prisión domiciliaria. Ver en http:/ /www. 
elobservador.com. uy/funcionarios-del-inau-procesados-torturas-el-hogar-ceprili-dejaron-la-carcel-y-pasaron- 
prision-domiciliaria-n689049 

3 Viñar, M,(1998) “La dictadura: una intrusión en la intimidad”. En: Historias de la vida privada en Uru¬ 
guay. Individuo y Soledades. 1920 - 1990. Montevideo, Taurus, pág 236. 


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DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


232 


Haya quienes dirán que hubo intencionalidad política en entregar el video a los me¬ 
dios de comunicación y que éste se difundiera en la víspera del primer paro general de 
trabajadores del gobierno de Tabaré Vázquez. De hecho el video da cuenta de un compor¬ 
tamiento ético reprobable en un dirigente sindical, tal como afirmó la ministra de Educa¬ 
ción y Cultura 4 5 . A la vez, acudir al archivo para ponderar las imágenes y sus consecuencias, 
introduce al análisis la diferencia entre intencionalidad y voluntad política. 

En 2013 se filtró a la prensa un video similar en su contenido violento que pareció no 
despertar la indignación ni generar las consecuencias que tuvo la imagen reciente. Aquel 
video, filmado con un celular por un exfuncionario, mostraba cómo Claudio Martínez pro¬ 
pinaba una paliza. Las autoridades de aquel entonces atinaron a cuestionar al denunciante 
por filmar en vez de detener la golpiza y por no denunciar inmediatamente. La reacción 
de las autoridades tras la filtración del video del Ceprilli fue bien distinta. Es que no era 
uno, eran 40, entre ellos Joselo López, que miraban impasibles cómo tres “brazos gordos” 
golpeaban en el piso a dos adolescentes que ya habían sido reducidos. El contexto político 
había cambiado. “ El doctor (Javier) Salsamendi me pidió que no presentara ninguna denun¬ 
cia, para evitar la prensa y el escándalo antes de las elecciones -después me dijo que en año 
electoral no se podían investigar estas cosas- (...)”\ relató la abogada Sandra Giménez en la 
Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados en julio de 2014. El “año 
electoral” había terminado. 


La crónica periodística 

Al revisar una serie de archivos de prensa se puede constatar cómo la violación sis¬ 
temática de los derechos humanos dentro de los centros de reclusión de adolescentes es 
denunciada desde hace muchos años y cómo quienes tienen responsabilidades políticas han 
relativizado las denuncias, desacreditando a sus promotores y censurando su visibilidad 
pública mientras se respondía a la crónica roja con modificaciones legislativas regresivas. 

Cuatro días antes de que Claudio Martínez, procesado con prisión en octubre de 
2014, asumiera la dirección del centro Ser de la Colonia Berro, la Comisión Delegada des¬ 
echó un pedido de la División Jurídica de Inau de separar del cargo al funcionario por 
encontrarlo responsable de un hecho de violencia contra un adolescente el 2 de febrero 
de 2012. El expediente había llegado a manos de Rubén Villaverde que, tras la renuncia 
de Ronaldo Arbesún, ocupaba en forma interina la gerencia del aún Sistema de Ejecución 
de Medidas a Menores Infractores (Semeji). 6 La Comisión Delegada del Sirpa inició una 
investigación administrativa. Un año después de los hechos, Jurídica volvió a pedir la se- 

4 Entrevista en Código País, Canal 12. 

5 Comisión de Derechos Humanos. Versión taquigráfica N° 2168 de 2014. En: http://www.parlamento. 
gub.uy/indexdb/Distribuidos/ListarDistribuido.asp ?URL=/distribuidos/contenido/camara/D20140702- 
0210-2168.htm&TIPO=CON 

6 Eliana Gilet (2/07/2015 ).La evidencia. Semanario Brecha. En: http://brecha.com.uy/la-evidencia/ 



paración del cargo del funcionario, afirma Gilet 7 , de manera preventiva y con retención 
del sueldo. Con fecha del 14 de junio de 2013 “el señor Rubén Villaverde hace constar que, 
leídas las actuaciones, no comparte las conclusiones a las que arribara el instructor sumariante. 
Expresa que en la medida en que el señor Martínez ya no se desempeña en el centro (había 
sido trasladado a otroj, dispone que se le instruya un sumario administrativo sin separación 
de cargo ni retención de haberes”. 

El 14 de mayo de 2013, el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura -que 
depende de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (HKIffl - 
§§)- inspeccionó el centro Ser. Tras dar a conocer públicamente el informe en el que se 
constata la continuidad de una situación violatoria de los derechos humanos de los jóvenes 
internados en el centro, el 25 de junio, la institución recibió denuncias por parte de fami¬ 
liares de los adolescentes privados de libertad sobre apremios físicos y psicológicos en repre¬ 
salia al diálogo que habrán mantenido los adolescentes con los integrantes del Mecanismo 
en la visita. El hecho motivó que la denuncia fuera ratificada ante cuatro jueces de menores 
entre ellos Aída Vera Barreto que derivó el caso a la Justicia Penal de Pando. Tras las prime¬ 
ras denuncias se sucedieron otras que refieren a torturas sistemáticas desde la asunción del 
nuevo equipo de dirección del centro, cuyos miembros estaban involucrados directamente 
en los hechos. 

La documentación comprueba que las autoridades del Sirpa estaban al tanto de los 
antecedentes de Claudio Martínez. Sin embargo, en declaraciones a Brecha, Villaverde dijo 
que había cuestiones “poco claras en el proceso” y que tenía la impresión de que se trataba 
de un problema entre funcionarios debido a pujas por los cargos. “ Desde que está la actual 
dirección hay aumento de participación de los adolescentes en Primaria y Secundaria y se eli¬ 
minaron los baldes ¿y de repente hay una campaña en su contra? (...) No sabemos más qué 
hacer. Ellos (los directores del Ser) juran por todos los santos que las denuncias no son ciertas. 
Cuando visito personalmente el centro me encierro con los chiquilinesy ninguno me ha mani¬ 
festado nunca nada, ni siquiera con un gesto” Además, Villaverde negó que Martínez tuviera 
antecedentes por malos tratos y defendió su desempeño en otros hogares 8 . 

La visita del secretario general de la Organización Mundial Contra la Tortura (Omct), 
Erric Sottas, a los centros de detención de adolescentes en octubre de 2013 impulsó medi¬ 
das ante un nuevo caso de mal trato físico del mencionado funcionario, más tarde proce¬ 
sado. Aparentemente, habría olvidado que el adolescente tenía pautada una audiencia en 
el juzgado de Pando en la que su defensa pediría la sustitución de la medida privativa de 
libertad. Y por eso “se le fue la mano”. Hacía quince días que el joven tenía prohibidas las 
visitas. Llegó al juzgado con heridas en la cabeza y declaró que fue golpeado por un fun¬ 
cionario, que luego lo llevaron al hospital de Pando y lo presionaron para que dijera que se 


7 ídem. 

8 Leticia Pérez. (20/09/2013). Interpretaciones encontradas, Semanario Brecha. En: http://brecha.com.uy/ 
interpretaciones-encontradas/ 


233 


SEGURIDAD DEMOCRÁTICA Y DERECHOS HUMANOS 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


había peleado con un compañero. Cuando el adolescente llegó al Ser, sancionado en otro 
centro por una pelea, lo desnudaron y le pegaron en todo el cuerpo. La jueza otorgó al joven 
la sustitución de la medida, pero no consta en el expediente que los malos tratos denuncia¬ 
dos se comunicasen a la justicia penal. Fue el Instituto de Estudios Legales y Sociales del 
Uruguay ( MKMXM lXl) que alertó sobre la situación a las autoridades del Inau, y el directorio 
pasó la información al juzgado penal de Pando. “ Ante esta información eljuez debe actuar 
de manera directa. Normalmente le corresponde apartar inmediatamente al funcionario de su 
cargo, porque es una de las reglas internacionales de proceso cuando hay denuncia de malos tra¬ 
tos. Se toma la medida para evitar que presione a los testigos o que amenace a la víctima para 
que retire la denuncia ”, señalaba Sottas 9 . La justicia no lo hizo. Las autoridades tomaron 
medidas y anunciaron la separación del cargo del funcionario denunciado. Sin la mirada 
internacional y la trascendencia pública de los hechos -varios medios de prensa acompaña¬ 
ron la recorrida de la delegación- la historia tal vez hubiera sido otra. 


Las raíces de la corrupción 

El cambio de autoridades de la Comisión Delegada del Sirpa en 2015 coincidió con 
una nueva ola de fugas y motines en los centros de reclusión de adolescentes. La crónica 
periodística sobre este tema de 2005 a la fecha revela que no se trata de casualidades. Por 
detrás de la violencia en el sistema opera siempre la misma lógica de corrupción. Vale pre¬ 
guntarse cuál es su nivel de anclaje en la construcción de un sistema de “lealtades” basado 
en los vínculos y en los beneficios que de ellos se obtienen. Mientras la Justicia investiga los 
mecanismos de ingreso de trabajadores al Sirpa durante la administración pasada, la prensa 
234 revela más de 114 vínculos familiares entre funcionarios, 79 de ellos originados en el perío¬ 
do de Rúben Villaverde, como informó Betania Núñez en una nota reciente 10 . Las ramifi¬ 
caciones de este árbol genealógico del poder involucran a la Comisión Delegada, al presi¬ 
dente del Suinau, a varios funcionarios con antecedentes por malos tratos, que integran la 
lista sindical de López e integrantes del mismo tribunal que determinó los ingresos. 

“Nosotros tenemos indicios de que esto no es algo totalmente espontáneo" decía en 2005 
Víctor Giorgi, exintegrante del Directorio de HEHEH. En relación a la dinámica de los mo¬ 
tines “ Llama poderosamente la atención la forma en que se da esta cadena, la forma que 
coincide con nuestra presencia en elparlamento (...) siempre hay una coincidencia entre motín 
y propuesta ” n . Giorgi se había comprometido a analizar formas contractuales, encargaturas 


9 Leticia Pérez. (10/09/2013). Brazos gordos, vista gorda. Semanario Brecha. En: http://brecha.com.uy/ 
brazos-gordos-vista-gorda/ 

10 Betania Núñez. (24/09/2015) Ramificaciones. Semanario Brecha. En: http://brecha.com.uy/ ramificacio¬ 
nes/ 

11 Fabián Werner. (24/6/2005) La agonía de las conspiraciones. Semanario Brecha. En: http://brecha.com. 
uy/la-agonia-de-las-conspiraciones/ 



(más de 700) y criterios de percepción de beneficios. 12 Cuando asumió en el HEUEE, quien 
presidía el Instituto Técnico de Rehabilitación Juvenil (Interj) era Sergio Migliorata que, 
junto a Jorge Spaulonzi -interventor de la cárcel de Miguelete tras una sentencia de la 
Suprema Corte de Justicia-, creó el proyecto de la Colonia Berro. El reparto que hizo Mi¬ 
gliorata de los cargos de alta responsabilidad da cuenta de las ramificaciones -aun incipien¬ 
tes- del árbol genealógico de la institución y de la serie de hechos que se suscitan siete años 
después tras los intentos de poner orden en la estructura. 

Varios intentos de relevar cargos de dirección se frustraron debido a revueltas y mo¬ 
tines, incluso dificultaron el cumplimiento de resoluciones judiciales y administrativas so¬ 
bre funcionarios denunciados por violencia. Fue el caso de Heber Bentancor (director del 
IXMX1 ) procesado por la justicia en 2003. Una intervención de urgencia de la Omct señaló 
en junio de 2004 que Bentancur continuaba trabajando y en contacto con los internos, así 
como permanecía un “foco de perpetradores” cuyos nombre se repetían en las denuncias, 
que impulsaron procesos administrativos desde el iHHd reiteradas por organizaciones no 
gubernamentales en la justicia penal en 2001, 2002 y 2004. La Omct también advirtió que 
la investigación administrativa no refería a las declaraciones de malos tratos y que en la 
secretaría del tribunal penal no había archivos de las demandas. 

Ni Nancy Russo ni Enrique Sasías pudieron asumir su designación en la Colonia Be¬ 
rro. Los alzamientos entre los internos pospusieron la toma de posesión de los cargos. En 
los primeros seis meses de la gestión de Giorgi hubo 13 motines, sumado a 30 fugas en 
el último mes. 13 En su momento Giorgi analizó los motines en función de medidas que 
generaban “incomodidad” entre los funcionarios. Estos, según declaró Carlos Uriarte (que 
asumió la dirección del Intej tras la renuncia de Migliorata) en el Parlamento en junio de 
2005, habían advertido que aceptarían los cambios si no se tocaba la figura de Spaulon¬ 
zi. También admitía en declaraciones a la prensa que le resultaba “inquietante” que, cada 
vez que se producía un motín, primero se avisaba a la prensa y después a las autoridades. 
Asimismo decía: “no deja de llamarnos la atención y nos tiene sumamente preocupados la 
sucesión de conflictos perlados de baja intensidad en medio de conflictos gremiales también de 
baja intensidad 

El dirigente del Suinau alegaba que los motines se debían a la falta de funcionarios, 
cuestión que había sido advertida por las autoridades al asumir y motivó la proyección 
de nuevos ingresos. Fue durante la gerencia de Uriarte cuando se exigió por primera vez 
bachillerato completo para acceder al cargo del escalafón D (“educador”) y se hizo el único 
llamado a educadores sociales en la historia del sistema. Uno de los principales componen¬ 
tes de la reestructura proyectada por el nuevo directorio consistía en separar las tareas de 
educación de las de seguridad para especializar y reforzar ambas. Pero una de las mayores 


12 Spaulonzi, su prima, el esposo de la prima, la tía de la prima. ídem. 

13 Fabián Werner. (7/09/2005) Efecto mano invisible. Semanario Brecha. En: http://brecha.com.uy/efecto- 
mano-invisible/ 


235 


SEGURIDAD DEMOCRÁTICA Y DERECHOS HUMANOS 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


236 


discrepancias con el sindicato era la calidad de los nuevos ingresos. El sindicato pedía que 
los primeros 35 de los 212 proyectados, explicaba Luis Balbi, director de la Colonia Berro 
en 2006, fueran más hombres que mujeres y se destinaran a reforzar las tareas de seguridad. 
También, admitía presiones externas y amenazas, fuera y dentro de los establecimientos, 
para evitar determinadas asunciones 14 . 

Varios testimonios de educadores sociales que trabajaron en la Colonia han dado 
cuenta de las dificultades para desarrollar su tarea. En el mismo sentido apuntaron dos 
cartas enviadas por equipos técnicos a las autoridades en noviembre y diciembre de 2007. 
Y, a la vez, el informe 2008 del Comité de Derechos del Niño (ffllE) sostiene: “está instau¬ 
rado un sistema de represalias que determina el amedrentamiento a los técnicos que pretenden 
una apertura y mejora del trato de los internados. Los funcionarios de protección, sostenidos 
en los parámetros del sindicato, resisten cualquier modificación que lleve a un acercamiento a 
la protección y promoción de los derechos humanos. (...) se percibe una situación de gobierno 
compartido o desgobierno, en donde conviven las directivas sindicales que se suman a acciones 
de boicot defuncionarios que resisten lo que en la jerga denominan apertura!'. 


¿Cierran filas? 

Cuando en 2007 el BEIKE separa del cargo a dos funcionarios por un hecho ocurrido 
en 2003, ni la información surgida por la vía administrativa ni por la judicial alcanzó a 
frenar la reiteración de los discursos. “ Estamos un 99% convencidos de que estosfuncionarios 
no tienen nada que ver. Lo que hay es una serie de denuncias dejóvenes internados que ahora 
están en el Comear o en el Penal de libertad!’, declaraba Joselo López. Los mismos funciona¬ 
rios a los que, denunciados los hechos en 2003, se les aplicaron sanciones mínimas, con el 
cambio de autoridades y un pedido de ampliación de la prueba en 2005, fueron destituidos. 
§ uedaron probados los platones, las golpizas, los sobornos y la extorsión. La versión de los 
trabajadores, respaldada por López, luego decía que los jóvenes, hacinados, se habían que¬ 
rido prender fuego, que había querido sacar “ medio a prepo” pero se resistieron porque “se 
querían autoeliminar ahí’. “Lo único que constataron losforenses es que hay un chico que tiene 
un corte en la ceja”, afirmaron. Pero las pericias se realizaron 8 días después, “ tiempo más que 
suficiente para que los adolescentes dejaran de tener marcas”, dice el expediente. 

El instructor sumariante fue claro en su informe: “el argumento central de la defensa se 
basa particularmente en la descalificación de los jóvenes denunciantes”. “El directorio le cree 
más a los chicos que a los trabajadores pero ellos son chicos como el Cosita o el Sapo que si bien 
no participaron estaban ahí en ese momento”, se descargó López. 

Por su parte, la central de trabajadores apoyó la postura del sindicato: “Estaban con¬ 
vencidos de que habían elementos administrativos que no se habían cumplido. Nosotros no 

14 Fabián Werner. (17/02/2006). “Chispas y más chispas Semanario Brecha. En: http://brecha.com.uy/ 
chispas-y-mas-chispas/ 



dijimos que estaban ante un caso de persecución ni ante tres inocentes. Pero tampoco nos incul¬ 
pábamos. Hay que esperar a que aparezcan los datos y ver si hay pruebas contundentes ”, expre¬ 
saba el dirigente sindical Juan Castillo. “La cosa es muy vidriosa ”, insistía al ser consultado 
por un informe de la División Jurídica que habla de “hechosprobados” y de un “uso reiterado 
de la violencia,por momentos inusitada, como método de contención” 1 ’'. 

La cerrada defensa del sindicato a funcionarios violadores de derechos humanos volvió 
a evidenciarse años más tarde con el caso del joven Fabián Tomé, denunciado por los pro¬ 
pios trabajadores, quienes fueron acusados de traidores y algunos amenazados de muerte. 
La situación se relata en una nota del periodista Daniel Erosa de setiembre de 2012. “ Esto 
es un ataque a la lista 10y a varios directores (...) Nosotros los tratamos como niños pero en 
realidad son delincuentes”, consigan la crónica de una asamblea del Suinau. Vale aclarar dos 
cosas: que el ofensor, José Albín, fue procesado con prisión por reiterados delitos de aten¬ 
tado violento al pudor y el adolescente, a los pocos días de haber recuperado la libertad, en 
2013, fue asesinado por la espalda sin que su muerte aún haya sido aclarada. 

El informe de 2008 del ffllE despertó reacciones similares entre legisladores y auto¬ 
ridades del gobierno. Consultada por las denuncias de malos tratos consignadas en el do¬ 
cumento, Cristina Álvarez (integrante del directorio de Interj) decía a Canal 10 que no se 
trataba de una práctica sistemática, y aseguraba que si así fuera -olvidando quizás las cartas 
presentadas por los equipos técnicos de la Colonia en 2006 y 2007-, los técnicos ya lo 
habrían denunciado. 

Por su parte, Jorge Ferrando (integrante del directorio de BEIKE) agregaba: “ Estamos 
convencidos que las torturas no son sistemáticas (...) no queda claro si hay efectivamente de¬ 
nuncias planteadas o son comentarios citados de conversaciones con los jóvenes en los centros” 
(La Diaria). Uriarte: “ muchas veces los chiqulines cuando hacen denuncias las hacen en for¬ 
ma grosera, exagerada y entonces pierden verosimilitud”. (El País). Mientras los legisladores 
frenteamplistas cuestionaban la vaguedad de las denuncias, Sandra Etcheverry (Partido 
Nacional) afirmaba que esos hechos solo podrían ocurrir en dictadura, mientras que Javier 
Salsamendi (Frente Amplio) declaraba: “el tema es que frente a las denuncias que son extre¬ 
madamente graves tiene que haber elementos que permitan sustentarlas. Esta es la duda que 
nos surge”. 

Una situación similar se repitió en 2014 cuando la ISEUEffllE] publicó cinco informes 
sobre las condiciones de detención en los centros de privación de adolescentes. Los docu¬ 
mentos fueron entregados en la Comisión Especial de Población y Desarrollo de la Cámara 
de Diputados el 3 de abril, donde también se informó de la existencia de un informe reser¬ 
vado con nombres y denuncias concretas. 


15 Daniel Erosa. (8/07/2007). La violencia como método de contención. Semanario Brecha. En: http://brecha. 
com.uy/la-violencia-como-metodo-de-contencion/ 


237 


SEGURIDAD DEMOCRÁTICA Y DERECHOS HUMANOS 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


Las reacciones al trabajo de la [SEIfflIElE fueron inmediatas y su contenido desdibujó 
no solo la preocupación central manifestada por la Institución en el Parlamento -los malos 
tratos- sino las explicaciones aportadas por sus integrantes, seguramente debido a la pre¬ 
sión ejercida por más de 30 organizaciones y personalidades que días después emitieron 
un comunicado respaldando a la y solicitando la remoción del cargo de Rubén 

Villaverde. Sin embargo el Suinau, el PHEI Cffl, José Mujica, Lucía Topolansky y Tabaré 
Vázquez respaldaron su gestión, al igual que varios legisladores del partido de gobierno 
que además cuestionaron el trabajo de la Institución, tildando de “parciales” los informes 
por no contemplar la visión de los trabajadores ni mencionar las “mejoras evidentes”, como 
la erradicación de fugas y motines en y a pesar de un contexto de superpoblación en los 
centros. Durante la gestión de Villaverde se destinó mayor presupuesto, se mejoraron las 
condiciones laborales, se asignaron 15 millones de dólares para infraestructura de manera 
de ampliar los cupos y mejorar las condiciones de reclusión y, por primera vez en mucho 
tiempo, reinó la calma entre el sindicato y las autoridades. Es que la administración atendió 
varios de sus reclamos, entre ellos la incorporación de funcionarios -que pasaron de 600 a 
ser 1340 en privación de libertad- y aumentos salariales. Además la creación del Sirpa, que 
comenzó a funcionar como tal el 12 de abril de 2012, supuso la puesta en marcha de cinco 
programas vinculados a salud, educación e inserción social y comunitaria. 

“Para nosotros fue una sorpresa enterarnos del contenido de ese informe (el reservado,) 
a través de la prensa (...) también tengo claro que ese informe no les llegó a los Directorios de 
Inau y del Sirpa de manera directa sino que se enteraron por la prensa ”, afirmó la diputada 
Daniela Payseé ( MXlXl ) en la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento durante la 
comparecencia de delegados del Suinau el 7 de mayo. En tanto, en línea con la postura de 
238 la delegación visitante, la diputada Orquídea Minetti (Movimiento de Participación Po¬ 
pular) dijo no compartir la totalidad del contenido de los informes: “ quienes visitamos esos 
establecimientos sabemos que hay cosas que no están reflejadas”. 

“Hablar de infraestructura es hablar de derechos humanos (...) hablar de inserción social 
y comunitaria es hablar de derechos humanos (...) hablar de medidas curativas es hablar de 
derechos humanos (...) hablar de educación (...) es hablar de derechos humanos, y hay que 
decirlo” 16 , esgrimía al día siguiente Payseé luego de escuchar los informes de gestión de las 
autoridades del Sirpa en el Parlamento. Un cuestionamiento asomaba también por el lado 
de la evidencia científica del maltrato, en alusión a las afirmaciones de Guianze el 3 de abril 
sobre la dificultad de constatar los golpes. “Eso no amerita que en ese informe no se haya 
tenido en cuenta la palabra de los trabajadores”, prosiguió la diputada. 

“La verdad es que después de escuchar este informe queda claro que hay un robusto pro¬ 
yecto institucional (...) en cuanto al informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos (...) 


16 Comisión Especial de Población y Desarrollo. Versión taquigráfica N° 2102. En: http://www.parlamento. 
gub.uy/indexdb/Distribuidos/ListarDistribuido.asp?URL=/distribuidos/contenido/camara/D20140508- 


1008-2102.htm&TIPO=CON 



manifiesto mi más profundo respeto hacia la institución, la función y su independencia. No 
obstante ello, creo que no necesariamente todo es compartible. Además, no necesariamente las 
autoridades del Sirpa tienen que seguir a pie juntillas todas las recomendaciones”, expresaba 
Nicolás Pereira (Corriente de Acción y Pensamiento). “(...) Acá la discusión no es si hay o no 
malos tratos que los hay, los puede haber, sino si ello es una política sistemática de parte de la 
Administración, que no lo es claramente”, aseguraba el diputado. 

Lo que resulta sorprendente en parte de las declaraciones vertidas por los legisladores 
es la desconsideración de las explicaciones volcadas por la ISBffllEIX] el 3 de abril sobre el 
carácter de la institución y del K IEIE1 sus cometidos y la metodología empleada en la elabo¬ 
ración de los informes, que por otro lado, alcanza con leerlos para constatar que dan cuenta 
también de aspectos positivos. Guianze fue clara al afirmar que el informe reservado se 
había enviado a las autoridades en febrero, que durante las visitas se dialogaba con los jóve¬ 
nes pero además con los directores y funcionarios, y que sobre los informes presentados al 
Parlamento ya se había entablado un diálogo con las autoridades. “No tenemos la obligación 
de mantener en reserva los informes”, aclaraba Guianze, “(...) pero nuestra función principal 
es entablar un diálogo con las autoridades”. No es descabellado advertir entonces que lo que 
a la política rechina es la posibilidad de la tortura en la órbita de un Estado gobernado por 
muchos de quienes la vivieron en carne propia y llevan la bandera de los derechos humanos, 
así como la visibilidad que cobró el tema, que venía asomando hace mucho, pero que ahora 
contaba con una mirada calificada e independiente dentro del propio Estado. 

La versión taquigráfica de sesión del 2 de julio de 2014 en la Comisión de Derechos 
Humanos del Parlamento contribuye a sostener este análisis. Ante la contundencia de los 
relatos de las representantes del Grupo de Madres de Jóvenes Privados de Libertad en el 
centro Ser y su abogada, Sandra Giménez, resultan sorprendentes algunas intervenciones 
de las legisladoras oficialistas, que insisten en resaltar las mejoras en la gestión, como si 
fuera un atenuante de lo que las visitantes denunciaban. La primera intervención de Payseé 
se centró en las mejoras que vio durante una visita al centro Ser y su jactancia en haber 
recorrido con total libertad las instalaciones, además de haber conversado con todos los 
adolescentes que quiso sin inducir respuestas “ porque eso no está bueno”. “Conozco el cuento 
de la perrito”, dijo en referencia al relato de una de las madres a propósito de un código que 
utilizaba con su hijo durante las comunicaciones telefónicas. “ Lástima que él’ -el adoles¬ 
cente con quien había hablado largo rato- “en la tarde tiró la televisión y armó un escánda¬ 
lo”. También, vanaglorió de no haber salido a la prensa a ventilar los resultados de su visita, 
y, no muy bien informada, adjudicó una denuncia penal de setiembre de 2013 al directorio 
del Sirpa. 

“En el 99% de los casos, sea porque la persona cometió un delito o hizo algo que no debía, 
una madre, un padre, una hermano (...) siempre va a tratar de defender a ese familiar que está 
privado de libertad’, afirmó por su parte la diputada Minetti. Hacia el final de su primera 
intervención habló de la prensa: “...creo que en su momento hubo algo en común”, dijo en re- 


239 


SEGURIDAD DEMOCRÁTICA Y DERECHOS HUMANOS 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


ferencia a la visita de los legisladores a la Colonia Berro, “ [de] no salir a la prensa, no usar la 
prensa para esto porque tergiversa mucho las cosas y eso no es conveniente. Ypersonalmente creo 
que lo mismo debemos hacer aquí. “ \Hasta por la seguridad de los gurisesl”, acotó Payseé. 

No era del todo pertinente, a esa altura, adjudicar responsabilidades a la prensa por las 
consecuencias que las coberturas pudieran tener sobre la seguridad de los adolescentes. Evi¬ 
dentemente la cobertura periodística debe ceñirse a determinados marcos éticos y normati¬ 
vos para proteger los derechos los niños, niñas y adolescentes, y es cierto que no siempre lo 
hace. Pero también lo es, y fue hartamente denunciado por organismos internacionales, que 
no existen mecanismos institucionales efectivos para que los adolescentes puedan hacer 
denuncias ante una situación de acoso o maltrato. La propia planteó la existencia 

de represalias contra los jóvenes por las conversaciones mantenidas durante sus visitas en 
calidad de 13 o por las denuncias de las madres en la Defensoría del Pueblo. Desde la 
propia División Jurídica del Sirpa una funcionaría -que luego fue separada del cargo- dijo 
a las madres que no dieran nombres porque si ella los ponía sus hijos podían ser lastimados 
y le recomendó que acudieran a la l®fflE3E3 donde recibiría una ayuda mejor 17 . 


240 


Derechos Humanos en pantalla 

“Ha habido autores que han hablado de la existencia de dos tipos de mecanismos de de¬ 
fensa de derechos, los intray los extrainstitucionales. Dentro de los últimos, sise consideran los 
medios de comunicación como un medio válido para garantizar los derechos fundamentales ”, 
explica la abogada especialista en derechos humanos Valeria España 18 , “sobre todo en contex¬ 
tos donde el ámbito normativo es una herramienta más, no la única, y aquí entra el formalis¬ 
mo con el que contamos, sobre todo en el ámbitojurídico. Los operadoresjurídicos se incomodan 
muchísimo con la prensa, generalmente porque efectivamente se considera que entorpece los 
procesos. Pero dadas las condiciones actuales del país creo que es al revés, fortalece e inclusive 
incorpora temas a la agenda pública que de otra manera no hubiera sido posible”. 

España recuerda el caso de explotación de trabajadoras bolivianas en casas de familia 
del barrio Carrasco. 19 “Nosotras documentamos toda la información, estuvimos trabajando 
mucho tiempo, pero el impacto más grande tuvo que ver con cómo esa investigación fue llevada 
a nivel periodístico, tuvo mayor impacto que nuestro comunicado de prensa, incluso que de las 
instancias a las que buscamos acceder por la vía institucional. Porque hay una resistencia por 
parte de los mecanismos institucionales de aceptar o asimilar su desconocimiento en la forma 
en que tratan los temas de vulneración de derechos humanos, que quede visibilizado a través 
de la prensa es a lo que más se teme”. 


17 Comisión de Derechos Humanos. Versión taquigráfica N° 2168 de 2014. En: http://www.parlamento. 
gub.uy/indexdb/Distribuidos/ListarDistribuido.asp?URL=/distribuidos/contenido/camara/D20140702- 
0210-2168.htm&TIP Ü=CON 

18 Entrevista realizada para este artículo. 

19 http://www.cotidianomujer.org.uy/sitio/pdf/Bolivianas-informe-SERPAJ-VE.pdf 



Por otra parte, y pensando en la década frenteamplista, la abogada señala que la crí¬ 
tica sobre el papel de la prensa “es parte de la resistencia a que la izquierda política pueda 
ser sometida a la crítica o a la denuncia por parte de la izquierda social”. “Por ahí los medios 
visibilizan prácticas que se desarrollan en gobiernos de izquierda que en definitiva no se con¬ 
dicen con el discurso o las propuestas políticas que se supone tendrían que tener. Entonces, esto 
es analizado desde una lógica perversa, en clave electoral, no tanto desde el objeto que se está 
denunciando ”. 

El planteo tiene matices, aclara la abogada, porque no todos los medios se comprome¬ 
ten auténticamente. Una clave para detectar ese compromiso es ver si la cobertura expone 
a la víctima o al ofensor, el nivel de seguimiento de los temas y el grado de investigación. 
“El trabajo periodístico de investigación permite destrabar la documentación de algunos casos. 
La documentación de casos de violaciones de derechos humanos lleva mucho tiempo, mucho 
esfuerzo. Actualmente, por más que haya un trabajo muy bueno de algunas organizaciones este 
es, en general, de baja intensidad porque no se trabaja a tiempo competo”. 

Según España, el video del Ceprilli constituye un caso paradigmático para demostrar 
por qué los medios de comunicación terminan siendo un recurso efectivo para el litigio 
estratégico de derechos humanos. “Que el tema estuviera desnudado de esa manera permitió 
que cualquier pronunciamiento fuera en contra de lo que el sentido común estaba observando. 
Más allá de los análisis jurídicos que se hicieron luego, (el videoj peso muchísimo y lo vemos 
porque en definitiva hay un punto de quiebre real en la manera de trabajar el problema de la 
privación de libertad de menores ”. 

La interpretación jurídica llevada a cabo del caso fue adecuado en opinión de la aboga¬ 
da. “Estaban todos los elementos necesarios que configuran la tortura, tratos crueles, inhuma¬ 
nos y degradante. Si se quisiera discutir a la luz de otros instrumentos hay informes temáticos 
que ha hecho el profesor Juan Méndez 20 . Están todos los elementos, lo que de alguna forma 
faltaba era demostrar que esas prácticas son a-históricas y las violaciones de derechos humanos 
no pueden ser reducidas al período de la dictadura. Es el desafío más grande respecto de las 
violaciones de derechos humanos que ocurren ahora, que se renuevan, que se ven en diferentes 
condiciones, existe también esa impunidad que no permite superar los propios hechos aconteci¬ 
dos en la historia reciente del país”. 


20 Relator especial de Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradan¬ 
tes. 


241 


SEGURIDAD DEMOCRÁTICA Y DERECHOS HUMANOS 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


242 


CDN <í 

Comité de los Derechos del Niño/a - Uruguay 


Montevideo, 6 de agosto de 2015 

El Comité de los Derechos del Niño Uruguay y las organizaciones firmantes ante un 
nuevo episodio de violaciones a los derechos humanos en cárceles de adolescentes 
reitera: 

1. Estos episodios de violencia institucional son parte de una lógica de ejercicio del 
poder instaurada desde hace más de 20 años en estos centros, que se han expandido 
y profundizado como forma habitual de práctica desde la pasada administración. 
Estos métodos cotidianos de trato con adolescentes detenidos son los que hemos 
denunciado junto a los familiares de los detenidos y a lo que se ha respondido con 
silencio, con ataque a los denunciantes o, directamente, con el aval u ocultamiento 
de las prácticas denunciadas. 

2. Los protocolos internos de actuación, aprobados por el Estado uruguayo de acuer¬ 
do a la normativa internacional vigente, establecen: “ Sólo podrá hacerse uso de la 
fuerza o de instrumentos de coerción en casos excepcionales, cuando se hayan agotado 
y hayan fracasado todos los demás medios de control y sólo de la forma expresamente 
autorizada y descrita por una ley o un reglamento 

3. La banalización de la tortura y los ataques de dirigentes sindicales a las organiza¬ 
ciones defensoras de fflIEIIE] toda vez que toma estado público un episodio de vio¬ 
lencia institucional, forman parte de una triste página que aleja al sindicalismo de 
su otrora rol en defensa de las causas más elementales de derechos humanos. Sola¬ 
mente con la actuación judicial no se termina con la cultura de la tortura. Por eso es 
responsabilidad de los integrantes de la central de trabajadores condenar, desterrar 
y eliminar estas prácticas. Nada nunca puede legitimarse en el presente cuando se 
actúa a la sombra de las herramientas heredadas del Terrorismo de Estado. 

4. Exigimos una pronta actuación de la justicia penal ante las denuncias presentadas. 
Exhortamos al sistema de justicia de adolescentes (jueces, fiscales y defensores) a 
que termine con la desidia institucional para que otorgue las garantías del debido 
proceso a los adolescentes privados de libertad. Demandamos más presencia en los 
ámbitos que correspondan para prevenir y desactivar estas situaciones. 


http://www.unicef.org/panama/spanish/ about_8042.html 




5. Solicitamos a los partidos políticos una manifestación clara acerca de la violencia 
institucional en el sistema de privación de libertad adolescente y, a su vez, un cam¬ 
bio radical en las políticas públicas en materia de administración de justicia penal 
juvenil. Puesto que todos los partidos aprobaron -en los últimos años- leyes de 
carácter netamente regresivo, que promovieron la criminalización de los adolescen¬ 
tes y fomentaron el populismo punitivo. Los discursos pronunciados por actores 
políticos, sindicalistas y operadores del sistema de justicia son construidos bajo una 
misma matriz de hegemonía conservadora. 

La tortura no se negocia, se denuncia y se investiga 
Adhieren: 

Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos - Casa Bertolt Brecht 
Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay ( MXDd EC - Mundo Afro 
Comité de los Derechos del Niño Uruguay (KIEIEK]) - Proderechos 
Fundación Mario Benedetti - Asociación de Expres@s Polític@s de Uruguay 
Red De Amigos de Luis Pérez Aguirre - Mujer y Salud en Uruguay (K MXM ) 
Cotidiano Mujer - Mujer Ahora 

Ovejas Negras - Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (I PdXMXI IXI) 
Servicio Paz y Justicia Uruguay (SKIEIffl^ - El Abrojo 

Centro de Archivos y Acceso a La Información Pública (Cainfo) - RebelArte 
Coordinadora de Apoyo a Madres y familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos 
Gurises Unidos - Agencia Voz y Vos 

El Tejano - Luna Nueva - Coordinadora de Psicólogos del Uruguay (Kffl) 

Red Uruguaya Contra la Violencia Doméstica y Sexual - Te Digo la Otra 
Defensa de los Niños Internacional - Asociación Civil El Paso 
Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar (Relaf) - Ciudadanías en Red (CMEI) 
Instituto de Promoción Económico y Social del Uruguay (iffld) - La Barca 
Comisión NO a la baja Flores - Comisión NO a la baja Salto 
Comisión NO a la baja Lavalleja - Fundación Ricardo Zabalza 
Fundación Justicia y Derecho - Grupo Teatro del Oprimido Montevideo (MK) 
Minervas - Colectivo Jóvenes Armenio del Uruguay (Jadu) 

Servicios y Acciones por la Infancia - Coordinadora de Feminismos 
Centro de Participación para la Integración y el Desarrollo (Cepid) 

Fundación Caritas Uruguaya - Infancia Adolescencia Ciudadana (Iaci) 

Sala Docente DMXM (Instituto de Formación en Educación Social) Montevideo 


243 


SEGURIDAD DEMOCRÁTICA Y DERECHOS HUMANOS 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


244 


Reforma del Código Penal: una deuda de la 

democracia 

En diciembre de 2014 unas 70 organizaciones sociales lograron frenar la reforma legis¬ 
lativa del Código Penal a través de una fuerte campaña mediática 1 . Después de 70 años, el 
texto que suponía un cambio histórico era vergonzoso: conservaba una raíz androcéntrica 
y patriarcal, y no respetaba una perspectiva de derechos humanos, ni de género y generacio¬ 
nes, por lo tanto no hacía más que reproducir y profundizar las desigualdades sociales. 

• No tomaba en cuenta las recomendaciones realizadas por organizaciones con desta¬ 
cada trayectoria en la defensa de los derechos de las mujeres, niños y niñas, adoles¬ 
centes, y echaba por tierra los tratados internacionales que nuestro país se compro¬ 
metió a respetar. 

• Banalizaba los delitos sexuales que no implicaran penetración, denominándolos 
“delitos contra el pudor” y reducía la pena de forma que permitía la excarcelación. 
Restringía la penalización vigente referida a la explotación sexual de niñas, niños y 
adolescentes a los casos en que se probara la obtención de lucro o ganancia por parte 
del intermediario, siendo que toda forma de utilización de niños, niñas y adolescen¬ 
tes en el comercio sexual, aún sin la obtención de lucro, vulnera los derechos huma¬ 
nos. Por lo tanto, adoptaba la postura defensora de intermediarios y facilitadores de 
la explotación sexual. 

• Reducía los “delitos contra la humanidad” a la clonación y manipulación genética, 
omitiendo los crímenes de genocidio, guerra y lesa humanidad aprobados por Ley 
N° 18.026. No incorporaba la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes 


1 Reforma del Código Penal. Declaración de las organizaciones, diciembre 2014, en: http://www.mysu. 
org.uy/que-hacemos/comunicacion-noticia/reforma-del-codigo-penal-declaracion-de-las-organizaciones/. 
Firmada por: Amnistía Internacional Uruguay, Accionar entre Mujeres Guyunusa, Asociación Uruguaya de 
Libres Pensadores (AULP), Asociación Civil 20 de Setiembre, Asociación Civil Trazos, Casa de la Mujer de la 
Costa, Cns Mujeres, Centro de Archivo y Acceso a la Información Pública (CAinfo), Centro Interdisciplinario 
Caminos, Centro Interdisciplinario Aire.uy, Consumidores y Usuarios Asociados (CUA), Consumidores en 
red de confianza (REDCON), Ciudadanías en Red (Cire), Cladem Uruguay, Comisión Directiva del Centro 
de Investigaciones y Estudios Penales del Uruguay «Dra. Adela Reta», CIEPUR, Cotidiano Mujer, Colectivo 
Apostasía, Coordinadora Nacional Afrodescendiente, Colectiva Mujeres, El Abrojo, El Paso, Elbio Laxalte 
Terra (Portavoz de la Asociación Internacional del Libre Pensamiento - AILP), Grupo de Derecho y Género, 
Facultad de Derecho, UDELAR, Infancia Adolescencia Ciudadana (IACI), Iniciativas Sanitarias, Instituto 
Psicología de la Salud, Facultad de Psicología, UdelaR, Observatorio de Políticas Públicas de Derechos Huma¬ 
nos en el Mercosur, Programa Género y Cultura de FLACSO Uruguay, Programa Género, Salud Reproductiva 
y Sexualidades (Instituto Psicología de la Salud, Facultad de Psicología, UdelaR), Mujer Ahora, Mujeres por la 
Paz, Mujeres en el Horno, Mujer y Salud en Uruguay (MYSU), Red Canarias en Movimiento, Red de Mujeres 
Afrolatinoamericanas Caribe y Diáspora, Revista de Derecho Penal, Servicio Paz y Justicia (Serpaj), Sexur. 




en los términos recomendados por los órganos de vigilancia de los tratados, ni los 
delitos de trata de personas y tráfico de migrantes de la Ley NT18.250. 

• Desconocía los derechos reproductivos de las mujeres en tanto derechos humanos, 
en sentido contrario a la Ley N° 18.426 de 2008, pero además introducía como bien 
jurídico “la vida prenatal” incorporando la protección de la misma en el título del 
capítulo relativo al aborto, que persiste como delito en los artículos 325 y 325 bis 
del Código Penal vigente. Tampoco se incluye lo relacionado a la vulneración de de¬ 
rechos frente a la esterilización y la inseminación forzada, ni ante el incumplimiento 
en los casos previstos en la normativa sobre fertilización asistida (Ley N° 19.167). 

• Asimismo, el proyecto de reforma limitaba el delito de violencia doméstica a la co¬ 
metida en el “ámbito familiar”, excluyendo las relaciones de noviazgo y otras moda¬ 
lidades de relaciones afectivas en las que las mujeres pueden ser violentadas por su 
razón de género; eliminaba las agravantes en casos de mujeres, niños/as y adolescen¬ 
tes, y omitía la creación de la figura de feminicidio. 

En marzo de 2015, Mujer y Salud en Uruguay (E3 MXDfl ), Mujer Ahora e Infancia y 
Adolescencia Ciudadana (HEB^ representaron a las organizaciones firmantes del citado 
comunicado en el 154° período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos celebrado en Washington ( MXM N). En la audiencia remarcaron la pre¬ 

ocupación existente por la carencia de un espacio adecuado para facilitar la participación 
de la sociedad civil en el desarrollo de la nueva legislación penal. 

Las peticionarias solicitaron a la KHB que emita recomendaciones para el Estado destacan¬ 
do los estándares internacionales que deben guiar la reforma penal vinculados a la prevención, 
investigación, sanción y reparación de toda forma de violencia y discriminación contra las muje¬ 
res. Por su parte, el Estado uruguayo “reiteró su voluntad de participar en un proceso democrático y 
abierto incluyendo la perspectiva de la sociedad civil en la reforma del código penal’ 1 . 

En agosto de este año, el Poder Ejecutivo presentó al Parlamento el mismo texto que 
en 2010 y varios legisladores oficialistas y de la oposición introdujeron numerosas enmien¬ 
das. Si bien una bancada bicameral especial del Frente Amplio se ha reunido para comenzar 
a debatir el capitulado en cuatro áreas según criterios políticos (uno que estudiará la parte 
general del código, otro que trabajará sobre derechos humanos, otro sobre delitos informᬠ
ticos y económicos y otro sobre medio ambiente), no hay visos de que el Código Penal se 
debata en un futuro próximo en la Asamblea General. 

Con expectativas de que el Parlamento retomara el debate, esta vez promoviendo un 
proceso de discusión de la reforma que garantizase mecanismos de participación por parte 
de la sociedad civil para que el contenido del Código Penal asegure el cumplimiento de 
estándares internacionales en justicia desde la perspectiva de clase, género, generaciones y 

2 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe sobre el 154 Período de Sesiones de la CIDH, 
Washington, 2015, en: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/docs/Informe-154.pdf 


245 


SEGURIDAD DEMOCRÁTICA Y DERECHOS HUMANOS 




DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


246 


de derechos humanos, las organizaciones volvieron a autoconvocarse y a lo largo de este año 
mantuvieron reuniones periódicas que resultaron en un documento técnico-político 3 4 . 

Resta conocer los mecanismos que los y las legisladores tienen previstos para la parti¬ 
cipación y el diálogo con las organizaciones sociales, así como el procedimiento para modi¬ 
ficar el texto del proyecto de reforma. 

El Documento de organizaciones de la sociedad civil dirigido al Parlamento ante la próxi¬ 
ma recodificación de la legislación penal señala que: “Si se consigue la reforma legislativa por 
medio de un proceso de intercambio y discusión, en el que se obtenga también la intervención doc¬ 
trinaria, la legislación resultante se adecuará mejor a valores de la sociedad y será másfácil lograr 
la solución de muchos nudos problemáticos, que lo que pueda alcanzarse a través del trabajo de 
legisladores que generalmente están apremiados por las necesidades de la materia a regular. En 
democracia, ellos debenfacilitar que los proyectos normativos sean ponderados por la ciudadanía, 
puesto que en definitiva, su legitimidad depende de un consenso general en condiciones válidas”. 

“Concebida la política criminal como el conjunto de procedimientos y estrategias por las 
cuales el cuerpo social organiza las respuestas al fenómeno criminal, el Estado ya no es el único 
en buscar soluciones a los fenómenos delictivos, sino que también se integra en esa tarea la po¬ 
blación, a condición de que el Estado la organice. Por lo demás, hoy existen formas activas de 
incluirla en el proceso de construcción legislativa que deben ser serias y transparentes. 

El documento se divide en capítulos que destacan los puntos inevitables a evaluar en una 
futura reforma: El derecho de la sociedad civil a la participación efectiva; Consideraciones 
para la codificación y la inclusión de la perspectiva de género y derechos humanos; La parte 
general y la parte especial del proyecto; El bien jurídico; La legislación extra código; La técni¬ 
ca legislativa; El principio de proporcionalidad desvirtuado; Las reformas de los tipos regula¬ 
dos en el código actual; Actualización de los bienes jurídicos objeto de tutela penal. 

Serán puntos álgidos en este debate aquellos temas que refieren a feminicidio, abor¬ 
to, explotación sexual, violencia sexual como delito de lesa humanidad, entre otras figuras 
delictivas. Las expertas también advierten que el nuevo Código no debe traducirse en infla¬ 
ción penal ni en criminalización de la pobreza; así como critican que, en lo referido a deli¬ 
tos económicos y empresariales, el proyecto resulta “conservador, decimonónico, desfasado en 
relación a la evolución que esta materia tuvo en el Derecho comparado y la doctrina”. 

A modo de conclusión, las autoras consideran que “ha sido positivo posponer la aproba¬ 
ción de una nueva codificación con el propósito de perfeccionar y abrir la participación en lo ya 
trabajado”, pero que “urge al país contar con un marco penal que garantice el cumplimiento 
de los derechos humanos”. 


3 Documento de organizaciones de la sociedad civil dirigido al Parlamento ante la próxima recodificación 
de la legislación penal, Montevideo, 2015, en: http://www.mujerahora.org.uy/content/ante-la-reforma-del- 
codigo-penal 

4 Idem. 





Mauro Tomasini 


La valoración judicial de la tenencia para consumo 
personal y el acceso de los consumidores al mercado 
regulado de cannabis en Uruguay 


Gianella Bardazano 1 


Introducción 

Desde 1974 las redacciones que el legislador ha dado al inciso segundo del artículo 31 
y las interpretaciones que los tribunales han realizado del texto normativo mencionado han 
tenido algunas notas comunes: la estigmatización de los consumidores y la penalización 
como tenencias punibles de situaciones de posesión de pequeñas cantidades de sustancias 
psicoactivas. En general, el derecho ha regulado la realidad de los usuarios de sustancias 
psicoactivas a través de una dicotomía que excluye el ejercicio de la libertad y la autonomía 


1 Integrante del Instituto de Estudios Legales y Sociales (IELSUR), Prof. Adj. de Filosofía del Derecho 
(UDELAR). 


SEGURIDAD DEMOCRÁTICA Y DERECHOS HUMANOS 


DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


248 


personal: enfermos 2 o delincuentes 3 . La norma que es aplicada a cada individuo sometido a 
la autoridad de los tribunales es el producto de la decisión de los tribunales al establecer el 
sentido del art. 31 14.294 en la redacción dada por la ley 17.016 y, desde diciembre de 

2013, en la redacción dada por la ley 19.172, determinando cuáles son los casos de tenencia 
no para consumo y cuáles los de tenencia para consumo. 

La evolución de la redacción del texto normativo ha sido la siguiente: I) quedará exen¬ 
to de pena el que tuviera en su poder una cantidad mínima , destinada exclusivamente a su 
consumo personal (1974); II) quedará exento de pena el que tuviere en su poder una canti¬ 
dad razonable destinada exclusivamente a su consumo personal, con arreglo a la convicción 
moral que se forme el Juez a su respecto, debiendo fundamentar en su fallo las razones que 
la han formado (1998); III) quedará exento de responsabilidad el que transportare, tuviere 
en su poder, fuere depositario, almacenare o poseyere una cantidad destinada a su consumo 
personal, lo que será valorado por el Juez conforme a las reglas de la sana crítica. (...) se en¬ 
tenderá como cantidad destinada al consumo personal hasta 40 gramos de marihuana 4 . 

Según los resultados de investigaciones realizadas en los últimos años, la situación de 
los usuarios frente al sistema penal puede caracterizarse por la criminalización del consumo 
a través de la interpretación judicial restrictiva del inciso segundo del art. 31 y por la pena- 


2 “La legislación nacional no quiere castigar penalmente al drogadicto como tal, porque se lo considera un enfer¬ 
mo, ello lleva ínsito la necesidad de evitar la judicialización de algunas situaciones, dentro de un ámbito en el cual 
no puede caber duda que el único perjudicado es el individuo y no la “saludpública” (bien jurídico protegido), o 
más específicamente la comunidad dentro de aquella” (TAP 2; Sent. 102/2007, 269/2007,47/2008, 351/2008, 
8/2010, entre otros). 

3 A vía de ejemplo, transcribimos la argumentación judicial que justifica la decisión de castigar como tenen¬ 
cia no para consumo la tenencia de 11,42 gramos de marihuana por un individuo y 13,79 gramos de la misma 
sustancia por otro (TAP 1er. Turno, sent. 235/2008): “la cantidad es escasa, pero (...) la incautada a los dos (que 
vinieron juntos con el mismo propósito, lo que habla de una tenencia en 'común y aun la incautada a cada uno (...) 
exceden las ‘necesidades mínimas’ del consumo personal que declaran, porque impide catalogarlos como adictos. 
Incluso en el caso [de quien tenía en su poder la cantidad menor] no puede soslayarse que lo que tenía era poco pero 
suficiente cuando menos para el armado de 30 cigarrillos, por más quefueran gruesos, como dice convenientemente 
que los hace. (...) se configura claramente un caso de tenencia, sancionado por la ley en su art. 31”. Agrega el tri¬ 
bunal: “...la apariencia de ‘consumidor’ esconde a un verdadero traficante, que obviamente no tendrá en su poder 
cantidades por encima de las corrientes para uso personal (...). Es decir que en tren de especulaciones, es también 
posible que el traficante (pequeño y/o grande), lleve consigo solo pequeñas cantidades, para evitar la sanción más 
grave. Por tales motivos, parece preferible optar por aplicar la figurajurídica que más se adecúa a los hechos concretos 
dados por probados en autos. Y esta es la tenencia en cantidades superiores a las de consumo personal”. 

4 La redacción de 2013 agrega a lo que no se considera comportamientos punibles la tenencia en el hogar de 
la cosecha de hasta seis plantas de cannabis de efecto psicoactivo obtenidas de acuerdo con lo dispuesto en las 
disposiciones relativas al autocultivo en la misma ley, así como la cosecha correspondiente a los integrantes de 
un club de membresía autorizado conforme la legislación y la reglamentación respectiva. 



lización de todas las formas de acceso a sustancias psicoactivas 5 . Dedicaremos este informe 
a la actualización de esos datos, teniendo en cuenta la incidencia de la ley 19.172 en la 
jurisprudencia (aún escasa) de los tribunales penales. Asimismo, agregaremos unas breves 
consideraciones acerca de la implementación de los diferentes mecanismos de acceso al 
mercado regulado de cannabis. 


La determinación de la tenencia para consumo por los tribunales 

La interpretación judicial de la ley en el campo de aplicación de la tenencia para con¬ 
sumo ha implicado una presunción contraria a la irrelevancia penal de un rango de com¬ 
portamientos vinculados al consumo, esto es, una presunción contraria a la libertad, que 
se manifiesta en los argumentos empleados en la justificación de las decisiones respecto 
del alcance de la excepción del inciso segundo del artículo 31. A los efectos ilustrativos, 
transcribiremos un fragmento del discurso judicial anterior a la aprobación de la ley 19.172 
y uno posterior a su sanción. Se consigna la argumentación del Tribunal de Apelaciones en 
lo Penal de 2do. Turno en ambos momentos, de forma de ilustrar la incidencia de la nueva 
redacción en el cambio de valoración judicial de la tenencia para consumo personal. 

Argumentación anterior a la vigencia de la ley 19.172: 

“...establecer cuándo una cantidad es razonable para consumo personal siempre será de apre¬ 
ciación subjetiva por el observador, pero lo que no puede serlo es el criterio o vara con la cual se 
mida su eventual afectación a la seguridad comunitaria de la salud. Así, se debe calibrar si el 
caso ingresa en la situación de un enfermo (adicto), que se mueve con su “salvavidas”a cuestas o 
a quien se le incauta en determinado lugar (su escondrijo de droga), una cantidad que eventual¬ 
mente por una cuestión de simple lógica, podrá ser más voluminosa que la que se lleva consigo, 
por las reglas naturales de la vida cotidiana, pero no ilimitadamente más (...). Así las cosas la 
pregunta que corresponde es ¿esposible que el enjuiciado consuma [la cantidad incautada] en dos 
o tres días? La respuesta es evidente, ninguna persona podría drogarse de esaforma sin que lo lleve 
al quebranto de la salud. No puede menos que admitirse que se trata de una cantidad, que de ser 
para consumo propio, alcanzaría para drogarse por lo menos un mes. ¿Qué se puede argumentar? 
Que su adicción lo traiciona y entonces acopia desmesuradamente. Posible, pero inverosímil. En 
ese estado de situación ¿puede valorarse dicha droga y su forma de acopio como cantidad razona¬ 
ble exclusivamente para su consumo? En opinión de la Sala no, porque es un volumen acumu¬ 
lativo y, de sospechosa forma de acopio, tendiente alfomento a largo plazo del vicio, lo que lleva 
insito riesgos sociales propios y también ajenos, por lo cual queda fuera de la excepción legal a la 

5 Bardazano, Gianella; “Se presume culpable. Sobre la justificación de las decisiones judiciales relativas a la in¬ 
terpretación del artículo 31 del decreto ley 14.294 en su redacción dada por la ley 17.016”, en AAVV; Aporte uni¬ 
versitario al debate nacional sobre drogas, Montevideo, CSIC-UdelaR, 2012, pp. 39-61. Bardazano, Gianellay 
Salamano, Ignacio; “Respuestas estatales a los usuarios de sustancias psicoactivas en Uruguay: entre la alternativa 
y la profundización de la guerra contra las drogas”, en Pérez Correa, Catalina (coord.); Consumo, consumidores 
de drogas y las respuestas estatales en América Latina, México, Fontamara, 2014, pp. 275-308. 


249 


SEGURIDAD DEMOCRÁTICA Y DERECHOS HUMANOS 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


250 


penalización de la tenencia de estupefacientes, que se limita a una cantidad razonable para el 
consumo propio y actual” (KEH 2, Sent. 102/2007,269/2007,47/2008,351/2008, entre otras 
decisiones en las cuales se reitera el argumento). 

Argumentación posterior a la aprobación de la ley 19.172: 

“...la Sala reiteradamente se ha expedido sobre el criterio que entiende por una cantidad 
razonable para consumo (...) concepto que no ha variado con la nueva redacción (...), salvo 
para el caso específico de la marihuana (...). Evidentemente establecer cuando una cantidad es 
razonable para consumo personal siempre será de apreciación subjetiva por el observador, pero 
lo que no puede serlo es el criterio o vara con la cual se mida su eventual afectación a la salud co¬ 
munitaria. La evolución del tema pasó de un mínimo para consumo a una cantidad razonable 
y, ahora, a una que determine elJuez en función de las reglas de la sana critica. Así, se calibra 
generalmente que un caso ingresa en esa situación cuando el enfermo (adicto), se mueve con 
su “salvavidas” a cuestas con lo que podría estimarse como dosis adecuadas a su dependencia 
a los estupefacientes o, una cantidad que eventualmente podrá ser más voluminosa que la que 
acostumbra a llevar consigo en forma ambulatoria cuando se incauta en determinado lugar 
(escondrijo de droga), pero en todo caso no mucho mayor (...). La anterior redacción que le dio 
el artículo 3 de la ley 17.016 al artículo 31 fue un aporte para mejorar el criterio de evaluación 
de lo que puede entenderse por un “mínimo” de posesión permitida para el consumo personal 
del drogadicto, tratando con ello de evitar el encasillamiento puntual -mínimo igual dosis- 
para dar lugar a un mayor espectro mirando a lo “razonable”a criterio deljuzgador, pero de 
ninguna manera tal cosa implicaba una apertura para el acopio o derechamente para la tenen¬ 
cia de sustancias estupefacientes, puesto que la regla general era y es la prohibición expresa del 
acopio por ser sustancias peligrosas para la Salud Pública. Por tanto, ese criterio general sigue 
plenamente vigente (...). Cuando se tomó la decisión de iniciar eljuicio a los dos involucrados 
en la causa por parte del Señor Juez de primera instancia 6 , la misma era totalmente ajustada 
a derecho, ya que cada uno de ellos tenía en posesión más 25 gramos de marihuana, cantidad 
que sin lugar a la menor duda era acopio prohibido puesto que habilitaba a armar más de 
cincuenta “porros”, los cuales no se pueden fumar a corto plazo. (...) El concepto pacíficamente 
admitido de cantidad razonable, que bien puede ahora asimilarse al fijado en la ley como 
“cantidad valorada en función de la sana crítica”, refiere al corto plazo mientras que lo que les 
fuera incautado a los encausados de autos es un volumen para acumular, tendiente al fomento 
a largo plazo del vicio, lo que lleva insito riesgos sociales propios y también ajenos, por tanto, 
sin mucha profundización quedabafuera de la excepción legal a la penalización de la tenencia 
de estupefacientes, que se limitó a una cantidad razonable para el consumo propio y actual 
valorado con un criterio de razonabilidad por eljuzgador, que (...) ahora podrá llamársele “en 
base a las reglas de la sana crítica”. (...) Ahora, el tema cambia dramáticamente en relación a 
la marihuana, porque allí la ley en el inciso tercero de la nueva redacción del artículo 31 fija, 
taxativamente, cual es esa cantidad permitida para consumo personal, quitándole la facultad 


6 La decisión de primera instancia es anterior a la vigencia de la ley 19.172. 



de valoración aljuez (...). Entonces, la conclusión es que aquella cantidad de droga que resulta 
un claro acopio prohibido y por ello encarta una conducta delictiva por posesión en relación a 
otros estupefacientes, para la marihuana no lo es (...). En efecto, con 40gramos de marihuana 
se pueden armar, más o menos, entre 80 y 90 “porros”, por tanto no es una cantidad para con¬ 
sumo a corto plazo sino acopio, pero la ley es inequívoca en cuanto a los gramos autorizados, por 
lo cual el intérprete no puede desatender su tenor literal en busca de su eventual espíritu” (0® 
2, Sent. 122/2014,15.05.14). 

El cambio en la legislación -por el momento- no ha producido un cambio en la valo¬ 
ración del comportamiento que se juzga, ni en la consideración del usuario como enfermo; 
por el contrario, la presunción relativa al cannabis establecida en la nueva redacción es in¬ 
terpretada como una autorización al acopio, a la vez que se anuncia una interpretación taxa¬ 
tiva de la cantidad establecida, que podría suponer que cantidades superiores a 40 gramos 
no fuesen valoradas teniendo en cuenta la eximente de pena del inciso segundo. A su vez, 
de la argumentación se desprende la escasa trascendencia de la modificación de la redacción 
relativa al método de valoración de la prueba incorporando la referencia a las reglas de la 
sana crítica. 


El acceso al mercado regulado 

La ley 19.172 eliminó la contradicción relativa a las formas de acceso exclusivamente 
respecto del consumo de cannabis, en el entendido de que a pesar de que el consumo no 
estaba prohibido ni era perseguido penalmente (con los matices que esta afirmación con¬ 
lleva, habida cuenta de los criterios judiciales expuestos en el apartado anterior), los com¬ 
portamientos dirigidos a la obtención del cannabis para consumo sí lo eran. De este modo, 
estableció excepciones a la prohibición en cuanto al autocultivo, los clubes de membresía, 
el expendio para uso medicinal y el expendio para uso recreativo, siempre que se trate de 
personas mayores de 18 años que se encuentren inscriptas en los Registros que lleva el Ins¬ 
tituto de Regulación y Control del Cannabis (HKHffl). La ley ha sido reglamentada por los 
Decretos 120/2014 (cannabis psicoactivo de uso no médico, registros, MEIffl), 370/2014 
(cannabis no psicoactivo) y 46/2015 (usos científico y medicinal). 

Ante la realización de procedimientos policiales abusivos y a los efectos de adecuar 
el accionar policial a la nueva normativa, fue aprobado por el Ministerio del Interior en 
agosto de 2015 un protocolo de actuación. 

Los clubes cannábicos de membresía y la producción doméstica de cannabis destina¬ 
da al consumo personal fueron las áreas del mercado regulado que presentaron el mayor 
avance hasta el momento. El 1 ° de octubre de 2015 -a casi dos años de la sanción de la ley- 
fueron otorgadas por el dos licencias de producción de cannabis como especialidad 

vegetal controlada con acción psicoactiva para su dispensación en las farmacias que vayan a 
ser habilitadas. No está claro cuándo será implementada la dispensación para uso recreativo 


251 


SEGURIDAD DEMOCRÁTICA Y DERECHOS HUMANOS 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


en las farmacias. Según datos de la KEEncuesta Nacional de Hogares sobre Consumo de 
Drogas, en cuanto a la forma de acceso al cannabis, el 66% de quienes han consumido en 
los últimos 12 de meses ha estado “vinculado directa o indirectamente con el narcotráfico” y 
uno de cada cinco de quienes en el mismo período adquirieron el cannabis en el mercado 
ilegal, estuvo alguna vez ante una situación de violencia mientras lo hacía 7 . Es decir, la ma¬ 
yor parte de los usuarios de cannabis no cuentan aún con una forma de acceso disponible de 
las sancionadas a fines de 2013 por la ley 19.172. Sin duda, el próximo año será central en 
relación a la evaluación de la aplicación e implementación de la ley con relación a algunos 
de los objetivos declarados en oportunidad de su aprobación: impacto positivo en la salud 
de los consumidores como consecuencia, entre otras acciones, del control de la calidad de la 
sustancia y la disminución de los contactos de las personas con los circuitos ilegales. 


252 


7 http://www.infodrogas.gub.uy/ 



Olvidamos lo que fuimos 

Visita de los Comisionados del Comité de 
los Derechos del Niño-ONU 

Del 22 al 26 de junio, Sara Oviedo y Jorge Cardona, Comisionados del Comité de los De¬ 
rechos del Niño de Naciones Unidas, visitaron nuestro país. Mantuvieron reuniones con diferen¬ 
tes agencias del Estado (Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, el 
Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto (13®3), entre otras), parlamentarios, actores políticos, y muy 
especialmente un encuentro con niños, niñas y adolescentes. 

La misión tuvo como punto focal, dialogar y visibilizar las recomendaciones realizadas por el 
organismo internacional en la última revisión del país. Las mismas fueron publicadas el 5 de marzo 
de este año, y recogen las observaciones que el Comité produjo. 

En este sentido, Jorge Cardona afirma que se deben generar las condiciones de probabilidad 
para que las recomendaciones se asienten en la sociedad. 1 Abandonar el paradigma tutelar, anclado 
en el asistencialismo y el autoritarismo de la situación irregular, significa remover y actualizar las 
estructuradas y sistemas de protección de derechos. La participación de los niños, niñas y adolescen¬ 
tes, es un factor clave, para incluir a los mismos en la toma de decisiones que tengan que ver con la 
construcción de políticas públicas sobre infancia y adolescencia. “Debemos tratarlos como sujetos de 
derecho -no solo pregonar que lo son-y pensarlos como actores sociales. Cuando no los escuchamos sali¬ 
mos perdiendo. Ellos tienen una voz fresca, una sabiduría especial, una voz más ligada a la inclusión, 
menos condicionada por intereses y prejuicios, una voz auténtica ’, 2 3 4 opinó Sara Oviedo. 

Otro tema que estuvo en la agenda fue la situación del sistema carcelario juvenil. Para Cardona 
“Las nuevas autoridades del Sirpa son conscientes de que las torturas se han producido, no lo niegan, 
pero los torturadores siguen trabajando ahí dentro. No ha habido la purga que se debió hacer. Uno de los 
obstáculos es el sindicato ], que impide remover a los funcionarios [acusados de malos tratos]; 

los directores y el personal no están calificados para trabajar con adolescentes. Es necesaria una reforma 
profunda del personal del Sirpa para que haya personas que sepan tratar con adolescentes”d Mientras 
que para Oviedo “Los casos de tortura son la máxima expresión de otras violencias y estigmatizaciones 
que se ejercen hacia los adolescentes. Seguimos manejando [para con ellos] una concepción de que nos 
molesta como se visten, la música que escuchan, como se expresan y como toman los espacios públicos. 
Para que las recomendaciones que hacemos queden enraizadas en el país, los temas de los adolescentes 
deben comenzar a ser parte de la agenda nacionaF’j 


1 Azul Cordo (26/06/2015). En busca del tiempo perdido. La Diaria. En: http://www.comitednu.org/wp- 
content/uploads/2015/06/La-diaria.-cr%C3%B3nica-NNA-CDN.pdf 

2 ídem. 

3 ídem. 

4 ídem. 


253 


SEGURIDAD DEMOCRÁTICA Y DERECHOS HUMANOS 






Derechos 
económicos, 
sociales y culturales 


Mauro Tomasini 



























Mauro Tomasini 





Perspectivas y proyecciones de la 
Salud Mental en el Uruguay 


Mag. Psic. Cecilia Baroni 1 


“Un mundo donde quepan todos los mundos” 


(EZLN) 


De jaurías y ciertos olvidos... 

El 2015, en relación con la problemática de la salud mental y los derechos humanos, 
comenzó con un hecho que conmovió a la opinión pública e hizo recordar que en Uruguay 
aún existen personas que viven o están internadas en asilos y manicomios del Estado, en 
situaciones deplorables. 

Es importante señalar que el hecho de que muriera una persona atacada por una jauría 
de perros 2 logró dar visibilidad a las condiciones de internación así como el estado de olvido 
y abandono en el que viven las personas que se encuentran en el entrecruce de la locura y 
la pobreza. 

Ante esta situación, varias organizaciones, grupos y colectivos 3 que han venido tra¬ 
bajando en la defensa de los derechos humanos referidos a la atención en salud mental 
exigieron: 


259 


1 Prof. Adj. Magíster en Psicología y Educación. Docente e investigadora de la Facultad de Psicología, Ude- 
laR. Integrante del colectivo Radio Vilardevoz. Cursando el Doctorado de Historia de la Facultad de Huma¬ 
nidades y Ciencias de la Educación y realizando su Tesis en relación con la Historia del proceso de desmanico- 
mialización en el Uruguay. 

2 El 25 de marzo muere en la Colonia Etchepare Oscar Greco, luego de ser atacado por una jauría de perros. 
La situación denunciada implicó que la jueza Viviana Gránese -Juzgado Letrado de San José de 1er. Turno- 
intimara a: “además de que se resuelva la situación de los perros abandonados en las colonias , que se proceda a la 
redistribución de los pacientes que viven en los pabellones 24,29,30, de Etchepare (...) por encontrarse en situación 
de riesgo físico y mental y absolutamente vulnerados en sus derechos humanos” “Estefallo pone en evidencia la pro¬ 
blemática que, lejos de ser una situación puntual, plantea las condiciones de cuidado, atención y tratamiento que 
han venido recibiendo las personas en situación de pobreza y con padecimiento mental” (Comunicado de prensa 
Radio Vilardevoz, 31 de marzo, 2015). 

3 Son de destacar aquí la Asamblea Instituyente por Desmanicomialización, Salud Mental y Vida Digna, el 
Movimiento Salud para Todos y Radio Vilardevoz, entre otros. 


SALUD 



DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 


• El cierre de las colonias Etchepare, Santín Carlos Rossi y el Hospital Vilardebó, por 
considerar que pertenecen a un paradigma ya perimido, centrado en la enfermedad y 
el encierro como modo de abordaje y tratamiento de los padecimientos psíquicos. 

• La reactivación del debate público en torno a la necesidad de una nueva Ley de 
Salud Mental, ya que la ley vigente, conocida como “Ley del Psicópata” (1936), no 
contempla los avances técnico-teóricos ni jurídicos que se han logrado hasta el mo¬ 
mento tanto a nivel nacional como internacional, incluyendo, entre otras cosas, que 
las personas no pierdan la calidad de sujeto de derecho bajo ninguna circunstancia. 

Si bien en nuestro país -desde 1986-, con la creación del Plan Nacional de Salud 
Mental se viene intentando cambiar el paradigma actual por un modelo de atención centra¬ 
do en la promoción y atención de la salud; tanto el presupuesto destinado al mismo como 
los diferentes intereses puestos en juego han impedido que se llevaran adelante cambios im¬ 
portantes en pro de su implementación. No obstante, algunas propuestas contempladas en 
dicho Plan sí se han podido concretar, como la descentralización de la atención a nivel de 
policlínicas, así como el fortalecimiento de algunos Centros Diurnos, la creación de Casas 
de Medio Camino y las internaciones de no más de sesenta días, lo cual ha permitido que en 
la actualidad haya disminuido la cantidad de personas internadas por tiempo prolongado. 

A su vez, la creación en el año 2005 del Ministerio de Desarrollo Social (§ K00d) y la 
diversidad de programas que desde el mismo se desarrollan para la atención de personas en 
situación de vulnerabilidad ha colaborado, no sin dificultades, a que las personas que están 
en condiciones de doble exclusión por ser “locos y pobres” cuenten hoy en día con otros 
soportes. Nos referimos, por ejemplo, a poder acceder a Centros Diurnos y/o Nocturnos 
260 (refugios, etc) y a las diversas actividades socioculturales que se promueven, así como a 
alguna experiencia laboral o educativa por medio de programas como Uruguay Trabaja o 
Fortalecimiento Educativo. 

Por otra parte, el rediseño del Hospital Vilardebó, hacia 1997, luego del cierre del 
Hospital Musto en 1996 y su transformación en “hospital de agudos” (en tanto centro que 
garantice la atención en situación de crisis con internaciones cortas) ha generado, en este 
sector de la población y ante la falta de políticas de rehabilitación e inclusión social, 4 un 
fenómeno denominado “puerta giratoria” en el que las personas que no cuentan con sostén 
familiar o comunitario realizan un circuito entre internaciones, calle o refugios. Situación 
que denota que el abordaje médico-psiquiátrico centrado en la administración de psicofár- 
macos y la falta de centros o espacios de inclusión para desarrollar otro tipo de abordajes no 
colaboran con los procesos de salud de las personas en situación de vulnerabilidad psíquica 


4 Cabe aclarar aquí que existen, y en este período hemos visto el incremento de diversos espacios y propuestas 
de inclusión, sostén y referencia para personas con padecimiento psíquico. La mayoría son de carácter autoges- 
tionado y muchas veces sólo cuentan con el apoyo y reconocimiento de la Universidad de la República en tanto 
son consideradas tareas de extensión y/o investigación universitaria, evidenciando así la falta de políticas y de 
articulación existentes en la temática. 



y social, y contribuyen a la cristalización del estigma de la “enfermedad mental” y de la lo¬ 
cura unida a la noción de peligrosidad. 


“No hay peor ciego que el que no quiere ver” 

(Dicho popular) 

Si se recorren diversas instituciones de encierro (cárceles, hospitales psiquiátricos, 
asilos, etc.) no se tarda en pensar (a partir de que se ve, se siente, se huele y se vive en las 
mismas) en “depósitos de gente”, “campos de concentración”, “guetos de pobres”. Si a esto 
se suma que los problemas que genera el encierro (ansiedad, angustia, etc.) son apaciguados 
con psicofármacos y que muchas veces estos se convierten en parte de un “mercado interno” 
para sobrellevar las internaciones o encierros prolongados, comenzamos a entender por 
qué las personas que están allí (internadas o viviendo) se mueven y reaccionan lentamente, 
deambulan en busca de nada y de todo, dejando pasar el tiempo que parece no pasar... espe¬ 
rando una visita o simplemente que termine el día. 

Si a la medicación le sumamos (en los hospitales psiquiátricos o clínicas privadas) la 
sobreindicación de electroshocks (micronarcosis o terapia electroconvulsiva), las lógicas 
autoritarias y/o arbitrarias (que junto al encierro y aislamiento de la personas como parte 
del proceso terapéutico dan paso a la impunidad de cierto tipo de procedimientos: trasla¬ 
dos, cambios de sala, y otros), la falta de información y del acompañamiento necesario para 
entender y procesar el tratamiento a realizar así como para la comprensión de lo que está su¬ 
cediendo, es posible reflexionar acerca de un modelo perimido centrado en la enfermedad 
mental, que se sigue sosteniendo la mayoría de las veces en discursos biologicistas y en la 
falta de un mayor presupuesto para la salud. Discursos que generan prácticas que sustentan 
y reproducen lógicas manicomiales más allá del ámbito en el que se encuentren. 

El estado deplorable de los edificios, la situación de aislamiento y abandono de las 
personas, en una recorrida de alguien externo a la institución, hacen que se realicen pedi¬ 
dos varios, como una monedita para hablar por teléfono, comprar tabaco, zapatos o ropa 
de abrigo, jabón, desodorante o algo para comer. Se reproducen y refuerzan así lógicas de 
mendicidad que van generando la pérdida de dignidad -entre otras cosas- produciendo 
sujetos pasivos y sin posibilidad ni siquiera de pensar que tienen derecho a vivir de otra 
manera. 

En agosto visitó nuestro país, invitada por el Centro de Investigación en Psicoterapias 
y Rehabilitación Social (fHKfKff), lapsicóloga Marcela Vernier, de Italia, donde hace ya más 
de treinta años se inició un proceso de desmanicomialización que ha incluido el cierre de 
manicomios, y que en la actualidad es ejemplo e inspiración para el mundo entero. Al reco¬ 
rrer el Vilardebó una mujer se le acercó y claramente angustiada le pidió, insistentemente, 
que intercediera para que no le hicieran electroschok. El espanto y la impotencia dieron 


261 


SALUD 



DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 


paso al llanto y a un largo abrazo... y a la pregunta que una y otra vez se hace la gente que se 
acerca al Vilardebó: ¿por qué los tienen así? 

Se sufre la soledad y la arbitrariedad de muchos de los funcionarios que según “corno te 
portes” dejan o no hacer tal o cual cosa, ir a tal o cual taller, se sufre estando encerrado y se 
sigue sufriendo al salir a la calle, a los refugios o en las llamadas “casas de salud”, que en su 
gran mayoría no cuentan con habilitación del Ministerio de Salud Pública (IE ffl). 

Se sufre la infantilización y se siente el abuso. En el Hospital: “Si te portas bien, te dejo 
salir”. En la “casa de salud”: “Si no sacas la basura, nopodés salir hoy”. 

Se amenaza: “Si seguís así te vamos a mandar a la Colonia”, “Pórtate bien que si no viene 
la doctora y te da un inyectable”. 

Se estigmatiza: “A este ya lo conocemos y está de vivo”. Se genera miedo y se anula al su¬ 
jeto. Y a veces la violencia es tanta que estalla en los muros y alguien escribe: “A la guardia 
le voy a atar la cabeza con las manos”, “Yo voy a desmanicomializar este p... hospital y voy a 
empastillar a todos losp.... técnicos”. 


Algunos avances y algunos obstáculos 

Durante 2005 y a partir del primer gobierno del Frente Amplio, en nuestro país se 
impulsó la propuesta de una nueva reforma de la salud a través de la implementación de un 
Sistema Nacional Integrado de Salud (M3E®). En este marco se realizó “una actualización” 5 
del que quedó plasmado en el documento “Salud mental en la emergencia social y en 
262 e l nuev0 modelo asistencial”, elaborado por la Comisión Asesora Técnica del Programa. 

En este contexto y desde las estructuras de gobierno, en 2007, se rebota la Comisión 
Asesora Técnica Permanente del Programa Nacional de Salud Mental del K ® en la que 
participaron diversos sectores en el diseño y redacción de un Anteproyecto de Ley en Salud 
Mental que fuera publicado en 2009. Esta propuesta de Anteproyecto fue tomada desde la 
sociedad civil y específicamente por el colectivo nucleado en Radio Vilardevoz 6 (1997), el 
cual decide realizar la campaña “Rompiendo el silencio” durante el año 2011 para promo¬ 
ver el debate público de la propuesta. Por otra parte, desde la UdelaR diversos colectivos 
preocupados por la temática de la salud mental y por la participación de los propios im- 


5 Ginés, A. (2013), “Salud mental en la perspectiva del Sistema Nacional Integnido de Salud” en De León, N. 
(comp.), Salud mental en debate (pp.37-50). 

6 En la actualidad, con 18 años de trayectoria, este colectivo se ha convertido en referente clave para poder 
pensar otras lógicas y prácticas en la producción de dispositivos alternativos en salud mental. Insistentemente, 
ha aportado a problematizar, por los propios “beneficiarios” de las mismas, algunas prácticas naturalizadas en 
dicho campo. Vilardevoz ha logrado que un saber que no circulaba, por estar sometido a otros saberes a la vez 
que encerrado y alejado de los circuitos comunicacionales, comience a hacerlo, generando con este movimiento 
que sean los propios estigmatizados en el lugar de “locos peligrosos” o “delirantes” los que den cuenta de las 
problemáticas que se viven cuando se es “loco y pobre”. 



plicados en el tema, generan algunas propuestas tanto de investigación como de extensión 
que, a diferencia de otras experiencias alternativas, han logrado perdurar en el tiempo cum¬ 
pliendo en la actualidad entre tres y cinco años de existencia. Cabe resaltar a los colectivos 
de “Bibliobarrio” (2010) y “La grieta” (2008). Varios integrantes de este último durante 
2012 llevaron adelante la propuesta “Pasado, presente yfuturo en políticas de salud mental ”, 
la cual implicó instalar el debate acerca de la salud mental en diversos puntos del país y 
culminó con la publicación Salud mental en debate. 7 

Durante el año 2012, varios colectivos se nuclean y fundan la Asamblea Instituyeme 
por Salud Mental, Desmanicomializacion y Vida Digna, 8 promoviendo, entre otras cosas, 
la existencia de una nueva Ley de Salud Mental en el Uruguay y la realización de diversas 
actividades, entre las que se destacan la Marcha por Salud Mental, Desmanicomializacion 
y Vida Digna y el Encuentro Antimanicomial. 

Todo este movimiento, ante el tratamiento mediático que tuvo el problema de la jauría 
de perros y la muerte de Óscar Grecco en la Colonia Etchepare, permitió que esto último 
no pasara desapercibido y que las organizaciones mencionadas solicitaran al IE medidas 
concretas acerca de las condiciones de internación y la reactivación del trabajo en torno a 
una nueva Ley. 

En marzo, el IE D®, a través del propio ministro, Dr. Basso, convocó a diferentes actores 
a crear el Grupo de Trabajo (ffl) sobre Salud Mental y Derechos Humanos con el objetivo 
de “en no más de tres meses” presentar un documento con lincamientos para una nueva ley 
de salud mental a ser presentada en el Parlamento. 9 


7 De León, N. (comp.) (2013), Salud mental en debate. UdelaR CSIC, artículo 2. 

8 Organizaciones perteneciente a la Asamblea al momento de su fundación: Colectivo La Grieta: Salud 
Mental y DDHH (2008), Colectivo Radio Vilardevoz (1997) Bibliobarrio (2005), Unión Ibirapitá (1998), 
Grupo de Acción por la despatologización trans, Comisión de Salud Mental y DDHH del CEUP, Payasos 
Medicinales, Grupo De la Esperanza (1986), Espacio de Promoción de Salud El Roble, Sociedad de Psicología 
de Salud Pública, Centro Félix Guattari, Proyecto “Clínica, territorio y entramado social” del Instituto de Fun¬ 
damentos y Métodos en Psicología, Proyecto “Salud Mental y Derechos Humanos” del Instituto de Psicología 
Social, Proyecto “Esquizoanálisis: clínica y salud mental en el Uruguay del nuevo milenio” del Instituto de 
Psicología Social, Proyecto Psicología Política Latinoamericana del Instituto de Psicología de la Salud, Grupo 
de Psicología de la Liberación-Uruguay. 

9 A dicha convocatoria concurrieron integrantes del Area Programática para la Atención en Salud Mental y 
de la Comisión Asesora Técnica Permanente, integrantes de la División Salud Mental de ASSE, Universidad 
de la República (UdelaR), Federación de Funcionarios de Salud Pública, el Colectivo Vilardevoz, la Asamblea 
Instituyente (por Salud Mental, Desmanicomializacion y Vida Digna), Grupo ASUMIR, Colegio de Aboga¬ 
dos, Sociedad de Psiquiatría del Uruguay ( IXMXI ), Coordinadora de Psicólogos del Uruguay (Kffl), Comisión 
Honoraria de Patronato del Psicópata, Inspección General para la Asistencia de Psicópatas, Secretaría de Dere¬ 
chos Humanos de Presidencia de la República, Centro de Investigación en Psicoterapias y Rehabilitación Social 
(BHEKEM) y representantes del Consejo Directivo y Equipo Técnico de la Institución Nacional de Derechos 
Humanos (HEHEHEHEI). Cabe aclarar que durante los meses de trabajo se fueron sumando más organizaciones o 
sectores de trabajo de diversos ministerios, como el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerios de Trabajo, 


263 


etc. 


SALUD 



DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 


Durante el período de trabajo se fueron sumando organizaciones al ffl y finalmente 
se aprobó el documento “Aportes para los contenidos de una nueva Ley de Salud Mental de 
Uruguay” (21/7/15) en el cual quedaron plasmados algunos consensos y algunas diferen¬ 
cias entre los involucrados. Lo más significativo de este proceso es que, a diferencia de otros 
momentos históricos donde también fueron elaboradas propuestas de Anteproyectos de 
Ley, 10 este es el primer documento que llega al Parlamento en carácter de “insumos necesa¬ 
rios” para la elaboración de una nueva Ley de Salud Mental. 

Esto significó un nuevo impulso para que las organizaciones y colectivos pudieran 
hacerles llegar sus puntos de vista a los parlamentarios. De las actividades que se realizaron 
cabe destacar, en agosto, el Desembarco de Radio Vilardevoz 11 en el Anexo del Palacio 
Legislativo, donde participaron de la mesa central Marcos Carámbula (presidente de la 
Comisión de Salud de la Cámara de Senadores), Luis Gallo (presidente de la Comisión de 
Salud de la Cámara de Diputados), Berta Sanseverino (vicepresidenta de la Comisión de 
MEdK de la Cámara de Representantes) y los diputados Óscar Andrade (titular) y Gerardo 
Nuñez (suplente). 

Vilardevoz presentó ocho razones 12 por las cuales es necesario cambiar el marco jurí¬ 
dico en nuestro país: 

1. El anacronismo de la existencia “de espacios de segregación y encierro”, y exige la crea¬ 
ción de “más espacios de salud en la comunidad”-, 

2. La paradoja de tener un sistema de salud mental que “sigue centrándose en la enfer¬ 
medad con un enfoque biologicista, ignorando el sufrimiento psíquico, la capacidad y 

los recursos sanos de las personas”; 

264 F 

3. “El uso indiscriminado de electroshocky lafalta defundamentos terapéuticos priman¬ 
do cuestiones técnico administrativas (tiempo de internación, cantidad de camas dis¬ 
ponibles, etc.). Es una acción terapéutica agresiva, invasiva, poco efectiva, que genera 
efectos secundarios graves en la salud integral de la persona. Impone y no reconoce la 
voluntad de la persona y/o su familia”-, 

4. Propuso que desaparezca la figura del “Inspector del Psicópata” existente en la ley 
vigente, y se cree un Órgano Revisor de los Derechos Humanos, autónomo, impres- 


10 Nos referimos a la propuesta de Anteproyecto de Ley sobre atención a personas con trastorno mental, 
realizada en 1997 por los Drs. Psiq. Montalbán, Pouy, De Pena y el Dr. Abog. Otonelli y a la propuesta de An¬ 
teproyecto de Ley de Salud Mental, realizada en 2007 en el marco de la Comisión Asesora Técnica Permanente 

por el Grupo de Trabajo conformado por: abogada Judith Kakuk, el Lie. Nelson De León y la Psic. 
Cristina Antúnez entre otros. 

11 Vilardevoz cuenta con un dispositivo de intervención psicosocial denominado “Desembarco”. Los vilarde- 
vocenses toman la figura de la “nave de los locos”, barco que se utilizaba como método durante la Edad Media 
para deshacerse de los locos mandándolos a alta mar, para al llegar a algún lugar poder contar su travesía y 
compartir sus peripecias y vivencias durante el viaje. 

12 Boletín Especial Vilardevoz: Desembarco en el Parlamento, agosto, 2015. 



cindible para cumplir con el control sobre las condiciones e indicaciones de este o 
cualquier tratamiento; 

5. Enuncia que “la pobreza, la calle, la indigencia profundizan y generan mayores di¬ 
ficultades para la integración social. La salud mental debe ser considerada de modo 
integral, siendo las condiciones materiales y físicas de existencia, fundamentales para 
cualquier proceso de atención y rehabilitación '. Entendiéndose que, sin esto, existe 
vulneración permanente de los derechos humanos básicos. Para modificar esto es 
necesario generar “políticas intersectoriales e interinstitucionales que den respuesta a 
estas problemáticas”-, 

6. Señala que en la actualidad “son mínimas las oportunidades de inserción laboral 
para personas con padecimiento psíquico”. Proponiendo “políticas de inclusión la¬ 
boral, que contemplen las capacidades de trabajo de las personas con padecimien¬ 
to psíquico, promoviendo jornadas flexibles (4 a 6 horas), tareas y remuneración 
acorde. También entendemos importante fomentar las experiencias de autogestión, 
cooperativismo, que aportan al desarrollo de la economía social y a los procesos de 
rehabilitación e integración”-, 

7. Plantea que “la situación de abandono en la que se ha dejado a la salud mental, tam¬ 
bién ha afectado el buen desempeño de los trabajadores, que sostienen y reproducen 
lógicas de encierro” y que es clave, en un cambio de modelo, la “participación activa 
de los trabajadores, que incluya espacios de formación y cuidado, desde una perspectiva 
de derechos humanos”-, 

8. Explicita que “el Estado debe garantizar y promover la participación de las personas 
con padecimiento psíquico y usuarios de salud mental en el diseño, aplicación y segui¬ 
miento de las políticas en salud mental. La participación es un pilarfundamental que 
profundiza la democratización de la salud y aporta a los procesos de construcción de 
ciudadanía”. 


Por último, alerta de que “aúnpersisten imaginarios sociales que estigmatizan a los locos 
como peligrosos, delirantes, alienados, psicópatas”. Se plantea que un nuevo marco jurídico 
permitirá instituir “otros modos de nombrar la locura” y promover políticas activas de edu¬ 
cación, comunicación y cultura que cuestionen estos estigmas. 

En setiembre la Asamblea Instituyeme por Desmanicomialización, Salud Mental y 
Vida Digna presentó una propuesta de Anteproyecto de Ley de Salud Mental. La misma 
plasma los posicionamientos de diversos colectivos proponiendo claramente que el Órgano 
Revisor de f se ubique por fuera de la órbita del f 03 garantizando así la autono¬ 
mía del mismo respecto a la confluencia de intereses que podrían existir si este funciona 
bajo la égida del Ministerio. A su vez, desde junio la Asamblea impulsó una campaña de 
recolección de firmas “por una nueva Ley de Salud Mental y otro modelo de atención” a 


265 


SALUD 



DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 


presentarse en el marco de las celebraciones del Día Internacional de la Salud Mental así 
como ha organizado jornadas de intercambio con Funcionarios de Salud Pública ( IXMXl IXl) y 
del IXMM -IXWIXl, en particular con la Comisión de Discapacidad del Sindicato Único Nacional 
de la Construcción y Anexos (fflIEffl). 

Como otro gran avance de este período cabe destacar el cambio de postura, con res¬ 
pecto a períodos anteriores, de la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay ( MXM ) la cual, a través 
de sus representantes pudo correrse del “férreo corporativismo (...) y la defensa a ultranza de 
su poder instituido’^ para dar lugar a un proceso de discusión en el que todos los actores 
involucrados debieron ceder en algo para llegar a una propuesta consensuada. 1 " 1 IE ue la IXMX1 
aceptara impulsar una nueva ley y no un rediseño y reorganización de los servicios, como 
manifestó en primera instancia, así como que participe en la discusión de la creación de un 
Órgano revisor, sus competencias y ubicación con respecto al Ministerio (fuera o dentro 
del mismo), son avances más que importantes en la materia. 

Por otra parte, es de destacar la participación de representantes en diversos espacios de 
trabajo, tanto los generados por el IE como por la BEIKIKIKIKI, con la Suprema Corte de Jus¬ 
ticia, que muchas veces, definen traslados o internaciones sin tomar en cuenta si los lugares 
están en condiciones de seguir recibiendo gente tanto por el estado de los establecimientos 
o de las características de modelo de atención que se brinda. 

El Grupo de Salud Mental Comunitaria de la Universidad de la República organizó en 
julio pasado el Seminario “Derechos, políticas y legislación en salud mental ”, contando con la 
presencia de la Dra. Graciela Iglesias, presidenta del Órgano Revisor de de Argen¬ 

tina, quien compartió su experiencia a cuatro años de aprobada la Ley de Salud Mental en 
266 su país así como la experiencia de contar con un Órgano autónomo. 

A nivel cultural también hay movimientos. En febrero, por ejemplo, “La sociedad del 
olvido ”, 15 investigación realizada acerca de la rehabilitación y las instituciones de encierro 
en nuestro país, fue llevada, en formato parodia, a los diversos tablados del Carnaval por los 
Zíngaros. En la misma se muestra parte de una realidad que la sociedad no quiere ver, que 
sabe que existe pero no lo tolera y lo niega, una y otra vez. Pasar por el frente del Hospital 
o cerca de las Colonias sigue siendo un ritual que no hace más que aumentar los mitos y los 
prejuicios en torno a los “locos” y la enfermedad mental. No hay locos ricos ni “sueltos” ni 
creemos que podemos enloquecer de un momento para otro... hay locos encerrados y están 


13 Antúnez, C. (2015), “Anteproyecto de Ley de Salud Mental ingresó al Parlamento”, en Revista de Coordina¬ 
dora de Psicólogos del Uruguay, N° 274, setiembre 2015, pp. 10-17. ISSN:2301-0770. 

14 El ueremos destacar aquí el papel de psiquiatras como el Dr. Ángel Valmaggia, quienes muchas veces oficia¬ 
ron de mediadores y moderadores ante la presencia de disensos que pudieran obstaculizar el camino recorrido 
y los consensos necesarios para concretar una nueva propuesta de Ley. 

15 Apud, I. y A. Techera (2010), La sociedad del olvido. Un ensayo sobre enfermedad mental y sus institucio¬ 
nes en Uruguay. Montevideo: EfflH, UdelaR. 



en Millán 2515 16 o en la Etchepare. La seguridad de que se está “cuerdo” es que nunca se 
estuvo allí o nunca se tomó medicación. 

La banda “4 pesos de propina”, a su vez, a través de Diego Rossberg, hizo una canción 
especialmente para el momento que se está viviendo, en donde plantea que “hay razones 
y argumentos para hablar del manicomio al Parlamento Tema que dio impulso a la cam¬ 
paña “del manicomio al Parlamento: por una nueva ley de salud mental, justa, inclusiva y 
humanizadora”. 17 

Por otra parte, en los últimos años se han incrementado las producciones académicas 
que aproximan a comprender la complejidad de la problemática de los padecimientos men¬ 
tales y los procesos de inclusión social. Cientos de estudiantes y docentes han desarrollado 
diferentes propuestas de investigación, extensión y formación que aportan al desarrollo de 
un proceso de desmanicomialización que tenga base en la comunidad. Esto ha permitido 
generar, entre otras cosas, algunas experiencias que demuestran que es posible desarrollar 
alternativas a lo existente. Se han desarrollado proyectos autogestionados y cooperativas 
de trabajo, espacios donde diversas formas de existencia tienen lugar y pueden desarrollar¬ 
se de forma digna en pro de conquistar derechos como el acceso a experiencias laborales, 
culturales, etc. Como muestra de ello, este año, el Espacio Interdisciplinario de la UdelaR 
aprobó el financiamiento del Proyecto “Emprendimientos socioproductivos, desmanicomiali¬ 
zación y ciudadanía” (Programa Semillero de Iniciativas Interdisciplinarias) en donde “Los 
emprendimientos socioproductivos se presentan como un posible dispositivo en los procesos de 
desmanicomialización y/o procesos de reforma psiquiátrica”} % 

Hay entonces una sensibilidad creciente por parte de diversos actores que dan señales 
claras, no sólo de una preocupación por mejorar las condiciones de vida de las personas con 
padecimiento psíquico, sino también de un compromiso con otro tipo de modelo y nuevas 
formas de abordaje que no condenen a las personas a morir en el abandono o el olvido. 


Algunas perspectivas 

Del proceso vivido durante el año 2015, queda el compromiso de que de aquí al 2020 
se produzca un proceso de desmantelamiento y cierre de los asilos y manicomios en nues¬ 
tro país. El cierre de este tipo de instituciones se considera un avance, dado que estos son 
el recejo de una época, de una sociedad y de cómo la misma resolvía la problemática de la 
pobreza y la enfermedad mental. 


16 Localización del Hospital Vilardebó. 

17 La campaña “Del manicomio al Parlamento” es una iniciativa de Radio Vilardevoz, 4 pesos de propina y 
lalala producciones. Ver spot en vilardevoz.org. 

18 Baroni, C, Cardozo, D, Lagarmilla, R, Noya, L. (2015) Proyecto “Emprendimientos socioproductivos, des¬ 
manicomialización y ciudadanía”. Inédito. 


267 


SALUD 



DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 


Cerrar los manicomios no impedirá que las lógicas manicomiales se reproduzcan en 
otro tipo de instituciones, ante lo cual se deberá estar vigilante y atento. Pero permitirá la 
creación, desarrollo e impulso de experiencias antimanicomiales que generen nuevas for¬ 
mas de relacionamiento y respeto de los sujetos en clave de derechos humanos. Cerrar los 
manicomios es terminar con la ecuación locura-encierro y con un símbolo del terror y el 
abandono de quienes padecen la doble exclusión de loco y pobre. Pensar en esto y en una 
nueva ley que garantice el cuidado y respeto de los derechos humanos de las personas con 
padecimiento psíquico, es, como diría Basaglia (2008), 19 “un acto de reparación que la de¬ 
mocracia realiza hacia los ciudadanos”. 

Uno de los mayores alicientes de este período es la existencia de un movimiento social 
generado por organizaciones de usuarios y familiares de salud mental que ha permitido que 
esta temática no quede en el olvido. Impulsar, promover y diseñar políticas con participa¬ 
ción de los implicados es un proceso que garantiza que las voces, sentires e intereses de los 
diversos actores involucrados estén presentes y sean tomadas en cuenta. 

Esto implica que hay que seguir promoviendo un cambio cultural que permita com¬ 
prender la enfermedad mental como un estado, un episodio y no como lo que define a la 
persona y la existencia de la misma. Esto implica posicionarse en una concepción que en¬ 
tiende los procesos de salud y enfermedad no sólo como un proceso individual sino como 
parte de procesos colectivos y dinámicos que nos constituyen como seres en sociedad. 

Elay trasformaciones a realizar dentro de la academia y de los procesos de formación 
de los futuros profesionales, ya no sólo de la salud, sino de todos los ámbitos que promue¬ 
van el desarrollo de sujetos autónomos con capacidad de decisión y transformación de sí 
268 mismos y las condiciones que lo rodean. Promover alternativas a lo manicomial implica 
revisar los aspectos éticos de nuestras prácticas, redimensionar la relación técnico-paciente 
así como la promoción de abordajes de carácter interdisciplinario que promuevan prácti¬ 
cas horizontales y de respeto por la diferencia. A su vez, implica, en sociedades altamente 
competitivas e individualistas, potenciar procesos colectivos como vía de acceso a espacios 
de sostén y referencia para el desarrollo de procesos saludables. Trabajar desde un enfoque 
de salud significa potencializar los aspectos sanos de las personas y no quedar centrados en 
rótulos y diagnósticos que resultan inhabilitantes para el desarrollo de las mismas. 

[d ueda mucho por andar. Los tiempos de las personas no son los mismos que los de las 
políticas, y el tiempo en el manicomio parece no pasar pero pasa... 


19 


Basaglia, F. (2008), La condena de ser loco y pobre. Ed. Topía. 



Justicia ordena al BPS hacer pública información 
sobre prestaciones a personas con padecimientos 

psiquiátricos 1 

Montevideo, 21 de octubre de 2015 

El juez letrado de lo Contencioso Administrativo de 2do Turno, Dr. Alejandro Mar¬ 
tínez de las Heras, ordenó al Banco de Previsión Social (IEEE) informar una serie de datos 
respecto a las prestaciones otorgadas a familiares y personas con padecimientos de salud 
mental con plazo de 15 días. 

El fallo surge tras una acción de acceso a la información pública promovida por el 
Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo) y el Instituto de Estudios 
Legales y Sociales del Uruguay ( PMXMXl tx]), en el marco del trabajo que vienen realizando 
junto a la Asamblea Instituyeme por Salud Mental, Desmanicomialización y Vida digna. 

La sentencia implica un precedente muy importante en cuanto a la aplicación directa 
de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y con relación al 
alcance de las obligaciones del Estado en materia de acceso a la información pública, re¬ 
afirmando el deber de los organismos de garantizar la disponibilidad de información sobre 
aquellos aspectos que hacen a sus competencias y cometidos legales. 

En abril de este año y al amparo de la ley N° 18.381 las organizaciones presentaron 
una solicitud de acceso a la información pública al EEEIpara conocer el número de personas 
con padecimientos psiquiátricos en Uruguay que reciben pensiones, los criterios para el 
otorgamiento de las misma y la cantidad de solicitudes de pensiones que son denegadas, 
entre otros puntos. 

La información no fue proporcionada por el Banco. Sobre el expediente no recayó 
una decisión fundada del jerarca máximo del organismo, tal como ordena el artículo 16 
de la ley de acceso a la información pública. La institución notificó el pronunciamiento 
de dos reparticiones del MXM que sostuvieron que la información requerida no obraba en 
su poder. 

En la sentencia el Juez Martínez de las Heras, desestimó los argumentos planteados 
por la demandada respecto a la imposibilidad de brindar la información requerida en fun¬ 
ción de que la misma no se encuentra disponible. 


1 bttp://www.cainfo.org.uy/2015/10/justicia-ordena-al-bps-bacer-publica-informacion-sobre-prestado- 

nes-a-personas-con-padecimientos-psiquiatricos/ 


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SALUD 






DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 


270 


El magistrado dio la razón a las organizaciones y entendió que el fflEI no se pronunció 
formalmente ante la solicitud estableciendo que en el caso se configuró el llamado silencio 
positivo (artículo 18 de la ley), por lo cual el organismo se encuentra en deber de entregar 
la información. 

Al plantear la acción, Cainfo y el MKMXM IT] señalaron el alto interés público de la infor¬ 
mación requerida en momentos en los que se discute en el país el futuro de las políticas pú¬ 
blicas en materia de salud mental. Las organizaciones sostuvieron que “si el bps no informa 
cuántas prestaciones por padecimientos psiquiátricos concede, cuántas deniega anualmente y 
cuáles son los criterios que aplica para una u otra decisión se impide de manera inadmisible en 
el marco del sistema democrático las posibilidades de monitoreo social”. 

Afirmaron además que el MXM se encuentra obligado a garantizar la disponibilidad la 
información aun cuando la misma se estuviera dispersa en tanto refiere a cometidos del 
organismo y queda por tanto amparada en la ley de acceso a la información y en las obliga¬ 
ciones asumidas por el Estado en el marco de la Convención de Naciones Unidas sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad. 

En la sentencia, el magistrado hace lugar a la consideración de interés público sobre la 
información requerida y reafirma el alcance del derecho de acceso a la información pública 
en tanto derecho humano con amplia tutela por los instrumentos internacionales de dere¬ 
chos humanos ratificados por Uruguay. 

En particular para este caso, la sentencia señala que Uruguay firmó y ratificó la Con¬ 
vención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en su artículo 31 estable¬ 
ce: “Los Estados Partes recopilarán información adecuada, incluidos datos estadísticos y de 
investigación, que les permita formular y aplicar políticas, a fin de dar efecto a la presente 
Convención”. 

El mismo artículo 31 de la convención (que nuestro país incorporó mediante la 
ley N°18.4l 8) señala: “Los Estados Partes asumirán la responsabilidad de difundir estas esta¬ 
dísticas y asegurar que sean accesibles para las personas con discapacidad y otras personas”. 

En función de lo expuesto, el magistrado argumenta en su fallo que no es “razonable” 
que la información requerida “no obre en poder de la demandada en función de sus compe¬ 
tencias y cometidos legales”. 

Por lo tanto, agrega, “si la información peticionada de notorio interés público no obra en 
poder de la demandada debe concluirse que se está incumpliendo con las obligaciones asumidas 
por el Estado mediante la sanción de la ley 18.418. No se impone por la presente la creación 
de información sino el cumplimiento de la ley de acceso a la información pública en función 
de las obligaciones impuestas al Estado” por la Convención de Naciones Unidas sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad. 





Día Internacional de la salud mental 

Montevideo, 9 de octubre de 2015 

En el marco del Día Internacional de la salud mental, la Asamblea Instituyente por 
salud mental, desmanicomialización y vida digna insta a la autoridades de la salud y al Po¬ 
der Legislativo de la República a que avancen en la discusión, con la participación de las 
organizaciones sociales implicadas, así como su posterior aprobación de una ley de salud 
mental que promueva un cambio de paradigma de atención adecuado a los estándares in¬ 
ternacionales y regionales de derechos humanos en la materia. 

Para ello, es esencial que la ley de salud mental contemple los siguientes 6 puntos: 

1. Contemple a todas las “personas usuarias del servicio de atención de salud mental” 
haciendo clara referencia a la vida de las personas tanto en sus aspectos individuales 
como en su vida familiar y/o en comunidad. 

2. Establezca el 2020 como fecha tope para el cierre progresivo de todas las estructuras 
asilares y monovalentes permitiendo el avance ordenado hacia un nuevo modelo de 
atención de salud mental en el país. 

3. Receje una visión garantista de los derechos humanos a partir de la cual bajo ningu¬ 
na circunstancia las personas con internación tanto voluntaria como involuntaria 
pierden ni se les suspende su calidad de sujeto de derecho. 

4. Proponga la creación de una estructura de funcionamiento interinstitucional e in¬ 
tersectorial; con participación de usuarios y familiares que viabilicen la operativa de 
acceso a la vivienda, el trabajo entre otros, concibiendo la atención a la salud mental 
desde una perspectiva de red e interdisciplinaria. 

5. Se cree e implemente un Organo de supervisión y revisión de los derechos huma¬ 
nos en salud mental independiente y autónomo de toda otra autoridad. 

6. Garantice la producción y disponibilidad de información pública sobre la imple- 
mentación efectiva de la política de salud mental en el País. 

Existe un amplio reconocimiento de que Uruguay tiene que transformar su paradig¬ 
ma de atención a la salud mental a un enfoque centrado en la protección de los derechos 
humanos de las personas usuarias del sistema de salud mental. Nuestro país, en tanto país 
garantista de los derechos humanos, no puede continuar implementando una ley que des¬ 
conoce la centralidad de la persona y es inadecuada para el respeto y ejercicio de los dere¬ 
chos humanos. El cambio de paradigm a es impostergable, el pleno disfrute del más alto 
nivel de salud mental. 


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SALUD 



DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 


A propósito de los Derechos de la Salud 


272 


Dr. Alvaro Díaz Berenguer 1 


En la Ley N° 18.335 del año 2009 se establecen los Derechos y Obligaciones de los 
usuarios de los servicios de salud en el Uruguay. Fue reglamentada por el Decreto 274/010. 
Vale la pena divulgar y recordar los derechos que allí se establecen, para poder mostrar 
diferencias y asimetrías en relación a su cumplimiento en la situación actual. Las leyes tie¬ 
nen carácter universal y deben ser “acatadas” por todos como base sólida de la democracia. 
Además hay otros derechos que allí no se consideran. Desde Aristóteles, 500 años antes de 
la era cristiana y probablemente desde antes, se sabe que la causa mayor de descontento de 
un pueblo son las injusticias; las diferencias entre los derechos de las personas. El respeto de 
los derechos es el verdadero sostén de la democracia. 

Los comentarios que siguen surgen de la observación de quien suscribe, desde la óptica 
de su práctica profesional como médico internista en la órbita pública y privada, así como 
docente de Clínica Médica en la Facultad de Medicina de la Universidad de la República. 
El grado de incumplimiento que se marca en los distintos aspectos de la Ley, y del Decreto a 
la que hicimos referencia, y otros que añadimos, surge de una visión subjetiva de mi persona 
y como tal debe ser interpretado. No se trata de números, ni de una interpretación epide¬ 
miológica, sino de la percepción personal de situaciones que se experimentan a diario. 

Artículo 2 o .- Los pacientes y usuarios tienen derecho a recibir tratamiento igualitario y 
no podrán ser discriminados por ninguna razón ya sea de raza, edad, sexo, religión, naciona¬ 
lidad, discapacidades, condición social, opción u orientación sexual, nivel cultural o capacidad 
económica. 

Los usuarios del sistema asistencial no reciben tratamiento igualitario; hay diferencias 
entre las distintas clases sociales, que son fáciles de advertir, que se pondrán en evidencia 
en este análisis. 

Pero además hay en particular algunos pacientes, como los obesos por ejemplo, que 
son desconsiderados por el Sistema Asistencial. La obesidad no es considerada una enfer¬ 
medad, y los servicios de salud no tienen instalaciones, ni instrumental adecuado para el 
diagnóstico, ni procedimientos ni fármacos para su tratamiento. Por ejemplo, en las puer¬ 
tas de emergencia no se dispone de aparatos de presión adecuados al obeso, ni camillas 
acordes, cuando en este momento la obesidad en el Uruguay y en el mundo occidental 
adquiere carácter epidémico, asociado por lo general con los otros factores de riesgo, como 
la hipertensión arterial, la diabetes, las dislipemias, la apnea obstructiva del sueño. Sin em- 

1 Prof. Agdo de Clínica Médica 2 Hospital Pasteur, Facultad de Medicina UDELAR, Integrante de la Co¬ 
misión de Bioética de ASSE. 



bargo, se multiplican los avisos publicitarios de centros privados que prometen adelgazar 
en pocas semanas. 

Ni en la Ley, ni en la realidad de los Hospitales de nuestro país, se protege el derecho 
a la privacidad. Siguen existiendo en las Instituciones donde se atienden a los pacientes con 
menores ingresos, salas generales con 15 a 20 pacientes, con un único baño compartido. 

Artículo 8 o . - El Estado, por intermedio del Ministerio de Salud Pública, será responsable 
de controlar la propaganda destinada a estimular tratamientos o al consumo de medicamen¬ 
tos. La promoción engañosa se determinará de acuerdo con lo prescripto en la Ley N° 17.250, 
de 11 de agosto de 2000, y, en particular, en el Capítulo ix de ese texto. 

Sin embargo, se hace propaganda de una serie infinita de cosas vinculadas con la salud 
sin que tengan la menor garantía de su efectividad: desde productos para adelgazar (calza¬ 
dos deportivos, fajas, sustancias diversas), antigripales, antitusígenos, productos homeopᬠ
ticos, etc.; hasta milagros. Mientras, en otro sentido, se permite la propaganda de sustancias 
tóxicas como los alimentos en alto contenido graso o en sal. La propaganda es utilizada por 
el sector empresarial porque es eficaz, porque asegura un mercado, porque vende. Permitir 
la propaganda de productos alimenticios con alto contenido calórico y sal, induce direc¬ 
tamente la epidemia de enfermedades de nuestro tiempo. No se debería permitir que la 
propaganda estuviera dirigida a los niños para vender más golosinas. Se ganó una pulseada 
importante a las tabacaleras, pero por ahora el alcohol quedó fuera. No se trata de aplicar 
la Ley seca de otros tiempos, sino de controlar la propaganda bajo todas sus formas, porque 
como decía el escritor norteamericano Raymond Chandler, lo que afirma la propaganda 
es mentira. La propaganda induce necesidades innecesarias, y muchas veces perjudiciales, 
sobre todo en el ámbito de la salud. 

Ni en la Ley ni en la realidad de nuestro país se protege plenamente el derecho a saber 
qué contienen los alimentos que comemos, ni las características del agua que tomamos. 

Artículo 11.- Todo procedimiento de atención médica será acordado entre el paciente o su 
representante -luego de recibir información adecuada, suficiente y continua-y el profesional 
de salud. El consentimiento informado del paciente a someterse a procedimientos diagnósticos 
o terapéuticos estará consignado en la historia clínica enforma expresa. Este puede ser revocado 
en cualquier momento. 

La gran mayoría de los formularios de consentimientos informados son firmados 
como un trámite administrativo sin que en la realidad el paciente tenga noción cabal del 
procedimiento al que será sometido. Están confeccionados, muchas veces, con la finalidad 
de proteger al profesional ante de un resultado desafortunado de una intervención, y no 
para que el paciente tenga la información más completa posible ante la necesidad de una 
decisión difícil. Con su introducción se ganó un espacio muy importante, pero todavía es 
insuficiente. 


273 


SALUD 



DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 


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Artículo 17.- Todo paciente tiene derecho a un trato respetuoso y digno. Este derecho in¬ 
cluye, entre otros, a: 

a) Ser respetado en todas las instancias del proceso de asistencia, en especial recibir un tra¬ 
to cortés y amable, ser conocido por su nombre, recibir una explicación de su situación 
clara y en tiempo, y ser atendido en los horarios de atención comprometidos. 

Muchos de los pacientes no reciben trato cortés, no son conocidos por su nombre, ni 
reciben explicación de su situación clara y en tiempo, ni tampoco son atendidos en los ho¬ 
rarios de atención comprometidos. Las demoras para una consulta o un examen de pueden 
ser de meses. En un mismo consultorio hay pacientes que esperan 3 y 4 horas el momento 
de ser atendidos. Por otra parte existe un tiempo marcado por paciente, establecido en 
Consejo de Salarios, que la consulta de un médico general, debe realizarse en 10 minutos 
promedio (6 pacientes por hora), y de un especialista en 15 minutos (4 pacientes por hora) 
(Consejo de Salarios del Grupo 15 “Servicios de Saludy Anexos” suscrito el 13 de agosto de 
2013 todavía vigente). El “trato cortés y amable”, “ser conocido por su nombre”, “recibir una 
explicación clara”, requiere tiempo: tiempo de conocerse mutuamente. Eso independiente¬ 
mente del tiempo que se requiere para que un paciente se desvista, tiempo para examinarlo, 
tiempo para que se vuelva a vestir, tiempo para escribir en la historia, hacer las recetas y 
explicar al paciente lo que debería hacer. Es frecuente que los pacientes en las salas de espera 
comenten: ahora los médicos no examinan a sus pacientes, y ni siquiera te saludan. Y es 
cierto, aunque hay muchas excepciones. 

b) Procurar que en todos los procedimientos de asistencia médica se evite el dolor físico y 
emocional de la persona cualquiera sea su situación fisiológica o patológica. 

No se cumple en forma universal, sobre todo en lo que respecta al sufrimiento emo¬ 
cional. Se hace más inca pié en el tratamiento del dolor físico que en el espiritual, como si 
este en última instancia no pudiera intuir en el otro. Permanece incambiado lo que afirma 
Michael Balint en su libro El Médico, el Paciente y la Enfermedad de mediados del siglo 
ffl: “Los pacientes cuyos malestares pueden ser relacionados con modificaciones físicas o ana¬ 
tómicas, demostrables o presumibles, ocupan los más altos lugares, y los neuróticos son en cierto 
modo el residuo que queda después de haberse extraído todo lo demás”. 

c) Estar acompañado por sus seres queridos o representantes de su confesión en todo 
momento de peligro o proximidad de la muerte, en la medida que esta presencia no 
interfiera con los derechos de otros pacientes internados y de procedimientos médicos 
imprescindibles. 

Dado que muchas veces la muerte se produce en sectores de atención intensiva, suele 
ser difícil la permanencia de familiares junto al que agoniza. 

d) Morir con dignidad, entendiendo dentro de este concepto el derecho a morir en forma 
natural, en paz, sin dolor, evitando en todos los casos anticipar la muerte por cualquier 
medio utilizado con ese fin (eutanasia) o prolongar artificialmente la vida delpacien- 



te cuando no existan razonables expectativas de mejoría (futilidad terapéutica), con 
excepción de lo dispuesto en la Ley N° 14.005, de 17 de agosto de 1971, y sus modifi¬ 
cativas. 

Por miedo a desencadenar procedimientos judiciales, es frecuente que se prolongue 
artificialmente la vida generando con ello, sufrimientos innecesarios. Es una de las formas 
más frecuentes en la que la medicina a la defensiva se proyecta en sufrimiento humano. 

Morir con dignidad no significa solamente disponer de un sistema de cuidados paliati¬ 
vos, lo que constituye un avance muy importante de los últimos años en el Uruguay. Morir 
con dignidad significa morir siendo valorado, todo lo contrario de abandonado. Uno de los 
problemas de la sociedad contemporánea, es que niega la muerte y el proceso de muerte, 
por lo que es relativamente frecuente que el núcleo familiar no acompañe al moribundo, 
dándole el necesario sostén emocional. La condena del anciano y del moribundo a la sole¬ 
dad, es un problema social más que institucional. 

e) Negarse a que su patología se utilice con fines docentes cuando esto conlleve pérdida en 
su intimidad, molestias físicas, acentuación del dolor o reiteración de procedimientos. 
En todas las situaciones en que se requiera un paciente con fines docentes tendrá que 
existir consentimiento. Esta autorización podrá ser retirada en cualquier momento, 
sin expresión de causa. 

El médico, sobre todo en el ámbito de la enseñanza universitaria, a veces no respeta la 
negativa del paciente, o lo fuerza a aceptar algo que él no desea. De hecho, el paciente inter¬ 
nado en Hospitales de la capital, sabe que podrá ser atendido por docentes universitarios. 
Michael Foucault marcaba hace ya varias décadas como la enseñanza de la medicina se hacía 
en los Hospitales públicos donde acudían las clases más desposeídas. En forma implícita se 
establecía un contrato: la atención es gratuita pero a cambio el paciente se debe prestar para 
investigar y estudiar. Hoy en el Uruguay, aunque con importantes diferencias, continúa 
siendo así; es excepcional la docencia de pregrado en los ámbitos privados. Todo usuario 
del sistema asistencial, independientemente de su condición económica, debería ser sujeto 
de investigación y docencia, siempre que él lo autorizara en cualquier ámbito sanitario. El 
Uruguay cuenta con 105 hospitales (56 públicos, 48 privados y uno universitario). Los hos¬ 
pitales privados son en su mayoría propiedad de las HEH & En unos pocos, que no llegan a 
la decena, se desarrollan tareas docentes de pregrado. La docencia eleva el nivel asistencial; 
los pacientes tienen derecho a recibir la mejor atención posible. 

f) Que no se practiquen sobre su persona actos médicos contrarios a su integridad física 
o mental, dirigidos a violar sus derechos como persona humana o que tengan como 
resultado tal violación. 

Probablemente este es el punto más respetado. 

Artículo 18.- Todo paciente tiene derecho a conocer todo lo relativo a su enfermedad. Esto 
comprende el derecho a: 


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SALUD 



DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 


276 


a) Conocer la probable evolución de la enfermedad de acuerdo a los resultados obtenidos 
en situaciones comparables en la institución prestadora del servicio de salud. 

Esto tiene particular importancia sobre todo cuando se trata de procedimientos que 
tienen riesgos mayores, como por ejemplo los que brindan los Institutos de Medicina Alta¬ 
mente Especializada (SKI ffl) que ofrecen cirugía cardíaca, implantes de prótesis de rodilla 
o cadera. No es costumbre en nuestro medio que los resultados estadísticos de mortalidad y 
complicaciones perioperatorias y alejadas de una Institución, consten en el consentimiento 
informado. Si los resultados están publicados, no son accesibles fácilmente. Lo ideal sería 
poder comparar entre distintas instituciones para optar por aquella que tiene los mejores 
resultados, pero no solo en lo referencia a los IEH sino también con respecto a todas las 
Instituciones Sanitarias. 

En nuestro país no existe ningún organismo dedicado a la evaluación del sistema asis¬ 
tencia! en su conjunto, que permita informar adecuadamente a los usuarios sobre los resul¬ 
tados asistenciales. 

b) Conocer enforma clara y periódica la evolución de su enfermedad que deberá ser hecha 
por escrito si así lo solicitase el paciente; así como el derecho a ser informado de otros 
recursos de acción médica no disponibles en la institución pública o privada donde se 
realiza la atención de salud. 

Por lo general, las Instituciones de Salud suelen tener convenios con algún IXE para 
referir a sus pacientes, desconociendo que los usuarios pueden elegir cualquiera de ellos. 
Por lo general no se brinda la información completa. 

En situaciones excepcionales y con el único objetivo del interés del paciente con con¬ 
sentimiento de los familiares se podrá establecer restricciones al derecho de conocer el cur¬ 
so de la enfermedad o cuando el paciente lo haya expresado previamente (derecho a no 
saber). 

Este derecho a no saber puede ser relevado cuando, a juicio del médico, la falta de 
conocimiento pueda constituir un riesgo para la persona o la sociedad. 

En este punto hay médicos que siempre dan un diagnóstico completo violando el 
derecho del paciente de no querer saber. Por otra parte otros niegan sistemáticamente la 
información de las enfermedades con un mal pronóstico. Hay otros que contemplan los 
deseos del paciente en uno u otro sentido. 

c) Conocer quién o quiénes intervienen en el proceso de asistencia de su enfermedad, con 
especificación de nombre, cargo yfunción. 

Es frecuente que el médico o el funcionario no se presente en forma adecuada, lo que 
se vincula con un trato distante e impersonal. 



d) Que se lleve una historia clínica completa, escrita o electrónica, dondefigure la evolu¬ 
ción de su estado de salud desde el nacimiento hasta la muerte. 

La historia clínica constituye un conjunto de documentos, no sujetos a alteración ni 
destrucción, salvo lo establecido en la normativa vigente. 

Este derecho suele no respetarse porque los pacientes son atendidos por un sistema 
fragmentado, en donde la historia también se fragmenta. Parte está en el lugar donde na¬ 
ció. Parte en la primera Institución en la que está afiliado. Muchos consultorios periféricos 
tienen una ficha propia que no figura en la historia institucional. Es esperable que en un 
futuro no muy lejano, la historia clínica electrónica, que ya está siendo impulsada por el 
Estado, permita un seguimiento longitudinal del usuario, con independencia del lugar o 
institución donde sea atendido. 

El paciente tiene derecho a revisar su historia clínica y a obtener una copia de la misma 
a sus expensas, y en caso de indigencia le será proporcionada al paciente en forma gratuita. 

Son pocos los integrantes del equipo de salud que aceptan de buena gana que el pa¬ 
ciente revise la historia clínica. Surgen molestias vinculadas a lo que se percibe como intro¬ 
misión en el trabajo, desconfianza, control. 

En caso de que una persona cambie de institución o de sistema de cobertura asisten¬ 
cia!, la nueva institución o sistema deberá recabar de la o del de origen la historia clínica 
completa del usuario. El costo de dicha gestión será de cargo de la institución solicitante y 
la misma deberá contar previamente con autorización expresa del usuario. 

La historia clínica es de propiedad del paciente, será reservada y sólo podrán acceder a 
la misma los responsables de la atención médica y el personal administrativo vinculado con 
éstos, el paciente o en su caso la familia y el Ministerio de Salud Pública cuando lo considere 
pertinente. 

El revelar su contenido, sin que fuere necesario para el tratamiento o mediare orden 
judicial o conforme con lo dispuesto por el artículo 19 de la presente ley, hará pasible del 
delito previsto en el artículo 302 del Código Penal. 

e) Que los familiares u otras personas que acompañen al paciente -ante requerimiento 
expreso de los mismos - conozcan la situación de salud del enfermo y siempre que no 
medie la negativa expresa de éste. 

En caso de enfermedades consideradas estigmatizantes en lo social, el médico deberá 
consultar con el paciente el alcance de esa comunicación. La responsabilidad del profe¬ 
sional en caso de negativa por parte del enfermo quedará salvada asentando en la historia 
clínica esta decisión. 

El médico se olvida con frecuencia que la salud de un individuo está directamente vin¬ 
culada con la salud de su familia y de su entorno. El objetivo del profesional no se restringe 


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SALUD 



DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 


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al sujeto que consulta, sino a la mantención de la salud del grupo familiar en su conjunto 
y la preservación de su integración. La atención de un paciente debería incluir siempre la 
consideración de su relación con los acompañantes, y en especial, la consideración de la 
necesidad de saber, respetando siempre los deseos del paciente. 

f) Que en situaciones donde la ciencia médica haya agotado las posibilidades terapéuticas 
de mejoría o curación, esta situación esté claramente consignada en la historia clínica, 
constando a continuación la orden médica: “No Reanimar” impartida por el médico 
tratante, decisión que será comunicada a la familia directa del paciente. 

Con frecuencia los profesionales temen escribir en la historia “No reanimar” por te¬ 
mor a que la familia los demande por mala praxis. La consecuencia es la reanimación de 
pacientes terminales, que habría que dejar descansar en paz, en lugar de prologar el sufri¬ 
miento de una agonía sin sentido. 

g) Conocer previamente, cuando corresponda, el costo que tendrá el servicio de salud pres¬ 
tado, sin que se produzcan modificaciones generadas durante el proceso de atención. 
En caso de que esto tenga posibilidad de ocurrir será previsto por las autoridades de la 
institución o los profesionales actuantes. 

Si bien la salud es un derecho que el Estado debe garantizar, el acceso a la misma tiene 
costos que muchas veces se traslada a los pacientes, muchos de los cuales no los pueden 
afrontar, creando diferencias importantes dependiendo del poder adquisitivo. No existe 
justicia en este punto. Por ejemplo, se sabe que algunos procedimientos tales como la ciru¬ 
gía laparoscópica puede generar muchas menos molestias para el enfermo, disminuir com¬ 
plicaciones y acortar mucho las estadías sanatoriales. Sin embargo la posibilidad de acceder 
a esta técnicas están medidas por las posibilidades económicos de los pacientes y su acceso 
no es universal. Este es solo un ejemplo; hay muchos más cuyo detalle no vale la pena a los 
fines de este resumen. 

h) Conocer sus derechos y obligaciones y las reglamentaciones que rigen los mismos. 

La población conoce parcialmente los derechos contenidos en esta Ley, que deberían 
divulgarse amplia y obligatoriamente por las Instituciones de salud. El conocimiento am¬ 
plio de estos derechos permitiría que los propios usuarios los defendieran. 

i) Realizar consultas que aporten una segunda opinión médica en cuanto al diagnóstico 
de su condición de salud y a las alternativas terapéuticas aplicables a su caso. Las con¬ 
sultas de carácter privado que se realicen con estefin serán de cargo del paciente. 

La solicitud de una segunda opinión por lo general es tomada por el equipo tratante, 
sobre todo por los médicos, como una afrenta. Y es frecuente que el médico a cargo del 
paciente exprese de alguna u otra manera su malestar, cuando por el contrario debería con¬ 
siderarlo como un apoyo a su accionar. 



Se logró un avance importante en el reconocimiento del derecho de la mujer de acce¬ 
der a técnicas de reproducción asistidas por la promulgación de la Ley 19.167, en noviem¬ 
bre de 2013, lo que permitirá que parejas que hasta ahora no habían podido tener hijos, 
puedan hacerlo. A partir de este año 2015 el Fondo Nacional de Recursos será el encargado 
de financiar un porcentaje variable de los procedimientos según franjas de ingresos de las 
parejas, para mujeres entre 18 y 40 años. La mujer tiene derecho a estas técnicas aún cuando 
no cuente con pareja. 

No vamos a ingresar en el tema de la salud mental en profundidad porque quien es¬ 
cribe no tiene los elementos de juicio necesario para poder opinar con propiedad. Solo 
diremos que en los últimos años se dedicaron más esfuerzos que en el pasado. Se calcula 
que uno de cada cuatro individuos necesitará asistencia en algún momento de su vida por 
problemas mentales. La primera pregunta que surge es la siguiente: ¿esos problemas deben 
considerarse enfermedades ? 

Más allá de la respuesta, si es tan alta la frecuencia esos problemas deberían ser aten¬ 
didos por el primer nivel sin necesidad de recurrir a un especialista, lo que requiere de una 
formación especial del equipo de salud y del tiempo necesario en la consulta para lograr la 
comunicación entre médico y paciente que permita abordarlos en su integridad; esto toda¬ 
vía no ocurre. En otras palabras, si bien el paciente tiene derecho a ser escuchado y a recibir 
contención psicológica adecuada, no se cumple con frecuencia. 

Hay derechos que no están considerados en la ley, tales como: 

1) Los pacientes tienen derecho a no ser considerados enfermos innecesariamente. 
Es relativamente frecuente la alarma médica innecesaria ante determinados síntomas que 
provocan en los usuarios una dependencia desmedida del sistema asistencial. Hay una frase 
que caricaturiza esta situación: “un sano es un paciente insuficientemente estudiado”. 

2) Los pacientes tienen derecho a no ser medicamentados innecesariamente. En el 
momento actual es muy difícil consultar a un profesional de la salud, sin llevarse consigo 
alguna medicación. Como resultado de la asistencia por múltiples especialistas el paciente 
es “ multimedicado" con una cantidad importante de medicamentos, muchos de los cuales 
incluso se superponen o se contradicen entre sí. Los efectos secundarios de la medicación 
innecesaria por lo general no es motivo de estudio de las autoridades del sistema. Un caso 
especial y alarmante es la patologización de la conducta del niño y la hipermedicalización 
de la infancia, en particular con psicofármacos. 

La primera drogadicción en el Uruguay no es el alcohol, ni la marihuana, ni la cocaína, 
ni la pasta base, sino aquella fomentada por el médico cuando indica psicofármacos. Es 
frecuente que la tristeza por cualquier causa, el insomnio, la ansiedad, se tratan primero 
con psicofármacos; el poder terapéutico de la palabra del médico ha quedado en segundo 
lugar, cuando no en el olvido. 


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SALUD 



DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 


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La patologización del sujeto sano y la hipermedicalización son fenómenos del mundo 
globalizado occidental, impuestos por la mercantilización. No es privativo del Uruguay. 

Se sabe por experiencias realizadas en otros países, que la forma de remuneración por 
acto médico incrementa el número de procedimientos médico-quirúrgicos que se realizan, 
mientras que la remuneración de los profesionales por sueldo fijo los disminuye. Por tan¬ 
to cabe preguntarse si en nuestro país, en donde los cirujanos son remunerados por acto, 
el número de las intervenciones quirúrgicas que se realizan son realmente necesarias, o si 
están forzadas artificialmente por interés de los involucrados. La experiencia del Fondo 
Nacional de Recursos en este sentido, demuestra plenamente que el pago por acto médico 
sin control, aumenta el número de procedimientos innecesarios. La aparición en la escena 
de auditores permitió un equilibrio saludable entre las necesidades de los pacientes y los 
intereses de médicos e industria de la salud. 

La atención médica que se brinda en los Hospitales de Salud Publica es distinta de 
aquella que se brinda en Instituciones privadas, o en el Hospital de Clínicas o en Sanidad 
Policial o Militar. No es posible calificarla de mejor o peor, pero nadie duda que son di¬ 
ferentes. Cada uno tiene aspectos positivos pero también negativos, desde el confort en 
el área de internación, calidad de los integrantes del equipo de salud, disponibilidad de 
técnicas de diagnóstico, servicios ambulatorios, etc. El Estado exige el cumplimiento de 
una canasta básica de prestaciones pero no exige estándares de calidad asistencial basados 
resultados o en auditorías del proceder médico. 

El Decreto 274/010, que reglamenta la Ley 18.335, en su Art. 37 establece la obliga¬ 
toriedad de crear Comisiones de Bioética a: 

“a) Los servicios de salud públicos y privados que integran el Sistema Nacional Integrado 
de Salud; b) Los servicios de salud dependientes de personasjurídicas públicas que no integren 
el Sistema Nacional Integrado de Salud; c) Las Instituciones de Asistencia Médica Privada 
Particular no comprendidas en el literal a) que brinden internación médico quirúrgica; d) 
Los servicios de emergencia móvil; e) Los Institutos de Medicina Altamente Especializada no 
incluidos en los literales anteriores!’ 

El Art. 55 establece que la conformación de las mismas debe hacerse dentro de los 120 
días de promulgada la Ley. Sin embargo desde el 2010 hasta el presente son muy pocas las 
Instituciones que han acatado lo que marca la ley. Por otra parte las pocas comisiones que 
se han creado, están aisladas y sin el sostén administrativo adecuado para cumplir con sus 
funciones a pleno. Por otra parte la población y el sistema de salud en su conjunto, desco¬ 
noce de su existencia y que puede esperar ellas. Las oficinas de atención al usuario pueden 
remitir asuntos vinculados con los derechos de los usuarios a las Comisiones de Bioética, 
sin embargo en la mayoría de los casos, no lo hacen porque no saben cómo hacerlo. 

En cuanto a la atención odontológica según el lEffl en el 2007 (“Programa Nacional 
de salud bucal” elaborado en el 2007): “la odontología parece haber seguido un rumbo opues- 



to a la realidad epidemiológica y a las condicionantes sociales del proceso de salud-enfermedad 
que la condicionan, teniendo como consecuencia la exclusión a los programas de salud bucal 
de la mayor parte de la población”. La cobertura integral de la salud bucal todavía no se ha 
incorporado a la canasta de servicios que debe prestar el sistema asistencial. Si bien en las 
intenciones y en la letra se plantea la cobertura universal, en los hechos todavía no existe y 
la gran mayoría de las personas recurre a la asistencia privada, lo que genera asimetrías muy 
importantes según el poder económico de las personas. 

El acceso a las nuevas terapéuticas de alto costo, es un problema todavía no resuelto, 
porque el número de los nuevos medicamentos y procedimientos, crece en forma geomé¬ 
trica y el sistema no soporta su introducción masiva. Detrás de estos están: por un lado los 
poderosos intereses de la industria farmacéutica y tecnológica que fuerza su uso más allá 
de lo necesario, y por otro, la angustiosa situación de muchos pacientes que depositan en 
ellos una esperanza, muchas veces desmedida. ¿Cómo solucionar este problema y lograr 
una justa distribución de los recursos sanitarios siempre escasos ? La evaluación permanente 
de estos nuevos medicamentos o procedimientos, que realiza el Klffly el Fondo Nacional 
de Recursos, y su análisis en profundidad a la luz de la información científica disponible, es 
una solución, aunque es parcial. Lamentablemente se recurre con frecuencia creciente para 
resolver este problema a la Justicia, sobre todo los pacientes con nivel económico medio 
alto. No es una solución justa. 

En términos generales el acceso a la salud y el nivel de salud no es igualitario, siendo 
muy diferente según el poder adquisitivo del usuario. La salud es en la actualidad un nego¬ 
cio de importantes proporciones, aun en la atención de la población de bajos recursos. Los 
recursos sanitarios no están distribuidos con justicia. Estas inequidades están vinculadas 
entre otros factores, con formas de imposición corporativa de algunos grupos médicos. 

Desde otro ángulo, también es necesario destacar la distorsión del objetivo fundamen¬ 
tal del equipo de salud. El enfermo es el motivo de la existencia de un sistema asistencial y 
no los actores del sistema. 

Se intrincan intereses corporativos y empresariales, en un entorno de pérdida del va¬ 
lor del prójimo. La medicina mercantilizada (mediatizada por un contrato comercial), el 
trabajo asalariado de los actores, la penetración del marketing de la industria tecnológica 
y farmacéutica, entre otros factores, han distorsionado la atención médica al punto de que 
los pacientes con frecuencia se sienten desamparados, abandonados, y son muchas veces 
un pretexto. La reversión de esta distorsión requiere reencauzar la práctica médica por el 
camino de la solidaridad y de la reubicación del paciente en el centro del sistema asistencial; 
como un fin en sí mismo y no como un medio para otros fines. No será fácil en la medida 
en que el interés comercial, la competencia y el mercado actúen libremente en torno a la 
atención médica. 

El paciente tiene derecho a ser atendido por profesionales actualizados, que actúen 
independientemente de intereses ajenos, en un sistema seguro. Para ello, dentro de los cam- 


281 


SALUD 



DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 


bios necesarios a realizar en nuestro país, también se deberán incluir la formación continua 
de los profesionales, la prevención del error médico, la consideración del convicto de inte¬ 
reses y de las conductas disruptivas de los integrantes del equipo de salud, así como formas 
de remuneración de los profesionales que permitiera evitar el interés económico individual 
del profesional. 

En la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, en los últimos 3 años, 
comenzó un curso de Humanidades Médicas de carácter electivo (no obligatorio), deno¬ 
minado “Pensar en lo que hacemos”, con el objetivo de brindar una base de conocimientos 
que permitan al futuro profesional, tomar conciencia de la situación de deshumanización y 
mercantilización de la práctica de las últimas décadas, ofreciéndole un marco de referencia 
ético y solidario. No alcanza: debiera transformarse en una materia curricular obligatoria, 
con un espacio y soporte institucional más importante que el actual. 


282 



Economía y 
Sociedad 



Carlos Cáceres 




Las políticas públicas son llevadas ajuicio: la lógica 
de las inversiones imponiéndose a los derechos 


Lie. Viviana Barreto 
Lie. Natalia Carrau 
REDES - Amigos de la Tierra Uruguay 


Introducción 

La racionalidad detrás de los axiomas del libre comercio ha promovido mecanismos 
específicos que imponen a los Estados un régimen de promoción y protección de las inver¬ 
siones. Parte medular de este régimen lo constituyen los tratados de promoción y protec¬ 
ción de inversiones (00% que generan obligaciones vinculantes para los Estados y garantía 
de libertades para los intereses corporativos. 

Al mismo tiempo, la expansión de la lógica de ganancia capitalista a la vida de los 
pueblos ha promovido la mercantilización de aspectos que constituyen derechos humanos 
como la educación o la salud y el derecho a una alimentación adecuada. En la actualidad, 
casi todos los aspectos de la vida de una persona están atravesados por la racionalidad del 
capital, y son abordados como mercancías. Contribuyó a esto, los cambios en los modos de 
producción a nivel mundial, en donde las empresas transnacionales (0KHEI) constituyen un 
actor por excelencia. El mapa del mundo es para estas empresas su mapa de operaciones: 
los procesos productivos han sido segmentados, trasladando partes a los países que ofrecían 
mejores ventajas, sean estas salariales, medioambientales, acceso a materias primas, etc. Las 
0® han recortado al mundo (sobre todo el sur global) a la medida de sus intereses, pro¬ 
moviendo la Hexibilización y precarización laboral, la desmovilización de los trabajadores y 
trabajadoras, la pobreza de amplios sectores de la población que viven con sus desechos, el 
acaparamiento de tierras, la liberalización de la economía y la expansión de los derechos de 
propiedad intelectual, entre otros 1 . 

Los HEHoperan bajo la misma lógica y promueven la misma racionalidad: no solo la 
definición de lo que constituye una inversión es cada vez más amplia y profunda sino que 
además en estos instrumentos las inversiones se ven garantizadas y protegidas con cláusulas 


1 Los casos de violaciones de derechos humanos por parte de ETN son diversos y numerosos. Algunos atraen 
más la atención por la impunidad con la que operan las empresas y por el grado de impacto que han generado 
en las comunidades. Si bien en los países del sur global los impactos son exponenciales y se enlazan de forma 
dramática con una serie de déficit estructurales, los países centrales no están prevenidos de estos impactos y de 
hecho han sido objeto de varios episodios de violación por parte de las empresas. 


285 


ECONOMÍA Y SOCIEDAD 



DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 


286 


específicas. Son estas cláusulas las que tensionan el espacio de la política pública confron¬ 
tando el goce de los derechos de los pueblos e imponiendo en todos los órdenes la suprema¬ 
cía de los intereses del inversionista. 

Las empresas transnacionales (ELE) como “cliente” principal de estos han desa¬ 
rrollado y puesto en práctica una diversidad de estrategias, amparándose en los contenidos 
de estos tratados. Han sido promotores de la firma de tratados y han ejercido su presión 
para extender su uso y alcance. Recientemente, también promueven y ejercen presión para 
la aprobación de acuerdos comerciales de nueva generación, como el Acuerdo Estratégico 
Transpacífico de Asociación Económica (lEI®), el Asociación Transatlántica de Comercio 
e Inversión (lEESEI) o, más cercano a nuestra realidad, el Acuerdo de Comercio de Servicios 
(lEHE). Las condicionantes que imponen este tipo de acuerdos megarregionales son inclu¬ 
so más rigurosas que las contenidas en los IEHEE3 la IEIEIE] o los Tratados de Libre Comercio 
ya negociados. De hecho, algunos puntos de controversia mayor entre los socios que los 
negocian refieren a la solución de controversias y el alcance de algunos capítulos de libera- 
lización, así como también las cláusulas y metodologías de negociación. 

El artículo aporta un análisis del impacto de los instrumentos internacionales en la 
política pública. Se presenta en primer lugar el estudio de diversos casos de amenazas y 
demandas impuestas por KIEE a partir del amparo de los Kfflque Uruguay ha firmado con 
diversos países. El estudio de los casos arroja un valioso Klujo de evidencia que demuestra el 
modus operandi de estos actores corporativos, y devela las tensiones que generan para el Es¬ 
tado y las políticas públicas validadas en las urnas pero poco lucrativas para los inversionis¬ 
tas. En segundo lugar, analiza el breve lapso de compromiso que Uruguay tuvo en el N MMX1 , 
señalando los puntos de mayor controversia y subrayando los aspectos más importantes 
que llevaron al retiro de nuestro país de estas negociaciones. 


Las inversiones versus la agenda de derechos 

Las coyunturas de bonanza económica ofrecen oportunidades para discutir con más 
holgura la distribución de la riqueza de un país y permiten, en el mejor de los casos, abrir la 
agenda a discusiones más profundas que incluyan el modelo productivo y el camino hacia 
el tan mentado desarrollo. 

Sin embargo, en contadas excepciones estas coyunturas cuentan con capacidades po¬ 
líticas instaladas en los países del sur para iniciar un debate respecto a los requisitos que 
ese modelo productivo y de desarrollo necesita para llegar a materializarse. Es habitual que 
estos debates estén plagados de una racionalidad que apela al “deber ser” y superpone axio¬ 
mas económicos asumidos como “verdaderos” al relevamiento de evidencia empírica que 
pudiera estar demostrando lo contrario a lo que el mainstream económico nos dice. 

Esto plantea varios problemas. En primer lugar, en esta restricción de miradas no se 
pueden ofrecer elementos de análisis estructurales del modelo productivo. En segundo 



lugar, no se considera a la política de atracción, promoción y protección de inversiones 
como un elemento a definir y enmarcar sino más bien como una condición sine qua non 
para el crecimiento económico. En tercer lugar, la democracia y el accountability asociado 
a la toma de decisiones en los aspectos más técnicos y especializados de las negociaciones 
comerciales y económicas vinculadas a las inversiones, se ven atravesadas por la tecnocracia 
de los especialistas que “paternalizan” la toma de decisiones políticas supeditándolas a las 
decisiones técnicas de expertos. 

Si en coyunturas de bonanza económica y crecimiento no ocurren debates de análi¬ 
sis estructural del modelo de desarrollo, y no hay espacio para la innovación apelando a 
un nuevo marco de promoción de inversiones, es altamente probable que en coyunturas 
de contracción económica y/o desaceleración del crecimiento, existan menos condiciones 
para que este debate tenga lugar. El contexto actual parece acercarse al segundo escenario. 

En los últimos 10 años, Uruguay ha atravesado una coyuntura de crecimiento y dis¬ 
tribución apelando al rol activo y proactivo del Estado, a la expansión de los derechos y 
oportunidades de la población y a la implementación de una amplia variedad de políticas 
que buscaron asegurar el goce efectivo de estos derechos. Aún así, el debate en torno al mo¬ 
delo productivo y de desarrollo y a las alternativas para alcanzarlo en condiciones de mayor 
equidad en la arena internacional, no fueron elementos de análisis que estuvieran puestos 
sobre la mesa. Al menos no de forma protagónica. La realidad comienza a arrojar evidencia 
de que el modelo económico “pro mercado” - que asegura el ambiente de estabilidad para 
el grado inversor - y las políticas que se han ensayado para la promoción y protección de 
inversiones, si bien han permitido cierta distribución en la bonanza, no apuntan al cambio 
del modelo productivo y otras condicionantes indispensables para profundizar estructural¬ 
mente la distribución de la riqueza. 

La política de inversiones no ha sido evaluada en Uruguay y tampoco los impactos 
que esta liberalización ha traído al país y a su expansión de políticas públicas que buscan 
asegurar el goce de derechos. La expansión de la agenda de derechos, la centralidad de la 
agenda de la inclusión social, el papel protagónico que comenzaron a tener en la agenda de 
gobierno las temáticas de interés público, social y político, ha comenzado a verse cuestiona¬ 
da por estos instrumentos validados por el Estado. 

Los instrumentos internacionales de la nueva lógica de (des) gobernanza del comercio 
global, como los IKIIX® “operan explícitamente como paraguas protector de los intereses de los 
inversionistas permitiendo incluso márgenes de maniobra más amplios de los que estrictamen¬ 
te establece en la letra <fría> del tratado. Las etn definen sus estrategias teniendo en cuenta 
estos contenidos y operan implícita y explícitamente dentro de estos márgenes, inclusoforzando 
los mismos para adaptarlos en su beneficio” 2 . 

2 Barreto, Viviana y Carrau, Natalia, “De cuando la amenaza se hace demanda: el impacto de las reglas de 
inversiones en las políticas públicas y los derechos’’. Uruguay. REDES-Amigos de la Tierra, Transnational Institute 
(TNI), 2015. 


287 


ECONOMÍA Y SOCIEDAD 



DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 


288 


Las 0XH implementan una agresiva estrategia de defensa de su producto y marca para 
posicionarse en el mercado, cooptarlo y luego aplicar una política de manejo de los pre¬ 
cios. Cuando existe una amenaza a sus intereses, las 0EHEI utilizan una caja de herramientas 
diferente aunque no por eso menos agresiva: “diseñan estrategias de contención en donde 
privilegian al inicio el diálogo y acercamiento al gobierno, intentando identificar potenciales 
aliados [...] cuando la amenaza está en agenda, [...] inician fuertes campañas publicitarias 
para promover su marca o producto al tiempo que expresan su posición al respecto. [...] en al¬ 
gunos países la ofensiva de las etn presta especial atención a los vacíos legales y a la debilidad 
de las instituciones para operar estratégicamente y en otros, donde estas condiciones no están 
dadas, simplemente instalan sendas campañas publicitarias y generan un canal de diálogo con 
el gobierno, intentando ‘torcer’la política a su favor” 3 4 5 . 

Los casos que se analizan a continuación, ilustran de forma clara la tensión a la que 
están sometidas las políticas públicas, el poder público y los derechos de los pueblos con 
instrumentos de inversiones como los KEE 


1. El juicio contra la política antitabaco de Uruguay 

El Derecho a la salud está consagrado en el sistema de Convenciones de Derechos 
Humanos a nivel universal e interamericano. Además, está previsto a nivel constitucional 
en todos los Estados de la región, incluido Uruguay. El Estado es quien debe respetar, pro¬ 
teger y velar por el cumplimiento y goce de los derechos de todas las personas sin distinción 
alguna. Deriva de lo anterior que “el Estado es potencialmente responsable por acción u omi¬ 
sión ante toda situación que configure una violación o menoscabe el derecho de las personas a 
gozar de su Derecho a la Salud. Esa responsabilidad se manifiesta tanto en lo que los Estados 
realizan y permiten realizar en su territorio como en aquellas situaciones en las que no actúa 

Este derecho y las potestades y competencias del Estado uruguayo en relación al mis¬ 
mo, fueron cuestionadas y llevadas a juicio por la principal tabacalera del mundo, Philip 
Morris International (03 ^ en 2010. Las razones que motivaron la demanda de la tabacale¬ 
ra deben buscarse en los compromisos asumidos por Uruguay en el Convenio Marco de la 
Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco (ffl E3E3). En 2008, Uruguay 
fue uno de los pioneros en poner en funcionamiento el Convenio aprobando un marco 
normativo con el objetivo de reducir la prevalencia del consumo de tabaco y la exposición 
a su humo. Las medidas implicaron la “prohibición de fumar en los espacios públicos, restric¬ 
ciones en el uso de marcas y denominaciones que pueden ser engañosas, obligación de inclusión 
de advertencias sanitarias en las cajillas y prohibición de publicidad asociada” 3 . Los resultados 


3 Idem Nota al Pie N° 2. 

4 Idem Nota al Pie N° 2. 

5 Idem Nota al Pie N° 2. 



de la implementación de estas medidas son elocuentes desde un punto de vista sanitario y 
del derecho a la salud: “[...] entre 2006y 2014, la cantidad de fumadores adultos descendió de 
40% a 23%; el consumo se redujo en un promedio de 23%) entre 2005y 2011 [...] ” 6 . 

La tabacalera se ampara en el KEEde 1991 entre Uruguay y Suiza 7 alegando que las 
disposiciones 8 sobre la restricción de marcas y la inclusión de advertencias sanitarias en las 
cajillas violan su derecho al mantenimiento, desarrollo y crecimiento de su inversión ade¬ 
más de que las medidas deterioran su derecho al goce de su propiedad intelectual conside¬ 
rando incluso que las medidas son acciones de “expropiación indirecta”. Si bien la empresa 
presenta la demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a 
Inversiones en 2010, el 03KKI1E]decide dar curso a la demanda en 2013 alegando 

que la empresa sufrió “denegación de justicia” en nuestro país 9 . CM3 Klexige una reparación 
de alcanza los 25 millones de dólares. 

En la construcción de su defensa, Uruguay concitó el apoyo de la sociedad civil mun¬ 
dial y en Uruguay, y logró el apoyo en primer lugar, de la Organización Mundial 

de la Salud (E3E3 0), y luego la Organización Panamericana de la Salud (IEIIEIEI). Logró asi¬ 
mismo que el lEMfflaceptara el informe que la IEIIEIE] enviara como parte del caso 10 . Si bien 
se entendió que el carácter de interés de salud pública que tiene el caso era un argumento 
importante para atender la incorporación de otros actores “ajenos a la causa” bajo la figura 
de “amicus curae” 11 , la acción no estuvo exenta de objeciones por parte de la transnacional. 


6 Idem Nota al Pie N° 2. 

7 A pesar de que PMI es de origen estadounidense, la tabacalera se ampara en el TBI suscrito con Suiza por¬ 
que tiene su base de operaciones en la ciudad Suiza de Lausana. 

8 Las disposiciones legales que señala la tabacalera son la Resolución 514/09 y la Ordenanza 466/09. 

9 La empresa presenta un recurso de anulación ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) 
relativo a la Ordenanza 514 vinculada a la exigencia de “única presentación por marca comercial” argumentan¬ 
do la violación de sus derechos de propiedad intelectual. El recurso no es admitido por el TCA basándose en 
argumentos y pruebas presentadas en otros procedimientos iniciados por la empresa British American Tobac¬ 
co. PMI sostuvo que se le solicitó al TCA aclarar la decisión porque los argumentos presentados por British 
American Tobacco son diferentes de los concernientes a su empresa. El TCA responde afirmando que las con¬ 
tradicciones señaladas por PMI no “resultan trascendentes ni justifican rever los fundamentos del fallo”. Al ser las 
decisiones del TCA finales e inapelables, la empresa no tenía posibilidad de apelar dicha decisión y al entender 
que no estaban satisfechos los requisitos procesales establecidos en el TBI, recurre al CIADI. El CIADI rea¬ 
liza esta misma interpretación cuando afirma que PMI sufrió “denegación de justifica” y acepta la jurisdicción 
en el caso. Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), Decisión sobre 
Jurisdicción, Caso CIADI N° ARB/10/7, Washington, Estados Unidos, 2013. Disponible en: https://icsid. 
worldbank.org 

10 El CIADI resuelve el 24 de Marzo de 2015 aceptar la petición de Uruguay de incluir el informe de la OMS 
al considerar que “puede ser beneficioso para su toma de decisiones en este caso, teniendo en cuenta la contribución 
del conocimiento particular y experiencia de un organismo calificado como la OMS”. Nota de Prensa, “Gol de Uru¬ 
guay. Triunfo enorme de Uruguay en juicio contra Philip Morris”. 26 de Marzo de 2015. Montevideo Portal. 

11 La figura de Amicus Curae hace referencia a las presentaciones que terceros tienen en un juicio y que ofre¬ 
cen su opinión de forma voluntaria para proporcionar más elementos desde el punto de vista del derecho o de 
otros aspectos relacionados que aporten a la resolución del caso. 


289 


ECONOMÍA Y SOCIEDAD 



DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 


Vale la pena subrayar que este caso representa una sensibilidad particular al estar involu¬ 
crado el derecho a la salud y el derecho a la vida. Estos elementos ofrecen oportunidades 
para legitimar un foro de arbitraje que ha estado cuestionado por la rigidez e injusticia de 
sus resoluciones, que en la enorme mayoría de casos beneficia el interés de los inversionistas 
por encima de los derechos de los pueblos. La posibilidad de que el KMfflfalle a favor de 
Uruguay ofrece argumentos engañosos para afirmar que los tribunales de arbitraje operan 
de forma justa, dirimiendo a veces a favor de las empresas transnacionales y otras a favor de 
los Estados. Las declaraciones del respecto a la petición de Uruguay de incorporar 

a la en el juicio demuestran la preocupación por ganar legitimidad como institución: 
“[.••] acceder a la solicitud uruguaya, <respaldaría la transparencia de los procedimientos y su 
aceptabilidad >” 12 . Se espera que el resultado del diferendo se dé a conocer a fines de 2015 
o inicios de 2016. 

Este caso resulta paradigmático porque supone el enfrentamiento de políticas de salud 
pública a los derechos de propiedad intelectual y de inversión de una transnacional líder en 
la industria tabacalera, el derecho a la vida versus el derecho del inversionista. No obstante 
esto, la empresa tiene conformado un caso en el sentido jurídico que va en línea con la pro¬ 
tección de las inversiones que tanto el KMfflcomo los Kfflbuscan realizar. La empresa ha 
construido argumentos que son absolutamente funcionales a las lógicas de protección de 
los intereses de los inversionistas en el marco de estos tratados y del lEIHEKIlE] ¿Para dónde se 
inclinará la balanza: a favor de la salud pública y la vida de las personas o del interés corpo¬ 
rativo? Curiosamente, luego de iniciada la demanda, 1EH K decide retirar su producción de 
Uruguay dejando la venta de cigarrillos provenientes de sus instalaciones en Argentina. 

290 

2. Contratos Inversor-Estado: las empresas como actores del derecho internacional. 

Los contratos Inversor - Estado completan la gama de instrumentos de protección del 
poder corporativo. Con esta modalidad se explícita el rol de las empresas trasnacionales 
como agentes de primer orden en las relaciones internacionales, al colocarse al nivel de los 
Estados, negociando acuerdos en forma directa con ellos. Frecuentemente, el inmenso peso 
económico de las K0K], junto el respaldo que poseen de parte de los gobiernos del Norte 
global en los que se aloja su sede, les permite colocarse uno o varios escalones más arriba de 
los Estados y obtener cláusulas realmente garantistas para sus intereses en los contratos de 
inversión. 

La firma de contratos Inversor-Estado es una modalidad que se inscribe en la recien¬ 
temente delineada estrategia de promoción y protección de las inversiones. Uno de los pri¬ 
meros antecedentes en Uruguay es el Contrato firmado con Montes del Plata en enero de 
2011. 


12 


Nota de Prensa, “Ayuda para juicio con Philip Morris”, Diario El País, 13 de Abril de 2015. 



La política ambiental y energética en cuestión 13 

En 21 de julio de 2012 ANCAP firmó un contrato para la exploración y eventual 
explotación de hidrocarburos en la plataforma continental nacional con la empresa de ca¬ 
pitales estadounidenses Schuepbach Energy Uruguay ffllE ( IXMXI ). El contrato, con una vi¬ 
gencia inicial de 30 años, habilita a la empresa a realizar una amplísima gama de actividades 
destinadas a la exploración y eventual explotación de hidrocarburos -convencionales y no 
convencionales- habilitando en forma expresa la utilización de la muy polémica técnica de 
inyección hidráulica, también denominada “jracking”. 

El jracking, técnica originaria de los Estados Unidos, ha presentado un crecimiento 
exponencial en los últimos años en el marco de la expansión de la frontera de explotación 
de combustibles fósiles no convencionales. Existen numerosas voces de alerta a nivel global 
respecto a los riesgos ambientales que presenta la técnica: riesgo de fuga y filtración de los 
aditivos químicos inyectados en el suelo, posibles impactos en términos de actividad sísmi¬ 
ca, uso extensivo de agua en momento de creciente déficit, son factores que se suman al im¬ 
pacto en términos de cambio climático de una matriz energética cada vez más dependiente 
de la explotación de fósiles. En virtud de los riesgos reseñados existen diversas experiencias 
de moratoria o directa prohibición de la implementación de la técnica en Europa e incluso 
algunos Estados en Estados Unidos y Canadá. 

En un contexto donde la política de cambio de la matriz energética hacia formas de ex¬ 
plotación sustentables es de destaque en el debate público, el Estado uruguayo otorga a una 
empresa extranjera la posibilidad de implementar una técnica tan duramente cuestionada. 

El contrato en cuestión prevé la creación de un Comité encargado de aprobar las acti¬ 
vidades relativas a la exploración y explotación. Su integración paritaria de representantes 
estatales y de la empresa, es la primera señal de alerta en términos de renuncia de la potestad 
soberana en materia de política energética. 

No obstante, la situación se torna más delicada si consideramos que el esquema de 
protección a la inversión que brinda el contrato actúa como un engranaje en la estructura 
internacional que completan los Kffly el sistema internacional de solución de disputas in¬ 
versionista - Estado. 

Si bien el contrato prevé la competencia de Tribunales nacionales para la solución de 
disputas, la lógica con la que opera el sistema de protección del poder corporativo, permite 
que el inversionista se ampare en una protección reforzada por el Tratado Bilateral de In¬ 
versiones firmado por Uruguay con Estados Unidos 1 "*. El sistema internacional ha operado 
dando a los Kffluna vigencia cuasi universal, tendiendo a aplicar criterios expansivos en 


13 Este apartado sintetiza los contenidos presentados en el artículo “Discutiendo instrumentos: El caso del con¬ 
trato inver sor-Estado entre Schuepbach Energy y ANCAP”, Carrau, Natalia y Barreto, Viviana, REDES-Amigos 
de la Tierra, Transnational Institute (TNI), 2015. 

14 En vigencia desde octubre de 2006. 


291 


ECONOMÍA Y SOCIEDAD 



DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 


292 


cuanto a la aceptación de legitimidad de los tribunales arbitrales internacionales para ac¬ 
tuar en una gran amplitud de situaciones, incluso aquellas prima facie sujetas a cláusulas de 
jurisdicción exclusiva 15 (que inhabilita a la empresa a entablar un juicio de existir procedi¬ 
miento activado en la justicia local), como el caso del contrato que estamos analizando. 16 

El modus operandi del sistema internacional de arbitraje, cuyo centro de generación 
de “jurisprudencia” es el [EIMEIlEj es profundamente proclive a favorecer la proliferación 
de demandas a partir criterios extensivos de jurisdicción que favorecen lo que se conocen 
como “procedimientos paralelos”. 

En este caso también el Kfflcontiene una cláusula de jurisdicción exclusiva. No obstan¬ 
te, en virtud de la cláusula de la nación más favorecida -componente medular de este tipo 
de acuerdos internacionales - el inversionista queda habilitado a elegir entre los regímenes 
de protección aceptados por el Estado en los diversos Tratados Bilaterales de Inversiones 
que tiene en vigencia. De esta forma puede seleccionar, por ejemplo, las condiciones previs¬ 
tas por el [EKHvigente con Reino Unido o Australia, que admiten jurisdicciones paralelas. 
Esta dinámica se ha denominado “cherrypicking”-, el inversionista puede elegir el marco más 
beneficioso, la cereza más apetecible en el marco de los tratados a los que se ha obligado 
nuestro Estado. 17 

A partir de los mecanismos expuestos, el Estado uruguayo resigna soberanía en la de¬ 
terminación de su política energética y ambiental. Al mismo tiempo, desconoce la impor¬ 
tancia de la transparencia y control social por parte de la sociedad organizada, que queda 
absolutamente marginada del proceso a partir de la fuerte confidencialidad que rodea a 
estos contratos. 

Estos instrumentos, bajo la pretensión de atraer inversiones, ponen en riesgo la sobe¬ 
ranía energética de nuestros países, favorecen la mercantilización de la naturaleza y van en 
contra del control democrático de los recursos naturales. 


3. El Etiquetado de Transgénicos en Montevideo es amenazado 

En Diciembre de 2013 la Intendencia de Montevideo aprueba dos decretos muni¬ 
cipales que obligan al etiquetado de productos alimenticios que contengan transgénicos: 
“los alimentos que han sido manipulados genéticamente o que contienen uno o más ingredien¬ 
tes provenientes de éstos que superen el 1% del total de componentes, deberán ser etiquetados 


15 Eberhardt, P y Olivet, C., “Cuando la injusticia es negocio. Cómo lasfirmas de abogados, árbitros y financia- 
dores alimentan el auge del arbitraje de inversiones”, CEO, Transnational Institute (TNI), 2012. 

16 El caso COMPAÑÍA DE AGUAS DEL ACONB UIJA S.A. y VIVENDI UNIVERSAL (antes COM- 
PAGNIE GENÉRALE DES EAUX) vs. Argentina en el CIADI ofrece un ejemplo en este sentido. 

17 “Uruguay ante el CIADI y los Tratados de Protección de Inversiones”, REDES-Amigos de la Tierra, Funda¬ 
ción Solón, Uruguay Sustentable, Amigos de la Tierra, 2011, página 116. 



especialmente” 18 . La normativa es reglamentada en Septiembre de 2014 y se establece el 1 
de Enero de 2015 como inicio de los controles en los puntos de venta. La reglamentación 
se basa en el derecho del consumidor de saber lo que está ingiriendo cuando consume ali¬ 
mentos. Es un derecho que está amparado en la Ley de Defensa del Consumidor de nuestro 
país. 

Uruguay no ha sido pionera en la implementación de este tipo de normativas; más 
de 60 países en el mundo han implementado el etiquetado obligatorio de alimentos con 
transgénicos. Las primeras alarmas provenientes de inversionistas fueron las de empresas 
importadoras de alimentos que buscaron incidir en la decisión 19 . A inicios de 2015, la In¬ 
tendencia de Montevideo decide Hexibilizar los plazos para el control del etiquetado a pe¬ 
dido de algunas empresas -Nestlé y Pepsico, líderes mundiales en el rubro de alimentos, que 
lideraron los movimientos tácticos en este sentido-. Las empresas argumentaron no poder 
cumplir con el plazo que les exigía el análisis de los productos que tienen a la venta para 
proceder a etiquetarlos - o no-, y que el decreto vinculaba los transgénicos a algo nocivo 
para la salud, por lo que sus intereses estaban siendo afectados porque podrían ver dismi¬ 
nuidas sus ventas 20 . El etiquetado, sostienen las empresas, opera “como una suerte de ‘barrera 
no arancelaria’y por tanto plausible de ser denunciada como talfrente a los organismos que 
regulan el libre comerció” 11 . 

Como la decisión de detener los controles sobre el etiquetado de transgénicos de parte 
de la Intendencia de Montevideo generó un cierto descontento y sorpresa, el decreto no 
fue modificado y se sostuvo su vigencia. Aún así, la Intendencia en la nueva administración 
asumida en Julio de 2015 inició un trabajo conjunto con el Gabinete de Bioseguridad para 
“sumar perspectivas en una temática en la que Montevideo se encuentra innovando a nivel 
nacional”. IEI ueda aún por ver cómo se desarrollará esta reglamentación y los derechos que 
está amparando y cuáles serán las estrategias que desarrollarán las empresas que ven en la 
legislación nacional la afectación de sus intereses. 


Tisa: crónica de un mal acuerdo. 

El K HXMXI se gesta desde mediados de 2012 a impulso de un grupo de Estados liderados 
por Estados Unidos, la Unión Europea (ffl) y Australia 22 , reunidos con el objetivo de pro- 


18 Decretos Municipales N° 34.901 y N° 35.099. 

19 Cámaras empresariales de Argentina y Costa Rica tramitaron su descontento con la medida frente a la 
Cancillería uruguaya. 

20 Nestlé y Pepsico enviaron notas a la Intendencia cuestionando la legitimidad del gobierno municipal para 
implementar una medida de estas características siendo que el Poder Ejecutivo en 2008 establece en el Decreto 
353/008 que el Gabinete Nacional de Bioseguridad (Gnbio) promueva acciones para un etiquetado voluntario 
de transgénicos o no transgénicos para alimentos en los que se pueda comprobar la presencia de los mismos. 

21 Idem Nota al Pie N° 2. 

22 Auto denominados “Grupo de Amigos del comercio de servicios”. 


293 


ECONOMÍA Y SOCIEDAD 



DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 


fundizar la apertura del sector servicios y endurecer las obligaciones de los Estados respecto 
a los estándares establecidos por la Organización Mundial del Comercio. 

Las negociaciones KIH® surgen como expresión manifiesta de los cambios en la for¬ 
ma de producción en esta nueva fase de acumulación del capitalismo, caracterizada por la 
deslocalización de los procesos productivos que cada vez más incorporan servicios en la 
cadena de producción física de bienes. Este escenario tiene a las empresas trasnacionales 
como los actores de primer orden, que presionan por el desmantelamiento de las regula¬ 
ciones estatales, con especial interés por sectores clave como los servicios financieros y las 
telecomunicaciones. 

En torno a la mesa de negociación del KISHEI se reúnen 23 Estados (considerando a la 
ffl como uno solo) y de Latinoamérica participan Chile, Colombia, Costa Rica, México y 
Perú 23 , todos Estados con una política de inserción internacional claramente aperturista. 

Uruguay se incorporó en las negociaciones en febrero de 2015 y, gracias a la acción de 
[EfflK&KIX] y el movimiento sindical organizado IXMM -MXIIXI, la noticia sobre su incorporación 
despertó un debate que centró la atención en el impacto de las decisiones sobre inserción 
internacional en las perspectivas de desarrollo nacional. El peligro a las políticas estatales 
en materia de telecomunicaciones y conectividad, el riesgo de presión para la desregulación 
del sistema financiero, la limitación a la actividad de las empresas del Estado y la potencial 
afectación de su capacidad en el dictado de reglamentaciones en materia de salud, laboral, 
educativa, fueron los principales argumentos que propiciaron la decisión de abandonar las 
negociaciones en setiembre de 2015. La decisión del Poder Ejecutivo fue propiciada por el 
pronunciamiento del Plenario Nacional del Frente Amplio que por amplia mayoría resuel- 
294 ve “la inconveniencia de seguir participando de las negociaciones del tisa”. 

El estudio de los textos 24 y el debate honesto e informado con amplios sectores polí¬ 
ticos y sociales arrojó luz sobre la naturaleza de un instrumento directamente enfocado al 
beneficio del poder corporativo a través del recorte de las capacidades del Estado de regular 
y administrar política pública. 


Consideraciones finales 

Más allá de las importantes distorsiones en el desarrollo de políticas públicas que los 
instrumentos de promoción de las inversiones generan, está comenzando a hacerse notar 
con mayor fuerza el “cálculo político” que estas “instituciones” como los sobre todo, y 
los tribunales arbitrales como el [EMfflimponen tener. ¿IE ué significa esto ? Es cada vez más 
necesario el análisis del mapa de acuerdos de inversiones vigentes, al momento de pensar 


23 La salida de Uruguay propició el abandono de la mesa de negociaciones por parte de Paraguay que se con¬ 
cretó un par de semanas después. 

24 Disponibles gracias a las filtraciones realizadas por Wikileaks. 



en el diseño e implementación de las políticas públicas. La evidencia está mostrando que 
en muchos Estados -sobre todo los provenientes del sur global- no pareciera haber plena 
conciencia de lo que dictamina la legislación internacional ni de cómo operan estos instru¬ 
mentos. Cuando sí se tienen en cuenta estos posibles efectos “colaterales”, se podría estar 
entrando en un terreno en que se legisla para administrar potenciales convictos. Como 
consecuencia, se estarían priorizando las eventuales disputas por encima del desarrollo de 
una regulación eficiente y orientada al interés público y los derechos de los ciudadanos y 
ciudadanas. 

En muchos casos, como en el etiquetado de transgénicos, se puede estar frente a si¬ 
tuaciones donde la amenaza de demandas se confunde con el retiro de una política por 
haber “perdido” el apoyo político que la sustentaba. ¿En qué medida esta pérdida de apoyo 
político puede estar encubriendo el temor a enfrentar juicios que, aún ganándolos, exige 
esfuerzos económicos, políticos y técnicos de alto costo para un país en desarrollo? 

En otros casos, como el paradigmático sobre IEEI Ky la política antitabaco, la amenaza 
operó haciendo dudar al ex presidente, José Mujica (durante la pasada administración), res¬ 
pecto al alcance de las reglamentaciones que afectaban a la empresa, para evitar llegar a un 
litigio en el tribunal arbitral El sistema político y la fuerza política evaluó en su mo¬ 

mento que el retroceso en esta política no era un costo asumióle por el gobierno y se pasó 
a trabajar en la defensa del Estado en el juicio, y a recabar todos los apoyos internacionales 
posibles que ampararan al pequeño Estado de América del Sur frente al poder corporativo 
de una tabacalera líder mundial. 

Cuando la amenaza se transformó en demanda y el tribunal arbitral [EMfflaceptó ju¬ 
risdicción en el caso, los impactos comienzan a amplificarse. La defensa de Uruguay frente 
a la demanda de Philip Morris, traía a colación los efectos que un fallo a favor de la empresa 
- y el propio hecho del juicio debiéramos agregar- podría tener sobre el trabajo para con¬ 
trolar el tabaquismo que muchos organismos vienen desarrollando. El resultado del caso 
impactará “sobre más de 50 años de trabajo de la OPS y en otros países que podrían dudar en 
adoptar medidas más restrictivas de control del tabaquismo por la preocupación que les gene¬ 
raría tener que defenderse en un arbitraje” 25 . 

Dada esta evidencia y las estrategias seguidas por el capital transnacional en momentos 
de bonanza económica y también en momentos de desaceleración del crecimiento, se hace 
más urgente la discusión de los instrumentos. Al mismo tiempo, es imprescindible comen¬ 
zar a observar las estrategias que otros Estados han tomado respecto a estos tratados y al 


295 


25 ídem Nota al Pie N° 12. 


ECONOMÍA Y SOCIEDAD 



DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 


IXIMEIEÜ 6 . Las voces de cuestionamiento a estos instrumentos y sus instituciones legitimantes 
están creciendo y no están solo en los Estados o la sociedad civil. Recientemente, un equipo 
de expertos de la Organización de Naciones Unidas (Klffl) se expidió públicamente subra¬ 
yando los efectos que estos instrumentos están teniendo en los Derechos Humanos: “Los 
Mecanismos de Solución de Controversias Inversor-Estado incluidos en los capítulos de los tbi 
y TLC [Tratado de Libre Comercio] también son de preocupación creciente dada la experien¬ 
cia de décadas de arbitraje frente a tribunales de solución de controversias Inversor-Estado. 
La experiencia demuestra que lafunción de regulación de muchos Estados y su habilidad para 
legislar en el interés público han sido puestos en riesgo.” 17 En paralelo, organizaciones y mo¬ 
vimientos sociales han trabajado fuertemente para que la lEffl incorpore el debate respec¬ 
to a la necesidad de una normativa vinculante que juzgue las violaciones de derechos que 
causan las IEHIX] en los territorios, comunidades y pueblos. En Junio de 2014, la lElffl da un 
paso decisivo en ese sentido, adoptando la resolución 26/9 que crea un Grupo de Trabajo 
Intergubernamental para elaborar un instrumento internacional jurídicamente vinculante 
sobre En Julio de 2015 se reúne por primera vez este Grupo Intergubernamental en 
el que se hicieron presentes, además de gobiernos, organizaciones y movimientos sociales 
que históricamente han denunciado la injerencia que las lEElE tienen en los territorios, co¬ 
munidades y pueblos. 

Las transformaciones en las formas de acumulación del capitalismo también se expre¬ 
san en la presión por la mutación de las dinámicas y foros de construcción de espacios de 
poder desde los que se pretenden dictar las normas que obligan a los Estados, en pos de la 
desregulación de la actividad económica a nivel global y el debilitamiento de la capacidad 
de acción y protección del interés general por parte de la política pública. Los Kffl, Kfflson 
296 movimientos en ese sentido, más recientemente representada por los acuerdos megarregio- 
nales en los que se inscribe el Kl MKlXl . 

Las decisiones políticas deberán volver a concentrarse en el Estado, en un Estado que 
recupere su centralidad y desafíe el espacio cooptado por el poder corporativo de las IXIXH. 


Bibliografía 

Barreto, V. y Carrau, N., “De cuando la amenaza se hace demanda: el impacto de las reglas de inversiones en las 
políticas públicas y los derechos”. Uruguay. REDES-Amigos de la Tierra, Transnational Institute (TNI), 
2015. 


26 Bolivia, Ecuador y Venezuela iniciaron procesos de cuestionamiento de estos instrumentos y el poder que 
le otorgan a las ETN. Bolivia denunció los TBI que tenía vigentes y el CIADI. Ecuador inició un proceso de 
Auditoría de sus TBI evaluando los efectos que han tenido. Se espera que este Informe sea público en breve. 
Venezuela también decide abandonar su membresía al tribunal CIADI. Estas acciones si bien preventivas, de¬ 
jan establecidas mejores condiciones para los Estados en la implementación de políticas que no es otra cosa que 
ganar en soberanía. 

27 Comunicado público “UN experts voice concern over adverse impact offree trade and investment agreements 
on human rights”, Ginebra, 2 de Junio de 2015. Traducción propia. 



Barreto, V. y Carrau, N., “Discutiendo instrumentos: El caso del contrato inver sor-Estado entre Schuepbach Ener¬ 
gy y ANCAE” en: “Megaminería y Fractura Hidráulica: potenciales Impactos Ambientales y para el De¬ 
recho Humano al Agua”, REDES-Amigos de la Tierra, Transnational Institute (TNI), 2015. 

Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), Decisión sobre Jurisdicción, 
Caso CIADI N° ARB/10/7, Washington, Estados Unidos, 2013. Disponible en: https://icsid.work!- 
bank.org 

Comunicado público “UN experts voice concern over adverse impact offree trade and investment agreements on 
human rights ”, Ginebra, 2 de Junio de 2015. Traducción propia. 

Decretos Municipales N° 34.901 y N° 35.099. 

Eberhardt, P y Olivet, C., “Cuando la injusticia es negocio. Cómo las firmas de abogados, árbitros yfinanciadores 
alimentan el auge del arbitraje de inversiones”, CEO, Transnational Institute (TNI), 2012. 

Nota de Prensa, “Gol de Uruguay. Triunfo enorme de Uruguay en juicio contra Philip Morris”, Montevideo Por¬ 
tal, 26 de Marzo de 2015. 

Nota de Prensa, “Ayuda para juicio con Philip Morris”, Diario El País, 13 de Abril de 2015. 

“Uruguay ante el CIADI y los Tratados de Protección de Inversiones”, REDES-Amigos de la Tierra, Fundación 
Solón, Uruguay Sustentable, Amigos de la Tierra, 2011. 


297 


ECONOMÍA Y SOCIEDAD 



DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 


298 


La construcción del Plan Nacional de Agroecología 
como alternativa al Modelo del Agronegocio 

(redes-at) 

Durante el 2014 la Red Nacional de Agroecología junto a la Red de Semillas Nativas y 
Criollas trabajaron en la construcción de un instrumento político que promueva la disputa 
del modelo del Agronegocio. Esta construcción resultó en un Plan Nacional de Agroecolo¬ 
gía (MEI), lanzado en el mes de Agosto de este año. 

El KEIE tiene entre sus objetivos “promover la soberanía alimentaria, a través de una 
alimentación adecuada y saludable, fomentando la producción de alimentos de calidad, sin 
contaminantes riesgosos para la salud” 1 . El Plan busca además “ampliar el número de produc¬ 
tores bajo sistemas de producción, distribución y consumo de productos agropecuarios de base 
agroecológica, para generar beneficios que contribuyan a la calidad de vida de los habitantes 
de zonas rurales y urbanas” 2 . 

La elaboración del lEElE se realiza en paralelo a una iniciativa de recolección de firmas 
y apoyos a ese plan para incidir en el actual gobierno de Tabaré Vázquez, en cuyo programa 
de gobierno figura la promoción a la agroecología. 

¿Por qué se identifica como necesario construir un pna? 

• Porque actualmente estamos frente a un proceso de intensificación agropecuaria 
impulsada por el crecimiento económico de la producción exportable, que está ge¬ 
nerando importantes impactos sobre la sustentabilidad. La realidad de Uruguay no 
está aislada de lo que ocurre en la región y el mundo, que vive una coyuntura de ines¬ 
tabilidad en la producción de alimentos debido a un sistema alimentario que agota 
y degrada nuestros recursos naturales. 

• Porque se debe promover una transición hacia nuevas formas de organizar la produc¬ 
ción, la distribución y el consumo de alimentos, integrando un enfoque agroecológico. 

• Porque existen claras evidencias de que las experiencias nacionales de producción 
agroecológica y orgánica, y la conservación y reproducción de semillas criollas y na¬ 
tivas, entre otras acciones, están demostrando y justificando un proceso de transi¬ 
ción que asegure la condición de país productor de alimentos con sustentabilidad. 

El ETE es una oportunidad de compromiso y profundización del Derecho a una Ali¬ 
mentación Adecuada y de la agenda integral de derechos que Uruguay ha venido expan¬ 
diendo y garantizando en los últimos 10 años. 

Se puede acceder al Programa Nacional de Agroecología en: http://redagroecologia.uy/ 

1 Plan Nacional de Agroecología disponible en el sitio web de la Red de Agroecología: http://redagroecologia.uy 

2 ídem Nota al Pie N° 1. 





Artigas Pessio 


Inestabilidad económica real e inducida, escollo en 
el ejercicio de derechos 


Oscar Mañán 1 


299 


El año 2015 nace con la marca a fuego de la transición gubernamental, que si bien no 
cambió la fuerza política al frente del Ejecutivo, el elenco entrante tiene una visión dife¬ 
rente de la política y de la gestión concreta de gobierno. El proceso electoral llevó, incluso 
contra muchos pronósticos, a una renovada mayoría parlamentaria para el Frente Amplio. 
El resultado constituye una maquinaria electoral imbatible en la última década que permi¬ 
tiría a Tabaré Vázquez cumplir su doblete personal como cabeza del Ejecutivo (2005-2010 
y 2015-2020). Ahora comienza otra media década para el progresismo uruguayo con ex¬ 
pectativas de un escenario económico menos prometedor que desafía la experticia de los 
timoneles para navegar las nuevas aguas turbulentas. 


1 Sociólogo, economista, Dr. en Estudios del Desarrollo. Prof. efectivo del Centro Regional de Profesores del Centro, 
CFE/ANEP y Prof. Agregado de la Unidad Académica de Historia y Desarrollo, Facultad de Ciencias Económicas y 
Administración, UDELAR. Asesor de COFE. Investigador Activo del Sistema Nacional de Investigadores. 


ECONOMÍA Y SOCIEDAD 





DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 


Se intentó formular una apretada síntesis de las aristas más sobresalientes del escenario 
que se divisa en el mediano plazo y que enjuician las políticas públicas que intentan lidiar 
con la coyuntura económico-social, sin modificar el mapa de beneficiados y perjudicados. 
En primer lugar, se apunta el escenario internacional y su vínculo con las restricciones que 
generaría para el país en los próximos años. Segundo, la lectura oficialista y de allí la ac¬ 
ción estratégica de la gestión que también intuye en la desventura instalada en el proceso 
económico contemporáneo. Tercero, los vaivenes en relación al ejercicio de los derechos 
económicos, sociales y culturales respecto a dichas condiciones externas y políticas guber¬ 
namentales. Por último, se desarrollan algunas críticas que apuntan a la promoción de una 
nueva articulación social, persiguiendo una profundización democrática de la sociedad. 


La región ante un punto de inflexión para el desempeño económico 

Según estimaciones, en el período 2015-2019 el ME]mundial crecerá en volúmenes 
físicos un promedio del 3,75%, las economías desarrolladas estarán levemente por encima 
del 2% (promedio anual) y las emergentes por debajo del 5% (4,8%). 2 EME3 presentará una 
leve recuperación respecto al quinquenio anterior con un crecimiento económico que se 
ubica en el 2,5% para 2015-2019. Esto propicia cierto fortalecimiento de su moneda que 
es referencia en las transacciones mundiales de mercancías, como también lo es la política 
de la IXMX1 (Banco Central de los Estados Unidos de América o Federal Reserve System por 
su sigla en inglés) respecto de la tasa de interés. La Zona Euro tiene mayores problemas y 
su crecimiento promedio rondará el 1,6% para el mismo período. China, ese gigante eco¬ 
nómico que viene marcando la dinámica de la economía mundial en los últimos años, pasó 
300 de crecer un 11,5% (promedio anual) entre el 2005-2009, a ubicarse en un 8,5% en 2010- 
2014 y sigue desacelerándose para converger en el próximo quinquenio a una tasa estimada 
del 6,3%. La región latinoamericana crecerá en el mismo período al 2,1% promedio, bas¬ 
tante menos del 3,7% correspondiente a la década pasada. 3 


2 Estas estimaciones económicas son la base de la Exposición de Motivos del Proyecto de Presupuesto Nacio¬ 
nal 2015-2019 presentado por el Poder Ejecutivo al Parlamento en su Capítulo II, Escenario Macroeconómico, 
y fueron tomadas de los indicadores de Bloomberg (http://www.bloomberg.com), Fondo Monetario Inter¬ 
nacional (http://www.imf.Org/external/pubs/K/weo/2015/02/loe/sums.pdf) y el Banco Central do Brasil 
(http://www.bcb.gov.brv/pt-br/paginas/ default.aspx). 

3 Puede verse: FMI (Fondo Monetario Internacional), Perspectiva de la economía mundial. Disponible en: 
http:// www.imf.org/external/ spanish/pubs/K/weo/2015/update/02/pdf/071 5s.pdf, accesado, septiembre 
2015. 

Poder Ejecutivo, Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2015-2019, Exposición de Motivos, República 
Oriental del Uruguay, Montevideo, 2015. 

CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), Bases de Datos y Publicaciones Estadísti¬ 
cas. Disponible en: http:/ / estadisticas.cepal.org/ cepalstat/WEB_CEPALSTAT/estadisticasIndicadores. 
asp?idioma=e; accesado, septiembre 2015. 



El super-ciclo de precios de los commodities de la última década comenzó hace un año 
a cambiar su tendencia. Es así que la soja que se comercializaba a precios por encima de los 
U$S 500 (dólares americanos) hoy se ubica en U$S 352, pero también cayeron los precios 
del trigo, la pulpa de celulosa, la carne ovina y bobina. Todos productos con importante 
peso específico en la canasta exportadora del país, lo que alienta un choque adverso para la 
economía regional. 4 

Latinoamérica -vista en su conjunto- apenas crecerá al 0,5% promedio anual para el 
año en curso, bastante por debajo de la dinámica poblacional (0,9%), lo que implica asumir 
que los latinoamericanos en promedio seremos más pobres (medido por el más burdo de 
los indicadores de distribución, el MXM per cápita). América del Sur, por su parte, tendrá 
una depresión del -0,4% en contraste a Centroamérica y México, donde la dinámica será 
positiva (2,8%) al igual que en el Caribe (1,7%). 5 Si a esto le agregamos la obscena desigual¬ 
dad existente en la región, no cabe más que imaginar que los derechos económicos se verán 
resentidos en aquellos sectores que están más afectados por problemas de empleo, vivienda, 
salud, educación, agua potable, entre otros. 

Particularmente, aquellos países que constituyen importantes mercados para las expor¬ 
taciones uruguayas presentan horizontes de desaceleración económica o recesión para el me¬ 
diano plazo. A la desaceleración económica típica de la región se le suman crisis políticas 
como las que atraviesan Venezuela y Brasil. Argentina entró en un dilatado período electoral 
donde también se agudizan las contradicciones en la clase política, apuntalando un proceso 
devaluatorio (expresado fundamentalmente en la cotización paralela del peso respecto al dó¬ 
lar) y sus consecuencias inflacionarias, aunque en el último año éstas se lograron disminuir. 

Brasil por su importancia merece un párrafo aparte. Está afectado por una crisis po¬ 
lítica que interpeló a autoridades de la petrolera estatal, asociada con capitales privados 
en varios emprendimientos y empresas constructoras, además de cuantiosos y sospechados 
negocios internacionales que vinculan a políticos de fuste del Partido de los Trabajadores 
en el gobierno. En ese país también opera un proceso devaluatorio que afecta la producción 
uruguaya de exportación, lo cual ya generó el cierre de algunas empresas que tenían como 
razón de ser dicho mercado. A su vez, el contrabando comienza a afectar el comercio con 
la reorientación del consumo doméstico y ciertamente se extenderá al sector turístico. En 
el mes de agosto, Brasil configuró técnicamente su recesión acumulando dos trimestres de 
crecimiento negativo. 

Los impactos del enfriamiento de la economía global y regional ya se hicieron sen¬ 
tir. Particularmente en algunos sectores que decidieron dejar el país como una empresa 
de alimentos (Greenfrosen) y dos empresas lácteas (Schreiber Food y Ecolat). Empresas 
automotrices como Chery tuvieron dificultades en el mercado brasileño en recesión (allí 

4 Bolsa de Valores, Tradingen Bolsa: Uruguay. Disponible en: http://www.indexmundi.com/es/precios-de- 
mercado/?mercancia=soja&meses=120; accesado el 26 septiembre 2015. 

5 CEPAL, 2015, Ibidem. 


301 


ECONOMÍA Y SOCIEDAD 



DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 


302 


sus homologas General Motors y Mercedes Benz ya redujeron personal), y los capitales que 
usufructuaban planes especiales de construcción de viviendas sociales o para el turismo 
también vieron su ciclo alentador terminado. 6 Recientemente, el cierre de la empresa fff 
ff f, luego de una larga agonía a pesar de los apoyos estatales que supo recibir por mucho 
tiempo (incluso con garantías menguadas), agrega casi mil trabajadores al desempleo. La 
posibilidad de reabrir la planta, ya sea que aparezca un inversor dispuesto a reactivar el ne¬ 
gocio o la recuperación de alguna actividad por parte de los mismos trabajadores no parece 
un trámite inmediato. 

A pesar de la lenta recuperación de IXMXl f y en la Zona Euro, las señales atribuibles a 
la situación regional son poco alentadoras y modifican estrategias de empresas foráneas, ya 
sea por precios internacionales o quizás por apuntar a nuevos horizontes de inversión en 
otros países, o también debido a condiciones macroeconómicas que comienzan a cambiar. 
Pero dichas circunstancias regionales e internacionales se montan y amplifican en/con una 
percepción doméstica negativa respecto al futuro de la economía, alentadas por señales 
contradictorias desde la política económica que la refuerzan. 7 


Las responsabilidades domésticas de políticas conservadoras 

Sumado a un escenario internacional en deterioro deben analizarse las políticas domés¬ 
ticas, cómo se posicionan y reaccionan ante la coyuntura externa. No cabe dudas que existe 
una responsabilidad de los voceros gubernamentales y estrategas ministeriales -quiénes 
actuaron de una manera llamativamente amateur- fortaleciendo esa percepción de futuro 
poco alentador. Es posible comprender y no así justificar, algunas acciones pragmáticas de 
cara a la discusión presupuestal y, en especial, al aforamiento de demandas alentadas por 
criterios de justicia y promesas electorales que se antojan difíciles de abordar sin cambiar 
equilibrios existentes. 

El ministro de economía sembró pánico con un discurso de austeridad que llamaría a 
la responsabilidad del sector público y a moderar demandas sociales ante la coyuntura. Las 
primeras señales objetivas fueron los anuncios de las pautas fijadas por el poder ejecutivo 
para la negociación colectiva de salarios en el sector privado. Allí se plasmaba una aspira¬ 
ción del Cr. Astori largamente anunciada (Congreso de Historia Económica, 5 diciembre 
de 2007) de llevar adelante una desindexación de los salarios respecto a la evolución de los 
precios, lo que significa corroer esa rigidez a la baja que los salarios mantienen cuando el 


6 José Rocca, Don Quijote y el PEBEI , Disponible en: http://joserocca.org/ don-quijote-y-el-pebei/; accesa- 
do septiembre 2015. 

7 Atiéndase que la política económica no necesaria o principalmente parte desde el ministerio de economía, 
también el ministerio de relaciones exteriores, las oficinas asesoras de presidencia, banco central o públicos, 
ministerio de trabajo o del interior como otras carteras son también parte ya sea de la inserción internacional 
del país, de la política de inversiones y/o gastos, de la política de empleo, salarial y de distribución del ingreso, o 
políticas sociales o de represión de las movilizaciones apuntalan las políticas de articulación económica. 



ciclo económico se desacelera. Ciertamente, las pautas propuestas por el Poder Ejecutivo 
para discutir la evolución de los salarios en el período 2015-2020 plantea la posibilidad 
cierta que ellos se retrasen respecto a la evolución de los precios, lo que llevaría a una pérdi¬ 
da del poder de compra de los trabajadores. 8 9 Hoy, para no quedar atrapado en una cuestión 
semántica, el Ministerio de Economía habla de discutir los aumentos salariales en términos 
nominales no ya de desindexación, “la misma gata pero revolcada”? 

En lo que hace a los trabajadores públicos y ante la movilización que el movimiento 
obrero organizado generó frente a las pautas restrictivas del sector privado, se optó por 
validar la metodología de ajuste salarial que venía aplicándose desde el quinquenio pasado. 
La misma tenía como base el artículo 4° de la Ley de Presupuesto 2010-2014 (N°18.719) 
que proponía ajustes anuales siguiendo el centro del rango meta de aumento precios fijado 
por el Comité de Política Macroeconómica, cuestión que en el peor de los casos aseguraba 
la no pérdida de salario real al prever un correctivo entre la inflación real y la proyectada. 
Curiosamente, esta metodología que había sido muy cuestionada en el período pasado, en 
el nuevo contexto se vuelve preferible a la aplicada al sector privado, donde el horizonte 
de recuperación de poder de compra de los salarios está a dos años y no anualmente como 
prevé el artículo que rige los ajustes de los públicos. 

En segundo lugar, los anuncios de recortes de inversión en las empresas públicas y la 
austeridad promovida para el gasto corriente contribuyen a reforzar la negatividad de las 
expectativas económicas. El anuncio de reprogramación de la obra del 
que ya estaba en marcha, y el abandono momentáneo de la obra de la regasificadora (cabe 
aclarar que la empresa constructora tuvo problemas para cumplir sus compromisos) son los 
de mayor magnitud. Aquí aparecen impactos no despreciables en el empleo que suponen 
preocupación y expansión de expectativas negativas. Posteriormente, se hicieron anuncios 
que quisieron contrarrestar la situación: un plan de inversiones que se promovía como his¬ 
tórico, cuyas cifras poco explicadas se basaban en posibles asociaciones bajo la ley de par¬ 
ticipación público-privada, que igualmente no lograron contrarrestar los efectos objetivos 
de las anteriores medidas. 10 

A pesar del intento por rescatar la proactividad del gobierno, de relativizar la pruden¬ 
cia inicial y de alentar un esperado cambio de rumbo en los últimos años, el descenso de la 
inversión respecto al período pasado y el cambio hacia una lógica pro-cíclica de la políti- 


8 Aunque el Presupuesto define las políticas del quinquenio (2015-2019) en los hechos rigen hasta el año 
siguiente 2020 donde se discutirá el próximo Presupuesto. 

9 Puede abundarse en: Oscar Mañán, “La desaceleración económica y los espíritus del pasado”, El Compañero , 
Montevideo, 2015. El Presupuesto en tiempos de economía vulnerable y políticas conservadoras. El Compañero, 
Montevideo, 2015. 

10 La encuesta de CIFRA de septiembre muestra que el 47% de la población cree que la situación económica 
del país es mala y muy mala. CIFRA, “La situación de los uruguayos sobre la situación económica”. Encuesta de 
CIFRA, Disponible en: http://www.cifra.com.uy/index.php/2015/09/28/la-percepcion-de-los-uruguayos- 
sobre-la-situacion-economica/, accesado 29 de septiembre, 2015. 


303 


ECONOMÍA Y SOCIEDAD 



DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 


304 


ca macroeconómica no logró pasar desapercibido. 11 La vuelta a los fantasmas del pasado, 
ahorro fiscal para palear el endémico déficit, la centralidad de la inflación y los equilibrios 
macroeconómicos de Klujo como objetivos sine qua non de las políticas desestiman que la 
gente está detrás de la economía. Este es el llamado plan de austeridad, donde no se habla 
de ajuste como en el pasado sino de reprogramación de la inversión o cambios de ritmo de 
la misma, justificados por la situación foránea. 

El tercer punto tiene que ver con la presentación del proyecto de Ley de Presupuesto 
2015-2019, donde se objetiva la expresión cuantitativa del ajuste fiscal que se pretende y, 
a la vez, se pone en tela de juicio alguna de las promesas electorales. Lo más novedoso de 
este presupuesto es el cambio de metodología, ya que no se piensa en la programación del 
gasto para los cinco años de gobierno sino que se reduce a los dos primeros (2016-17). 
Se justificó con algún ejemplo puntual y la infaltable argumentación de dificultades en la 
región y el mundo. Empero, las ciencias económico-sociales cuentan con instrumentos de 
proyección adecuados y siempre las rendiciones anuales de cuenta ofician como correctoras 
de desvíos no planeados. Esta forma agrega incertidumbre lejos de reconocerla y obrar en 
consecuencia. 

Como cuarto punto que complementa las políticas de Estado, más allá de las del eje¬ 
cutivo propiamente, se procesa en estos momentos (al finalizar estas líneas) la discusión 
parlamentaria con miras a la votación del Presupuesto Nacional, donde es posible esperar 
una redistribución -aunque no sustancial- de ciertos rubros del gasto. El Instituto Cuesta 
Duarte del IXBH-ffllX] ha propuesto algunos recortes congruentes con el achique del gasto 
en Defensa, algunas políticas de seguridad o de los cargos de confianza gubernamentales. 
O quizás de la postergación de aumentos a las jerarquías ministeriales con el fin de atender 
un sector prioritario como la educación (EB 04B §) y salud (IX UXMXl ), que alienta un 
gran convicto social al no ser contemplado en congruencia con los objetivos programáticos 
y promesas electorales. 12 Atiéndase que Brasil, a pesar de la crisis moral de su gobierno, ya 
congeló los salarios de los cargos políticos en aras de atenuar su recesión. 

No obstante, como siempre se repite, la discusión sobre el gasto nunca se completa 
si no es posible discutir los ingresos, el otro nudo central de este debate. IE uizás este sea el 
talón de Aquiles de la controversia actual de las políticas presupuéstales; se afirma la falta 
de voluntad política de las autoridades del ejecutivo de rever los ingresos del Estado, es 
decir, la estructura tributaria y la contribución de los diferentes sectores al erario público. 
A lo sumo, se abre la posibilidad de redistribución acotado a cumplir con las restricciones 
impuestas para lograr los endebles equilibrios que buscan sostenerse. 


11 Jorge Notara, El Presupuesto Nacional y las Empresas Públicas, Uruguay 2015. Disponible en: http://www. 
pvp.org.uy/?p=5995, accesado en septiembre 2015. 

12 Instituto Cuesta Duarte, “Redistribución de Recursos Presupuéstales: un modelo de desarrollo se construye con 
salud, educación y protección social”, Montevideo, 2015, Mimeo. 



Las reacciones sociales en defensa de los derechos 

En primer lugar, podemos observar la reacción unánime del movimiento sindical que 
contrasta con la actitud de confianza de los últimos años en las políticas económicas del 
gobierno. Seguramente no es para menos; en todo el período, la aspiración máxima de las 
pautas salariales estaría en el mantenimiento del salario real (algo poco probable si los pre¬ 
cios se comportan como en el pasado reciente). Menos aún, dadas las presiones cambiadas 
devenidas del entorno regional e internacional inestable: un dólar en recuperación pero 
economías como la China y la brasileña con políticas devaluatorias. La economía domésti¬ 
ca fuertemente dolarizada y operando con un alto grado de concentración no contribuye a 
un escenario de moderación para los precios; los acuerdos voluntarios de precios ya demos¬ 
traron no ser efectivos en las actuales condiciones. 

La institucionalidad de los consejos de salarios y la negociación colectiva, cuya reim¬ 
plantación tanto se festejó en el primer período del presidente Vázquez, se limita ahora so 
pena de atentar contra el empleo. Tales ideas tienen como premisa que el aumento salarial 
puede tener un impacto inflacionario, es decir, llevaría a un aumento de costos productivos, 
y éstos podrían trasladarse a los precios; y ceterisparibus, cuestionar el beneficio normal del 
empresario llevándolo en el límite a reducir su producción o a cerrar su empresa. 

Ahora la política salarial conservadora 13 “a la uruguaya” sostiene que los salarios son 
un componente decisivo en los costos productivos, convirtiéndose en una presión para los 
precios, y en lo que refiere al comercio exterior, este costo estaría cuestionando incluso la 
competitividad. Coincide en que si se deja actuar la negociación colectiva en momentos 
donde la organización obrera se encuentra fortalecida, la resultante seguramente sería una 
ruptura de la estabilidad económico-política de los últimos años. Sin embargo, todos estos 
argumentos podrían discutirse fácilmente desde la visión de los trabajadores. 

Tal argumentación se respalda con el proceso de desaceleración económica que vive 
la región; pero también en una pérdida de más de 32.000 puestos de trabajo en los últi¬ 
mos meses, cuyo correlato es el aumento del desempleo (levemente encima del 7%, 
2015); pero las proyecciones privadas lo ubican en 8,5% en 2017. 14 A su vez, el incremento 
del nivel de precios de la economía se ubica en el entorno del 10% en los últimos años, 15 


13 Atiéndase que la tipificación de “conservadora” de la política salarial y otras no constituye una valoración personal, 
sino que así se tipifican en la bibliografía económica. La declaración de la empresa calificadora de riesgos, Standard and 
Poor s siguió esta misma lógica de catalogar dichas políticas en ocasión de justificar el grado inversor al país. 

14 El Observador, Encuesta de Expectativa Economía/Empresas. Disponible en: http://www. elobservador.com. 
uy/analistas-privados-proyectan-un-mercado-trabajo-mas-desafiante-n682835, accesado en octubre 2015. 

15 Las cifras oficiales se ubicaron en el 8,53-9,02-9,48% (acumulado año móvil jun-jun/jul-jul/ago-ago) con¬ 
gruente con los promedios de los últimos años (INE, 2015). Empero, tales registros están subvaluados por el 
impacto de las “políticas heterodoxas” que distorsionan los indicadores de precios (i.e. plan UTE-premia, dis¬ 
minución del IVA a tarjetas, etc.). Atiéndase que dichas medidas no intuyen para nada en la variable in^ación, 
sino que distorsionan puntualmente la construcción del indicador que la receja; al mes siguiente los precios 
retoman su movimiento tendencial con independencia de tales políticas. 


305 


ECONOMÍA Y SOCIEDAD 



DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 


306 


tercamente por encima de lo que han sido las aspiraciones del gobierno y sus rangos meta 
de inflación (3 al 7%). No obstante, las explicaciones a dichos fenómenos poco tienen que 
ver con salarios promedio altos en Uruguay, sino con el funcionamiento de la economía y 
yerros de la política económica. 

Las movilizaciones populares aumentan tanto por las reivindicaciones salariales como 
por otros derechos conquistados en los últimos años, siendo un ejemplo la negociación 
colectiva que se ven hoy recortada por políticas restrictivas. Estas limitaciones a la nego¬ 
ciación colectiva se relacionan con las condiciones en las que opera. En el sector privado, 
las pautas que fijan un techo al crecimiento salarial sin discutir las ganancias empresariales 
y, en el sector público, donde los sindicatos no tuvieron la posibilidad de conocer con una 
prudente antelación los números presupuéstales como lo exigen compromisos asumidos en 
la IEHEL Tampoco se dieron instancias de discusión en cuanto a las pautas salariales; incluso 
se dejaron de lado compromisos adelantados de que la masa salarial acompañaría al creci¬ 
miento del ®®(cuestión poco probable dado el articulado presupuestal). 

También los reclamos presupuéstales se agudizan en defensa de la educación y el 6% 
comprometido, en especial si se toma en cuenta las necesidades expuestas por las autorida¬ 
des de NKIIXIXIylXIIXI IXIXIXI IXI los fondos destinados están muy lejos, la salud (lEfflEI propiamente o 
el Hospital de Clínicas) sigue arrastrando déficit de recursos humanos y financieros, mien¬ 
tras la investigación científica no fue contemplada como se esperaba. 

Se rechazan artículos como el 619, 677 y 682 del actual presupuesto (HEIKI, 2015). 
Por lo menos los dos primeros son inconvenientes y atentatorios contra los intereses de los 
trabajadores. 

El art. 619 es el que condiciona la partida dispuesta a aumento salarial de los traba¬ 
jadores de la educación a que los mismos firmen un acuerdo salarial; de lo contrario, esos 
fondos serán transferidos a inversiones. Esta es una práctica presupuestal novedosa: bajo 
amenaza y coacción, tal vez extorsión, se dispone de un aumento salarial que resulta magro 
para lo esperable dadas las promesas electorales. Se suma a este entredicho con los docentes, 
el decreto de esencialidad dispuesto por el Poder Ejecutivo en momento de medidas de 
paro y ocupación de centros de estudio, y no queda exenta la presión generada por un en¬ 
frentamiento de docentes, estudiantes y trabajadores con grupos de choques policiales en la 
sede de ffllEIHEIlEIE]. El art. 677 es el que posterga el pago délos reclamos que los trabajadores 
públicos pudieran realizar cuando recurren a juicios contra el Estado, llegando a dilatar dos 
años el cobro de los mismos. 

El art. 682 es quizás más discutible y refiere a la autonomía de inversión de las empresas 
públicas que requerirá, de acá en más, la anuencia del Poder Ejecutivo cuando los montos 
sobrepasen los ffl85 millones o cuando los pasivos de tales empresas superen la mitad de 
su patrimonio. Las decisiones de inversión de las empresas públicas están en controversia y 
las preguntas que surgen refieren a quiénes deben ordenarlas. La discusión es centralmente 
si es el Poder Ejecutivo quien debe hacerlo o los gerentes públicos de turno, en cualquiera 



de los casos existen riesgos. En el primero, que las empresas sirvan para resguardar los dé¬ 
ficits de otras malas decisiones de los gobiernos, y en el segundo, que los gerentes públicos 
utilicen la política de gasto e inversión para proyectarse en sus carreras políticas. Para quien 
escribe, “El dilema se resuelve con un programa de gobierno transparente, sostenido por una 
fuerza política militante con capacidad de disciplinar a sus gobernantes y vigilado por una 
sociedad movilizada que exija rendiciones de cuenta periódicas”} 6 


Desafíos de un presente turbulento 

El crecimiento económico se espera menos dinámico de lo que fueron incluso las pre¬ 
visiones presupuéstales; pero esto no solo por la coyuntura internacional sino por lo des¬ 
atinado de las políticas restrictivas que son una onda expansiva de la desaceleración hacia 
el mercado interno. 

La política anti-inBicionaria, a pesar de que aparece como prioridad de gobierno, en¬ 
frenta un fracaso inevitable porque no se apunta a las causas últimas del fenómeno sino que 
se insiste en actuar sobre los indicadores que la recejan. No es posible moderar la dinámica 
de los precios, ya sea con acuerdos voluntarios en la actual coyuntura o con bajas de tarifas 
en los últimos meses del año, cuando se recaba la información imprescindible para la cons¬ 
trucción de los índices (i.e. MKM ). Cualquier alumno iniciado de ciencias sociales sabe que 
no debe confundirse el indicador con la variable, en este caso, si se opera en la distorsión del 
indicador de precios ( MKDd ) no se afecta en nada a la variable inflación. 

Claramente, el alza de los precios tiene una determinante externa por el lado de la 
evolución del tipo de cambio en la medida que el dólar se fortalece sistemáticamente, pero 
a la vez, la economía uruguaya tiene un alto grado de apertura y dolarización que presiona 
los precios al alza. En otro orden, la economía doméstica opera con un alto grado de mono¬ 
polio (nivel de concentración económica), donde buena parte de los bienes del mercado se 
concentran en pocos oferentes, fijando precios para obtener ganancias extraordinarias ante 
la ausencia de regulación económica. 

La economía argentina del último año, es un buen ejemplo de regulación de precios 
que implicó acuerdos, pero atenta observancia y eventualmente castigo si no se cumple con 
las disposiciones acordadas. Debería ser obvio para los uruguayos tomadores de decisiones 
que la buena fe de los agentes económicos está limitada, en el capitalismo, a los niveles 
crecientes de ganancia. 

Los trabajadores, en general, tienen niveles de salarios que, si bien los más deprimidos 
crecieron de manera importante en los últimos años, lo cierto es que aún no aseguran la es¬ 
tabilidad del bienestar en el mediano plazo. Es decir, si la desaceleración se vuelve recesión, 


16 Oscar Mañán, “Empresas Públicas sin programa de gobierno’’, Semanario Voces, núm.380, Montevideo, 11 
de abril, 2015. 


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ECONOMÍA Y SOCIEDAD 



DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 


el desempleo volverá a tasas pasadas, caerá el salario y los indicadores de pobreza e indigen¬ 
cia reeditarán las preocupaciones de antaño. 

La conducta presupuestal que se lleva adelante es contrapuesta a la esperable en un 
sentido de reactivación y enfrentamiento de la desaceleración y crisis de los mercados. Una 
máxima keynesiana repetida y probada indica que ante crisis de mercado la solución es el 
Estado, ergo, deben fortalecerse las políticas anti-cíclicas para mantener los requerimientos 
del proceso productivo. 

El desechar algunos aprendizajes del pasado pone en tela de juicio avances relativos 
que determinados sectores sociales tuvieron en el pasado respecto al fortalecimiento par¬ 
cial de sus ingresos. A su vez, limita los objetivos de “cambiar el adn de la educación ”, tal 
como se había manifestado. Los organismos descentralizados más importantes del sector 
público -lEKHEHy IEHXHE0XKI- obtuvieron en el mensaje presupuestal entre un 20% y un 50% 
respectivamente de lo que fueron sus aspiraciones para el quinquenio. Máxime, cuando se 
había comprometido llevar el gasto educativo a los niveles que reclama desde la 

década del 70, un 6% del MXU El derecho a la educación y las metas ya fijadas en la reforma 
constitucional del año 1966, a saber, el de unlversalizar la enseñanza media se alejan de ma¬ 
nera drástica, recuérdese que el sistema de enseñanza media lo logran culminar -en forma 
y tiempo- menos del 40% de los jóvenes. 

Una política transformadora y democrática debería surgir de la readecuación de los 
equilibrios existentes y no sólo tomando en cuenta recortes o postergaciones. Ya sea en los 
ingresos de los sectores populares o en políticas públicas (Sistema Nacional de Cuidados, 
Salud, Educación, lucha contra la pobreza), sino también ingresando en el hasta ahora in- 
308 violable mundo de los ingresos del capital, de los sectores con vocación especulativa y del 
capital extranjero de libertades irrestricta de movilidad. 

Otras luchas por los derechos lo constituye la vivienda social donde, a pesar de planes 
constructivos con renuncias impositivas importantes, las unidades no están al alcance de los 
ingresos de la mayoría de los trabajadores. En este caso, al no existir políticas de regulación 
más estrictas, los topes de precios no se contemplan. A su vez, la renuncia a intervenir directa¬ 
mente en los mecanismos de conformación de los precios -para decirlo de manera más preci¬ 
sa, en la renta del suelo urbano y en el ordenamiento territorial para la residencia- no existen 
avances sustanciales más allá de los permitidos por las premisas del capital inmobiliario. 

Por último, y quizás lo más preocupante, es que se constatan retrocesos en el ejercicio 
de derechos de protesta, los cuales son por demás legítimos. Se han generado controversias 
públicas inducidas por declaraciones de connotados representantes del poder ejecutivo que 
deslegitiman derechos como el de huelga, o por extensión las ocupaciones de lugares de 
trabajo o estudio e incluso la solidaridad de unos trabajadores con otros. El recurrir a la 
extorsión para imponer la razón, preferir medidas autoritarias antes que el diálogo fraternal 
o la misma represión para desalentar, judicializar o criminalizar medidas de protesta, se 
convierten en el saldo más negro de esta nueva política innovadora en lo presupuestal. 



2015: emergencia del campo popular y visibilización 
de contradicciones en la construcción de derechos 


Alfredo Falero 1 


Invitación al tema y fijación de criterios de análisis. 

La sociedad uruguaya por momentos transmite la idea de parroquialismo y aletarga- 
miento veraniego de ciudad pequeña. Todo transcurre lentamente, reproduce dinámicas 
de dominación oculta y a veces perversa, se siente incómoda con el convicto, construye 
mitos de excepcionalidad que repite sin mayores cuestionamientos. A pesar de que termina 
replicando agendas globales, no se siente cómoda cuando se ve obligada a mirarse al espejo 
y a veces prefiere conformarse con una imagen deformada. 

Y, para seguir con la imagen introductoria, como aquella película española de 1953 del 
pueblo que espera al “Sr. Marshall” que la salve, muchas veces parece que todo dependiera 
de una inversión salvadora o un acuerdo de comercio que algunos sectores empresariales y 
políticos de derecha e izquierda proyectan como la llave al “desarrollo”. Es lo que ocurrió 
con el Sffl en 2015, por ejemplo, como antes había sido el con Estados Unidos. Na¬ 
turalmente en ese marco no existe creatividad social posible, todo se reduce a recetas de 
agendas globales. 

Desarrollo, por cierto, se ha vuelto de nuevo una palabra mágica (de nuevo, porque lo 
fue hace décadas impulsada por Estados Unidos en el marco de la guerra fría) que trascien¬ 
de fronteras, que se asimila por lo general a aspirar lo alcanzado por regiones centrales de 
acumulación (Estados Unidos y Europa) y que, por lo tanto, se conforma como una ilusión 
compartida sobre ser “serio” y hacer lo “correcto” que en verdad es ajustarse a las propuestas 
de los agentes globales con poder económico y político. Seguramente, existe algo de sim¬ 
plificación en la descripción anterior, pero más peligroso que esto es el olvido de sectores 
de izquierda e intelectuales de todo lo acumulado en pensamiento crítico sobre el tema y 
generado en la región desde la década del sesenta. Afortunadamente todavía hay centros 
académicos de prestigio en América Latina que piensan en clave de lo anterior 2 . 


1 Doctor en Ciencias Sociales especialización Sociología; profesor e investigador del Dpto. de Sociología de 
la Facultad de Ciencias Sociales y de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad 
de la República de Uruguay. Correo: alfredofalero@gmail.com 

2 Para no ir muy lejos, puede mencionarse el seminario Nuevas miradas tras medio siglo de la publicación 
Siete tesis equivocadas sobre América Latina de Rodolfo Stavenhaguen, México, Colegio de México. Véase: Fa¬ 
lero, A. (2015). Las 7 tesis: ruptura conceptual y proyección actual , ponencia en http://seminario7tesis.colmex. 
mx/images/pdf/mesa-uno/ falero.pdf 


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ECONOMÍA Y SOCIEDAD 



DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 


310 


Así es que, desde ya, la propuesta que sigue es invitar al lector a pensar que si una so¬ 
ciedad más democrática y justa es posible en Uruguay, sólo podrá serlo si se tiene un tejido 
social activo y cuestionador, capaz de pensar y de tirar a la basura relatos simpliñcadores y 
complacientes vengan de donde vengan. Esto es, para ser claro: también el Frente Amplio, 
en tanto fuerza política en el gobierno, se ha vuelto una gran máquina generadora de relatos 
simpliñcadores y complacientes. 

La novedad es que en 2015 algo comenzó a crujir y esto provino del espacio que con¬ 
forman organizaciones y movimientos sociales que componen lo que puede caracterizarse 
como el “campo popular” de la sociedad uruguaya. Las comillas obedecen a que la expre¬ 
sión puede sonar a metáfora o a proyecto político, pero en verdad es más que eso, se propo¬ 
ne como una herramienta analítica que no deje de lado el rigor académico. 

Si esto se escribiera en otro lugar, no habría necesidad de hacer mayor aclaraciones 
pero en el caso uruguayo, teniendo presente la imagen del comienzo, corresponde subrayar 
ante el apresurado cuestionamiento, que ese rigor académico no puede confundirse -como 
suele ocurrir- ni con una supuesta y posible asepsia como si fuera posible a cualquier in¬ 
vestigador (de cualquier campo de conocimiento) desprenderse de un posicionamiento 
sobre la realidad. Tampoco puede confundirse con la mera acumulación de cifras, como si 
esta operación suponga por sí misma una señal de ciencia. De hecho, hay que pensar cada 
vez más en una guerra de cifras muchas veces silenciada cuando afectan intereses políticos. 
Finalmente, tampoco puede confundirse con el habitual estilo contenido de trabajos que 
además se orientan con parámetros ideológicos y/o tecnológicos dominantes, que termi¬ 
nan anulando toda capacidad de promover el pensamiento crítico sobre la sociedad. 

Se utilizará el anunciado concepto de campo popular entonces para tener un marco 
general por el cual se pueda visualizar ese arco de organizaciones y movimientos socia¬ 
les con disposiciones a generar lógicas alternativas, emancipatorias y que puede tener gran 
plasticidad para generar reacomodamientos a su interior. En un sentido general, puede de¬ 
signarse como emancipatorias a todas aquellas acciones colectivas que permiten a un con¬ 
junto de personas superar un estado de opresión, conquistar derechos, avanzar hacia lógicas 
alternativas en las sociedades y, en general, promover otros horizontes de posibilidades en 
un sentido de sociedad más justa y democrática. Debe admitirse que los términos pueden 
ser muy generales y se prestan al tironeo de significados, pero permiten transmitir rápida¬ 
mente un posicionamiento general. 

Se realiza de esta forma una apropiación heterodoxa de ese concepto-herramienta pos¬ 
tulado por ese gigante de la Sociología del siglo XX que fue Pierre Bourdieu 3 . Y en ese mar¬ 
co debe establecerse como “límite del campo” el límite de sus efectos, esto es, un agente (un 
movimiento u organización social en nuestro caso) hacen parte del campo en la medida en 


3 El concepto de campo es rastreable en varios de sus trabajos, así que entre otros puede mencionarse “El 
sentido práctico”, Buenos Aires, siglo veintiuno editores, 2007 [1980]. 



que sufren efectos de ese espacio social o los producen sobre el mismo. Esa influencia que 
pesa sobre los participantes del campo, Bourdieu la denominaba “illusio” y procura trans¬ 
mitir la idea de “complicidad” con las estructuras objetivas del campo, de creer que el juego 
merece la pena más allá de la existencia de dominantes y dominados dentro del campo. En 
otras palabras, todo participante de cualquier espacio social que analizamos como campo 
-más allá de diferencias- comparte elementos comunes. 

Además, todo campo es un espacio de luchas por la apropiación de los recursos pro¬ 
pios de ese espacio social, lo cual sugiere tensiones entre los agentes participantes por su 
apropiación y, por tanto, por mejorar su posición social. Y aquí encontramos un primer 
desafío, pues si bien se ha trabajado con el concepto para examinar lo político, la televisión, 
la universidad, etc., para lo que aquí se propone aproximarse, no se registran claros antece¬ 
dentes. f uizás porque es difícil ver un espacio de tensiones y conflictos entre organizacio¬ 
nes y movimientos sociales cuando otras tensiones (con el Estado, con empresas) aparecen 
con más claridad. 

No obstante, es claro que no es un espacio de acuerdos inmediatos ni mucho menos y 
que se observan distintas estrategias, posturas filosóficas y políticas y dinámicas en la lucha 
general por promover y conseguir determinados derechos. Para llevarlo al caso que preten¬ 
de explicar, el consenso económico liberal “progresista” establecido agrega tensiones no 
fáciles de procesar por los agentes del campo popular. 


El contexto latinoamericano y la ubicación del caso uruguayo. 

De las tipologías realizadas en otros trabajos sobre luchas sociales y gobiernos en Amé¬ 
rica Latina, la que aquí importa retomar es la que genera formas de mediaciones entre agen¬ 
tes del campo popular y gobiernos. Si se tiene en cuenta la historia de la región, al menos 
desde la década de 1930, es la de consolidación de una matriz sociopolítica de relaciones 
entre Estado, partido político y movimiento sindical. Donde el primero jugó un papel cen¬ 
tral en la configuración o reconfiguración de los otros dos, lo que se conoce habitualmente 
como “populismo”, que suponía lógicas de movilización y participación controladas 4 . 

Es decir, particularmente se está en un caso de sujeción fuerte de un agente central 
del campo popular en relación al Estado. Al mismo tiempo que se construyen derechos, se 
colocan límites en su despliegue, al mismo tiempo que se integra socialmente, se asegura 
protección para algunos sectores del capital, al mismo tiempo que se promueve participa¬ 
ción bajo ciertos límites, se aplica coerción a lógicas participativas autónomas. 


4 Sobre tipologías realizadas para tener un cuadro global de América Latina, véase Bringel, B. y Falero, A. 
(2014). “Movimientos sociales y gobiernos en América Latina: nuevos escenarios, tipología de relaciones y formas 
Estado/movimientos”, Cadernos de trabalho Netsal (Núcleo de Estudos de Teoría Social e América Latina), Rio 
de Janeiro, IESP - UERJ. 


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ECONOMÍA Y SOCIEDAD 



DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 


Es que, justamente, en el otro extremo del abanico, puede ubicarse la autonomía de 
un agente del campo popular en relación al Estado. Lo contradictorio es que estas expre¬ 
siones emergen más visiblemente en el contexto de lo que se conoce como neoliberalismo, 
es decir, ya pasadas las dictaduras y los procesos autoritarios que fueron permitiendo su 
construcción no solo como política económica -que es mucho más que eso- sino como re¬ 
estructura social. El caso más notorio -también muy invisibilizado en los últimos tiempos- 
es el zapatismo y su perspectiva de autonomía como principio general de organización 5 . 

Finalmente, deben recordarse pero excluirse del cuadro intervenciones quirúrgicas 
que lograron restablecer gestiones alineadas con poderes fácticos tradicionales: golpe de 
Estado a Zelaya en Honduras en 2010 y destitución del presidente Lugo en Paraguay en 
el 2012, así como intentos frustrados de restauración conservadora en gestiones que pro¬ 
movieron la transformación de la forma de Estado heredada: Venezuela (2002), Bolivia 
(2008) y Ecuador (2010). 

Dentro de toda la complejidad que tiene América Latina, si se examinan las diferentes 
mediaciones que se han establecido en los últimos años entre gobiernos, partidos y movi¬ 
mientos puede proponerse entonces una tipología dentro de este abanico que va desde la 
“cooptación” a la “autonomía”. Naturalmente, los casos pueden desplazarse de un casillero 
a otro, y esto es lo que también permitirá ubicar el caso uruguayo. Se pueden identificar 
cuatro tipos generales de conexión, que se denominarán subordinada, negociada, disconti¬ 
nuada y desconexión. 

Conexión subordinada: aquí entran los casos en que se establecen relaciones fuertes 
entre los tres planos, donde la separación de actuación entre los espacios sociales no es 
312 clara, y se puede obtener demandas por los movimientos pero a costo de estar sujetos a ló¬ 
gicas vinculadas a una reproducción neocorporativa. En este caso no solo el Gobierno o el 
partido tienen fuerte influencia en las decisiones de los movimientos sino que prescribe el 
marco de acción en el que se mueven. Aquí pueden entrar situaciones tan diferentes como 
la fHf] durante Menem en Argentina o, el algún caso, en Venezuela en la relación con el 
gobierno y IXMxM 

Conexión negociada: situaciones en las que el extremo anterior no se alcanza, pues 
se observa separación entre los tres planos. Sin embargo, sí se observa un control puntual 
sobre miembros de los movimientos aunque no del agente colectivo como un todo. En este 
caso se tiene un canal de acceso privilegiado al gobierno pero el costo sigue siendo alto en 
lo que se refiriere a la autonomía. Puede ser el caso de movimientos sindicales en contexto 
gobiernos progresistas del cono sur, del Brasil con la fEf], el fBKI-fBf] en tanto central sin¬ 
dical, etc. 


5 Para un trabajo reciente sobre esta temática, véase Jéróme Baschet “Adiós al capitalismo. Autonomía , socie¬ 
dad del buen vivir y multiplicidad de mundos”, Buenos Aires, Futuro Anterior Ediciones, 2014. 



Conexión discontinuada: situaciones en las que el caso anterior se alterna con otras 
situaciones muy diversas, y en donde se presentan y se alternan contextos de compromiso 
del movimiento con contextos de luchas y movilizaciones. Son los típicos casos en que hay 
un horizonte (práctico y discursivo) de autonomía pero, por diferentes causas incluyendo 
lazos personales, afinidades y trayectorias comunes, no se renuncia a la conexión con el go¬ 
bierno. La relación con los partidos existe pero es débil. Serían casos como los de 
en Uruguay, IE ffl en Brasil, movimientos indígenas y campesinos en la región andina. Este 
sería el caso más volátil de los cuatro. 

Desconexión con gobiernos y presencia débil o inexistente de partidos: situación en 
que la autonomía del movimiento es más clara. Y puede serlo por un contexto claramente 
adverso del gobierno (federal, estadual o ambos) como el mencionado MXIXM en México 
o porque las posturas del propio movimiento, en cuanto a visión general de la realidad, 
tiende a hacer incompatible cualquier conexión con gobiernos o partidos. Es el caso de 
algunos movimientos de base indígena cuya cosmovisión aparece como claramente dife¬ 
renciada de cualquier lógica neodesarrollista más allá de su sensibilidad social o incluso de 
narrativas emancipatorias que puedan acercarles a gobiernos y/o partidos. En estos casos la 
autonomía es un elemento subjetivo fuerte y se ejercita en la vivencia personal y en la praxis 
colectiva, pero lleva a que no se pueda apelar a negociaciones como recurso estratégico para 
las demandas del movimiento. 


Gobiernos progresistas: contención del campo popular y limitación de expectativas 

El Frente Amplio, en tanto fuerza política en el gobierno, significa que concentró todo 
su accionar en el campo político y que por tanto juega totalmente en ese campo conser¬ 
vando sus reglas. Anteriormente, cuando era partido y a la vez movimiento sociopolítico, 
la idea era subvertir las reglas del campo para poder participar del juego, pero actualmente 
la lógica principal de existencia pasa a ser dominar el campo, conservar sus reglas, mientras 
cualquier otra consideración debe ser subsumida en ese juego. 

Esto supone también pensar que ahora las mediaciones con el campo popular pueden 
funcionar solamente como un recurso más para la permanencia o el dominio en el campo 
político: apelando al pasaje de agentes con recursos de un campo a otro e integrándolos 
definitivamente en el nuevo juego (sindicalistas, dirigentes sociales, activistas de organiza¬ 
ciones sociales), abriendo y cerrando agendas cuando es conveniente, manteniendo canales 
de comunicación entre campos, apelando al capital social acumulado (círculo de proximi¬ 
dades en el campo popular) para prevenir o controlar convictos. El espectro de derecha del 
campo político no podría hacer tales cosas. 

Desde el año 2005, aunque se modifica sustantivamente la composición del campo 
político, se reproduce en términos generales la heredada inserción de la sociedad uruguaya 
en la economía-mundo y la distribución de poder en la sociedad. Es más, se profundiza el 


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ECONOMÍA Y SOCIEDAD 



DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 


mismo esquema de acumulación (se pueden mencionar aquí las habituales dimensiones 
conocidas como propiedad de la tierra, política sobre zonas francas e implantación de en¬ 
claves en general, entre muchas otras) sin ni siquiera pensar en propuestas de lo alternativo. 
En buena medida esto también demuestra que el campo intelectual tenía menos predispo¬ 
sición al cambio de lo que se creía en muchos ámbitos de la sociedad. 

Las interrelaciones entre campo popular y campo político se establecen sobre la base 
del reconocimiento de organizaciones sociales y sindicales aunque, en clave de reproducir un 
orden social, sus demandas sean alternativamente neutralizadas, resignificadas (es decir que 
pierden el sentido original) o negociadas. En todo caso, siempre canalizadas en el marco de un 
nuevo consenso social “progresista”. Un consenso -dígase claramente- con inspiración polí¬ 
tica en propuestas de la llamada “Tercera Vía”, es decir navegar en la globalización y llevar el 
posibilismo y la adaptación a lógica central. A la vez se pueden identificar varios mecanismos 
para reproducir las bases del nuevo consenso que es no es caso reiterar aquí 6 . 

Ahora bien, si los gobiernos del Frente Amplio no aspiran a disputar significados sobre 
“democracia” o Estado por ejemplo, o a marcar caminos de lo “alternativo”, lo “emancipato- 
rio” o el “cambio social”, resulta igualmente cierto que el campo popular perdió capacidad 
de hacerlo. La desmovilización inducida y los propios bloqueos, significaron la neutraliza¬ 
ción simbólica de posturas históricas, que para ser efectivas siempre requieren ser articula¬ 
das en función de coyunturas y períodos transcoyunturales con sujetos sociales, contenidos 
y marcos conceptuales igualmente fuertes. 

Es decir que si bien desde allí se pueden seguir invocando términos como poder popu¬ 
lar, autogestión, sustentabilidad, derechos humanos, entre otros, cuando aparecen más bien 
314 se presentan como elementos desanclados de un proyecto sociopolítico consistente y arti- 
culador. O aparecen como deslucidos y anticuados conceptos de una época ya pasada. No 
se disputan significados de sociedad meramente colocando un término con historia en el 
campo popular aquí y allá. Y debe recordarse un elemento que las Ciencias Sociales a nivel 
mundial han mostrado claramente: las luchas son siempre -guste o no, esté todo perneado 
por una perspectiva inmediatista e instrumental o no- prácticas y simbólicas a la vez. 

Paralelamente, distintos temas claves para el campo popular han recibido tratamientos 
de desdibujamiento o clausura. Uno de ellos es la política de derechos humanos respec¬ 
to a nuestro pasado reciente que ha tenido intentos reiterados de clausura del tema -que 


6 En otro trabajo se examinaron tres mecanismos: disciplinamiento mediante el consumo, adaptación por 
indiferencia o desinterés y delegación en la figura del experto (véase A. Falero, “Del cambio a la contención del 
cambio: ¿período bisagra en América Latina?", contenido en Sujetos colectivos, Estado y capitalismo en Uruguay 
y América Latina. Perspectivas Críticas, Acosta y otros, coordinadores, Montevideo, Trilce, 2014). Respecto a 
los sectores más vulnerables -y una vez superada la emergencia social heredada- se visualiza más bien la con¬ 
tinuidad de políticas asistencialistas generando una forma actualizada de clientelismo colectivo que no apela a 
formas de participación sustantivas y no revierte radicalmente la fractura social. Esto resulta particularmente 
sensible cuando se consideran cifras. También debe recordarse que planteado como “lucha contra la pobreza” 
también puede ser una eficaz bandera de una perspectiva de derecha política. 



no prosperaron- no solo a partir del gobierno del presidente Mujica sino ya en el primer 
gobierno del presidente Vázquez. De modo que las tensiones surgidas entre el ministro 
de Defensa Fernández Huidobro y organizaciones del campo popular (particularmente a 
partir de conocidas declaraciones) constituyen solo la parte visible -política espectaculari- 
zada- de un problema de fondo más complejo y de la escasa voluntad de limitar estructuras 
de poder militar. 

En otros casos, se ha buscado la d e s c o n § i c t i v i z a c i ó n y la institucionalización del mo¬ 
vimiento, es decir, pasar de la conexión discontinuada a la conexión negociada siguiendo 
la tipología de conexión campo político - campo popular. En los dos primeros gobiernos 
del Frente Amplio pero sobretodo en el segundo, se establecen mecanismos por los que si 
bien no se atienden las demandas sociales en su proyección, igualmente pueden mantenerse 
canales de diálogo administrando sus recursos en dosis pequeñas pero que van en el sentido 
de los objetivos de la organización. 

En el caso de los cooperativistas de vivienda (ffllEfflE] ) luego de movilizaciones y una 
compleja negociación, el gobierno bajo la presidencia de Mujica (y a diferencia de posturas 
más duras con el movimiento mantenidas bajo la anterior de Vázquez durante la cual se 
llegó a la ocupación de tierras en Montevideo) llegó a un acuerdo con la Federación sobre 
deudas por los préstamos que se arrastraban desde los convictos surgidos con los anteriores 
gobiernos de centro-derecha. 

Cabe un paréntesis para evitar una confusión que el propio campo popular obviamen¬ 
te conoce. Si bien los trabajadores afiliados a la Central Sindical lEHB-IXHIE como los coope¬ 
rativistas de vivienda por ayuda mutua han crecido en forma significativa, ello no significa 
mecánicamente mayor fuerza del campo popular. En el primer caso, el crecimiento trepó a 
una cifra superior a los 400 mil afiliados y en el segundo a unas 500 cooperativas de base en 
distintas etapas de desarrollo, que implican unas 25 mil familias cooperativistas de ingresos 
medios y bajos (o incluso muy bajos). De hecho, en ambos casos, se ha utilizado el término 
“gordura”, es decir de aumento de los integrantes pero no de aumento en términos de pro¬ 
yección como movimiento. 

ué hay de nuevo en el 2015 que ha llevado a visualizar algún tipo de inflexión con 
lo anterior? En primer lugar, no es menor marcar el contexto global (con baja en el precio 
de las materias primas) que afecta el esquema del progresismo que no se fundó tanto en 
un crecimiento con redistribución del ingreso -como usualmente se invoca- como en un 
crecimiento con derrame. La caída de empleo en la industria, además de clave como sector 
económico, genera -como suceden con la construcción- perspectivas negativas sobre el 
futuro en función de que culturalmente son actividades asociadas a la idea de expansión 
económica y desarrollo en general. Nuevamente puede encontrarse aquí guerra de cifras 
e índices, pero lo clave son las limitaciones que ahora enfrenta Uruguay y que un año de 
presupuesto visibiliza como ningún otro. 


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En segundo lugar, es un hecho que el presidente Vázquez genera menos confianza en el 
campo popular que el ex presidente Mujica. En este caso, su reconocida figura global refuer¬ 
za el prestigio local (recuérdese que los politólogos locales habían marcado originalmente 
que su principal problema era la comunicación lo cual limitaría su imagen) y su trayectoria 
generan más posibilidades de lograr una conexión negociada con el campo popular. 

Diversos temas colocados en el 2015 por el nuevo gobierno generaron convictos con 
el campo popular en tanto afectan elementos centrales: a los sindicatos estatales por el pa¬ 
pel de las empresas públicas (en particular lEffl sigue constituyendo todo un símbolo de 
decadencia) y su capacidad de desarrollar nuevos proyectos, a los emprendimientos auto- 
gestionarios por el nuevo papel del lEXHXHEIM, a los sindicatos de la educación por las limita¬ 
ciones presupuéstales y el manejo general de criminalización de la protesta, a casi todos por 
las negociaciones en torno al IE®E] (finalmente frenadas) y a la política exterior en general. 

En torno a lo último, debe destacarse que la pérdida de referencia de un proyecto 
alternativo -proyecto que es siempre la articulación de varios temas- no permite visuali¬ 
zar claramente como estos elementos macro-globales tienen efectos micro-locales, desde 
la construcción de derechos hasta el tipo de trabajador requerido. Es decir, muchas veces 
agentes del campo popular intuyen pero no necesariamente comprenden más allá de la 
experiencia concreta efectivamente como se manifiestan las relaciones globales-nacionales- 
subnacionales. O como afectará ello la tensión entre mercantilización-desmercantilización 
de espacios sociales, que es clave para un proyecto alternativo 7 . La naturalización de lo prác¬ 
tico y lo instrumental sin mayor vuelo, el cierre sobre una demanda específica (sostenerla 
con un formato neocorporativista utilitarista) son elementos que afectan la visualización 
de un cuadro general. 

Movilizaciones importantes como el paro general del 6 de agosto o las ocurridas en 
torno a la educación (particularmente cuando se decretó su esencialidad que cohesionó al 
campo popular) tuvieron plataformas concretas de demandas, pero también canalizaron 
un malestar social que se viene acumulando en diversos sectores. No visualizar esta parte 
lleva a lecturas simplificadoras (al estilo: “el desalojo del Codicen del 22 de setiembre es sola¬ 
mente el conflicto entre “ultras”y fuerzas de choque de la policíaj. 

En el nuevo escenario, las contradicciones entre campo popular, expectativas sociales y 
cursos de acción del gobierno se harán más ostensibles. Pero también pueden aumentar las 
estrías dentro del campo popular. Esto es, las relaciones entre determinados sindicatos y la 
central IXDÍK1 -CT3E3, o entre ésta y otras organizaciones sociales también pueden experimentar 
una dispersión de demandas y una sobreacumulación de convictos. 


7 Recuérdese que desmercantilizar no quiere decir desmonetizar una actividad sino construirla en su lógica 
central como derecho social. Por ejemplo: salud, educación, transporte. También resulta claro que el Estado 
uruguayo no se ha convertido en nada parecido a un “Estado desmercantilizador” durante los gobiernos del 
Frente Amplio ni tampoco aspira a serlo. 



Conclusiones 

Hasta aquí se ha tratado de visualizar que las tensiones entre la gestión gubernamental 
del Frente Amplio -gestión de tipo empresarial en clave progresista, caracterizada por no 
intentar modificar al Estado en tanto condensación de relaciones de fuerzas económicas y 
políticas- la fuerza política en tanto tal y el campo popular entraron en un nuevo período. 

Utilizando la tipología planteada (conexiones subordinada, negociada, discontinuada 
y desconexión), las relaciones entre campo popular y campo político en el 2015 han estado 
marcadas por deslizamiento de una conexión negociada a una discontinuada. En otras co¬ 
yunturas esto ya ha sucedido en las gestiones del Frente Amplio, pero también se ha vuelto 
a una conexión predominantemente negociada. No está claro que ese tránsito sea fácil en el 
futuro teniendo en cuenta el nuevo contexto global y regional y la propia acumulación de 
tensiones y malestar general sobre expectativas de cambio en el campo popular. Ese males¬ 
tar también puede manifestarse en formas imprevistas y desorganizadas. 

Este punto debe ser subrayado: no puede leerse la realidad solamente a partir de co¬ 
yunturas electorales porque la sociedad es tanto lucha de agentes sociales con distintos in¬ 
tereses como también luchas de significados sociales sobre el presente y el futuro, y en ese 
sentido sobre proyectos de sociedad. Si estas luchas no se visualizan no es porque no existan 
sino porque hay un actor predominante que ha logrado imponer una visión dominante de 
la realidad. 

Como balance general, puede decirse que han aumentado las estrías, las fracturas del 
campo popular entre quienes perciben la necesidad de seguir cultivando canales con los go¬ 
biernos progresistas -aun considerando sus vacilaciones o directamente su incumplimien¬ 
to de un programa de transformación- y entre quienes perciben la necesidad de generar 
propuestas más autónomas, más críticas, como única forma de redefinir las fronteras del 
sistema. 

Aquí se abren varias y nuevas interrogantes claves que deben examinarse generan¬ 
do conexiones analíticas entre campo popular, fuerza política y gobierno. En general, no 
puede subestimarse la pregunta sobre las posibilidades de canalización del malestar social 
entre quienes cultivan las potencialidades de lo alternativo hacia el futuro: ¿resignación o 
complacencia “a la uruguaya ”, por ejemplo siguiendo mitos de integración social, socialde- 
mocracia tardía y excepcionalidad latinoamericana o lento camino hacia un nuevo ciclo de 
luchas sociales ? 

El futuro está abierto y existen muchas variables nacionales, regionales y globales a 
ponderar para poder dar una respuesta clara en la coyuntura en que se escribe este trabajo 
(luchas por el presupuesto). Pero más allá de ello, al campo popular se le abren dos grandes 
agendas (teniendo presente aquí elementos de anteriores investigaciones sobre movimien¬ 
tos sociales). 


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ECONOMÍA Y SOCIEDAD 



DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 


En primer lugar, se delinea con fuerza la necesidad de conexiones transnacionales 
entre organizaciones del campo popular para visualizar proyectos y demandas, elementos 
comunes y diferencias, más allá de Estados-nación que se han vuelto cada vez más transna¬ 
cionalizados y sujetos a imposiciones de agentes globales (empresas y organismos transna¬ 
cionales, Estados de regiones centrales de acumulación). Conexiones transnacionales en el 
campo popular no quiere decir meras reuniones de dirigentes sino propuestas concretas, 
que entre otras cosas incluye la formación - educación que implique a toda una organiza¬ 
ción o movimiento. 

Esta es precisamente la segunda agenda a dejar planteada. Formación quiere decir ir 
más allá de la superficialidad o intuición crítica de un problema y tener la capacidad tanto 
de navegar en la guerra de cifras e indicadores como de generar mediaciones analíticas para 
captar todas las dimensiones de un tema en procesos sociales, además, muy dinámicos. Y en 
algunos casos -sindicatos particularmente- implica un esfuerzo sustantivo para ir más allá 
de un conocimiento práctico-instrumental concreto requerido para una negociación. 

En el campo popular uruguayo -transformado sustantivamente en relación a ciclos de 
luchas pasados- se identifica un déficit importante en lo que significa la comprensión de la 
relación entre mutaciones globales y como se ven afectadas prácticas cotidianas, formas de 
organización viejas y nuevas, mapas cognitivos cambiantes, la relación entre lo coyuntural 
y procesos sociales y la capacidad de proyectar horizontes de posibilidades, relación con go¬ 
biernos más o menos amigables, el manejo del tema derechos humanos y todo lo que puede 
implicar, entre muchos otros temas. 

En ambos casos y volviendo a lo señalado al comienzo de este trabajo, es clave consi- 
318 derar la necesidad de espejos donde mirarse, aunque la imagen que se nos devuelva no sea 
demasiado grata y que vayan más allá de parroquialismos y mentalidades localistas. El cam¬ 
po popular tiene un protagonismo potencial clave en volver a la sana costumbre de pensarse 
críticamente para proyectar futuros posibles. 




Mauro Tomasini 


Cambios y permanencias en materia de vivienda 


Sergio Requel 1 


Luego de diez años de gestión, el gobierno del Frente Amplio sigue teniendo deudas 
pendientes en el tema de la vivienda. Aunque existieron avances significativos en la década, 
los mismos parecen ser insuficientes tomando en cuenta la creciente demanda y la poca 
incidencia en el stock debido al déficit acumulado. Por otra parte, los aciertos elogiables en 
muchos casos son el comparativo con las pésimas políticas implementadas por anteriores 
gobiernos, cuyos resultados dejaron una debacle desde el punto de vista de la inversión y 
el crédito llevando, incluso, al quiebre del Banco Hipotecario del Uruguay en 2003 como 
ejemplo más significativo. En ese sentido, con un crecimiento de la economía sostenido e 
inédito en la historia del último medio siglo, las administraciones frenteamplistas no pusie¬ 
ron el énfasis necesario en el tema, y cuando lo hicieron fue mucho más desde lo discursivo 
que en la adjudicación de los dineros necesarios para generar un impacto real que pusiera 
en marcha algo planteado por la ex Ministra de Vivienda, Arq. Graciela Musiera: “llegar al 


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Integrante de la Federación de Cooperativas de Viviendas y Propietarios (COVIPRO) 


ECONOMÍA Y SOCIEDAD 




DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 


2030 con un déficit habitacional inexistente!’ 1 Ese objetivo naufraga producto, entre otras 
variables, de una inversión escasa por parte del Estado y la falta de políticas que incidan en 
la especulación inmobiliaria como negocio rentable, sin aplicar, por ejemplo, impuestos 
escalonados a la tenencia de tres o más viviendas. 

Al cierre de este artículo, aún se discute en el Parlamento el Presupuesto Nacional. 
En el mismo no existen correcciones que avizoren otro rumbo. Por el contrario, el pasaje 
del Plan Juntos a la órbita del K EEE® K, implica en principio una reducción de partidas a 
programas existentes o, en el mejor de los casos, el mantenimiento de los rubros anteriores a 
ellos. IE uizás, como ya sucedió en el quinquenio anterior, el dinero que se destine en dólares 
sea igual o menor al período precedente, lo cual impide avanzar sobre el stock y como esce¬ 
nario positivo en un balance futuro sólo podamos admitir que el déficit no se incrementó 
al final de la gestión. 

En el pasado informe anual de MXM TONfíenjamin Nahum hacía un brillante balance 
sobre el tema de la vivienda social de los cinco años del gobierno de José Mujica. Allí enu¬ 
meró los avances que, a su entender, se registraron en el período pero, al mismo tiempo, 
enfatizó en aquellos puntos que aún estaban pendientes o debían revalorarse. Se hace muy 
difícil agregar algo a ese recorrido amplio y multifacético, en especial cuando uno suscribe 
en todos sus términos lo expuesto en el trabajo mencionado. No obstante, creemos impor¬ 
tante desarrollar algunos conceptos relacionados con las cooperativas de viviendas. Más 
allá de ser parte involucrada en el tema, es a este sistema que los gobiernos frenteamplistas 
apuntalaron para ser una herramienta de acceso y solución habitacional para los sectores 
bajos y medios bajos. 

La solución habitacional. Diferentes lecturas 

Si nos basamos en el balance realizado por el KHEH1EEK] del período 2009-2014, va¬ 
mos a encontrar miles de soluciones habitacionales brindadas por el Estado. El problema es 
cuando se profundiza en ellas y vemos qué entiende la administración por tales conceptos. 
Allí encontramos desde préstamos al sistema cooperativo, pasando por la venta de vivien¬ 
das nuevas construidas por otras modalidades, hasta préstamos para refacción de un baño, 
garantía de alquileres o autoconstrucción. A ello debemos sumarle, por ejemplo, reestruc¬ 
turas de deudas que cancelaron ciertos créditos hipotecarios o los reestructuraron con nue¬ 
vos valores y redujeron los años de pago. 

Sin pretender restar importancia al apoyo que recibe alguien para alquilar o arreglar 
su vivienda, la discusión pasa por lo que entendemos como una solución habitacional. O 
al menos, si la misma es perdurable y debe considerársele como tal. En principio parece un 


2 Ver http://www.anv.gub.uy/archivos/201 l/10/APPCU_MVOTMA_GMUSLERA.pdf 



poco forzado incorporar dentro del concepto a ciertos programas más allá del impacto que 
generan los números a la hora de justificar esas políticas. 

Por otra parte, muchas de las soluciones que aludimos, no intuyen en el stock de vi¬ 
viendas nuevas. Si bien el mismo no debe ser considerado como única alternativa para ata¬ 
car un problema que en sí es más complejo, lo cierto es que tiene un papel determinante en 
la demanda. El cambio en las últimas décadas de la composición de las familias, el trabajo 
y la emancipación de los jóvenes hacen que la necesidad de nuevas unidades habitacionales 
sean primordiales. Dicho de otra manera: cada día se necesitan más viviendas para atender 
esas realidades. 

En efecto y atendiendo lo expuesto, el gobierno de José Mujica fijó expectativas un 
tanto desmedidas en la ley de promoción privada para viviendas sociales. Su objetivo era in¬ 
corporar al sector masivamente en la construcción de viviendas, provocando un impacto en 
la demanda e intuyendo en el precio de los alquileres. Sin embargo, con el paso del tiempo, 
las posibilidades fueron opacándose, con resultados discretos. El costo total de estos pro¬ 
yectos, en general, están por encima de las posibilidades del público objetivo cuyos ingresos 
familiares se sitúan por debajo de los 50 mil pesos mensuales. De esta forma el monto de 
la cuota a pagar obliga a subsidiar a estas familias para que puedan afrontar la hipoteca. 
Podríamos agregar, además, que tampoco incidió en el mercado de alquileres. Los mismos 
siguen siendo desorbitados en muchos puntos del país, dejando expuesta a una franja im¬ 
portante de la población a los valores establecidos por el mercado y sus vaivenes. 


El sistema cooperativo 

Como decíamos antes, fue postura de los dos gobiernos del Frente Amplio jerarquizar 
al sistema y dotarlo de los instrumentos necesarios para fortalecerlo. El cooperativismo de 
vivienda en los últimos años -especialmente en el lustro anterior- tuvo una mayor dinámi¬ 
ca y se encuentra dentro de las primeras opciones de una familia para tener un techo. Ello 
obedece, fundamentalmente, a la necesidad de acceder a la vivienda (no tanto a la opción 
por el sistema) puesto que la oferta existente dista de las posibilidades reales que tienen hoy 
quienes dependen de salarios que los ubican en el límite de la pobreza. Por ley, los núcleos 
familiares cooperativos no pueden tener ingresos mayores a las 60 Unidades Reajustables, 
algo menos de 50 mil pesos mensuales. 

Por otro lado, el cooperativismo brinda a las familias una mayor seguridad, puesto 
que los resultados constructivos son superiores al de otros emprendimientos privados, con 
costos sustancialmente menores. Y al Estado le ha asegurado el reintegro de los préstamos 
más allá de cualquier oscilación coyuntural en el tiempo que transcurre del pago de la hi¬ 
poteca. 

Volviendo a lo primero, dentro de una serie de cambios ocurridos en la última década, 
que permitieron el desarrollo mencionado, podemos destacar: 


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ECONOMÍA Y SOCIEDAD 



DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 


322 


• Reglamentaciones que ordenaron los recursos y asignaron subsidios claros para que 
la gente permanezca en la vivienda 

• Reglas seguras en cuanto al otorgamiento de los préstamos, incluyendo tiempos de 
espera mucho más acordes 

• Un mayor control a los Institutos de Asistencia Técnica ( MKKd ), tarea hasta hoy com¬ 
pleja e inconclusa en parte 

• Conformación de una Cartera Nacional de Tierras para que las cooperativas pue¬ 
dan acceder al suelo urbano, tema bisagra para el éxito de los proyectos 

• Habilitación de tecnologías alternativas de construcción 

• Mayores controles y exigencias al sistema cooperativo en su conjunto, desde los pri¬ 
meros pasos hasta la obra en sí 


Por una cuestión de espacio sólo mencionamos algunos puntos destacados. Pero al 
mismo tiempo es inevitable reafirmar lo expresado casi al inicio de este artículo: elogia¬ 
mos como una virtud de la administración aquello que debería ser lo normal en cualquier 
política seria, lo cual habla a las claras del descalabro anterior provocado por los distintos 
gobiernos desde 1985 hasta el 2004. Por otra parte, y vale la pena resaltarlo, muchos de los 
cambios sucedidos tienen que ver con reivindicaciones y postulados históricos de las dife¬ 
rentes federaciones cooperativas como ser el tema de préstamos, subsidios y controles de los 
Institutos de Asistencia Técnica ( MKDd s). 

Ahora bien, si lo expresado ha sido un avance sustancial con respecto al punto en que 
nos encontrábamos, tampoco han podido superarse obstáculos existentes de otros tiempos 
y de reglamentaciones actuales. A pesar, por ejemplo, de haber acelerado y clarificado el 
proceso de los préstamos, ello no representó -en muchos casos- reducir los tiempos de 
espera, ya que se sumaron nuevas trabas y filtros. La descoordinación entre los distintos 
actores estatales, particularmente, llevan de un mostrador a otro a las cooperativas, conde¬ 
nándolas a demoras excesivas para el ingreso a los sorteos de préstamos, siendo en definitiva 
una especie de contención de la demanda. 

Ello viene unido de manera inexorable a la insuficiencia presupuestal que, más allá del 
incremento que tuvo en la década (nuevamente el mérito es el comparativo con los pésimos 
presupuestos anteriores) no logra colmar las expectativas ni el crecimiento del sistema. En 
una situación como la actual donde las cooperativas reúnen a unas 20.000 familias orga¬ 
nizadas aguardando el acceso a la tierra o al crédito, el otorgamiento de algo más de 6.000 
préstamos quinquenales son claramente exiguos. También, en este caso, se da una acumula¬ 
ción de necesidades habitacionales que profundizan la crisis de stock de viviendas, puesto 
que estas familias, así no permanezcan en el sistema cooperativo, reclamarán el acceso a las 
mismas mediante otros programas financiados por el Estado. 



En el mismo sentido, cada vez se hace más complejo acceder a tierras en condiciones 
para obtener los préstamos. Las intendencias o la propia Cartera Nacional de Tierras termi¬ 
nan por ofrecer predios que no tienen los servicios básicos (en especial saneamiento, condi¬ 
ción para presentar los anteproyectos) dejando a las cooperativas en medio de la puja y las 
demoras de otros organismos estatales, como ser lEffl en este caso que planteamos. Id uizás 
hay algo peor en todo lo anterior y es otorgar terrenos donde directamente no se puede 
construir por problemas de suelo. Cuando hablamos de otorgar decimos vender a precios 
más bajos que los valores de mercado, sí, pero precios que, en definitiva, son significativos 
para familias con ingresos como los mencionados en el mejor de los casos. 

Tema aparte (y otro artículo diríamos) significaría analizar algo que trasciende al pro¬ 
pio K Id y es el incremento sustancial de Unidad Reajustable en este período. Decir 
simplemente que proyectado a 25 años como son las hipotecas ese aumento sostenido pro¬ 
vocará subsidiar a la inmensa mayoría de las familias. Algo que podría ser corregido bajan¬ 
do la tasa de interés (del 5 al 2 por ciento, como era hasta el 2008) y volcando esos dineros 
subsidiarios a préstamos para nuevas viviendas. Para hacerlo gráfico, una familia paga el 50 
por ciento más de lo que le prestaron con una tasa del 5 por ciento (hablamos en Unidades 
Reajustables, que se incrementa mes a mes, y no en pesos) mientras que si la hipoteca fuera 
al 2 por ciento terminaría pagando un 25 por ciento más. No estaría de más que se dijera 
por parte de las autoridades ministeriales cuántas viviendas podrían construirse alterando 
sólo la tasa de interés de los créditos. Más allá del número, no hay dudas que podría contri¬ 
buirse de manera significativa a disminuir el déficit, adecuando el pago y el subsidio a un 
valor con características más sociales que en la actualidad. 

Conclusiones 

Pensamos que el desafío para el próximo quinquenio es mejorar de forma sustancial 
los tiempos, las evaluaciones y los procedimientos administrativos por parte del Kl 0EHEKI IE 
y de los demás organismos del Estado involucrados. En especial porque consideramos que 
buena parte de ellos pueden ser corregidos en la medida que exista voluntad política y la 
humildad suficiente para afrontar los errores. 

Sin embargo, el principal desafío es que el Presupuesto -y las posteriores rendiciones 
de cuentas- contemple las partidas acordes a la situación actual del sistema. Sin los dineros 
necesarios para afrontar esas necesidades se hace imposible plantear cualquier objetivo que 
se adecúe a las expectativas generadas. 


ECONOMÍA Y SOCIEDAD 




V iolencias 
soterradas 



Mauro Tomasini 







Niños, niñas y adolescentes con referentes adultos 
privados de libertad 


Gurises Unidos 1 


En el Día de Debate General del Comité de los Derechos del Niño de Naciones 
Unidas en 2011, se hizo manifiesto un gran vacío en lo que respecta a información, tanto 
cuantitativa como cualitativa, relativa a niños, niñas y adolescentes con referentes adultos 
encarcelados. 

En Uruguay, el Censo Nacional de Reclusos del año 2010 arrojó que al momento 
hay 9.067 presos de los cuales el 63 % tienen hijos; lo que estima un total de 10.525 niños, 
niñas y adolescentes con al menos un padre preso. La realidad de los niños, niñas y ado¬ 
lescentes (en adelante Klffl) con un referente adulto encarcelado es una problemática que 
viene creciendo cuantitativamente. Dadas las características de las políticas de seguridad 
ciudadana que se vienen implementando en el Uruguay, el número de adultos encarcelados 
en los últimos años ha aumentado. Esta situación determina que el número de niños, niñas 
y adolescentes con un referente adulto encarcelado, sea una problemática en aumento. La 
realidad de estos niños/as implica una especial situación de vulnerabilidad. En el Uruguay, 
en la mayoría de los casos, a esta realidad se le agregan las situaciones de exclusión social 
pre-existentes al encarcelamiento. 

En nuestro país y en la región, existe una gran debilidad en el diagnóstico de una pro¬ 
blemática que posee escasa visibilidad pública. En términos generales, la situación de los 
E3EB que tienen un familiar privado de la libertad no hace parte del debate político, ni está 
presente como tema prioritario en la agenda de políticas sociales. 

Un país que pretenda un sistema penitenciario respetuoso de los derechos humanos 
necesariamente debe desarrollar programas y políticas específicas que contemplen la reali¬ 
dad, no solo del adulto encarcelado, sino también la de sus hijos. 

Se observan las siguientes dificultades: 

• Causan preocupación los fenómenos de criminalización de lElffl que se están dando 
y las respuestas a ciertos estados de opinión pública que encuentran eco en reformas 
legales regresivas y represivas, como el uso excesivo de la privación de libertad y pro¬ 
puestas de rebaja de la edad para la imputación penal. 

• Las instituciones rectoras en materia de niñez, adolescencia y familia no toman en 
cuenta a la población de EEIffl con referentes adultos privados de libertad, en parti- 


327 


Organización de la sociedad civil que trabaja con niños, niñas y adolescentes. 


VIOLENCIAS SOTERRADAS 



DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 


328 


cular para la generación de programas o políticas específicas de protección, orienta¬ 
ción o apoyo que den repuesta al impacto del encarcelamiento de tales referentes. 

• Existe un claro déficit de políticas o programas públicos para atender a los KM con 
su madre o padre privado de libertad, salvo acciones aisladas de algunos sectores de 
la sociedad civil, aunque se vislumbran oportunidades, según los diversos contextos, 
de fortalecer algunas acciones o diseñar nuevas con una focalización mayor en la 
situación de los lEffl con referentes adultos encarcelados. 

• Se ha demostrado que el mantenimiento del vínculo de la madre y el padre con sus 
hijos/as disminuye los problemas de disciplina durante la reclusión, así como los 
problemas de salud mental durante el encarcelamiento y tras la puesta en libertad, 
además de disminuir la reincidencia y facilitar la reunificación familiar posterior, lo 
que facilita a su vez la integración social del liberado. 

• Los IKIffl no pueden ser tenidos en cuenta solamente como lazos que deben mante¬ 
nerse para facilitar la gestión de la persona privada de libertad y su integración social, 
sino que deben reconocerse y contemplarse sus propios derechos y necesidades. 

• Un importante conjunto de obstáculos estructurales y organizativos impiden una 
adecuada atención a la problemática específica que afecta a los IXIffl que tienen al¬ 
gún referente adulto significativo preso. En la medida en que al desconocimiento 
de la realidad se suma la debilidad o inexistencia de dispositivos para la atención, así 
como una escasa capacitación de recursos humanos, el corolario más habitual es una 
vulneración de los derechos de estos lEffl en diversos ámbitos. 

• El encarcelamiento del referente de los Klffl produce una reconfiguración de los 
roles en el grupo familiar, y la modificación de la situación económica hace que los 
IEIXH tengan que asumir nuevas tareas, vinculadas a lo productivo y reproductivo, 
que afectan su participación en ámbitos que actúan como garantes de sus derechos 
(educación, recreación, salud, etc.). 

• Los lElffl con su referente privado de libertad sufren un estigma, que se manifiesta en 
la vergüenza y el ocultamiento por lo general en las instituciones en las que circula 
por fuera de su comunidad más cercana (escuela, policlínica, etc.). El estigma con 
el que cargan lleva a que sean expulsados de distintos espacios de circulación social 
y ciudadana, lo que refuerza los círculos de reproducción de la exclusión social y 
afecta directamente su autoestima. 

• Existe una desarticulación entre los dispositivos que deben garantizar los derechos 
a la niñez y la adolescencia y el sistema de administración de justicia penal. Las difi¬ 
cultades en la administración del sistema carcelario (sobrepoblación, problemas de 
infraestructura), la tendencia a la exclusividad de un enfoque represivo y punitivo 
del sistema judicial, así como la alta tasa de prisión preventiva y la no aplicación de 
medidas alternativas a la privación de libertad o salidas transitorias, inciden direc- 



tamente en el derecho de los lEffl a mantener un vínculo cercano con sus referentes 
adultos privados de libertad. 

• La realidad genérica de las prisiones muestra, cuando se aborda desde la perspectiva 
de los familiares e hijos/as de las personas privadas de libertad, una agudización de 
los problemas por la ausencia de una política pública sistemática que contemple los 
intereses de los lEffl involucrados. 

• Entre los múltiples problemas que tienen particular incidencia se señalan: la ausencia 
de diagnósticos como insumos para la toma de decisiones, la débil implementación 
de programas específicos para la atención de los hijos de presos, la escasa cantidad y 
capacitación en la temática de los recursos humanos disponibles y las dificultades de 
coordinación entre servicios públicos, así como entre estos y las organizaciones de 
la sociedad civil. En términos generales esto redunda en que no se tengan en cuenta 
ni el interés superior del niño ni las consecuencias sociales de la acción punitiva del 
Estado. 

• Para los niños, niñas y adolescentes es de mucha importancia mantener el contacto 
con sus familiares privados de libertad, tal como establece la Convención sobre los 
Derechos del Niño, y por lo tanto es necesario proteger ese vínculo cuando sus refe¬ 
rentes se encuentran privados de libertad, ya que esa separación afecta directamente 
la afirmación de su autoconfianza. 

• Las instituciones de protección de la niñez deben generar los soportes necesarios 
para que lo anterior sea efectivo, y el sistema carcelario debe mejorar las condiciones 
existentes para garantizar el contacto que los presos tienen con sus hijos/as. 

• Dichas modificaciones no serán contempladas en tanto no se visibilice el tema de 
los ffllE con referentes adultos encarcelados, se coloque en la agenda pública y se 
tome por la población en general, y en particular por los decisores de las políticas 
públicas. 


329 


Avances en torno a la temática en Uruguay 

Un avance interesante en el Uruguay es que se ha creado por decreto un Grupo de Tra¬ 
bajo nacional sobre la Protección Integral de hijos e hijas de personas privadas de libertad, 
en el marco del “Apoyo a la consolidación de la reforma del Sistema Penitenciario y Protección 
de las personas privadas de libertad, con énfasis en adolescentes, mujeres y sus hijos”. El mismo 
está integrado por representantes de gobierno -de los ministerios vinculados a los temas 
de niñez y sistema penitenciario-, del Poder Judicial, organizaciones de la sociedad civil y 
agencias de A su vez, en la misma resolución se designa a la Asesoría Penitenciaria 

del Ministerio del Interior como punto focal del grupo de trabajo constituido, la cual será 
la responsable de las convocatorias pertinentes y coordinación del mismo. 


VIOLENCIAS SOTERRADAS 



DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 


Esta resolución se encuentra en proceso de “reglamentación” y está avanzando en la 
elaboración un protocolo de actuación entre todos los organismos involucrados. En el mis¬ 
mo se han incluido a aquellos actores cuya actuación eventualmente repercuta o afecte el 
bienestar o vulnere derechos de niños, niñas o adolescentes durante el proceso de interven¬ 
ción del proceso penal. Aunque aún es un decreto y no se cuenta con un marco normativo 
más global, se puede mencionar de acuerdo a la documentación existente así como a la 
participación de las organizaciones con representantes del más alto nivel, la importancia 
de la institucionalidad que se le ha dado al tema. En lo que se refiere a programas se cuenta 
con una experiencia denominada El Molino, que funciona desde el año 2010, en el cual se 
alojan a mujeres privadas de libertad con hijos/as. La instalación de este centro constituyó 
un importante paso para garantizar los derechos de las mujeres encarceladas con sus hijos/ 
as. Los niños y niñas alojados con sus madres en El Molino asisten a una guardería que 
funciona en la órbita del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (fflHEl), al que 
asisten otros niños y niñas. Esto se valora como aspecto positivo en cuanto a la generación 
de vínculos extramuros que generan los niños, niñas y adolescentes. 


330 



Las apariencias engañan: la experiencia de 
dominicanos en Uruguay 1 


Tamara Samudio 2 


“Y vengo sin embargo 
tal vez a compartir cansancio y vértigo 
desamparo y querencia 
también a recibir mi cuota de rencores 
mi reflexiva comisión de amor 
en verdiid a qué vengo no lo sé 
con certeza 
pero vengo” 

Mario Benedetti 


Uruguay se ha definido y caracterizado por ser un país de inmigrantes. Su composi¬ 
ción poblacional, mayoritariamente perteneciente a naciones europeas (principalmente de 
Italia y España) que migraron a éstas tierras entre fines del siglo [EM y principios del ffl, 
crearon en el imaginario colectivo la concepción de ser un país “abierto”, “multicultural”, 
que abría sus puertas a quienes quisieran trabajar y poblar el mismo. 

Sin embargo, dicha percepción originaria no se condice actualmente con la realidad 
que quienes llegan a nuestro país relatan: la sociedad uruguaya se muestra distante, fría y 
desconfiada para con ellos. Desde la óptica de los refugiados de Siria o Guantánamo 3 , hasta 
la nueva “ola” de inmigración llegada a nuestro país, principalmente proveniente de Re¬ 
pública Dominicana. La discriminación y el destrato, así como la desigualdad en el acceso 
a derechos (laborales, sociales y económicos), ponen en cuestión la auto percepción que 
tenemos sobre la apertura y calidez con que se recibe población extranjera (o al menos parte 
importante de ella). 

En términos generales, según el Censo realizado en nuestro país en 2011, 2,4% de la 
población total era nacida en el exterior, siendo en su mayoría brasileños, argentinos, espa¬ 
ñoles e italianos. 


1 Las entrevistas fueron realizadas para éste artículo, modificándose los nombres de los entrevistados, a fin de 
mantener y preservar su anonimato. 

2 Integrante de Servicio Paz y Justicia Uruguay. 

3 Ver artículo de Mariana Labastie “Guantánamo, la persistencia de la impunidad”. 


331 


VIOLENCIAS SOTERRADAS 



DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 


332 


La favorable situación económica que viviera Uruguay entre los años 2005 y 2014 4 , 
con altas tasas de crecimiento de PBI, y bajos niveles de desempleo, trajo aparejada una 
modificación en el saldo migratorio 5 , observándose un crecimiento del Klujo inmigratorio 6 , 
particularmente la proveniente de países fuera del § fflEHffllE]. Hacia 2011, el censo regis¬ 
traba un aumento significativo en la población inmigrante caribeña y sudamericana (sin in¬ 
cluir a Argentina, Brasil, Chile y Paraguay): de un 2,8% en 1996, a 5,5% en 2011 del total 7 . 
Bajo dicho contexto, comienza a gestarse un fenómeno que sería por demás novedoso en 
Uruguay, como lo ha sido la llegada masiva de población dominicana. 


Tierra de prosperidad 

Se estima son más de 4000 los dominicanos que se asentaron en nuestro país en los 
últimos dos años 8 . Si se compara con 2011, donde la población migrante dominicana según 
el censo del mismo año era de 50 personas, se registra un crecimiento superior a 8.000% en 
tan sólo cuatro años. 

La situación de desempleo y los altos índices de pobreza en República Dominicana 9 , 
han generado una emigración masiva de ésta población hacia diversos países de Latinoamé¬ 
rica, movidos por la necesidad de mejorar su situación económica, y poder sostener a su 
familia, que muchas veces queda en dichas tierras, ya sea por la imposibilidad de radicarse, 
o por las condiciones de ésta radicación. La posibilidad de entrar a nuestro país sin visa 
(hecho que se modifica a partir de julio de 2014), así como la percepción de encontrar en 
Uruguay un mercado laboral accesible y con buenos salarios, convirtió a nuestro país en 
una opción más que apetecible para los dominicanos que emigraban. 

4 Según Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en promedio el crecimiento del PBI anual para dicho 
período fue de 5,1%. Ver en https://www.mef.gub. uy/innovaportal/file/15905/l/acde_pf_final.pdf 

5 Ver “Depuertas abiertas” { 17/06/2013). En http://www.montevideo.com.uy/auc.aspxP203704 

6 Según datos procesados por el INE en el Censo de 2011, de 77.000 personas nacidas en el exterior, 7500 
habían arribado a Uruguay el último año antes del registro (2010-2011), representando el 10% del total. A su 
vez, un 23% del total ingresó entre 2005 y 2011 (18.000 personas). Ver en http://medios.presidencia.gub.uy/ 
jm_portal/2013/noticias/N O J590/Informe_INE.pdf 

7 “A partir de 2009 se verifica una reversión de las tendencias migratorias vigentes, fruto de un doble proceso 
de disminución de las corrientes emigratorias y un aumento de los flujos de retorno” (p. 2; 2013) En Koolhaas; 
Nathan para UNFPA, OIM e INE “Inmigrantes internacionales y retornados en Uruguay. Magnitud y carac¬ 
terísticas”. Febrero de 2013. Disponible en https://www.iom.int/files/live/sites/iom/files/pbn/docs/Informe- 
de-resultados-del-Censo-de-Poblacion-2011 .pdf 

8 Según datos de Migración, ingresaron 1870 dominicanos en 2013, y 2889 en 2014. Datos extraídos de El 
País “Del sueño a la decepción: inmigrantes dominicanos en Uruguay” (8/2/2015). En http://www.elpais.com. 
uy/informacion/sueno-decepcion-inmigrantes-dominicanos-uruguay.html 

9 Según datos del Banco Mundial, en base a los elaborados por la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), la tasa de desempleo alcanzaba en República Dominicana el 14,9% hacia 2013. El Banco Mundial, 
asimismo, estima en 2013 en más del 40% la “Tasa de incidencia de la pobreza”, indicador que porcentualiza 
la población que vive debajo de la línea de pobreza sobre el total. Ver en http://datos.bancomundial.org/pais/ 
república-dominicana ?displav=graph 



“Los Dominicanos siempre nos íbamos por trabajo, pero a Uruguay empezamos a venir 
hace 2 años” Dairi, una dominicana de 39 años, vino junto a su marido hace un año y tres 
meses, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de su familia, compuesta por sus cuatro 
hijos, de entre 13 y 2 años, los cuales quedaron en su país natal a cargo de su abuela materna. 
Conseguir trabajo no fue para Dairi problema; a los pocos meses logró insertarse en el mer¬ 
cado laboral, al igual que su marido, aunque cumpliendo jornadas extensas (de más de 12 
horas, en dos trabajos distintos) para poder sustentarse y enviar dinero a su familia. Cuenta 
con un año aprobado en periodismo, y desea poder “vivir de eso en cuanto pueda”. 

La situación de Dairi no es puntual; gran parte de los dominicanos que se han insta¬ 
lado en nuestro país cuentan con formación específica, y han adquirido experiencia laboral 
acorde a la misma. A Jorge, otro dominicano radicado desde junio de 2014, le resta úni¬ 
camente un año para recibirse de psicólogo. La urgencia por buscar un empleo le impidió 
finalizar la carrera, y luego lo llevó a emigrar en busca de nuevos horizontes. Actualmente 
está conforme con el trabajo que tiene -como vendedor de comida en un carrito ambulante 
ubicado en el puerto de Montevideo, con un promedio de 12 horas diarias, sin cobertura 
social-, ya que sostiene estuvo trabajando en peores condiciones, como empleado en una 
empresa de seguridad, y en el puerto. Plantea que en Uruguay no se le reconoce la capaci¬ 
dad técnica y formación que posee. Por su parte, el marido de Ana, dominicana de 21 años 
instalada hace un año y medio en Uruguay, “trabajaba 8 horas en el Mercado Agrícola, y a 
veces hacía 2o 3 horas extras... a veces 4 o 5 horas (...)”, siendo su jornada laboral más extensa 
que la establecida formalmente. 

La necesidad de conseguir un empleo, así como el hecho de ser inmigrantes, son para 
ellos las principales causas por las cuales acceden a trabajos de baja calificación -princi¬ 
palmente en el rubro de servicios: en el caso de las mujeres como empleadas domésticas, 
empleadas en supermercados, o cocineras; y en el caso de los hombres, como empleados en 
empresas de seguridad o reponedores en supermercados-, aún contando con formación y 
experiencia en áreas específicas. Dicha inserción se desenvuelve en el ámbito generalmente 
informal y bajo características que rozan la explotación, debiendo cumplir jornadas que 
rondan las 12 horas diarias, con muy bajas remuneraciones. 

En situación de mayor vulnerabilidad se encuentran aquellas mujeres que llegan sin 
formación, y al verse imposibilitadas de conseguir un empleo, terminan en muchos casos 
ejerciendo la prostitución en clubes nocturnos de Montevideo y el Interior del país. 

Existe consenso respecto a la decepción que en términos salariales les ha significado la 
radicación en Uruguay; los salarios que perciben son mucho más bajos de lo que esperaban. 
Esto sumado al costo de vida en Uruguay, que es para ellos por demás elevado, hace difícil 
poder efectivizar el envío de divisas a sus familias en República Dominicana. En éste senti¬ 
do, Ana resumía la situación planteando que “Acá hay trabajo, pero la economía es muy cara. 
Para la manutención, para pagar la casa...no es suficiente (...)Aún con trabajo, había que bus¬ 
cársela”. Jorge, quien llegó a nuestro país sólo y envía a su madre e hija remesa, se manifiesta 


333 


VIOLENCIAS SOTERRADAS 



DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 


preocupado por el aumento del precio del dólar, divisa a la que deben convertir el dinero 
para que llegue a destino (en pesos dominicanos). “Yo no sé hasta cuándo me servirá seguir 
estando aquí” sostiene, ya que “hace meses que no he podido enviar dinero para mi familia, 
porque me da para pagar mis cosas y ya”. 

Con el objetivo de disminuir el costo de vida, la mayoría de los dominicanos residen 
en pensiones, ubicadas principalmente en las zonas de la Aguada y Ciudad Vieja. Las mis¬ 
mas tienen un costo promedio de 7000 pesos, menor al que destinarían en un alquiler par¬ 
ticular, aunque en condiciones deficientes en términos infraestructurales, estando muchas 
de ellas con problemas de humedad, grietas, y poca ventilación. 

A la compleja y decepcionante situación económica con la que se han encontrado, 
se suman las complejidades para integrarse socialmente. Lo “ apagado ”, “frío” y “gris” de la 
sociedad, y la “ mirada con desconfianza” de muchos uruguayos dificultan la posibilidad de 
sentirse insertos en un país que los hace sentir ajenos. A su vez, no han existido instancias 
de intercambio e integración entre la población dominicana residente en nuestro país. El 
espacio de encuentro y recreación que se había establecido, dada la ubicación de varias pen¬ 
siones en la zona, era la placita ubicada en Ejido y La Paz. Pero ante varias denuncias de 
vecinos por cuestiones de “(in)seguridad”, la misma se convirtió en un ámbito con fuerte 
presencia policial, que ha limitado y controlado todo tipo de instancias de recreación que 
se desarrollara en éste espacio. 

Por su parte, hay por parte de la prensa y la sociedad uruguaya una asociación de la 
inmigración dominicana femenina con la prostitución. En éste sentido, Dairi manifiesta 
haber vivido situaciones de maltrato de personas que en la calle la acosaban, teniendo un 
334 trato machista y agresivo con ella, en función de su condición de dominicana, y su forma 
de vestir “hay algunos que por la forma de uno vestirse piensan que somos algo que no somos; 
se meten con una, te miran, te tratan mal... no todas vinimos a hacer lo mismo”. Ana, por su 
parte, sostiene que “No son todos los uruguayos, hay mucho uruguayo que le gusta el acento de 
nosotros... pero hay algunos... que como que no nos quieren.... Nos ignoran”. 


Tierra de libertad 

La situación de vulnerabilidad social y económica, así como su condición de inmigran¬ 
tes, ha conducido a estigmatizar y criminalizar ésta población 10 . En éste sentido, se observa 
el surgimiento y crecimiento de dominicanos procesados por diferentes infracciones. 

Es el caso de la situación que atraviesa Ana, quien llegó a Uruguay motivada por su 
pareja, también dominicano, quien ya se encontraba en el país trabajando. “Nunca he tra- 


10 Ver, por ejemplo, nota de El País donde se manifiesta la “preocupación” existente por la inmigración domi¬ 
nicana y su vinculación con “redes delictivas”. “Preocupa la oleada de inmigrantes dominicanos” (13/6/205). 
En http: // www.elpais.com.uy/informacion/preocupa-oleada-inmigrantes-dominicanos.html 



bajado”, sostiene; "Cuando vine pensaba en trabajar pero quedé embarazada de la bebé (...) 
No llegué a buscar trabajo, porque quedé embarazada antes”. 

El marido de Ana, quien se encontraba trabajando y era el sustento de la familia, en 
abril de éste año se vio envuelto en una causa con otros compañeros dominicanos, vincu¬ 
lada a una trifulca ocurrida en la vía pública, siendo procesado por lesiones. "Mi pareja 
cuando sucedió eso estaba allá en la casa... pero (...) el que está herido dice que estaba también. 
Y él no estaba”. Aún no tiene pena, y lleva más de seis meses privado de libertad, sin saber 
cuántos meses más le restan. “El se siente mal porque alguna gente le dice que está privado de 
libertad porque es extranjero (...) yo creo que siguen adentro por ser extranjeros”. Por la misma 
causa se encuentran hoy privados de libertad dos dominicanos y una dominicana -cuñada 
de Ana, embarazada de 4 meses-. 

Actualmente cuenta para su manutención -y la de su hija- de una canasta alimentaria 
que el Patronato Nacional de Encarcelados le da, y de la Tarjeta Uruguay Social que le brinda 
el Mides. Ambas instituciones se encuentran además apoyando a dos familias que, al igual que 
Ana, tienen a sus respectivas parejas privadas de libertad. Además, su madre desde República 
Dominicana le está enviando una pequeña remesa para poder sustentarse. “Nossentíamos bien 
antes de caer él preso, pero después de caer preso... se hace difícil. Somos sólo ella y yo”. 


Tierra de futuro 

La implementación de nuevas normativas tendientes a agilizar los trámites de resi¬ 
dencia y de tenencia de ciudadanía han sido avances importantes en materia de garantías y 
cumplimiento con derechos civiles de la población migrante 1112 . Sin embargo, no existen 
garantías ni apoyo a ésta nueva comunidad, que carece en su inserción social en nuestro país 
de derechos laborales, económicos, entre otros. Dicha situación se agrava ante el desconoci¬ 
miento de mecanismos y servicios institucionales que puedan apoyarlos en el asentamiento 
en nuestro país, así como denunciar prácticas abusivas. 

Asimismo, se identifica una visión estigmatizadora en particular sobre ésta población, 
siendo asociada a redes delictivas, de prostitución, y violencia. 

Aquél territorio que supiera sobre la primera mitad del siglo EB abrir las puertas a 
quienes, seguramente, fueron nuestras generaciones pasadas, y enriquecieran en términos 
sociales, culturales y económicos a nuestro país, debe hoy ofrecer la misma oportunidad a 
quienes pueden ser los próximos integrantes de una sociedad que debe apelar al pluralismo, 
la diversidad, y la integración. 


11 Ver Hendrina Roodenburg; Margarita Navarrete: “Situación de los derechos humanos de las personas mi¬ 
grantes en Uruguay” En Derechos Humanos en el Uruguay. Informe Serpaj 2013-2014. 

12 Las personas que fueran entrevistadas para éste artículo sostienen que los trámites tanto para la obtención 
de cédula de identidad, así como residencia, han sido relativamente veloces y bien asesorados. 


335 


VIOLENCIAS SOTERRADAS 



DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 


Guantánamo, la persistencia de la impunidad. 


336 


Mariana Labastie 1 


En marzo de 2014, a través de medios de comunicación, se dio a conocer la decisión 
del gobierno uruguayo de traer a nuestro país a un grupo de, en ese entonces, prisioneros 
del centro de detención de la Bahía de Guantánamo, con el objetivo de liberar estas perso¬ 
nas en Uruguay. Dicha decisión se enmarca en un acuerdo de Uruguay con el gobierno de 
Estados Unidos. 

La llegada se concretó en diciembre de 2014 y el proyecto en su conjunto -desde que 
conoció la luz pública hasta la fecha- ha representado un desafío para el Gobierno y para 
la sociedad. 


Por qué se debe cerrar el centro de detención de la Bahía de Guantánamo. 

Tras los atentados ocurridos en Estados Unidos el 11 de setiembre de 2001, el enton¬ 
ces presidente George W. Bush dio la orden de establecer un centro de detención fuera de 
las fronteras norteamericanas, con el objetivo de recluir a aquellos “combatientes enemigos”. 
Estos “combatientes enemigos” serían capturados en el marco de la declarada “guerra contra 
el terror”. 

A trece años de la habilitación de la cárcel de Guantánamo, aún permanecen prisione¬ 
ros más de 136 2 hombres; de éstos, a un gran porcentaje no se le ha dictaminado cargo, ni 
sometido a un juicio justo y con garantías. 

Una proporción de quienes han sido juzgados lo ha hecho conforme a un sistema de 
Comisiones Militares, que no cumple las normas internacionales sobre juicios justos. De 
los casi 800 hombres que han estado recluidos allí, menos del 1% ha sido declarado culpa¬ 
ble por la Comisión Militar, donde la mayoría de éstos casos lo han sido tras negociar un 
acuerdo sobre la condena antes del juicio. 

Desde que Guantánamo comenzara a funcionar en 2002, Amnistía Internacional ha 
solicitado que, además de poner fin a las detenciones y cerrar el centro, el gobierno de Es¬ 
tados Unidos garantice que se lleven a cabo investigaciones exhaustivas e imparciales sobre 
todas las denuncias de violaciones de derechos humanos; que se haga comparecer a los 


1 Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional Uruguay. 

2 Amnistía Internacional Indice AMR 51/060/2014: “Quedan 136... la insoportable lentitud del cierre de 
Guantánamo. Uruguayel último país que ayuda a Estados Unidos a poner fin a las detenciones en el campo peni¬ 
tenciario” 9 de diciembre de 2014. 



responsables ante la justicia; y que se asegure un acceso real a procedimientos de recursos a 
las víctimas de estas violaciones. 

Si bien Amnistía Internacional considera que Estados Unidos tiene la principal res¬ 
ponsabilidad de poner fin a los encarcelamientos en Guantánamo, la organización también 
ha pedido a otros gobiernos que acepten a los detenidos liberados que no pueden regresar 
a sus países de origen, a fin de terminar con su sufrimiento y facilitar el cierre del centro de 
detención. 

En este sentido, desde enero de 2010 fue aprobado el traslado de casi la mitad de los 
prisioneros fuera de la Base de Guantánamo. Durante el año 2013, 11 detenidos fueron 
removidos, en tanto que en 2014 se llevaron a cabo 28 traslados a cuatro países: Georgia, 
Eslovaquia, Estonia y Uruguay. 


La iniciativa uruguaya 
De los preparativos 

La iniciativa que -como fuera mencionado- surgiera a principios de 2014, de liberar 
prisioneros del centro de detención de la Bahía de Guantánamo en Uruguay, fue valorada 
positivamente a nivel global. 

Uruguay, un país pequeño, cuyo MEIper cápita es un tercio del de Estados Unidos, 
recibía a 6 hombres que dicho país había mantenido secuestrados por más de una década. 
En una carta abierta al presidente estadounidense Barack Obama, el -ahora ex- presidente 
José Mujica manifestaba que “hemos ofrecido nuestra hospitalidadpara seres humanos que su¬ 
frían un atroz secuestro en Guantánamo” 1 ’. El entonces presidente subrayó que la razón que 
impulsaba a Uruguay era “humanitaria , y explicó que el país había ofrecido históricamente 
refugio a personas frente a la guerra, la tiranía, la persecución, el racismo y la pobreza. Estas 
eran, según él, las personas que habían construido el Uruguay, aportando oficios, saberes y 
culturas. “Formamosparte del mundo de los asaltados heridos” declaró Mujica. “Pertenecemos 
a la inmensa mayoría de la Humanidad. No debemos ni queremos olvidar ni perder ese punto 
de vista” 3 4 . 

Mientras tanto, a nivel local, existía total incertidumbre respecto a cómo se llevaría a 
cabo la iniciativa. En ese momento la información era parcial y poco clara; no había certeza 
respecto a si, a partir de su traslado, serían consideradas personas libres, llevados como reos 
a un centro de privación de libertad en Uruguay, o se les brindaría refugio. 


3 http://www.presidencia.gub.uy/comunicacion/comunicacionnoticias/carta-de-mujica 

4 Ibíd.4http://internacional.elpais.com/internacional/2015/03/25/actualidad/1427244418_058591. 
html, 25 de marzo de 2015. 


337 


VIOLENCIAS SOTERRADAS 



DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 


338 


El hecho de ser una iniciativa promovida por Mujica, y apoyado por personas de su 
entorno, hizo que el Klujo de información fuera limitado, habilitando la especulación por 
parte de actores sociales y políticos que no participaban directamente de la propuesta. 

A ésta coyuntura se le suma el contexto electoral, el cual potenció la incertidumbre 
sobre el proceso, no solo en relación a la implementación de la iniciativa, sino también a las 
fechas, y a quiénes serían los responsables de llevar adelante el traslado de las personas se¬ 
leccionadas. En el correr de los meses fue surgiendo información respecto al rol que llevaría 
a cabo el [XMM-ffllEl 5 , que en el marco de una estrategia de inserción social a través del trabajo 
y de solidaridad de la central sindical, proveería a éstos hombres de vivienda, y facilitaría su 
vínculo con potenciales empleadores. La salud sería provista por la Administración de los 
Servicios de Salud del Estado (Kl IXlXlXl ), y se buscarían profesores para la enseñanza de idioma 
español. 

Entretanto, representantes del presidente viajaban a Guantánamo para conocer a quie¬ 
nes finalmente llegarían al país. A su vez, se comenzó a negociar y elaborar un acuerdo no 
escrito sobre las condiciones mediante las cuales se realizaría el traslado. 

Finalmente, en diciembre de 2014 llegaron los entonces prisioneros al país, en el mar¬ 
co de una cobertura mediática sin precedentes, instalándose en la casa cedida por la central 
sindical para que iniciaran su proceso de radicación en Uruguay. 


De la implementación 

Una vez instalados en Uruguay, el Estado se convertía en el principal responsable por 
la situación de éstas personas. Por lo tanto, el mismo queda comprometido a garantizar sus 
derechos humanos básicos, como ser: documentación legal que les permita acceder a todos 
los derechos que poseen quienes habitan el territorio nacional; acceso a la salud -atendien¬ 
do la situación particular de cada uno de estos hombres, que de diferentes formas debieron 
enfrentar un encierro de 12 años o más, en condiciones de tortura física y psicológica-; 
aprendizaje del idioma español, para asegurar una mejor inserción en la comunidad; vivien¬ 
da; y forma de subsistencia. 

Si bien desde el gobierno se aseguraba continuamente que el asentamiento de éstas 
personas se estaba llevando a cabo, la falta de referentes estatales claramente identificados, 
tanto para éstas personas como para la sociedad civil, contribuyó a generar un ambiente 
de disconformidad cada vez mayor por parte los 6 ex detenidos del centro de detención 
de Guantánamo, y a su vez un malestar generalizado en la población, que no entendía sus 
demandas, ni dimensionaba la fragilidad de su situación. 

En marzo de 2015, luego de la asunción del presidente Dr. Tabaré Vázquez, la Co¬ 
misión de Refugiados (fflKKI) comenzó a organizar los aspectos más básicos para que se 

5 Por más información, ver recuadro a continuación. 



garantizara el pleno ejercicio de los derechos de estas personas. Estos se enmarcaban en 
aclararles cuál era su situación legal, quiénes les apoyarían, en qué aspectos y de qué forma 
se concretaría su reestablecimiento. Asimismo, se designó un mediador entre las personas 
detenidas liberadas y el gobierno y, progresivamente se fue concretando su establecimiento 
en el país. 

La experiencia mostró que el país, más allá de su compromiso con los derechos huma¬ 
nos, la solidaridad internacional y la comprensión de lo importante que es la inaplazable 
necesidad de cerrar el centro de detención de Guantánamo, no tiene la capacidad para im- 
plementar un proyecto de estas características. Tal como lo expresó el actual Canciller de la 
República Rodolfo Nin Novoa, al informar en los medios que no se recibirían en Uruguay 
otros ex prisioneros de Guantánamo, “Uruguay tiene carencias de cultura e infraestructura 
para acogerlos y necesita planificar mejor ese tipo de operaciones” 6 . 

Más allá de esta decisión, el Estado uruguayo tiene aún la responsabilidad con las per¬ 
sonas ya trasladadas de garantizar el ofrecimiento de todas las posibilidades para que pue¬ 
dan desarrollar su proyecto de vida en Uruguay, o irse si es su deseo y eventualidad. 

De igual modo, y por otro lado, debe el Estado rendir cuentas sobre las implicancias 
del acuerdo generado con el gobierno de Estados Unidos, y todo el proceso establecido de 
reubicación de los seis ex detenidos de Guantánamo. 


Lecciones aprendidas 

La existencia de aspectos tales como transparencia y rendición de cuentas son los que 
permitirán evaluar efectivamente si el país se encuentra preparado y en condiciones de re¬ 
cibir más detenidos liberados en el futuro. A su vez, esta necesaria rendición brindará in¬ 
sumos que permitirán mejorar las políticas en relación a las personas que se acogen en el 
territorio nacional. 

De todo el proceso transitado quedan muchas lecciones, de las cuales el gobierno de¬ 
berá tomar nota para mejorar su accionar con mensajes claros y unívocos, y tareas consis¬ 
tentes con la defensa, promoción y protección de los derechos humanos, acordes a lo que 
establece el derecho humanitario. A su vez, deberán utilizarse recursos propios del Estado, 
y establecerse fronteras de responsabilidad claras. 

Corresponde a las autoridades evaluar si los recursos que se pusieron a disposición de 
este proyecto eran y son adecuados; si existe el personal de salud capacitado para atender las 
necesidades particulares de personas que fueron víctimas de tortura en contexto de priva¬ 
ción de libertad en un centro de detención como el de Guantánamo; si se les proporcionó 
la información suficiente de forma tal que los implicados pudieran tomar decisiones libres 

6 http://internacional.elpais.com/internacional/20 15/03/25/actualidad/1427244418_05859 l.html, 25 
de marzo de 2015. 


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VIOLENCIAS SOTERRADAS 



DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 


340 


e informadas; si se facilitaron recursos apropiados para el aprendizaje del idioma español; si 
se les dieron las condiciones necesarias para insertarse en la sociedad uruguaya con autono¬ 
mía y respeto por su identidad étnica y religiosa; vivienda adecuada; entre otros múltiples 
aspectos. 

La loable intención perdió su foco, y de ser una contribución a la protección de estas 
personas y al cierre del centro de detención de Guantánamo, pasó a ser un convicto origi¬ 
nado por una falta de estrategia, planificación y proyección de lo que implicaría para todos 
los involucrados. 

Si bien al final se tomaron las medidas posibles frente a las contingencias, mucho de 
lo ocurrido -lo cual llamó la atención de la población a través de los medios- podría haber 
sido evitado a través de estrategias claras de sensibilización de la sociedad frente al tema 
-con proyectos que afectan la vida de tantas personas y tan diversas en sus identidad, origen 
étnico, religioso, cultural, social, política, etc.-, proporcionando información clara, sin por 
esto transgredir el derecho de las personas a la privacidad. 

A nivel internacional, Uruguay goza de una buena reputación en materia de compro¬ 
miso con los derechos humanos, y por ello debe tomar muy seriamente las responsabilida¬ 
des que asume para, no solo no perder el prestigio, sino para ser efectivamente un país que 
protege los derechos humanos de todas las personas. 

Amnistía Internacional insta al Estado uruguayo a que garantice el pleno asentamien¬ 
to de los seis hombres liberados y recibidos en Uruguay, así como también recomienda que 
revise su política para tomar una decisión responsable sobre futuros traslados. Asimismo, la 
organización recuerda a la comunidad internacional su compromiso para con los derechos 
humanos y solicita que colaboren con el gobierno de Estados Unidos para que se efectivice 
sin demoras el cierre del centro de detención de Guantánamo. 



Vamos a innovar 


El imbricado y desordenado proceso de reasentamiento de los ex prisioneros de Guan- 
tánamo presentó como principal problema la definición de quién estaría efectivamente 
a cargo de su alojamiento y acompañamiento en territorio uruguayo. Ante la disyuntiva, 
Mujica apeló a una estrategia poco convencional; requerir del apoyo solidario que pudiera 
ofrecer el PHECffl, dejando en manos de la central de trabajadores la gestión inicial del 
proceso de adaptación e integración de los ex prisioneros, responsabilidad que en términos 
formales correspondía debía asumir el Estado. 

Frente a la consulta y aprobación de la iniciativa por parte del Secretariado Ejecutivo 
del PHKI-Cffl, se brindó apoyo económico y emocional a los seis ex prisioneros que llegaran, 
ofreciéndoles vivienda, alimentación, un traductor (algunas horas al día) y un monto sema¬ 
nal para gastos personales, “hasta la normalización de su situación”'. Se fijó la permanencia 
con ellos de encargados de seguridad las 24 horas durante el primer mes de su estadía, las 
cuales irían disminuyendo con el paso del tiempo y el afianzamiento de los recientemente 
asentados. Por otra parte, el Pffl-CM se comprometió a apoyar el proceso de inserción de 
los ahora refugiados en el mercado laboral, con la intención de ser facilitadores en la obten¬ 
ción de trabajo, a través del contacto con posibles empresas contratantes. Mientras tanto, el 
Estado colaboró con “...dinero para gastos personales [...], y toda la ropa al principio!’ 1 2 

Los propios integrantes del PBEI-CKKI sostuvieron que no existió un período de prepa¬ 
ración previo a la llegada de los ex prisioneros, debiendo informarse y apoyarse en intercam¬ 
bios surgidos con organizaciones e instituciones que trabajan con poblaciones en situación 
de vulnerabilidad (Mides, Salud Pública, presos políticos y organizaciones varias) 3 . 

Como consecuencia, la central se vio envuelta en problemáticas inherentes a la com¬ 
plejidad de la situación que atravesaban los ex prisioneros 4 , sin contar con un abordaje inte¬ 
gral en términos sociales, culturales y psicológicos que pudiera sustentar -tanto a los refu¬ 
giados, como a los sindicalistas que los acompañaban-, el proceso de integración iniciado. 


1 Extraído de comunicado del Pit-Cnt respecto a la llegada de prisioneros de Guantánamo. En http://www. 
Ir21.com.uy/comunidad/1206027-pit-cnt-ofrece-hospedaje-asesoramiento-laboral-refugiados-ex-presos- 
guantanamo-uruguay 

2 Palabras de Fernando Gambera, secretario de integración regional del Pit-Cnt, a El País. “Pit-Cnt defiende 
al gobierno de ex-reclusos y asegura que les da apoyo” (19/2/2015). Ver en http://www.elpais.com.uy/informa- 
cion/pit-cnt-defiende-gobierno -exreclusos.html 

3 Ver en revista Lento: “Aprender con los refugiados” (25/4/2015). En http://lento.uy/aprender-con-los- 
refugiados-lento-25-abril-2015/ 

4 Problemáticas de relacionamiento entre los ex prisioneros, desinterés en insertarse en el mercado laboral, 
falta de concentración, problemas de salud y psicológicos, entre otros. Idem nota al pie n°3. 


341 


VIOLENCIAS SOTERRADAS 




DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 


La “estrategia” y “política” de asentamiento de los ex prisioneros provenientes de 
Guantánamo quedó librada a la buena voluntad que la central de trabajadores de nuestro 
país pudiera ofrecer y sostener, sin brindar herramientas sostenibles y claras sobre cómo 
afrontar un proceso de tal envergadura, complejidad y fragilidad. 

Actualmente, el Servicio Ecuménico para la Dignidad Humana es quien se encarga de 
cubrir las necesidades de los refugiados, mientras el PEB-CBK apoya esta tarea, mas no la 
lleva adelante. 


342 




Alex Cappi 


Dar cuenta de sí mismas 

Una mirada a la situación de las personas Trans 

343 

Alejandra Collette Spinetti Núñez 1 


Lo realizado 

A partir del año 2012 -a través de Mujer y Salud en Uruguay (§ DMd )-, en el marco 
del proyecto Fondo Mundial 2 , se han desarrollado acciones para el trabajo con personas 
Trans. En este escenario se han realizado tres encuentros denominados “Talleres de ciuda¬ 
danía”. En los mismos han participado representantes y/o referentes Trans de diferentes 
departamentos. Se abordó distintas temáticas como: marco legal, derechos y obligaciones 
de las personas. En los talleres se constató un desconocimiento de los temas propuestos, de 


1 Integrante de la Unión Trans del Uruguay (UTRU). 

2 Proyecto país “Hacia la inclusión social y el acceso universal a la prevención y atención integral en VIH/sida 
de las poblaciones más vulnerables en Uruguay”, financiado por el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la 
Tuberculosis y la Malaria. En su ejecución no estatal bajo la coordinación de la Agencia Nacional de Investiga¬ 
ción e Innovación - ANII. 


VIOLENCIAS SOTERRADAS 



DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 


la población objetivo y más aún de la sociedad en general y de los actores que trabajan con 
la población Trans. 

“Los talleres fueron espacios de construcción de confianzas donde las experiencias de vida 
dieron cuenta de los sufrimientos generados por la marginación, pobreza, violencia, discrimi¬ 
nación y soledad que acompañó la biografía de muchas de las participantes. Pero también se 
compartió el coraje, la capacidad de resiliencia, lafuerza y el interés de participar activamente 
en la construcción de nuevas condiciones para el ejercicio de sus derechos y el desarrollo de su 
ciudadanía plena. Se iniciaron organizaciones y se crearon nuevos colectivos de personas Trans 
en lugares donde no existían”? 

Un año más tarde -noviembre de 2013- en el marco de los Fondos Semillas, se reali¬ 
zó el Primer Congreso de personas Trans. Asistieron representantes de todo el país, orga¬ 
nizaciones de la sociedad civil y autoridades gubernamentales como invitado/as. Trabajo, 
educación, salud y vivienda, fueron los ejes discutidos y pensados desde la cotidianidad que 
atraviesa a las personas Trans. En Uruguay se estima que somos unas 3.000 de las cuales, 
aunque existen pocos estudios realizados, el 80% realiza trabajo sexual. La mayoría vive en 
situación de indigencia por no tener un trabajo estable y no acceder a condiciones dignas 
de vivienda. El acceso a la salud está matizado por la estigmatización y discriminación so¬ 
cial. En el ámbito de la educación, la mayoría no finalizó primaria, siendo pocas quienes 
han culminado el ciclo básico. Y menos aún quienes han podido terminar educación ter¬ 
ciaria o continuar con otros estudios. 

En las conclusiones del congreso, la Directora de K IXMX1 , Lilián Abracinskas, menciona 
que durante los años 2012 y 2013 “El proceso defortalecimiento ciudadano de las personas y 
344 organizaciones Trans ha sido uno de los resultados más importantes de las acciones del proyecto 
país «Hacia la inclusión social y el acceso universal a la prevención y atención integral en IEHEI / 
®EIKI de las poblaciones más vulnerables en Uruguay» Este fortalecimiento que en dicho 
momento fue un paso importante, se estancó porque “ ...lamentablemente, por diversas ra¬ 
zones que el país tendrá que analizar con calma y responsabilidad, el proyecto no alcanzó la 
segunda fase. Las decisión de anii de no continuar como Receptor Principal para concretar las 
actividades a cargo de la Unidad de Gestión del proyecto en elMSPy la débil conducción polí¬ 
tica de la conasida-msp, fueron algunas de las razones que impidieron encontrar soluciones a 
tiempo para subsanar los problemas y mantener la donación para la segunda fase.” 15 

Lo sucedido debilitó el movimiento que se venía construyendo con formación de ca¬ 
pacidades y fortaleciendo instituciones. Las luchas de las personas Trans quedaron aún más 
invisibilizadas, se debilitaron las organizaciones y solo unas pocas quedaron en pie. Muchas 
se desmembraron y/o desaparecieron, lo que implicó que muchas luchas fueron tomadas 


3 Relevamiento de necesidades de salud en personas Trans - MYSU 2012. www.mysu.org.uy. 

4 Prólogo a la edición “Construyendo ciudadanía” Resultado del I o congreso Nacional de Personas Trans, 
Montevideo 2013. 

5 MYSU, 2015 “Asegurary Avanzar sobre lo logrado” Monitoreo 2010-2014. Montevideo. 



por grupos hegemónicos que no están integrados, ni dirigidos por personas Trans; más 
aún, muchas de ellas casi no tienen contacto con las mismas. Algunos actores políticos y/o 
autoridades nacionales toman el tema como bandera, pero no creemos que sea con el pro¬ 
pósito de generar otras políticas de diferente índole como “creen” que las personas Trans 
necesitarían. 

En el congreso 2013 observamos como las personas Trans tuvieron una gran capaci¬ 
dad para analizar sus propias necesidades, para plantearlas y buscar formas de abordarlas. 
Muchos de estos planteamientos tienen un déficit de respuestas gubernamentales hasta el 
día de hoy, siendo conscientes que para revertir estas situaciones planteadas debe haber una 
fuerte acción del Estado, articuladas necesariamente con las organizaciones de la sociedad 
civil integradas y llevadas adelante por personas Trans. Es una realidad muy compleja que 
no se subsana con propuestas verticales ni lineales, por lo cual se demanda desde entonces 
un dialogo Kluido y permanente, donde se puedan generar las soluciones. 


Trabajo 

En noviembre 2013 se denunciaba “la mayoría de los y las Trans integramos el sec¬ 
tor más excluido de la sociedad y no somos respetadas en nuestra condición de personas con 
derechos. (...) la discriminación y el estigma por nuestra identidad de género y orientación 
sexual impactan sobre múltiples aspectos de la vida y obstaculizan nuestras posibilidades de 
desarrollarnos y acceder a las mismas oportunidades de empleo, vivienda, salud, educación y 
participación en todos los niveles de la sociedad”. 

¿En qué ha avanzado Uruguay? Hasta el momento, si bien a nivel político estamos 
en la mesa, porque el tema es políticamente correcto, no hay ni campañas ni acciones que 
lleven a que podamos acceder a ser respetadas a nivel social, y en todos los ámbitos. En 
muchos lugares no somos bienvenidas. Además el Uruguay padece resabios más conserva¬ 
dores en el interior del país que en su capital, lo que lleva naturalmente a limitar aún más el 
acceso a los derechos fundamentales. Existe mayor estigmatización si se trata de pueblos o 
ciudades del interior que no son capitales departamentales. También existe una diferencia 
cuando hablamos de los departamentos del litoral, los del este y más aún los del centro. 
Nosotras, sobre todo en el interior y en algunos lugares de Montevideo, no tenemos per¬ 
mitida la entrada a cualquier restaurante, cualquier tienda, cualquier discoteca, por lo cual 
consideramos debería haber una fuerte campaña educativa acerca del tema. 

El punto tres de las denuncias en dicho congreso afirma “no tenemos acceso al trabajo 
digno, o accedemos a los empleos siempre que no hagamos visible nuestra condición de personas 
Trans”. Por ello -como ya mencionamos- un altísimo porcentaje de las personas Trans 
tienen como único destino la prostitución, práctica que se da en situaciones de total des¬ 
igualdad, tanto en lo económico como en el ámbito de la salud, por las diversas condiciones 
que recejan las pautas culturales e institucionales de capital e interior. Esto conlleva a una 


345 


VIOLENCIAS SOTERRADAS 



DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 


346 


mayor vulnerabilidad por parte de las personas que lo ejercen, por el poco cuidado que las 
mismas tienen a la hora de hacerlo. Recordemos que entre 2011 y 2014, se perpetraron 
ocho homicidios de personas Trans, todas en situación de trabajo sexual, de los cuales, so¬ 
lamente dos fueron esclarecidos (el último en este año). Además las compañeras que están 
en esta situación reciben a diario agresiones -físicas, psicológicas y simbólicas- que no 
denuncian por miedo a las represalias. Estamos conscientes, tanto de la violencia, como de 
la falta de respuestas estatales a la misma. 

En relación al trabajo se han implementado desde el Ministerio de Desarrollo Social 
algunas políticas -como por ejemplo la ffllE Trans-. Es una tarjeta que las personas Trans 
pueden tramitar y que les beneficia con un monto mensual de alrededor de $U 1.000 
(aproximadamente Edffl 40). Para retirar en supermercados adheridos productos de ali¬ 
mentación y limpieza, lo cual limita a personas que necesitan otros insumos. También se ha 
generado una cuota para personas en el plan “Uruguay Trabaja”. Este plan propone una in¬ 
serción laboral entre seis y ocho meses, y luego de ello por dos años no pueden reingresar al 
mismo con un sueldo de aproximadamente $U 6.000 (IKIffl 200). Este programa no genera 
una seguridad laboral permanente. Aunque si bien se les da capacitación para el trabajo, es 
muy complicado integrarse al mercado laboral tanto público como privado. Lo que lleve 
volver al trabajo sexual. 

En 2014, el propio Mides llamó a concurso para ocupar siete puestos dentro de su 
cartera. Si bien esto fue un avance importante y debemos celebrarlo, pensemos también que 
quienes quedaron fueron las más capacitadas ya que se juzgaron por las reglas generales de 
llamados a concursos del Estado y por ende las personas Trans más vulneradas no tuvieron 
acceso y pudiendo incorporarse solamente a puestos de barridos y/o limpiezas, etc. Este 
llamado fue únicamente para Montevideo sin dar posibilidades a las personas del interior 
del país. Reconocemos que algún emprendimiento privado ha tomado personas Trans en el 
rubro de servicio de limpieza. Aunque las que entran son observadas minuciosamente. 

En síntesis -desde el congreso de 2013- analizamos y denunciamos la no inclusión 
laboral. Constatamos que el Estado tanto en lo público y más aún en lo privado no pro¬ 
mueve acciones de “discriminación positiva” para acceder a puestos laborales, quedando la 
prostitución como único destino. 


Salud 

“(...) el estigma y la discriminación impactan sobre nuestra salud física y mental, pero 
los servicios de salud solo se preocupan de que seamos portadora/es de infecciones de transmi¬ 
sión sexual. Las necesidades para adecuar el cuerpo a nuestra identidad de género no están 
incorporadas debidamente en el Sistema Nacional Integrado de Salud. No gozamos de una 
atención integral que tenga en cuenta nuestros requerimientos específicos y los prejuicios y des- 



conocimiento de los profesionales y el personal de salud son barreras que obstaculizan el acceso 
a los servicio”. 6 7 8 

A su vez en el mismo congreso se demanda “que se aseguren servicios de salud disponi¬ 
bles, en forma descentralizada, en todo el país y para todas las personas trans (...), que sean 
integrales, libres de discriminación, con personal capacitado para atender de forma respetuosa 
nuestros requerimientos específicos; que garanticen la confidencialidad, el respeto por la identi¬ 
dad de género... un sistema confiable de denuncia”. 

En la actualidad el Sistema Nacional Integrado de Salud no ha previsto la atención in¬ 
tegral en salud para personas Trans. En el 2012 Kl MXM verificó que si bien existen políticas, 
normas y guías clínicas en diversos componentes de la MXM incluida la atención a personas 
Trans y de orientaciones sexuales diversas, no ha habido hasta la fecha una debida organi¬ 
zación de los servicios ni una estrategia sostenida de formación de los recursos humanos 
que garantice su pleno cumplimiento. Las personas Trans se atienden mayoritariamente 
en los servicios públicos y éstos no colman las necesidades de las mismas. En los servicios 
privados la situación es aún más compleja, ya que directamente no disponen de los mismos 
y/o tienen absoluto desconocimiento de la situación: “el estigma y la discriminación han 
sido percibidas como las prácticas del personal de salud que actúan como verdaderas barreras 
para el acceso y uso de los servicio” 1 . 

Hay algunas iniciativas valiosas como la policlínica libre de homofobia, transfobia y 
lesbofobia creada por el colectivo Ovejas Negra que funciona en el Hospital Maciel, así 
como la clínica del Saint Bois llevada adelante por el Dr. Daniel Márquez, y la división 
de la Red de Atención Primaria (ffllE) del departamento de Salto. En este último 
se atienden las diferentes necesidades de las personas Trans. Debemos aclarar que la clínica 
del hospital Saint Bois es una clínica donde se integra a nuestra población con los usuarios 
comunes, no es únicamente para personas Trans ni de la comunidad KEH0EHE] 

Los dos primeros emprendimientos adolecen de un problema que nuestro país tie¬ 
ne en diferentes áreas, y es que están únicamente en Montevideo, lo que no permite que 
las personas del interior del país accedan fácilmente a ellos. Con el agravante de ser las 
únicas están desbordadas de pacientes, con poca capacidad locativa y de personal, por lo 
que consideramos no se ha unlversalizado ni masificado la atención en salud. No todas las 
personas Trans tienen las mismas oportunidades de acceder a la atención, sea por la distan¬ 
cia, situaciones económicas u otras variables, no pueden llegar a los centros de atención e 
Montevideo. 

En cuanto a la policlínica que funciona en Salto, si bien hay un equipo preocupado 
por la salud de la comunidad, no disponen de servicios como la hormonización. Debemos 


6 Denunciamos: punto 6. Edición “Construyendo ciudadanía” op.cit. 

7 MYSU “Asegurar y Avanzar sóbrelo logrado” op.cit. 

8 Movimiento Lésbico, Gay, Transexual, Bisexual, H ueer e Intersexual. 


347 


VIOLENCIAS SOTERRADAS 



DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 


aclarar también que en nuestro país funcionaba un único centro para las operaciones de 
readecuación de sexo en el Hospital Universitario y que cerró en el año 2013 por falta de 
presupuesto. Un número importante de usuarios Trans dejaron de ser atendidos a mitad 
del tratamiento, no teniendo los medios para poder continuarlo en forma privada. Acla¬ 
remos además que en nuestro país tampoco existen clínicas privadas que realicen este tipo 
de tratamiento, de modo que si los hubiera, los costos serían imposibles de cubrir para una 
comunidad sin muchas opciones laborales. 

A su vez ninguno de estos emprendimientos tiene dentro de su personal referentes 
pares. Eso generaría mayor confianza y lograría la promoción, atracción y permanencia de 
los servicios. 

Creemos firmemente que la atención en salud debe ser transversal y nacional, con un 
trabajo articulado con las organizaciones de la sociedad civil que trabajan el tema, en forma 
coordinada, con personal sensibilizado, capacitado y con vocación para los mismos y con 
referentes pares que logren la confianza hacia los servicios. 

En cuanto al tratamiento y prevención del IXffl / IXMKI IXI, las estadísticas dan cuenta de 
que proporcionalmente las personas Trans son más portadores que la media de otras comu¬ 
nidades. Desde creemos que es porque las personas Trans son quienes más se contro¬ 

lan y quienes más lo comunican, no así otras comunidades. También debemos reconocer 
que el interior del país es un eterno olvidado; las personas que son diagnosticadas con el vi¬ 
rus, son analizadas nuevamente en Montevideo y la medicación se manda por paciente. Los 
centros de salud en el interior no tienen stock de medicación, tampoco hay un seguimiento 
de las personas diagnosticadas por lo cual muchas abandonan el tratamiento, esto tiene que 
348 ver también con la confiabilidad y el secreto profesional. En ocasiones la confiabilidad no 
es respetada, por lo cual toda la comunidad local se entera de que la persona es portadora. 
Muchas veces antes que la propia persona. Por lo cual ésta decide en muchas ocasiones no 
seguir un tratamiento, o directamente viajar a otra ciudad para hacerlo. La mayoría llega a 
internaciones en los últimos estadios del virus lo cual dificulta o hace imposible restablecer 
la vida. 

Otra discriminación muy común es no llamar a la persona por su nombre identitario, 
sino por su nombre de documento de identidad, aunque tenga el cambio de sexo registral 
amparada/o en la ley 18.620. Dicho cambio registral tiene costos de servicios de profesio¬ 
nales del derecho al que no siempre quienes lo requieren pueden acceder. 

En Uruguay en los últimos años y gracias a la tarea incansable de las organizaciones 
sociales se han producido cambios normativos que reconocen a las personas con identidad 
de género diversa como sujetos de derechos. Aún resta un cambio cultural para logara una 
ciudadanía plena y erradicar las importantes brechas de desigualdad y discriminación que 
persisten. 




Mauro Tomasini 


Vivas nos queremos 

Violencias de género en Uruguay 


349 

Azul Cordo 1 


“Debe estar muriendo más de una mujer por día porfumar. 

No las mata ni el sida, ni la violencia doméstica, 
ni los accidentes como las mata el tabaco”. 

Tabaré Vázquez, Presidente de la República 2 


Siete de cada diez mujeres en Uruguay declararon haber vivido situaciones de violencia 
basada en género en algún momento de la vida, afectando en mayor medida a las mujeres 


1 Periodista, lie. en Comunicación Social (UNLP). Diplomada en Género y Políticas de Igualdad (FLAC- 
SO Uruguay). Integrante de Mujer y Salud en Uruguay (MYSU). 

2 Palabras expresadas por el mandatario durante el acto oficial por el 8 de marzo, Día Internacional de la Mu¬ 
jer. En: http://www.republica.com.uy/ el-principal-enemigo-de-la-mujer-es-el-consumo-de-tabaco/505365/. 
Para esa fecha, 15 mujeres habían sido asesinadas por razones de género en el país. 


VIOLENCIAS SOTERRADAS 


DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 


350 


afrodescendientes que a las mujeres no afro. Una de cada cuatro mujeres de 15 años y más, 
ha vivido situaciones de violencia por parte de su pareja o ex pareja en los últimos 12 meses. 
Una de cada tres mujeres mayores de 15 años ha vivido situaciones de violencia durante la 
infancia, al tiempo que entre las mujeres de 65 y más el 9,5% reporta haber vivido violencia 
por parte de su familia actual 3 . 

La cifra de mujeres asesinadas por sus parejas o ex parejas en los primeros seis meses de 
2015 supera al total de homicidios por razones de género cometidos en todo 2014. 

El año pasado, 18% de las víctimas de homicidio fueron por violencia intrafamiliar, 
porcentaje mayor al que representaron los cometidos por rapiña, copamiento o hurto 
(17%). El Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad del Ministerio del In¬ 
terior (IE 7) registró 13 casos de homicidios de mujeres: 6 consumados por sus parejas o ex 
parejas y 7 por algún familiar, representando el 19% de las víctimas de homicidios 4 . 

En los primeros nueve meses de este año fueron asesinadas unas 30 mujeres en todo 
el país 5 en lo que podríamos llamar feminicidios 6 , figura delictiva no constituida aún en el 
Código Penal uruguayo. Un código vigente desde hace 70 años, cuya reforma está en de¬ 
bate parlamentario luego de que varias organizaciones sociales frenaran su aprobación en 
diciembre pasado 7 , ya que el texto que los legisladores iban a promulgar justificaba delitos 
contra las mujeres por cuestiones de “honor”, atenuaba penas por “piedad” y hacía referen¬ 
cia a las “buenas costumbres”. 

Del total de homicidios registrados durante el primer semestre de 2015 (154), 14% 
fueron por situaciones de violencia intrafamiliar “en sentido estricto (es decir, todos los casos 
en los que entre el autor y la víctima existían vínculos de parentesco o sentimentales), así como 
situaciones en que eran rivales/competidores (por ejemplo, cuando la esposa de un hombre mata 


3 Inmujeres, Estadísticas de género 2014. Avances y desafíos para la igualdad de género, Sistema de Informa¬ 
ción de Género, presentadas el 25/09/2015, en: http://www.inmujeres.gub.uy/innovaportal/file/57783/l/ 
estadisticas-de-genero-20 l4.pdf 

4 Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior, Informe anual sobre 
violencia y criminalidad - Año 2014, División de Estadísticas y Criminalidad, en: https://www.minterior.gub. 
uy/observatorio/images/stories/20 l4_completo.pdf 

5 Un promedio de 1,16 asesinadas por semana. 

6 Feminicidio: No es sólo el “asesinato de una mujer por su razón de sexo” (Definición de la RAE). En las 
sociedades patriarcales las mujeres son asesinadas por razones de género. Si bien en América Latina se acuñaron 
feminicidio y femicidio, en nuestra línea de documentación e investigación adoptamos el primero, según el 
criterio de Marcela Lagarde: “En castellano femicidio es una voz homologa a homicidio y solo significa homicidio 
de mujeres. Por eso, para diferenciarlo, preferí la voz feminicidio y denominar así al conjunto de violaciones de los 
derechos humanos de las mujeres que contienen los crímenes y las desapariciones de mujeres y que, estosfuesen iden¬ 
tificados como crímenes de lesa humanidad” En Atencio, Graciela. Feminicidio: una palabra nueva, una barba¬ 
rie antigua, en El País de Madrid, 17 de marzo 2015: http://blogs.elpais.com/mujeres/2015/03/feminicidio. 
html 

7 Reforma del Código Penal. Declaración de las organizaciones, 22 de diciembre de 2015, en: http://www. 
mysu.org.uy/que-hacemos/comunicacion-noticia/reforma-del-codigo-penal-declaracion-de-las-organizacio- 
nes / 



a la amante de éste o un hombre mata al amante de su esposa, etc.)”, explica el Observatorio 
del IEIE A su vez, 18% de las víctimas de homicidio fueron mujeres, lo que representa 16 
casos: 13 cometidos por su pareja o ex pareja y 3 por un familiar. 

Por otra parte, el colectivo Feministas en Alerta y en las Calles registró 30 femini- 
cidios 8 a partir de casos informados en la prensa nacional, entre el I o de enero y el 18 de 
setiembre de 2015, 26 de los cuales fueron cometidos por parejas o ex parejas, 2 por un 
familiar y 2 por un conocido de la víctima. A su vez, entre enero y julio, Mujeres de Negro 
Uruguay registró 22 asesinatos de mujeres en manos de parejas o ex parejas, 4 varones ase¬ 
sinados por el agresor (femicidio vinculado) y un niño. 

Esta multiplicidad de registros explícita la necesidad de contar con una sistematiza¬ 
ción oficial de estos casos, que tenga una unidad de análisis común, tanto para dar cuenta 
de la magnitud del fenómeno como para diseñar políticas públicas integrales que aborden 
la violencia contra las mujeres, que detecten situaciones de riesgo, prevengan desenlaces 
trágicos y trabajen resoluciones comunitarias del convicto, no sólo fortaleciendo el trabajo 
con varones violentos, sino deconstruyendo modelos hegemónicos patriarcales en las rela¬ 
ciones entre los géneros 9 . 

Frente a la magnitud de esta problemática, la Red Uruguaya contra la Violencia Do¬ 
méstica y Sexual exigió al Estado declarar la "emergencia nacional" 10 ; generar programas 
y presupuesto prioritario para implementar respuestas acordes a la complejidad del pro¬ 
blema; contar con una Ley integral de violencia de género y generaciones; fortalecer los 
servicios de atención a mujeres en todo el país; instalar servicios de atención especializados 
para niños, niñas y adolescentes en situación de violencia en cada departamento; garantizar 
el alcance nacional del sistema de tobilleras electrónicas 11 ; instalar juzgados especializados 
en todo el país y capacitar en forma permanente a los operadores del sistema judicial; im¬ 
plementar una Campaña Nacional contra la Violencia Doméstica e incluir el tema en la 
curricula de educación primaria, secundaria y terciaria. 


8 Uno de estos casos fue el asesinato de una mujer trans. Otros cuatro fueron cometidos a manos de policías 
que asesinaron a sus parejas o ex parejas con su arma reglamentaria, dos de estos hechos fueron en la vía públi¬ 
ca: uno en la plaza central de Minas (Lavalleja), otro frente al ingreso de una escuela pública en Fray Marcos 
(Florida). Este año, el MI aprobó un protocolo de actuación para casos de violencia de género que involucren a 
funcionarios/as y personal del Ministerio del Interior “sea en calidad de víctimas o de agresores”. 

9 El vicepresidente de la República, Raúl Sendic, se refirió a la violencia machista como “uno de los problemas 
de Estado más importantes”que tiene Uruguay, asociado a cuestiones que tienen que ver con “los patrones de con¬ 
ducta y con la construcción de valores en la sociediid”. Espectador.com, Gobierno afirma que la violencia de género 
es un “problema de Estado”, 26 de junio de 2015, en: http://www.espectador.com/sociedad/318215/gobierno- 
afirma-que-Ia-violencia-de-genero-es-un-problema-de-estado 

10 A través de un comunicado emitido el 16 de julio de 2015. 

11 Presidencia de la República, Sistema de pulseras electrónicas se extenderá a todo el país en un plazo de dos 
años, 2 de octubre de 2015, en: http://www.presidencia.gub.uy/comunicacion/comunicacionnoticias/siste- 
ma-de-pulseras-electronicas-se-extendera-a-todo-el-pais-en-un-plazo-de-dos-anos. [El programa se encuentra 
activo en los departamentos de Montevideo, Canelones, Ciudad del Plata y en Maldonado] 


351 


VIOLENCIAS SOTERRADAS 



DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 


352 


El problema no es nuevo. El intento de llamarlo así tampoco. Más allá de las resisten¬ 
cias, con argumentos que van desde que el término surgió en el contexto mexicano por los 
asesinatos masivos de mujeres en Ciudad Juárez, a que el planteo local se reduciría a pedir 
más castigo 12 , y el debate aún en ciernes dentro de las organizaciones que defienden los 
derechos de las mujeres para generar un discurso común en torno a si el pedido de esta cate¬ 
goría delictiva podría suponer una inflación penal o si estaría definiendo un tipo de delito 
específico 13 , el feminicidio ya había sido expuesto en 2010 por diversas organizaciones de 
la sociedad civil como un problema nacional ante la Comisión Interamericana de Derechos 
Elumanos (lEMlEI) 14 . 

Si bien lo personal es político, la esfera privada puede ser utilizada política, electoral 
y mediáticamente en forma abusiva, al banalizar, revictimizar y catalogar como un hecho 
de (in)seguridad a una problemática compleja. Desde algunos discursos políticos se utiliza 
la alarma social para priorizar respuestas punitivistas. Charles Carrera, director general de 
Secretaría del 0 ^ escribió una editorial en la que sostiene que se debe crear la figura de “fe- 
micidio” como delito en el Código Penal y exhortó a que “no tengamos temor como sociedad 
de castigarlos con mayorfirmeza y utilizar al derecho penal, como instrumento, a los efectos de 
señalar cuáles son las conductas que consideramos que son repudiables para el conjunto de la 
comunidad y dejando claro que si se realizan serán castigadas con mayor severidad” 1 '’, exigien¬ 
do penas de entre 15 y 30 años. 

Desde el Instituto de las Mujeres, órgano rector de las políticas de género en el país, 
su directora Mariella Mazzotti se manifestó afín a que la formulación de una ley integral 
contra la violencia basada en género incorpore la figura de feminicidio porque “implica el 
compromiso del Estado en la lucha contra esta violencia y que se asuman las falencias en las 
respuestas estatales” 16 , también en lo que refiere a la reparación de las víctimas. La jerarca 
discrepó con la postura de la Suprema Corte de Justicia y del Fiscal de Corte, Jorge Díaz, 
que entienden que esta tipificación ya existe en el Código Penal como “homicidio agravado 
por el vínculo”: “Ahí queda escondida la causa de género que produce estas muertes [opinó 
Mazzotti]. Lo que se busca al hablar defeminicidio es explicitar que las razones de domina- 

12 España, Valeria. Feminismos y otras sensibilidades, Palabras y castigos, Incorrecta, N°l, La Diaria, 30 de 
setiembre 2015. http://ladiaria.com.uy/media/editions/20150930/la_diaria-20150930-incorrecta_l.pdf 

13 Rovira, Florencia. La maté porque era mía, Brecha, 6 de mayo de 2015, en: http://brecha.com.uy/la-mate- 
porque-era-mia/ 

14 “El feminicidio es un crimen presente en todo el continente, y también en Uruguay. Con una población de 
3.300.000 habitantes, son asesinadas anualmente un promedio de 35 mujeres, proporcionalmente el doble que en 
Argentina, casi 4 veces más que en Chile y 5 veces más que en España. Pero igualmente grave es el gran número de 
mujeres cuyo derecho a vivir libres de violencia es violado sistemáticamente por un sistema que adolece de severas 
deficiencias”. Audiencia Pública, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Denuncia de Femicidio en 
Uruguay, 28 de octubre de 2010. Citado en: Herrera, Teresa. Violencia doméstica. El discurso y la realidad. 
Montevideo, Palabra Santa, 2015, p. 71. 

15 Carrera, Charles. Femicidio en Uruguay, UNICOM, 23 junio 2015, en web: https://www.minterior.gub. 
uy / index.php ?option=com_content&view=article&:id=2910 

16 Cordo, Azul. Parecido no es lo mismo. Nacional, La Diaria, 3 de junio de 2015, p. 3. 



ción de un género sobre otro y que la división binaria femenino-masculino son la causa de los 
asesinatos de mujeres. Cuando uno legisla y dice que esto es un delito, tiene un elemento ejecuti¬ 
vo para sancionar conductas sociales y marca un consenso social que sanciona 17 explícitamente 
que eso no debe hacerse” 18 . 

Siguiendo a Elena Larrauri: “Es interesante observar cómo los políticos no sólo deciden en 
qué problema concentrarse sino que tienden ya a apuntar la solución. Así al construirlo como 
delito, en vez de como problema social, la solución ya es un castigo, pero más aún al preguntar 
‘cuánto tiempo’, la respuesta ya es prisión y no algún otro tipo de sanción penal” 19 . 

Para el debate entre las organizaciones y actores estatales en torno a si feminicidio sí o 
no, vale recordar las puntualizaciones que la catedrática española enfatiza al respecto: “Las 
partidarias de acudir al derecho penal reclaman la intervención del mismo. No dudan de su 
ineficacia, pero no entienden por qué deben ser precisamente ellas las que deban prescindir 
del derecho penal. Arguyen que la ausencia del derecho penal del ámbito privado refuerza la 
imagen de que allí el Estado no interviene y de que rige la ‘ley del más fuerte’: el marido. Es 
obvio que la reforma legal no solucionará los problemas de las mujeres, pero uno de los pro¬ 
blemas de las mujeres es precisamente el contenido de determinadas leyes, y por eso hay que 
modificarlas” 10 . 

En este sentido, Larrauri añade: “Ya que el derecho penal no cumple su función instru¬ 
mental de evitar los delitos, lo mínimo que se le puede exigir es que cumpla la función simbó¬ 
lica: que envíe el mensaje a la sociedad de que dichas conductas son delitos y que no deben ser 
toleradas” 11 , aunque advierte que el mensaje simbólico de acudir al derecho penal resultará 
equívoco si se considera que el problema real estará solucionado por la sola promulgación 
de la ley, siendo que ésta será aplicada por una Justicia que dista mucho de tener perspectiva 
de género y cuya balanza suele estar más a favor de la reconstrucción de una familia hetero- 
patriarcal que de fortalecer la autonomía de las mujeres. 


17 “Los políticos y los medios de comunicación no deben concentrar la atención mediática en la cuestión penal, 
o si lo hacen, deben compararla con el resto de males sociales para presentar el delito en su contexto, como un mal 
social que es. Un problema social que debemos intentar remediar además como el resto de males sociales, pero que 
lamentablemente no tiene remedio sencillo, y sin creer que la prisión o condenas más largas es lafácil solución a toda 
su complejidad’’, en: Larrauri, Elena. La mujer ante el derecho penal. En: Estudios jurídicos, Tribunal Superior 
de Justicia del Distrito Federal, http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/anjuris/cont/267/pr/pr5. 
pdf 

18 Cordo, A. Op. cit. 

19 Larrauri, Elena. “Populismopunitivo... y cómo resistirlo’’. En: Jueces para la democracia, N°55, 2006, p. 20. 

20 Larrauri, Elena. La mujer ¿inte el derecho penal. Estudios jurídicos, Tribunal Superior de Justicia del Distrito 
Federal, en: http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/anjuris/cont/267/pr/pr5.pdf 

21 Larrauri, Idem. 


353 


VIOLENCIAS SOTERRADAS 



DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 


Se trata de nosotras 

La violencia también se ejecuta de manera simbólica y mediática. Simbólica es la que, a 
través de patrones estereotipados, mensajes, valores, iconos o signos, transmite y reproduce 
dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la sub¬ 
ordinación de la mujer en la sociedad. La violencia mediática remite a aquella publicación 
o difusión de mensajes e imágenes estereotipados a través de cualquier medio masivo de 
comunicación que, de manera directa o indirecta, promueve la explotación de mujeres o 
sus imágenes, injuria, difama, discrimina, deshonra, humilla o atenta contra la dignidad de 
las mujeres, como así también la utilización de mujeres, adolescentes y niñas en mensajes e 
imágenes pornográficas, legitimando la desigualdad de trato o construya patrones sociocul- 
turales reproductores de la desigualdad o generadores de violencia contra las mujeres 22 . 

Este año se incrementaron las críticas y reflexiones en torno a la cobertura periodística 
sobre casos de violencia contra las mujeres, explotación sexual y abuso infantil. Aunque des¬ 
de 2013 rige un Código de Ética Periodística 23 , y en los últimos cinco años se han publicado 
numerosas guías y manuales 24 , en la práctica la cobertura periodística dista mucho de tener 
perspectiva de género y de derechos humanos. 

Así lo advertía el primer comunicado de Feministas Alertas y en las Calles: “Laforma 
en la que se habla de las mujeres en los medios masivos refleja las concepciones que sobre ellas 
subyacen en la sociedad. Pero así como las reflejan, también las instituyen y reafirman, en un 
círculo vicioso que solo nos lleva de mal en peor. El tipo de tratamiento de noticias como esta 
no hacen más que correr el foco de una cultura que se esmera en cada momento por enseñarnos 
a las mujeres a no 'provocar' ser violadas o asesinadas, pero nunca enseña a los hombres a no 
354 violar, ni matar. No sólo los medios de comunicación son parte de la violencia cultural que se 
utiliza parajustificar o legitimar la violencia directa y la estructural, pero su potencialidad dis¬ 
cursiva tiene la fuerza de imponer minuto a minuto una violencia simbólica sobre los cuerpos 
de niñas, adolescentes y mujeres. Cuando las víctimas no se adecúan al canon de evaluación 
machistay patriarcal, están condenadas a ser doblemente víctimas: primero por los agresores y 
asesinos, luego por el discurso dominante ’ 25 . 


22 Tomado de la Ley argentina N°26.48 5 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violen¬ 
cia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones. Subrayamos que la ley argentina toma 
en cuenta estos dos tipos de violencia, a diferencia de la Ley 17.514, que reconoce a la Violencia Doméstica en 
Uruguay desde sus manifestaciones físicas, psicológicas o emocionales, sexuales y patrimoniales. De allí tam¬ 
bién la importancia de crear un proyecto de ley integral contra la VBG en nuestro país que incluya estas dimen¬ 
siones analizadas. 

23 Asociación de la Prensa Uruguaya, Código de Etica Periodística, 2013, en: http://www.apu.org.uy/codi- 
go-de-etica-periodistica/ 

24 Por citar dos ejemplos: Lucas, Cecilia (Coord.), Violencias puertas adentro. Pautas para una cobertura pe¬ 
riodística con enfoque de género y generaciones. INAU, Montevideo, 2014, en: http://www.inau.gub.uy/index. 
php/component/k2/item/1944-sipiav; Televisión Nacional Uruguay, Líneas editoriales para el tratamiento in¬ 
formativo de la violencia contra la mujer , 2012, en: www.tnu.com.uy 

25 Primer comunicado de la Alerta Feminista. Facebook, noviembre 2014. 



Desde las organizaciones feministas se reforzó la visibilización de los casos de violencia 
extrema contra las mujeres a través de las “alertas”: convocatorias frente a la Torre Ejecutiva 
(sede de la Presidencia de la República) y posterior movilización hasta la plaza Cagancha 
donde se emplaza la Suprema Corte de Justicia, para reclamar respuestas a ambos poderes 
del Estado (Ejecutivo y Judicial, respectivamente) cada vez que la prensa informa que han 
asesinado a una mujer por razones de género en cualquier punto del país 26 . 

Dicha propuesta de una “respuesta rápida” ante hechos concretos que atentaran con¬ 
tra los derechos de las mujeres surgió en el plenario de cierre del Primer Encuentro de Fe¬ 
minismos del Uruguay, realizado los días 8 y 9 de noviembre de 2014 en Montevideo, y 
se materializó con una primer alerta realizada el 13 de noviembre frente a la sede de la 
Presidencia de la República por el caso de Yamila Rodríguez, una adolescente de 15 años 
que apareció decapitada en Maldonado. 

La cobertura mediática del caso motivó la indignación de decenas de mujeres que leía¬ 
mos detalles escabrosos sobre dónde y cómo había sido hallado el cuerpo de una joven 
que estaba desaparecida desde hacía días. Noticias en las que se perneaba una suerte de 
justificación del crimen, a través de indagaciones y cuestionamientos sobre los “hábitos” 
de Yamila, con fuentes de información acotadas a la Policía y a los vecinos, extendida a 
médicos forenses cuyos diagnósticos estaban cargados de juicios morales sobre las prácticas 
sexuales que podría haber tenido la víctima, y con un afán de reconstruir la cotidianeidad 
de ella y su familia, bajo la presunción -y posterior declaración ante la Policía- de que el 
cuñado era su asesino (quien, tras ser procesado con prisión, se suicidó en la cárcel de San¬ 
tiago Vázquez) 27 . 

Otra cobertura emblemática fue la del caso de una mujer asesinada a la vera de la ruta 
5 28 . El diario El País tenía la primicia, reproduciendo textualmente el parte policial; éste 
destacaba que se desconocía la identidad de la víctima porque “carecía de documentación ”, 
detallaba que tenía “dos impactos de bala a la altura de las costillas del lado derecho” y que 
“vestía minifalda, musculosa y sandalias altas”. 

Además del problema que supone la reproducción del léxico policial en detrimento de 
la construcción de un lenguaje periodístico que informe, considerar que es un dato válido 
la forma cómo estaba vestida la mujer asesinada vuelve a correr el foco del hecho noticioso 
hacia la sospecha sobre la víctima. Los tres elementos utilizados para la descripción, sumado 
a la indicación de que “la presencia del cuerpo” estaba “en los alrededores del kilómetro 30 de 

26 Dicho colectivo alcanzó una movilización masiva sumándose a la convocatoria argentina del #NiUnaMe- 
nos, el 3 de junio de este año, con más de 50.000 personas en Montevideo y cientas en las principales ciudades 
del interior. 

27 Cordo, Azul. Estás para el crimen , II Jornadas de Debate Feminista, Montevideo, 20-22 de julio de 2015. 
En:http://www.cotidianomujer.org.uy/sitio/pdf/debatefeminista/A%20Cordo%20-%20DebateFeminis- 
ta2015.pdf 

28 El País Digital, Hallaron a una joven asesinada al costado de la ruta 5, 14 de marzo de 2015, en: http:// 
www.elpais.com.uy/informacion/identificaron-mujer-asesinada-canelones.html 


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VIOLENCIAS SOTERRADAS 



DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 


la ruta 5 nueva”, propician un juzgamiento por la forma de vestir que remiten al imaginario 
de una mujer en situación de prostitución, con la consecuente lectura sexista de la sociedad 
sobre el cuerpo femenino, sumado a la condena moral, la hipocresía y el estigma que persis¬ 
ten respecto a ser una prostituta. 

En la medida en que el periodismo construye realidades 29 , puede legitimar y reprodu¬ 
cir estereotipos y roles sociales, pero también puede proponer cambios y reflexiones sobre 
la sociedad que somos y la que podemos ser. Tiene una responsabilidad social. De allí que 
los mensajes producidos deben guardar una autocrítica sobre las prácticas profesionales. 
El contrarreloj y las presiones de editores en función de la competencia mediática no de¬ 
ben ser una justificación para malas prácticas. La autoconciencia sobre los juicios de valor 
ante determinadas problemáticas sociales que suponen la vejación de los derechos huma¬ 
nos debe ser permanente, tanto como la autocorrección y la capacitación, a pesar de los 
contratiempos . 

La difusión mediática de la violencia, que se da en forma dispersa, esporádica y anó¬ 
mala, repercute en la imposibilidad de analizar este fenómeno desde sus dimensiones ins¬ 
trumental y expresiva 31 . El periodismo no debe reforzar el populismo punitivo 32 , sino pro¬ 
mover la reflexión en torno a las razones por las que se producen los feminicidios, desde un 
nosotros que desnude el sostén social que tienen las relaciones patriarcales y androcéntricas, 
lo que permitiría abordajes de la violencia machista y deconstrucciones de la masculinidad 
heteronormativa a través de redes y lazos comunitarios. 

El tratamiento sensacionalista de hechos de este tipo puede crear un clima de temor 
y una fuerte sensación de vulnerabilidad en la población, que no siempre corresponde al 
356 nivel observado de violencia 33 . Desde el periodismo no debemos generar el miedo a que nos 
maten, sino reflexionar sobre cómo es que sostenemos a nivel social relaciones de género 
violentas, basadas en el amor romántico y en relaciones de poder patriarcales. El miedo nos 


29 “El texto periodístico es un relato; en consecuencia la realidad no puede trasladarse tal y como es al papel. 
Convertir una historia en relato es seleccionar; es intervenir; es decidir lo que se incluye, lo que se excluye y el orden 
de lo relatiido”, en: Romero, Lourdes. La realidad construida desde el periodismo: reflexiones teóricas, UNAM 
- Porrúa, México, 2006, p. 8. 

30 Un análisis más pormenorizado de la cobertura mediática de este caso y el de Yamila Rodríguez puede 
leerse en: Cordo, A. Op. cit. 

31 Segato, Rita. Las nuevas formas de la guerra y el cuerpo de las mujeres, Feminismos. La lucha dentro de la 
lucha, Revista Contrapunto 5, Centro de Formación Popular con Organizaciones Sociales. Comisión Sectorial 
de Extensión y Actividades en el Medio, Universidad Nacional de la República, Montevideo, Uruguay, noviem¬ 
bre 2014. 

32 Populismo punitivo: “Cuando el uso del derecho penal por los gobernantes aparece guiado por tres asunciones: 
que mayores penas pueden reducir el delito; que las penas ayudan a reforzar el consenso moral existente en la socie¬ 
dad; y que hay unas ganancias electorales producto de este uso”. Bottoms citado por Larrauri, en: Larrauri, Elena. 
“Populismopunitivo...y cómo resistirlo”. En: Jueces para la democracia N°55, 2006, p. 15. 

33 Rey, Gerardo. El cuerpo del delito. Representación y narrativas mediáticas de la (in)seguridad ciudadana. 
Centro de Competencia en Comunicación para América Latina, Colombia, 2005, p. 53. 



paraliza, no nos empodera. Las relaciones violentas no deberían llegar a la muerte. Por 
ello vale trabajar en el diseño de propuestas y políticas públicas que tengan por objetivo la 
prevención de estas situaciones. 

Las noticias que cubren estos hechos deberían difundir herramientas para la construc¬ 
ción de autonomía y emancipación de las mujeres. Esto no implica necesariamente sugerir 
que se denuncie al agresor, pues no pueden desconocerse las dificultades y resistencias que 
se registran todavía en la Policía para tomar las denuncias y cuán expuestas pueden quedar 
las denunciantes hasta que la Justicia actúe con una medida cautelar [tobilleras]. Desde los 
medios pueden difundirse historias de vida de mujeres que sobrevivieron a situaciones de 
violencia; servicios de contención y ayuda para mujeres víctimas de violencia; y entrevistar 
a expertas que expliquen de forma clara qué tipos de violencias de género existen, para que 
los contenidos periodísticos sean parte de una pedagogía de la anti-crueldad? 4 . 

Señala Tamar Pitch que “suelen formularse preguntas que preseleccionan las situaciones 
de riesgo, como sentirse (in)seguros/as en la noche o la oscuridad, cuando, para ciertas personas, 
podría ser mucho más riesgosa la propia casa, donde tal vez convive con un marido violento”* 5 . 
De allí que una línea a profundizar, propuesta por varias académicas uruguayas, sea “colo¬ 
car en el mismo lugar de importancia la inseguridad que viven las mujeres en situación de 
violencia en las relaciones de pareja y la inseguridad que viven las personas frente a los robos 
y otros delitos contra la propiedad [porque] rompería uno de los aspectos centrales del sistema 
sexo-género: la subordinación de lo privado-femenino a lo público-masculino”* 6 . "Una vez de¬ 
construida la división público-privado y analizada la socialización de género y la violencia que 
implica, es necesario ahondar en las razones por las que las mujeres -y su entorno cercano- no 
logran percibir la violencia de la que son objeto. Las mujeres que reiteradamente disculpan a 
sus agresores, que hacen denuncia y luego la retiran o que no catalogan como violentas las prác¬ 
ticas de su pareja o ex pareja y que, incluso, a veces confunden control con amor"* 1 . 

El aumento de la violencia masculina contra las mujeres también debe leerse en una 
coyuntura histórica de mercantilización de la vida, de salida masiva de las mujeres al mer¬ 
cado de trabajo -propiciando su autonomía económica, aunque sea con empleos precarios, 
que no ha modificado sustancialmente las jerarquías laborales de género, pero sí ha rees- 


34 Utilizo esta expresión retomando a Segato cuando se refiere a la “pedagogía de la crueldad” [Lasll, 29 
de mayo 2015, en: http://www.paginal2.com.ar/diario/suplementos/lasl2/13-9737-2015-05-31.html]: El 
sistema patriarcal escribe/inscribe en el cuerpo de las mujeres a través de crímenes violentos que se constituyen 
en una suerte de medidas ejemplarizantes para señalarnos lo que “no deberíamos hacer” y marcarnos cuando 
no cumplimos con el mandato de género hegemónico y heterosexista. La pedagogía de la anti-crueldad sería, 
entonces, enseñar, aprender, educar en el buen trato, en relaciones equitativas e igualitarias entre los géneros y 
que los cuerpos feminizados dejen de ser un “campo de batalla”. 

35 Pitch, Tamar. “Contra el decoro y otros ensayos”. AdHoc, Buenos Aires, 2015. 

36 Calce, Carla et. al. “La violencia contra las mujeres en la agenda pública. Aportes en clave interdisciplinar”. 
Udelar, colección Art.2, 2015, p. 37. 

37 Idem, p. 79. 


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VIOLENCIAS SOTERRADAS 



DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 


tructurado la reproducción de la fuerza de trabajo- y de aumento del desempleo masculino 
que redunda en una crisis del modelo masculinidad hegemónica 38 . 

El periodismo debería contribuir en la desnaturalización de las relaciones patriarcales 
y violentas, en la conceptualización de las violencias de género y en la promoción de políti¬ 
cas públicas que no reproduzcan la punición, a sabiendas de que el cambio es cultural 39 . La 
única forma de enfrentar la violencia simbólica es redefinir los términos simbólicos'* 0 . 

Por otra parte, en julio hubo numerosas coberturas periodísticas sobre casos de explo¬ 
tación sexual comercial infantil en Rivera, luego de que se registraran al menos dos emba¬ 
razos adolescentes como consecuencia de los abusos que habían sufrido niñas que estaban 
bajo el sistema de protección del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (BE10EI). 
“Algunas coberturas periodísticas violan la privacidad de estas niñas, insisten en llamar ‘pros¬ 
titución infantil’ o ‘ejercicio del meretricio’ a lo que es explotación sexual y reifican el rol ma¬ 
terno como su único destino, con afirmaciones del personal profesional involucrado del tenor 
que la niña ‘quiere ser madre’, o noticias que expresan que el embarazo fue ‘buscado’, que la 
niña ‘quiere casarse’y que ‘el interés de la menor está centrado en mantener su relación como 
pareja’” 41 . 

A fines de setiembre, el Tribunal de IXffl se pronunció sobre la importancia de abor¬ 
dar desde los medios de comunicación temas como el abuso sexual infantil como parte de 
la responsabilidad social del periodismo al exponer estos hechos ante la opinión pública, 
pero enumeró y analizó las diversas violaciones al Código de Ética periodística cuando se 
informa de manera inadecuada, en forma emotiva y sensacionalista. Ejemplo de ello fue un 
informe televisivo sobre casos de abusos a tres niñas por parte de parejas de su madre, sin 
358 resguardar su identidad, abundando en detalles escabrosos. “Elabordaje que los conductores 
hacen del caso de abuso también tiene un componente de género significativo cuando culpabili- 
zan a la madre por tener varios novios y salir a bailar y la señalan como principal responsable 


38 “Hemos presenciado también un aumento en la violencia masculina contra las mujeres disparada, por una 
parte, por el temor a la competencia económica y, por otra, por la frustración que experimentan los hombres al no 
poder cumplir con sus obligaciones como proveedores desúsfamilias, y más importante aún, propiciada por el hecho 
de que los hombres tienen ahora menos control sobre el trabajo y el cuerpo de las mujeres, conforme más mujeres 
tienen algo de dinero propio y pasan más tiempo fuera de sus hogares. En un contexto de caída salarial y difusión 
del desempleo, que vuelve difícil para ellos hacer una familia, muchos hombres usan también los cuerpos de las 
mujeres como medios de intercambio y acceso al mercado mundial, a través de la organización de la pornografía 
o la prostitución”. Federici, Silvia. La reproducción de la fuerza de trabajo en la economía global y la revolución 
feminista inaciibada, Feminismos. La lucha dentro de la lucha, Revista Contrapunto 5, Centro de Formación 
Popular con Organizaciones Sociales. Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio, Universidad 
Nacional de la República, Montevideo, Uruguay, noviembre 2014, pp. 118-119. 

39 Cordo, A. Op. cit. 

40 Lamas, Marta. Las putas honestas, ayer y hoy. Cuerpo, sexo y política. Debate feminista, Océano, México, 
2014. 

41 MYSU, Para las niñas-madres que son pobres en Uruguay su destino es parir y quedar internadas, en: http: / / 
www.mysu.org.uy/ que-hacemos/comunicacion-noticia/para-las-ninas-madres-que-son-pobres-en-uruguay- 
su-destino-es-parir-y-quedar-internadas/ 



de la situación de abuso desconociendo el rol de los abusadores hombres; según señala el artícu¬ 
lo 3 7: ‘Los periodistas no deben atribuir a personas o comunidades valores o funciones sociales 
inferiores, ni usar figuras estereotipadas para valorar el desempeño de la mujer en cualquier 
ámbito (comportamiento, actitudes, vestuario)’” 42 . 

En este sentido, el informe Donde impactan las palabras: la explotación sexual en artí¬ 
culos de prensa escrita nacional del Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación 
Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes (Conapees) concluyó que los diarios 
y semanarios dedican cada vez más espacio a casos de explotación sexual de niños, pero 
con menos análisis, y señaló que 55% de las notas de prensa que cubren estos temas tienen 
errores 43 . 


(In) visibles 

El Sistema Integral de Protección a la Infancia y la Adolescencia contra la Violencia 
(Sipiav) registró 1.728 situaciones de violencia hacia niños, niñas y adolescentes durante 
el año 2014. Esto representa casi cinco situaciones por día de maltrato y/o abuso sexual 
infantil y un aumento del 31% de situaciones registradas respecto al año 2013. El 54% lo 
sufren las niñas y el 47% los niños de entre 6 y 12 años; por primera vez se tienen datos de 
niños de 0 a 3 años que protagonizan el 9% de estos casos 44 . 

En lo que refiere a Explotación Sexual Comercial hacia Niños, Niñas y Adolescentes 
( WM HHW), Gurises Unidos logró cuantificar a nivel nacional unas 650 situaciones de este 
tipo (301 en Montevideo y Área Metropolitana; 349 en el interior). Aquí también se rei¬ 
tera la feminización del fenómeno: 80% de los casos son de niñas y adolescentes mujeres, 
18% varones y 2% trans. A su vez, la mitad de las situaciones identificadas remite a adoles¬ 
centes de entre 13 y 15 años, con condiciones de vulnerabilidad que conjugan desafiliación 
educativa, criminalización de la juventud, poca oferta de servicios, escaso acceso a la matriz 
de protección social y situaciones de pobreza 45 . 

Las situaciones de calle extrema relacionadas a la IXMXl 171171IXI están asociadas a escenarios 
en los cuales prima el intercambio como forma de satisfacer necesidades básicas de la vida 
cotidiana tales como alimentación y vestimenta 46 . Las acciones de prevención y erradicación 


42 Pronunciamiento del Tribunal Arbitral de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) sobre la cobertura 
periodística televisiva de un caso de abuso sexual infantil, 1 de octubre de 2015, en: http://etica.cainfo.org.uy/ 
pronunciamiento-sobre-la-cobertura-periodistica-televisiva-de-un-caso-de-abuso-sexual-infantil/ 

43 de los Santos, Federico. Del cliente alperpetrador, Nacional, La Diaria, 6 de octubre de 2015, en: http:// 
ladiaria.com.uy/ articulo/2015/10/del-cliente-al-perpetrador/ 

44 SIPIAV, Informe de Gestión 2014, INAU, Montevideo, abril 2015, en: http://www.inau.gub.uy/index. 
php / component/k2/item/1944-sipiav 

45 Gurises Unidos, “Explotación sexual comercial hacia niños, niñas y adolescentes en Uruguay. Dimensión, 
características y propuestas de intervención", Montevideo, 2015. 

46 Idem. 


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VIOLENCIAS SOTERRADAS 



DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 


360 


de estas situaciones deben apuntar a la visibilización de las mismas, a la problematización y 
cuestionamiento de las inequidades de género, y a la desnaturalización de los estereotipos y 
pautas culturales que sustentan las desigualdades entre varones y mujeres. 


Las hijas del Estado 

Un caso emblemático este año ha sido el de una niña de 11 años violada por un hom¬ 
bre de 41, cuyo embarazo continuó porque el equipo médico del Hospital Pereira Rossell 
junto a autoridades de BEIKE y del Ministerio de Salud Pública evaluaron que ella estaba en 
condiciones de hacerlo 47 . 

Bajo el argumento de que respetaban la decisión de la pequeña de querer ser madre, 
haciendo alusión a que primaba su interés superior y que velaban por la construcción de su 
autonomía progresiva, el caso develó que la opinión de autoridades sanitarias y estatales se 
escudaba en un término vigente en el Código de la Niñez y la Adolescencia para validar el 
destino socialmente aceptado para las mujeres: la maternidad; aunque ésta sea producto de 
violaciones, aunque se pase por alto la opinión de la madre de la niña que pidió que su hija 
aborte, y aunque la decisión de autoridades sanitarias y estatales en altos cargos de poder 
coarte cualquier otro proyecto de vida que los equipos que abordaban a la niña podrían 
haber problematizado junto a ella y su familia. 

La niña quedó internada en un centro materno-infantil de BEES y los equipos técnicos 
trabajarán la posibilidad de dar en adopción al hijo/o o que ambos queden a disposición de 
un acogimiento familiar. 

Establecer el grado de autonomía es una determinación compleja que depende de la 
capacidad del entorno adulto para llevarlo a cabo en función del bien mayor de los niños 
implicados. Respetar y asegurar sus derechos implica cambiar los paradigmas tradicionales 
de intervención, así como asegurar en forma clara y transparente las rutas de los procesos 
de determinación y la fiscalización para su adecuado cumplimiento. “Ante situaciones como 
la de continuar o interrumpir un embarazo donde las valoraciones y subjetividades personales 
influyen de manera muy marcada, habría que asegurar que las intervenciones de los profesio¬ 
nales estén basadas en evidencia y conocimiento técnico y no en sus sistemas de valores ’ 48 . 

En marzo, el Comité por los Derechos del Niño de Naciones Unidas recomendó a 
Uruguay que “elabore procedimientos y criterios para promocionar orientación a todas las per¬ 
sonas competentes a fin de que determinen cuál es el interés superior del niño en todos los ámbi- 


47 Cordo, Azul. Zona de riesgo. Nacional, La Diaria, 7 de mayo de 2015, en: http://ladiaria.com.uy/ 
articulo/2015/5/zona-de-riesgo/ 

48 MYSU, “Estado de situación de la salud y los derechos sexuales y reproductivos en Uruguay. Asegurar y avan¬ 
zar sobre lo logrado” Informe 2010-2014 del Observatorio nacional en género y salud sexual y reproductiva, 
MYSU, Montevideo, 2014, p. 27. 



tos y le otorguen la debida importancia como consideración primordial” 49 . Si bien el propósito 
es “ garantizar el desarrollo integral holístico del niño”, la comisionada Sara Oviedo aceptó 
que es un término “muy etéreo ” 50 . 

La Convención por los Derechos del Niño exhorta a defender “el mejor interés supe¬ 
rior del niño”, término que guarda un relativismo insuperable y un espíritu paternalista, 
como señala Bustelo. Por ello cabe cuestionar: “¿Quién define que es ‘lo mejor’para los ni¬ 
ños?, ¿son los padres?, ¿es el Estado?, ¿son los códigos sociales que se han desarrollado histó¬ 
ricamente y conforman un hábito socialmente establecido? [En dicho Tratado] Se dejó una 
verdadera y lamentable aporía’* >l . 


Puta pero no tuya 

El paradigma tutelar continúa vigente en la vida de niñas, adolescentes y adultas, a 
pesar de tibios avances legislativos y manifestaciones de intención en discursos oficiales. 
El estigma y la discriminación persisten hacia quienes decidimos sobre nuestros cuerpos 
y nuestras vidas por fuera de lo que supone la heteronorma social. Constituirnos como 
sujetas de derechos sigue siendo una batalla cotidiana. 

Necesitamos dar cuenta de las violencias múltiples de las que somos objeto a diario por 
nuestra condición de género, pero no desde un lugar de víctimas ni débiles, sino mostrando 
esa fortaleza al levantarnos después de cada golpe, cuando criamos a nuestros hijos aunque 
su parto haya sido sufriendo el destrato de los profesionales de la salud, cuando cuidamos 
a nuestros padres y familiares enfermos y nos hacemos tiempo para llegar al trabajo y para 
hacer el disfraz de la fiesta escolar, cuando sorteamos las barreras de los servicios médicos 
que quieren retrasar nuestra decisión de interrumpir un embarazo no deseado, cuando nos 
animamos a salir a la calle aunque el ex novio violento esté a metros de distancia. 

Las luchas siempre producen sufrimiento. La cuestión es cómo las resignificamos en 
nuevas narrativas para apropiarnos de nuestras vidas. Se trata de empoderarnos o, mejor, 
apoderarnos. Para que dejemos de ser carceleras de un hogar que, por momentos, es la más 
indecible e inexplicable de las prisiones. 


49 Comité de los Derechos del Niño délas Naciones Unidas, CRC/C/URY/CO/3-5, en: http://www.comi- 
tednu.org/wp-content/uploads/2015/04/OBSERVACIONES-FINALES-ESPA%C3%91OL-CRC.pdf 

50 Cordo, Azul. En busca del tiempo perdido. Nacional, La Diaria, 26 de junio de 2015. 

51 Bustelo, Eduardo ./:/recreo de la infancia. Siglo XXI, Argentina, 2007, pp. 105-106. 


361 


VIOLENCIAS SOTERRADAS 



DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 


362 


Cuando la sociedad dispara 

Otra compañera trans asesinada 

Montevideo, 15 de Julio de 2015. 

UTRU Uruguay 

Desde la Unión Trans del Uruguay queremos transmitir nuestro profundo dolor por 
la muerte de otra compañera trans en la madrugada del día de la fecha. 

A las muertes por transfobia que continúan impunes, se suman nuevos casos que exi¬ 
gen y reclaman acciones concretas y precisas de manera urgente, que barran la transfobia 
de nuestra sociedad. 

A Samantha Rivas la mataron de un disparo en la cabeza. Alguien apretó el gatillo. ¿Al¬ 
guien? ¿Uno o varios ? ¿Cuántas personas promueven la discriminación y el odio por iden¬ 
tidad de género? ¿Cuántas de ellas van presionando este gatillo de manera lenta? ¿Cuántas 
personas, cuántos medios, cuántas empresas, cuántas asociaciones, promueven con peque¬ 
ñas acciones, la discriminación que lleva a alguien al odio extremo? 

Lo humano del ser va desapareciendo a medida que crece, que promueve y marca la di¬ 
ferencia desde el desprecio. En el correr de la vida, esta diferencia segrega, aparta, expulsa. 

Las personas trans vivimos y sufrimos a diario la expulsión de nuestros hogares, de 
centros de estudio, del mercado laboral. El ser, en su odio irracional mata lentamente a una 
trans. Y hay quien acumula todo este odio en un disparo. 

Si nuestra compañera era trabajadora sexual o no, si la mataron en la noche, si su cuer¬ 
po quedó desvalido en la calle, en soledad, nada importa. Los mismos dedos acusadores que 
señalan a la luz del día, son los mismos que buscan con miradas a la noche. Los mismos que 
recejan sus convictos en el otro, son los mismos que ante el odio, siguen matando. 

Pero nos matan dos veces. Anoche asesinaron a Samanta Rivas. Hoy a la mañana la 
volvieron a matar los medios de comunicación. 

No respetar la identidad de una persona es violar un derecho humano. El portal de 
noticias de Subrayado, volvió a poner de manifiesto la transfobia al informar erróneamente. 

Subrayado se equivoca al no respetar la identidad de género, se equivoca porque ade¬ 
más, está engañando a la población. Está desinformando, está promoviendo que los ciuda¬ 
danos se dirijan a una trabajadora sexual trans, en masculino. 



Está ocultando una identidad y por lo tanto está ocultando a toda una pobla¬ 
ción. Está omitiendo la función educativa que como medio de información debe cumplir. 
Al no ejercer un periodismo responsable, Subrayado y tantos medios, nos discriminan. 

Discriminar es promover el odio, es no respetar, es ocultar, demostrando además, una 
gran falta de ética. La imagen que adjuntamos, todo lo dice. 

Podemos partir de la premisa de que aún hay ciudadanos desinformados. Podemos 
partir de la premisa de que hay periodistas que no saben cómo dirigirse a la población 
Trans. En tal caso dichos periodistas deberían capacitarse antes de ejercer, o en el correr de 
su ejercicio. 

Nuestros intentos por lograr una respuesta de los medios en la cual asuman sus errores, 
han sido muchos. 

Creemos fervientemente que llegó el momento en el que, como población de este país, 
los medios de comunicación nos respeten. 

A las autoridades correspondientes exigimos un pronto esclarecimiento del caso. 

A la cúpula de la educación, exigimos y reclamamos medidas concretas, claras y 
precisas que contribuyan a la convivencia ciudadana y al respeto por la identidad de 
género. 

A los medios de comunicación, solicitamos urgentes disculpas públicas, mediante 
un comunicado en el que asuman su responsabilidad y reconozcan la manera errónea en 
la que se dirigen a las personas transexuales. Un comunicado en el que se comprometan 
por escrito a ejercer una comunicación responsable y respetuosa de los Derechos Hu¬ 
manos, de nuestra Identidad. 

Unión Trans del Uruguay 

contactoutru@gmail.com 

#JusticiaPorSamantha 

#RespetoTrans 

#ComunicacionResponsable 


363 


VIOLENCIAS SOTERRADAS 



DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 



Mauro Tomasini 


Posicionamiento de las Organizaciones Sociales 
_ frente al fallo del TCA 1 

364 

Montevideo, 21 de agosto del 2015. 

El fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (lEffl) restringe la implemen- 
tación de la ley N° 18.987 al anular artículos de su Decreto Reglamentario en todo lo rela¬ 
tivo a la objeción de conciencia. La interpretación del lEffl es la más restrictiva y conserva¬ 
dora de la ley, en relación a los derechos de las mujeres. 

Esta decisión profundiza las barreras de acceso a los servicios de interrupción volunta¬ 
ria del embarazo (HKE). Así como la ley pretendió salvaguardar la “conciencia” de algunos 
legisladores/as por sobre la libertad de decisión de las mujeres, el fallo del lEffl optó por 
favorecer a aquellos profesionales que le dan la espalda a las necesidades y los derechos de 
aquellas que cursan un embarazo no deseado. 


1 Organizaciones que adhieren: http://www.mysu.org.uy/que-hacemos/comunicacion-noticia/comunica- 
do-ante-fallo-del-tca/ 

























En los dos años y medio de implementación de los servicios, los monitoreos del Ob¬ 
servatorio Nacional en Género y Salud Sexual y Reproductiva de K MXM dan cuenta de los 
porcentajes inauditos de profesionales ginecólogos objetores de conciencia en el Sistema 
Nacional Integrado de Salud (92% en Salto; 87% en Paysandú; 82% en Soriano y 43% en 
Río Negro -llegando al 100% en Young y Mercedes-). El fallo refuerza una de las princi¬ 
pales barreras para efectivizar los abortos en Uruguay, afectando directamente a aquellas 
mujeres que viven en condiciones de mayor vulnerabilidad. 

Si a nivel del país ya se registraban complejas situaciones de funcionamiento de los 
equipos HEH, este fallo contribuiría al colapso de los servicios, expulsando a las mujeres del 
sistema de salud y exponiéndolas nuevamente a los riesgos de la clandestinidad. 

Al Uruguay le tomó más de treinta años dirimir democráticamente la situación del 
aborto clandestino. Ahora, las corporaciones pretenden dar marcha atrás para seguir im¬ 
poniendo sus creencias e intereses. 

El cuerpo de las mujeres es y será un campo de batalla ideológico en tanto la abru¬ 
madora mayoría de hombres presentes en el poder médico, político, legislativo y judicial 
pretenda condicionar nuestro ejercicio ciudadano. ELLOS SIGUEN PONIENDO LAS 
CONDICIONES. NOSOTRAS SEGUIMOS PONIENDO EL CUERPO. 

No se puede avanzar en derechos si ni siquiera se aseguran las condiciones para los 
logrados. LA DEMOCRACIA SIGUE EN DEUDA. 


365 


VIOLENCIAS SOTERRADAS 




Anexo Legislativo 



Anexo legislativo 

Legislación sobre derechos humanos 

2015 


Leyes 

Ley 19.292. Se declara de interés general la producción familiar agropecuaria y pesca 
artesanal y se establece un mecanismo de reserva de mercado estatal de bienes y servicios 
alimenticios para las organizaciones habilitadas. 

Ley 19.299. Se designa como José D’Elía ala ruta que une la ruta nacional N° 101 a la 
ruta nacional N° 8, conocido como By Pass de Pando. 

Ley 19.304. Se aprueba el Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos 
del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones. 

Ley 19.307. Se regula la prestación de servicios de radio, televisión y otros de comu¬ 
nicación visual. 

Ley 19.313. Se aprueban normas acerca del trabajo nocturno. 

Ley 19.315. Se aprueba la Ley Orgánica Policial. Cometidos. Estructura. Estatuto. 
Ingreso. Sistema educativo. Ascensos. Régimen disciplinario. 

Ley 19.317. Se establece el marco normativo para la promoción de la Biotecnología. 

Ley 19.321. Se aprueba un ajuste en el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas 
(IRPF), modificando la incidencia del sueldo anual complementario y la suma para mejor 
goce de la licencia. 

Ley 19.324. Se sustituye artículo de la ley 18.407 sobre Cooperativas. 

Ley 19.332. Se declara “Capital Nacional del Cooperativismo” a la ciudad de Maído- 
nado. 

Ley 19.337. Se crea el fondo para desarrollo 

Ley 19.340. Se crea la Junta de Transparencia y Ética Pública como Servicio Decen¬ 
tralizado. 

Ley 19.342. Se designa “Vladimir Roslik Bichkov” a tramo de la Ruta Nacional N° 2. 


369 


ANEXO LEGISLATIVO 



ANEXO LEGISLATIVO 


370 


Decretos 

Decreto 382/014. Se agrega el Anexo 4, relativo al transporte de muestras para análi¬ 
sis clínicos, al Decreto 129/005. 

Decreto 388/014. Se amplía el artículo I o del Decreto 341/014, que aprobó la selec¬ 
ción y delimitación del área natural protegida denominada “Laguna Garzón” y su incorpo¬ 
ración al Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas. 

Decreto 389/014. Se instrumentan aspectos vinculados a la prescripción adquisitiva, 
dispuesta por el artículo 65 de la Ley 18.308. Derecho a la vivienda. Solicitud de prescrip¬ 
ción a núcleo familiar que no supere nivel de pobreza por ingresos. 

Decreto 390/014. Se establecen las pautas para la producción, documentación, acce¬ 
so y uso de la información geográfica que se produce en el Estado. 

Decreto 6/015. Se reglamenta la Ley 19.121, Capítulo V del Título II, que establece 
dos modalidades del Sistema de Rotación para funcionarios públicos presupuestados de 
carrera. 

Decreto 32/015. Se reglamenta el art. 153 de la Ley 18.834, que dispuso que los co¬ 
metidos asignados a la División Áreas Protegidas y Fauna dependiente de la Dirección 
Gral. de Recursos Naturales Renovables del E EEE, pasarán a la Dirección Nacional de 
Medio Ambiente del E EEEE E. 

Decreto 37/015. EEEEEEEE. Se adopta la Resolución EEE E° 18/10, por la cual 
se aprobó la norma sobre “Reglamento Técnico Mercosur para Productos Desinfectantes 
(Plaguicidas) Domisanitarios (Derogación de la Res. GMC N° 49/99)”. 

Decreto 38/015. Se aprueba el Documento de Registro de Medicamentos Biotecno- 
lógicos. 

Decreto 39/015. Se modifica el Reglamento Bromatológico Nacional, aprobado por 
Decreto N° 315/994. 

Decreto 40/015. EEEEEEEE. Se incorpora al ordenamiento jurídico nacional la De¬ 
cisión 26/07 del Consejo Mercado Común, por la que se aprobó la “Política de Promoción 
y Cooperación en Producción y Consumo Sostenibles”. 

Decreto 44/015. Se reglamenta la Ley 19.179, por la que se promueve la utilización 
de soEware libre y la facilitación del intercambio de información en y con el Estado. 

Decreto 45/015. Se establece el procedimiento para la autorización respecto de la 
prestación de servicios de comunicación audiovisual, radio y televisión, en el marco de lo 
dispuesto por la Ley 19.307. 



Decreto 46/015. Se reglamenta la Ley 19.172, que establece el marco jurídico aplica¬ 
ble dirigido al control y regulación, por parte del Estado, de diversas actividades relaciona¬ 
das con el Cannabis y sus derivados. 

Decreto 55/015. Se incorpora al Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, el 
área natural protegida denominada “Humedales de Santa Lucía”. 

Decreto 56/015. Se crea el “Grupo de Trabajo para el Plan de Manejo y Gestión del 
Parque Nacional Purificación”. 

Decreto 58/015. Se fijan políticas necesarias para el desarrollo del sector energético. 

Decreto 67/015. Se crea el Programa Nacional de Información de Mamografías. Se 
establece sus cometidos y atribuciones. 

Decreto 68/015. Se habilita por vía de excepción y por única vez al Fondo Social 
de Vivienda de Empleados y Obreros de la empresa la inscripción y la posterior 

adjudicación en propiedad de las viviendas que éste financia. 

Decreto 76/015. Se faculta al a otorgar el reconocimiento de la calidad de las 
propuestas educativas y/o socio-profesionales de las instituciones privadas que brindan 
atención a jóvenes y adultos con discapacidad, y se crea la “Comisión Honoraria para la 
Continuidad Educativa y Socio-Profesional para la Discapacidad”. 

Decreto 82/015. Se disponen determinadas modificaciones respe